¿Cuándo se cede la baja maternal?. Laboral

La madre no está obligada, en el momento de solicitar el permiso, a decidir en ese instante si lo comparte con el padre.

El Tribunal Supremo ha preferido facilitar a la madre la decisión de ceder parte de su permiso de maternidad al padre. Establece en una reciente sentencia que “la madre no está obligada, en el momento de solicitar el subsidio, a optar porque una parte del mismo lo perciba el padre”.

La sentencia recuerda que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 48, dispone que, sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, “en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto”.

Por tanto, concluye el Supremo “no cabe establecer como requisito para que el padre disfrute una parte del subsidio de maternidad, cedido por la madre, el que ésta, cuando solicite dicho subsidio, opte por que una parte del mismo lo perciba el padre”.

De no entenderlo así, especifica el Supremo, se daría peor tratamiento al padre que a la madre, pues mientras ésta dispone para solicitar el subsidio, de los plazos previstos en los artículos 43 y 44 Ley General de la Seguridad Social, con los efectos de prescripción y caducidad en ellos regulados, el padre dispondría de un único momento "al iniciarse el periodo de descanso por maternidad", que el INSS identifica erróneamente con "la solicitud de la trabajadora del subsidio por maternidad".

Asimismo, continúa el fallo, de seguirse esta interpretación se establecería un peculiar plazo para la solicitud de la prestación de maternidad a favor del padre, no apareciendo plazo similar para ninguna de las prestaciones del sistema de Seguridad Social.

Comunicar la opción.

Aclarado esto, el Supremo recuerda que la trabajadora habrá de tener en cuenta que, como el subsidio por maternidad se le viene abonando a ella por la Entidad Gestora, en el momento en que se reincorpore al trabajo, por iniciar el padre el descanso por maternidad, “deberá poner tal hecho en conocimiento de la entidad, para evitar pagos indebidos y facilitar el abono al padre de dicha prestación”.

¿Todos Funcionarios?

La severa crisis económica que padecemos ha acentuado la propensión española a opositar. Si tradicionalmente una mayoría de universitarios afirmaban en las encuestas preferir la administración pública frente a la empresa, podemos figurarnos la respuesta que se obtendría en estos instantes en caso de repetir las preguntas. El grito casi unánime sería:

¡Todos funcionarios! La sabiduría difusa de las familias ya está trabajando el hígado a los jóvenes, con consejos de buscar la seguridad sobre cualquier otro principio. Desgraciadamente, todos tenemos delante ejemplos de osados que se metieron en negocios y ahora están arruinados, o trabajadores de la privada que disfrutaron de altos sueldos en el boom, y que ahora están en el paro. Nadie se acuerda de las bonanzas, cuando los de la privada ganaban más que los de la pública. Ahora, parece que todos miramos con envidia el sueldo seguro del funcionario.

La función pública es una honrosa y muy digna salida profesional. La sociedad precisa de buenos funcionarios y profesionales públicos, para garantizar el funcionamiento de la administración y de los servicios básicos. Como hijo de funcionario que soy, tengo en gran respeto el esfuerzo callado que muchos realizan. Aunque, como en todas partes, existen ovejas negras, no comparto para nada la extendida leyenda negra sobre la indolencia funcionarial de nuestro país. Al contrario, en algunos casos, su eficiencia llega a superar al sector privado. Ahora bien, una vez dicho esto, la

proliferación de administraciones e instituciones públicas en nuestro país ha ocasionado un elevado crecimiento en el número de funcionarios. En algunas zonas geográficas llegan a suponer el 50% de la población ocupada. Es cierto que faltan en algunas áreas, pero tampoco es menos cierto que sobran en otras. En general, podemos afirmar que España no puede permitirse el incrementar el porcentaje de su población ocupada que trabaja en la administración. Precisamos de buenos funcionarios, pero su número no puede crecer sin fin.

La crisis está devastando las arcas públicas. Los abultados déficits de hoy se traducirán en más deuda pública, más impuestos y reducción del gasto para mañana. Quiero esto decir que las convocatorias para plazas públicas se limitarán al máximo en un futuro próximo. Y en el caso de los ayuntamientos, esta restricción será aún más acusada.

Si muchos ya tienen dificultades en pagar sus actuales plantillas, ¿cómo pensar en ampliarlas? Pues frente a esta realidad de menos plazas futuras, nos encontramos con que cada vez más personas quieren opositar, buscando la añorada seguridad que en estos tiempos de zozobra cotiza a precios de oro. Muchos parecen los llamados, pero pocos serán los elegidos. ¿Merecerá la pena el esfuerzo y el sacrificio de meses o años de estudios a miles de personas que no lograrán entrar en la función pública? Sin duda alguna, la mayor concurrencia elevará el nivel de los aprobados, lo que redundará, en principio, en beneficio de la calidad de la gestión pública. Sólo los muy preparados al menos en teoría tendrán acceso a ella.

Alguien debe decirle a la tropa que no van a poder entrar todos en la administración, y que deben motivarse y prepararse para la privada. Es cierto que la empresa cotiza en estos momentos a la baja y que la administración es el valor refugio al alza. Pero España precisa de muchas y buenas empresas y de un poderoso sector privado. ¡Ojalá muchos decidan convertirse en empresarios, a pesar de las dificultades extremas en la que tendrá que desenvolverse en estos momentos!

En fin, que cada persona haga lo que desee con su vida. Nadie mejor que cada uno, para conocer sus circunstancias.

Nosotros, desde nuestra modestia, sólo podemos decirle una cosa. Nos pongamos como nos pongamos, ¡NO TODO EL MUNDO PODRÁ SER FUNCIONARIO! Así, que usted mismo.

Programa "Aprende a Crecer con Seguridad"

Promoción de la cultura preventiva a través de los centros escolares.

Dirigido a la comunidad educativa pero especialmente a los alumnos, nace como consecuencia de la falta de formación en temas de Seguridad y Salud Laboral, una de las principales causas de la accidentalidad infantil y laboral.

 

El principal objetivo es concienciar sobre los accidentes a niños, niñas, padres, madres y profesorado, mediante una apuesta decidida por la implantación de una ”Cultura de la Prevención” en el ámbito escolar, el hogar y el trabajo. Este objetivo permitirá reducir el número de accidentes infantiles y, en un futuro, al llegar éstos a ser adultos responsables, la reducción de accidentes y enfermedades de carácter laboral: la seguridad infantil como paso previo a la seguridad en el trabajo.

El Programa "Aprende a Crecer con Seguridad" lleva 14 años promoviendo y difundiendo la cultura de la prevención en el ámbito escolar. Se trata de una iniciativa pionera a nivel europeo, que trabaja en cuatro direcciones: - Las campañas de sensibilización escolar. - Los estudios sobre accidentalidad infantil y otras problemáticas. - La formación de los profesores. - La elaboración de las guías de apoyo para el profesorado.

• Las campañas de sensibilización escolar.

• Los estudios sobre accidentalidad infantil y otras problemáticas.

• La formación de los profesores.

• La elaboración de las guías de apoyo para el profesorado.

La subida salarial de los funcionarios costara 50 millones de euros

El Acuerdo de la Función Pública rubricado hoy por el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, que establece una subida salarial del 0,3% para 2010, costará 50 millones de euros al erario público.
Según confirmó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el coste de este acuerdo se aproximará a la citada cantidad.
Pero De la Vega quiso dejar claro que este acuerdo marco recoge 50 medidas de "importante calado" con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia de la Administración y mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos a través de una cláusula de revisión salarial hasta el año 2012.

"Es una reforma al servicio de los ciudadanos que tienen derecho a que se les faciliten unos servicios eficaces y de calidad", subrayó la vicepresidenta primera.
En su opinión, el acuerdo "supone una importante contribución al diálogo social. Vamos a convertir a la Administración General del Estado en un motor importante que va a contribuir a la salida de la crisis".
La vicepresidenta confirmó que el Gobierno aportará al fondo de pensiones un 0,3% de la masa salarial, al tiempo que explicó que la tasa de reposición será del 15% de las bajas, lo que supone reducirla a la mitad.

En cualquier caso, el Gobierno afirma que quedan excluidos de esta situación los servicios públicos básicos, como la seguridad, la educación, la sanidad o instituciones penitenciarias, entre otros.
Por su parte, los representantes de UGT, CCOO y CSI-CSIF, Julio Lacuerda, Enrique Fossoul y Domingo Fernández, respectivamente, coincidieron en destacar que el acuerdo será positivo para los empleados públicos porque, por primera vez, tienen cláusula de revisión salarial que les equipara en prestaciones al resto de empleados.

De la Vega dijo que "hemos alcanzado un gran acuerdo para llevar a cabo un proceso de racionalización de la función pública. Queremos que la función pública aproveche al máximo sus recursos y el potencial de sus trabajadores".

Por ello, confirmó que el Gobierno iniciará la tramitación, "antes de que finalice 2010" de una ley sobre la función pública.
El Acuerdo de la Función Pública rubricado hoy por el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, que establece una subida salarial del 0,3% para 2010, costará 50 millones de euros al erario público.
Según confirmó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el coste de este acuerdo se aproximará a la citada cantidad.

Pero De la Vega quiso dejar claro que este acuerdo marco recoge 50 medidas de "importante calado" con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia de la Administración y mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos a través de una cláusula de revisión salarial hasta el año 2012.
"Es una reforma al servicio de los ciudadanos que tienen derecho a que se les faciliten unos servicios eficaces y de calidad", subrayó la vicepresidenta primera.

IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN

En su opinión, el acuerdo "supone una importante contribución al diálogo social. Vamos a convertir a la Administración General del Estado en un motor importante que va a contribuir a la salida de la crisis".
La vicepresidenta confirmó que el Gobierno aportará al fondo de pensiones un 0,3% de la masa salarial, al tiempo que explicó que la tasa de reposición será del 15% de las bajas, lo que supone reducirla a la mitad.

En cualquier caso, el Gobierno afirma que quedan excluídos de esta situación los servicios públicos básicos, como la seguridad, la educación, la sanidad o instituciones penitenciarias, entre otros.
Por su parte, los representantes de UGT, CCOO y CSI-CSIF, Julio Lacuerda, Enrique Fossoul y Domingo Fernández, respectivamente, coincidieron en destacar que el acuerdo será positivo para los empleados públicos porque, por primera vez, tienen cláusula de revisión salarial que les equipara en prestaciones al resto de empleados.
De la Vega dijo que "hemos alcanzado un gran acuerdo para llevar a cabo un proceso de racionalización de la función pública. Queremos que la función pública aproveche al máximo sus recursos y el potencial de sus trabajadores".

Por ello, confirmó que el Gobierno iniciará la tramitación, "antes de que finalice 2010", de una ley sobre la función pública.

Comunicado de las secciones sindicales de este Ayuntamiento

Sección Sindical CSI-CSIF. Sección Sindical UGT-FSP.-

Alhaurín de la Torre: Por la estabilidad laboral en el Ayuntamiento y la no utilización de los puestos de trabajo como arma política
Todos los sindicatos unidos por lo que consideramos el mayor ataque sufrido a un proceso de estabilidad laboral en el Ayuntamiento.
Todos los órganos de representación de los trabajadores del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Junta de Personal, Comité de Empresa y las secciones sindicales CSI-CSIF y FSP-UGT, nos hemos unido ante lo que consideramos un grave ataque a un proceso de estabilidad laboral tan demandado durante años por las representaciones sindicales que firmamos este comunicado.

Resulta lamentable el uso partidista que el Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU-CA) hace de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, utilizándolos continuamente como arma política arrojadiza contra el gobierno municipal, con la intención de crear confusión a los ciudadanos y favoreciendo el descrédito público de los empleados municipales. No entendemos cómo un grupo político, lejos de promover iniciativas y apoyar políticas de estabilización y erradicación de la precariedad laboral, puede promover, de forma “dudosamente provechosa” y malintencionada, acciones y estrategias que atentan contra un largo proceso de regularización laboral, máxime cuando las representaciones sindicales, siempre unidos en estas reivindicaciones, han defendido y exigido la máxima publicidad, transparencia y legalidad en las bases y en su proceso de selección, cosa que se está poniendo en duda intencionadamente por este grupo municipal y por un particular con igual interés político.

A este respecto, nos reiteramos en la información que en su día ya se realizó de que las bases de todas las pruebas de selección de personal fueron elaboradas con arreglo a la ley, cumpliendo en todos los procesos de selección los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y que en ellas han participado evaluadores externos representantes de la Junta de Andalucía, Administración ésta con gobierno de distinto signo político, dicho sea de paso.

Desde los sindicatos, unidos ahora más que nunca en esta situación, no nos cansaremos de hacer pública cualquier “estrategia”, discurso o actuación política que tenga como protagonista y como únicos perjudicados al colectivo de trabajadores de este Ayuntamiento. Los empleados están sufriendo el temor y la inseguridad que supone un largo proceso judicial, por algo que no tienen ninguna culpa, pero que les hace vivir con el pensamiento y el temor de la posibilidad de perder sus puestos de trabajo en una época nada fácil de crisis laboral y económica.

Es por ello que queremos transmitirles a estos trabajadores tranquilidad y, al mismo tiempo, fuerza en la lucha por lo que creemos que es justicia y, además, reconocerles y agradecerles la entereza y la confianza que están demostrando en las organizaciones que los representa.

Pedimos justicia por la malintencionada utilización del proceso de estabilización laboral que ha habido en este Ayuntamiento, que ha intentado poner en duda la capacidad de los trabajadores que han conseguido un puesto de trabajo.
Pedimos justicia por la presión política que sufren los trabajadores municipales.
Pedimos justicia por la estabilización de los puestos de trabajo.

Junta de Personal
Comité de Empresa
Sección Sindical CSI-CSIF
Sección Sindical UGT-FSP