Zapatero aprobará la reforma laboral el 16 de junio "con o sin acuerdo"

Habrá reforma laboral. El Consejo de Ministros lo aprobará antes del 16 de junio, hayan llegado o no empresarios y sindicatos a un acuerdo. Así lo manifestó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras, el Gobierno y los agentes sociales finalizaron la reunión de la Mesa del Diálogo Social de nuevo sin un acuerdo sobre la reforma laboral y se emplazaron a seguir negociando el 9 de junio.
El presidente del Gobierno afirmó que la reforma laboral es "necesaria" para ayudar a crear empleo, reducir el paro y hacer que en el mercado laboral español haya más empleo indefinido que precario. Zapatero dijo que, en ausencia de acuerdo, la reforma que apruebe el Consejo será la que el Ejecutivo considere mejor. "El contenido de la reforma afecta a aspectos esenciales del mercado laboral", afirmó.
Zapatero, tras reunirse con el primer ministro de Pakistán, Yusuf Razá Guilani, en el Palacio de la Moncloa, señaló que habrá reforma laboral "se produzca o no un acuerdo" entre empresarios y sindicatos. El presidente reconoció que el acuerdo "no está nada fácil de conseguir" y explicó que, si finalmente hay consenso entre los agentes sociales, la reforma que se aprobará en el Consejo de Ministros del día 16 será el contenido de dicho acuerdo.
De lo contrario, explicó, la reforma que verá la luz ese día será la que estime conveniente el Ejecutivo. "El Gobierno tiene ya perfilado el contenido de la reforma, que afectará a aspectos esenciales del mercado laboral", precisó.
Para el jefe del Ejecutivo, éste es un momento "extraordinariamente oportuno" para acometer la reforma laboral, porque los datos de paro y empleo evolucionan "favorablemente".   Así, Zapatero se refirió a los datos de paro y afiliación del mes de mayo, que arrojan un descenso en el número de desempleados de 76.223 personas y un incremento de la afiliación a la Seguridad Social de más de 113.000 cotizantes.
Pese a reconocer que el dato se ve afectado por la estacionalidad, el presidente calificó de "muy buen dato" y "dato esperanzador" el descenso del desempleo en más de 76.000 personas en mayo y confió en que "una buena reforma laboral" contribuya a que "la esperanza se mantenga y profundice".
Otra vez sin acuerdoEl Gobierno y los agentes sociales finalizaron la reunión de la Mesa del Diálogo Social de nuevo sin un acuerdo sobre la reforma laboral y se emplazaron a seguir negociando el 9 de junio.

No obstante, según un comunicado conjunto entre el Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT, y la CEOE la reunión "ha permitido avances en algunas de las materias de negociación".
Fuentes cercanas a la negociación aseguraron que las partes volverán a reunirse el próximo miércoles a las 19:30 horas. Otras fuentes precisaron que pese al fracaso de no cerrar un acuerdo hoy se mantiene la voluntad de seguir discutiendo.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho; los secretarios generales de UGT; Cándido Méndez, de CCOO, Ignacio Fernández Toxo; y el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se volvieron a reunir esta tarde en un nuevo intento de acercar posturas.
La cita, que empezó a las siete y media de la tarde y duró dos horas y media, finalizó sin acuerdo concreto aunque las partes continuarán el proceso con el objeto de aproximar posturas y alcanzar un pacto, según dice el comunicado.
Asimismo, asegura que la reunión forma parte de la agenda establecida por los interlocutores que participan en la negociación y que las partes mantendrán "contactos permanentes" ante una futura sesión de trabajo en los próximos días.
"La economía quiere crecer"
Zapatero indicó que las últimas cifras del paro "ponen de manifiesto también que la economía quiere crecer". "Crecimos en el primer trimestre -un 0,1% intermensual- y debemos crecer en este segundo trimestre", afirmó.
"Hay que tener confianza a pesar delas dificultades graves que existen en los mercados financieros y que necesitan respuestas de confianza para eludir o eliminar la intranquilidad", zanjó.
Fuentes del Ejecutivo explicaron que el Consejo de Ministros que aprobará la reforma laboral se celebrará el miércoles 16 y no el viernes 18 ante la posibilidad de que el Consejo Europeo del jueves 17 tenga que alargarse hasta el viernes y porque el viernes también hay previstas otras actividades de miembros del Ejecutivo, aunque aún están por confirmar.  

Malaga Hoy

Detenidas 83 personas por un fraude de 3 millones de euros en Seguridad Social y seguro de desempleo

La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, ha destapado un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM), por importe de tres millones de euros. Se trata de delitos relacionados con la obtención irregular de prestaciones y subsidios de desempleo. Figuraban como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral.
Dos de los detenidos están acusados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, otros tres por falsificación de documentos y blanqueo de capitales y los 78 restantes por delitos de Falsedad Documental y Estafa.
La investigación se inició cuando la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada, en los controles habituales en materia de recaudación, detectó la existencia de empresas que daban de alta en la Seguridad Social a un elevado número de trabajadores al tiempo que incumplían de forma reiterada la obligación de cotizar por los seguros sociales de los mismos.
En el curso de las investigaciones se comprobó la inexistencia de actividad laboral en estas empresas del sector de la construcción. En algunas de ellas figuraban como supuestos responsables de la gestión personas carentes de solvencia, que en ningún caso intervenían en la dirección de las mismas y que eran meros testaferros. Con ello se pretendía ocultar la verdadera identidad del empresario real, facilitando a la Seguridad Social domicilios sociales y de actividad inexistentes o en los que eran totalmente desconocidas.
Del total de los 175 trabajadores dados de alta en estas empresas, 142 pasaron a solicitar y percibir prestaciones y subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
El operativo policial reveló la existencia de un entramado integrado por cuatro empresas dedicadas a la construcción, que de forma personal y directa dirigía y controlaba E. S. R. y en cuya constitución y supuesta administración colaboraban personas de su entorno familiar.
Las personas dadas de alta en estas empresas, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos, solicitaban y obtenían del Servicio Público de Empleo Estatal, por esta supuesta actividad laboral, prestaciones y subsidios por desempleo. El importe de lo percibido por este concepto asciende a más de 850.000 euros.
Las empresas investigadas incumplían de forma sistemática y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los trabajadores, en este caso el importe de los descubiertos está por encima de 1.400.000 euros.
Del mismo modo, se ha demostrado que el responsable de estas empresas vendió facturas falsas por operaciones simuladas, por importe de más de 735.000 euros.
De los detenidos, 77 han sido puestos en libertad con cargos tras prestar declaración en sede policial, mientras que los seis restantes, entre ellos el responsable principal del entramado empresarial ha pasado a disposición judicial.
El resto de los imputados se encuentran ingresados en establecimientos penitenciarios o no han sido localizados en sus domicilios.
Debido a la posible existencia de nuevas empresas vinculadas a las investigadas, así como de otras personas que pudieran ser inculpadas en los mismos hechos continúa abierta la Operación Nota, por lo que es probable que se produzcan más detenciones.

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Desolación

Todos descontrolados, el Gobierno, los Ayuntamientos los ciudadanos, los funcionarios. Todo bajo el caos. Como se trata de hacer un comentario de urgencia apuntaré tan sólo estos aspectos: 

1. Día 24/5/2010. El BOE publica una inesperada prohibición, a partir del día siguiente de contraer deudas. Por ser más explícitos se dice, usando una lamentable técnica gramatical normativa “no se podrá acudir al crédito”, por lo que algunos piensan que si se había iniciado un proceso de suscripción de un préstamo pidiendo ofertas anteriormente no les habría afectado. Otros decían que no. Los más Alcaldes más agobiados y/o más listillos, convocan Plenos de urgencia concertando préstamos alocados el mismo día. O el Alcalde decide rápidamente si puede. De locos.

2. Mismo día por la tarde. Bronca en la Vicepresidencia del Gobierno. Me imagino una novela de Saramago con este tema. Llamadas, gritos, visitas. El Gobierno (¿?) decide reconsiderar el asunto esa misma noche y decide solucionar el asunto en plan chapucero total con perdón: una corrección de errores de una frase por otra que no se parece por lo demás en lo más mínimo. El art. 14.2 original dice “Dos. A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos.” La rectificación del día siguiente dice:” En la página 45121, artículo 14. Dos, donde dice: «A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011…», debe decir: «A partir del 1 de enero de 2011 y hasta 31 de diciembre de 2011…»”. 

3. Alcaldes: sensación de alivio, menos mal, hemos salvado los muebles por el momento. Aunque ya están pensando cómo exprimir su capacidad de crédito durante 2010 ya que en 2011 no va a poder ser. Efecto perverso, porque este año 2010 es preelectoral por más señas y sin duda se va a aprovechar al máximo para endeudarse hasta las cejas. Como cuando uno se poner una fecha para dejar de fumar, hasta esa fecha fuma más que bocanegra. Más deuda, que es lo que precisamente se quería evitar. 

4. El Alcalde de la Quinta Ciudad de España Que Aspira a Ser la Tercera está planteándose recurrir al Constitucional con el nuevo recurso de amparo que protege la autonomía local por vulneración flagrante de la misma. 

5. El propio Presidente de la FEMP y el Propio Vicepresidente del Ramo del Gobierno  admiten que han hablado del tema y dicen que todo ha sido un error aunque veladamente dejan caer que era un problema que había que solucionar. Pero ¿ha sido un error o  presuntamente ha sido la reconsideración de una decisión previa no suficientemente madura? Como dice Rodrigo Ortega, hay unos mecanismos que deben seguirse para la toma de decisiones. Y la decisión que rectifica no ha sido tomada por el Consejo de Ministros porque, que sepamos, no se ha reunido de nuevo por la noche. O como dice el Profesor Tolivar, parece que nos toman a todos por tontos. Así que cuando menos parece que el procedimiento de elaboración de las leyes / disposiciones ha brillado por su ausencia. ¿Dónde está el límite de la rectificación de errores? ¿Se ha respetado el procedimiento de toma de decisiones de un órgano colegiado de la importancia del Consejo de Ministros?

  El Presidente ha admitido que era una rectificación, no un error. En el periódico elmundo.es de hoy 27/5/2010 se dice en titulares: “El presidente del Gobierno admite que el cambio en el Boletín Oficial del Estado no se debió a un error sino a una "rectificación política””. En RTVE  se dice en titulares “Zapatero: “"Asumimos que rectificamos, es un buen principio que está bien para gobernar "Zapatero admite que hubo rectificación en el endeudamiento local””. En  “El Gobierno reconoció ayer que rectificó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto que prohíbe a los ayuntamientos recurrir al crédito en todo el año 2011 a petición de los municipios, algunos de los cuales han reclamado un trato diferente en este asunto para los que han hecho los deberes.” Conclusión, de error, nada, rectificación en toda regla.  

Y me pregunto: 

a)      ¿No pasa nada (legal y políticamente)?

b)      ¿Es concebible que cualquier Alcalde de España se hubiese atrevido a actuar así, es decir, el Alcalde rectifica el acuerdo de un Pleno por considerar que hay un error material que sin embargo afecta al fondo del acuerdo de ese  Pleno y que, por otra parte, tiene rango de norma jurídica (en el caso que os ocupa rango de ley)?

c)      ¿No existe una clarísima y gravísima irregularidad administrativa?

d)      ¿Es que el Consejo de Ministros acordó verdaderamente que la norma se ponía en vigor el 1/1/2011?

e)      ¿No se podría / debería haber convocado otro Consejo de Ministros extraordinario? 

La irritación que a muchos nos produce esta lamentable y bananera situación está aumentando a pasos agigantados. Estamos cayendo en un desánimo moral total. Y no todo vale (creo).

Ignacio Pérez Sarrión

COMUNICADO PRENSA TRAS OTRA CONVOCATORIA DE REUNION DE IU

Las Secciones Sindicales CSI-CSIF y FSP-UGT quieren recordar al grupo de Izquierda Unida, ante la nueva invitación publicada para “tratar de llegar a una solución” en el tema del contencioso, que ya el día 22 de febrero se mantuvo esa reunión con la asamblea de I.U. y se llegó a un acuerdo. Acuerdo que cumplimos por parte de los sindicatos y trabajadores, y que también queremos recordar aquí, se fijó por ambas partes la fecha de 26 de abril como fecha tope para su cumplimiento por Izquierda Unida. A fecha de hoy, Izquierda Unida no ha retirado el contencioso. Que cumplan es lo único que reclamamos.

La asamblea de Izquierda Unida ya acordó la retirada del contencioso contra las bases, según hizo público esa misma asamblea en los medios el 15/03/10. Los trabajadores y sus representantes tan solo pedimos que se cumpla con lo acordado. Nuestra única y última intención en todo esto, es que dejen a los empleados públicos fuera de las luchas partidistas de los grupos políticos.

QUE SIMPLEMENTE CUMPLAN CON LO ACORDADO POR SU PROPIA ASAMBLEA.

ES FACIL, CLARA Y LÓGICA LA SOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO. NO PEDIMOS MÁS.

Una vez más, queremos dejar claro que no acudiremos a ninguna reunión que se convoque sobre este tema, porque YA EXISTE UN ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE IZQUIERDA UNIDA Y TAN SOLO HACE FALTA QUE LO CUMPLAN.

Creemos que el grupo político de IU, con estas actuaciones, está poniendo en seria duda la credibilidad de sus propios representantes antes los trabajadores, ante sus propios votantes, afiliados y ante todos los ciudadanos de Alhaurín de la Torre.

Que cumplan sus acuerdos y compromisos es lo único que queremos y lo mínimo que cualquier ciudadano exigiría a los representantes de un grupo político que tienen como aspiración gobernar el Ayuntamiento de nuestro pueblo.

Alhaurín de la Torre, 1 de Junio de 2010

LAS SECCIONES SINDICALES CSIF Y UGT

Reforma de la Contratación Pública

Como las cigüeñas vuelven a sus nidos, así vuelven las reformas de la legislación de contratos en Europa. Según una cadencia temporal perfectamente conocida.Acabamos de aprobar en el Parlamento europeo un Informe titulado “sobre nuevos aspectos de la contratación pública” donde se da cuenta de los trabajos ya iniciados para la modificación de las Directivas de 2004. Desde luego que no son un modelo legislativo tales Directivas pero se debería ser muy prudente a la hora de tocarlas porque, al ser complejas, necesitan tiempo y sosiego para ser asimiladas por los miles de personas que han de aplicarlas en todos los países de la Unión Europea. Este continuo tejer y destejer en nada beneficia a unas reglas que ante todo deben ser estables y claras.   El propio Informe se hace eco de este problema al lamentar “que la interacción de las legislaciones europea, nacionales y regionales, especialmente como consecuencia de las numerosas iniciativas de legislación indicativa presentadas por la Comisión y sus servicios y de la interpretación de la legislación por los tribunales europeos, haya dado lugar a un régimen jurídico complejo y opaco que ocasiona graves problemas jurídicos, sobre todo a los organismos públicos, empresas privadas y proveedores de servicios de interés general que para resolverlos se ven obligados a efectuar importantes gastos administrativos o a solicitar asesoramiento jurídico externo”.

Por eso “insta a la Comisión a que remedie cuanto antes esta situación y a que, en el marco de la iniciativa Legislar mejor, estudie los efectos de las normas indicativas con el fin de restringir esas propuestas a aspectos clave y los evalúe a la luz de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad ...”.

Esas normas o esa “legislación indicativa” a que se alude es lo que ahora se conoce en el mundo moderno del derecho como “soft law”, un concepto que remite -dicho en términos generales- a reglas de una juridicidad dudosa y cuya fuerza vinculante se cuestiona. Nacido en el ámbito del derecho internacional y puesto en circulación por algunos juristas ingleses, me parece que es el menos apropiado para trasladar a un ámbito jurídico tan preciso como es -o debería ser- el de la contratación pública.

Curiosamente el Informe del Parlamento tiene su vista puesta en las entidades locales y así “destaca que el Tribunal de Justicia de la UE ha invocado en varias sentencias el derecho a la autonomía administrativa municipal y que ha sentenciado que una autoridad pública puede llevar a cabo las funciones de interés público que le incumben con sus propios recursos y también colaborando con otras autoridades públicas (C-324/07) y recuerda la decisión de la Gran Sala de 9 de junio de 2009 (C-480/06) según la cual el derecho comunitario no prescribe ninguna forma determinada a las autoridades públicas para el ejercicio conjunto de las funciones de interés público”.
Por tanto, los supuestos de colaboración público-privada, como la cooperación entre municipios y la colaboración intraestatal no están sujetos a la normativa de contratación pública si cumplen los criterios siguientes: a) cuando se trata de la prestación de un servicio público que incumbe a las entidades locales interesadas; b) cuando el servicio lo prestan exclusivamente los organismos públicos interesados sin participación de empresas privadas y c) cuando la actividad de que se trata se presta esencialmente para las autoridades públicas participadas”.
Sugerente -aunque controvertido- recordatorio que nos aproxima a los otros asuntos abordados por el Parlamento en su reflexión sobre la situación en Europa de la contratación pública.  

Francisco Sosa Wagner