Urbanismo, igualdad de género y seguridad... La ciudad prohibida

Quizá una de las críticas más comunes a la reciente legislación estatal de suelo, hoy recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ha sido la de su carácter meramente programático. Es una legislación de principios, de objetivos, que deja los medios a los legisladores competentes, los autonómicos, en cuyas manos queda pues en gran medida la efectividad de la legislación estatal. Es cierto que ese carácter programático no se da en muy relevantes cuestiones como las atinentes a cesiones, reservas de suelo para vivienda protegida o, muy especialmente, valoraciones. Sin embargo, una crítica común, no exenta de cierta ironía, ha sido la realizada a la referencia que el artículo 10.1.c) de la citada Ley de Suelo realiza a los principios que han de atenderse en la ordenación de los usos del suelo y, en particular, de tales principios, el de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Establece dicho precepto que las administraciones públicas deberán “atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente”.
Recientemente ha publicado el Gobierno Vasco un Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana , cuya lectura puede contribuir a alumbrar a los críticos, fundamentalmente juristas, sobre el alcance que la igualdad entre mujeres y hombres puede tener desde la perspectiva urbanística. Y es que, lejos de lo que pueda pensarse, el diseño de la ciudad, su mantenimiento, la distribución de los equipamientos o la movilidad, entre muchas otras cuestiones, no resultan neutrales desde la perspectiva del género ni producen los mismos impactos para hombre y mujeres en una sociedad en la que prácticamente tres cuartas partes del trabajo doméstico es realizado por mujeres. Si a eso unimos los impactos que producen la dificultad o facilitad para realizar desplazamientos exigidos por la gestión del hogar y las necesidades de los niños puede empezar a vislumbrarse el impacto de género del diseño urbano. Por lo demás, también desde la perspectiva de la seguridad los impactos de género del urbanismo son diferentes. La ciudad segura,  se afirma en la obra citada, es la ciudad compartida y viva, la calle llena, con actividad y gente. Y esa percepción de seguridad, o inseguridad, es distinta para hombres y mujeres.
Un diseño urbano que no atienda a principios como los expresados en la legislación estatal de suelo corre el riesgo de dar lugar a una ciudad prohibida, con mapas concretos como los ya elaborados en Basauri, Ermua, Ondarroa, Hernani, la mancomunidad Uribe Kosta, o a problemas como los identificados en ciudades como Montreal, Madrid o Barcelona, entre otras, por diferentes colectivos. No se trata de vagas directrices de género sino de concretos objetivos urbanísticos como evitar pasos subterráneos; diseñar los pasadizos a cota de calle suficientemente anchos para evitar la sensación de tubo, sin elementos intermedios que dificulten la visión y con buena iluminación, acceso directo a portales sin recovecos o zonas de poca visibilidad, con acceso directo a la calle y sin patios interiores; exigir portales acristalados con visibilidad desde y del exterior; recorridos prioritarios libres de elementos que dificulten el control visual; disponer la iluminación orientada al peatón y no a los coches; diseñar, mantener y controlar la vegetación para que no dificulte la visión por su excesivo crecimiento; ubicar portales, accesos garajes y escaparates a paño de fachada, sin retranqueos; evitar lugares donde pueda esconderse una persona fácilmente; evitar espacios monofuncionales que queden desiertos a determinadas horas buscando la mezcla de usos que garanticen un uso continuo del tejido urbano; evitar la proliferación de solares o casas abandonados; garantizar el cumplimiento de la normativa de supresión de barreras arquitectónicas; estudiar el mobiliario urbano como parte del proyecto y no como elemento posterior; adecuar las zonas infantiles también para los cuidadores y diseñarlas para hacer posible su uso en días de lluvia; o disponer y hacer un seguimiento continuo del uso de los espacios públicos para adaptarlos a los cambios sociales y urbanos.
La aportación del Manual de análisis urbano es la metodología aplicada para analizar los espacios urbanos desde la perspectiva del género y la seguridad, una metodología participativa que permite alcanzar conclusiones de mejora de los espacios urbanos existentes y futuros. Una metodología que, en definitiva, demuestra que esos principios cuya observancia impone la legislación estatal a las administraciones competentes en materia de ordenación urbanística sí tienen contenido, quizá no económico, pero sí social y jurídico. Esos principios son el resultado de una percepción del urbanismo, y del derecho urbanístico en particular, que no se detiene únicamente en el propietarios, el empresario y la administración. Son la plasmación de un urbanismo en el que el ciudadano sí es relevante. Y esto algunos, todavía hoy, no parecen entenderlo.

Julio Tejedor Bielsa 

Reino Unido elevará la edad de jubilación hasta los 66 años

El Gobierno británico estudia elevar la edad de jubilación masculina hasta los 66 años en un plazo de cinco años, mientras que en el caso de las mujeres se llegaría a esta edad en 2019, según informa el diario 'Daily Telegraph', que apunta que la edad de jubilación seguiría incrementándose gradualmente hasta alcanzar los 68 años para ambos sexos en 2038 como máximo.

   Inicialmente, el ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, planeaba fijar la edad de jubilación para los hombres en 66 años para 2016 y en 2020 para las mujeres, por lo que de confirmarse este adelanto respecto a los planes iniciales, 3,3 millones de hombres y 3,6 millones de mujeres se verían forzados a trabajar un año extra antes de recibir su pensión.  

  De hecho, Duncan Smith ha sugerido en varias ocasiones su predisposición a acelerar el proceso. "Pienso que se podría acelerar el actual plan para elevarla a 68 años. Es estúpido esperar", afirmaba el ministro hace un mes.

   Bajo los planes del anterior Gobierno laborista de Gordon Brown, las proyecciones para elevar la edad de jubilación eran de alcanzar los 65 años para las mujeres en 2020 y de ahí llegar a los 66 años para ambos sexos en 2026 para posteriormente y de manera gradual subir hasta los 68 años en 2048.

EUROPA PRESS

La Seguridad Social reclama más de 14 millones por descuentos "indebidos" en prestaciones de incapacidad

La Seguridad Social ha reclamado 14,12 millones de euros en concepto de compensaciones "indebidas" por el abono de la prestación por incapacidad temporal, según informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   La Secretaría dirigida por Octavio Granado ha remitido un total de 24.640 reclamaciones a varias empresas que presentan irregularidades en la liquidación de cotizaciones, en las que solicita el reintegro de las cantidades descontadas de forma indebida en el pago de dicha prestación.

   Con el fin de agilizar el trámite burocrático, la Seguridad Social delega en las empresas el abono de la prestación cuando se produce la baja de un empleado por enfermedad, cantidades que luego se descuentan de las cotizaciones que los empresarios deben abonar.

   La Secretaría de Estado de la Seguridad Social dictó el pasado mes de abril una resolución en la que se establecen diversos procedimientos de remisión de información, de comprobación, control y, en su caso, reclamación de deuda de las compensaciones por pago delegado de la incapacidad temporal.

EUROPA PRESS

Las administraciones disparan el pago a eventuales y eluden la austeridad

Según los últimos datos de Ejecución Presupuestaria disponibles, el gasto del Estado destinado a pagar el sueldo de los empleados públicos temporales avanzó un 5% hasta mayo, lo que sugiere que el Ejecutivo sigue apostando por emplear a más trabajadores en vez de mejorar la productividad de los funcionarios.

Esta partida no es la que tiene más peso en los gastos de personal –ya que se destinan más de 40 millones de euros al año a nivel estatal–. Sin embargo, a esto habría que sumar las destinadas a pagar al “personal laboral” u “otro personal”, que dispararían aún más la factura. Lo cierto es que si sigue aumentando al ritmo actual en el conjunto de las administraciones podría hacer peligrar el objetivo de estabilidad presupuestaria que marca Bruselas, y que obliga a Zapatero a reducir el déficit público del 11,2% al 3% del PIB de aquí a 2013.

Además, los sindicatos de funcionarios no están de acuerdo con que se siga contratando a más personal mientras que a ellos se les ha rebajado por decreto su sueldo un 5% de media. La mayoría de los analistas, aunque sí ven con buenos ojos los ajustes impulsados, consideran que serán necesarias medidas adicionales para arreglar el desequilibrio presupuestario.

En cambio, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sí que está tratando de controlar el excesivo desembolso registrado durante la crisis para pagar las nóminas de los altos cargos, aunque por ahora los esfuerzos no logran paliar el despilfarro de los últimos años: los pagos destinados a pagar las nóminas de los ministros se han reducido un 2% hasta junio. No obstante, desde que estalló la crisis económica esta partida se había disparado un 8,6% y llegó a superar los 84 millones de euros.

Pero el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero no es el único que está recurriendo a los trabajadores eventuales para tapar los agujeros de la Administración. Los alcaldes dispararon el gasto en esta misma partida un 26,5% entre 2007 y 2009 hasta los 233,4 millones de euros. El aumento fue sólo del 12,7% en sólo un año. Si este incremento no cesa, el recorte de los salarios públicos del 5% de media podría resultar insuficiente para acabar con los números rojos.

Altos cargos
Los ediles tampoco han sido ejemplo de austeridad a la hora de fijar sus propios sueldos y los de sus concejales. Según el presupuesto consolidado de las entidades locales que recoge el Ministerio de Economía y Hacienda, en los dos peores años de la crisis los responsables locales dispararon esta partida –y, por lo tanto, sus retribuciones– hasta los 445 millones de euros, un 20,5% más que en 2007.

También sorprende que los pagos para hacer frente a las nóminas de otro tipo de personal sin justificar en los ayuntamientos ascendieran a 538,63 millones en 2009, un 17% más que cuando comenzó la peor crisis de los últimos cuarenta años. Si se suma a esta partida la de altos cargos y la de trabajadores eventuales, los consistorios desembolsan como mínimo 1.200 millones de euros al año, más de un 0,1% del PIB, a pagar nóminas de empleados que no tienen puesto fijo en la Administración.

El papel de las CCAA
Las autonomías también tienen gran parte de la culpa del despilfarro de los gastos de personal: los pagos del conjunto de las autonomías en esta partida ascendieron en 2009 a los 55.335 millones, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las regiones no justifican cuál es el desglose de este epígrafe en los Presupuestos consolidados que aglutina el IGAE.

Sin embargo, los datos sí que apuntan a que hay más contrataciones temporales en las CCAA. Según los últimos datos disponible en el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en julio de 2009 había 314.495 empleados públicos en las CCAA definidos como “otro personal”. En cambio, sólo seis meses antes había 307.931 en esta situación, un 2,1% menos.

Suprimir Municipios

Aunque no con mucha fuerza y, desde luego, con muy poca trascendencia pública, al albur de la crisis actual,  se ha reabierto un viejo debate como es de la supresión de municipios en España, tema que ya han tratado de manera ejemplar, aunque tangencialmente, en este mismo blog Francisco Sosa Wagner  en su artículo “Diputaciones: ¿Sí o no?; y Mercedes Fuertes López en su artículo “En defensa de las Diputaciones”, sobre el que me gustaría aportar mi modesto punto de vista y mi experiencia personal porque, desde que me inicie en esta profesión nuestra, me pronuncié abiertamente a favor de la medida, si bien debo admitir que, seguramente, tal postura se debe básicamente a mi condición de urbanita de nacimiento. Recuerdo que, tras tomar posesión en un pequeño pueblo conquense de 1.100 habitantes y superar el doble impacto del primer trabajo y de aterrizar en un lugar  en las antípodas de una gran ciudad,  durante la asistencia a un curso – no recuerdo sobre que versaba -,  a los que procuraba asistir ya que suponían un oasis en el que podía relacionarme con personas con las que podía sentirme comprendido pues, no en vano, hablábamos de temas parecidos, el Interventor de la Diputación de Toledo – creo que era Pedro Caballero – afirmó que le parecía una barbaridad enterrar en pequeños pueblecito a jóvenes profesionales que apenas contaban con medios para desempeñar su profesión.
La verdad que esa afirmación me hizo sentirme identificado y me transmitió la tranquilidad interior necesaria, al no verme tan sólo y olvidado, para desarrollar mi trabajo durante 13 años en aquel municipio al que me fui adaptando paulatinamente, pero sin que, en ningún momento, me abandonara la sensación, más bien la realidad, de no contar con los medios y las herramientas mínimas para poder desempeñar dignamente mi labor y de que los tímidos avances que experimentaba eran  fruto de un esfuerzo ímprobo del que dudaba que formara parte de mis obligaciones, pero al que no debía renunciar si pretendía estar actualizado aunque fuera insignificantemente.
Esta sensación era compartida por otros profesionales de la localidad, tales como médicos, profesores, veterinario, guardias civiles a los que recuerdo patrullando en ocasiones en vespinos de su propiedad, asistentes sociales, etc…, que, igualmente, debían dedicar parte de su tiempo libre y recursos a ponerse al día y procurarse medios con los que no quedarse rezagados en la calidad de sus servicios, y los que me unía la certidumbre de estar perdiendo oportunidades de progresión profesional, personal e intelectual, logrando, en el mejor de los casos, no quedarnos descolgados irremediablemente del pelotón de colegas más afortunados desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo.
Es cierto que mentiría si dijera que no guardo buenos recuerdos de esos 13 años y que no aprendí a valorar la tranquilidad – a veces excesiva – de vivir en un pequeño pueblecito, pero la realidad que conocí no me deja lugar a dudas de que el mantenimiento de municipios de escasa población, condenados a luchar por su cuenta, no es racional ni efectivo desde la perspectiva de la prestación de servicios de una calidad  mínimamente aceptable.
Recuerdo, con ocasión de los Planes Provinciales de Obras, dado que el Municipio en el que yo me encontraba destinado era, por así decirlo, la capital de zona puesto que los pueblecitos del entorno no superaban los 400 habitantes, la decepción de sus Alcaldes al conocer el montante de dinero que les correspondía en función de sus poblaciones y el caso particular de Alcohujate con una población aproximada de 90 habitantes, inmortalizado por Camilo José Cela en sus  “Viajes a la Alcarria”  al comentar  las pudendas partes de sus mozas, que año tras año se limitaba a colocar 6 o 7 farolas de alumbrado público porque el presupuesto no daba para más.
Es verdad que la situación ha cambiado mucho, pero me temo que no tanto, y no se puede negar que siguen existiendo muchos municipios, demasiados, que apenas pueden  hacer frente a una prestación de servicios  que los ciudadanos exigen en un alto grado de excelencia, sobre todo en un momento en que las nuevas tecnologías y los campos a los que se extienden  las competencias  municipales  sin parar (urbanismo, servicios sociales, medio ambiente, cultura, turismo, desarrollo rural, seguridad ciudadana, etc…), requieren la participación de personal más cualificado y especializado que antaño cuyo coste incrementa el del servicio.
Con motivo de este debate que la crisis y el ejemplo griego, que en Mayo pasado ha decidido acabar de un plumazo con 679 municipios, han desempolvado tímidamente, el vicepresidente y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha declarado que plantear la supresión de municipios es ofender a los ciudadanos y crear problemas.
Sin embargo, si los ciudadanos están en su derecho de demandar servicios públicos de calidad,   no comprendo en qué les puede ofender el concienciarles de su coste y qué problemas puede crear el plantearles la alternativa  mejores servicios a costa de una organización administrativa más eficiente frente a  servicios mediocres a costa de conservar un mal entendido sentimiento de identidad,  pues una teórica reestructuración municipal no implica la desaparición física  de los pueblos, sino su obligatoria asociación prestacional en beneficio de todos.
Pedro Castro, residente de la FEMP, en una clara línea de oposición a la posibilidad de supresión enfatiza que no se puede olvidar que en España existe un sentimiento de identidad muy arraigado con respecto al pueblo o ciudad de cada uno. Los Alcaldes a los que les ha planteado el tema la prensa se suben por las paredes y eso que, a buen seguro, algunos nunca se encontrarían entre los candidatos a desparecer. El de Sabadell (Barcelona) se defiende diciendo  «primero, que me digan qué Ayuntamientos quieren eliminar, que digan cuáles»; el de Alcobendas (Madrid) ironiza: «es como si el Gobierno, por haberse desmadrado con el gasto, sugiriera como solución fusionarse con Francia». Eso sí los Alcaldes aprovechan para mencionar la auténtica prioridad: mejorar la financiación local.
Estas posturas me recuerdan mucho a los vecinos de María Desamparados García López  que están contra del déficit público, que tan genialmente ha descrito en su magnífico artículo publicado en este mismo blog – me atrevería a decir que el mejor que he leído en este foro, con todos los respetos a los excelentes autores que publican sus interesantes reflexiones – que piden y exigen pero no parecen muy dispuestos a asumir los costes de sus demandas y a los que nadie se atreve a explicar las consecuencias de una actitud tan egoísta e insolidaria y tan arraigada en nuestra sociedad. Ándeme yo caliente…
Todos mis respetos hacia las señas de identidad de todos. Yo, a pesar de ser urbanita, adoro las calles y el barrio en los que pasé mi infancia porqué allí están mis raíces, pero no creo que sea razón suficiente para pedir y exigir que no sufran ningún cambio y que deban tener un tratamiento preferente.
Exigir que no se supriman municipios con la coartada del sentimiento de la identidad, el municipalismo o de que los servicios no se prestarán con la misma atención y, por ende, pretender que pequeños municipios ofrezcan toda clase de actividades que a sus vecinos se les puedan antojar con un grado de calidad pareja, al menos, a la de los municipios limítrofes, a pesar de que los medios no sean suficientes y con unos costes asequibles no parece razonable y se debe poner seriamente la cuestión sobre la mesa.
Quizás haya que plantear la cuestión con toda rudeza y contraponer los sentimientos a razones de rentabilidad, eficacia y eficiencia, pero, desde luego, lo que no parece acertado es rasgarse las vestiduras a priori para evitar un debate serio - como ya ocurrió en Cataluña, hace nueve años aproximadamente, cuando la Asociación Catalana de Municipios, dominada por pequeños municipios, montó en cólera y rechazó el Informe Roca, elaborado por  un equipo de expertos dirigidos por Miquel Roca que proponía como medida imprescindible, entre otras, la eliminación de 200 municipios con menos de 250 habitantes, respetando su identidad -  ni aducir razones tan peregrinas como las que hemos visto  que esgrimen algunos políticos para no entrar en materia, que llevan a pensar que existen otras razones menos idealistas en tan rotundas posturas.