Miles de empleados públicos rodean edificios emblemáticos de Junta para pedir la derogación del decreto de reordenación

Varios miles de empleados públicos han rodeado con cadenas humanas este jueves numerosos edificios emblemáticos de la Junta de Andalucía de todas las provincias para pedir la derogación del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, en una acción convocada por el sindicato CSIF.

Fuentes de este sindicato han explicado a Europa Press que "miles de personas" en toda Andalucía han participado en cadenas humanas con los que han rodeado edificios emblemáticos de todas las capitales andaluzas.

Así, CSIF ha celebrado cadenas humanas en el edificio múltiple en Cádiz, en la plaza de Asdrúbal; en el edificio de la Delegación del Gobierno de Granada, en el edificio La Normal; en la Delegación de Salud de Huelva; en el edificio múltiple de la Junta de Andalucía en Jaén; en el edificio Nuevos Ministerios de Almería; en la Delegación de Hacienda y Administración Pública, de Córdoba; en el edificio de servicios múltiples o Edificio Negro, de Málaga; y el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno de la Junta.

Las fuentes han lamentado que en el caso de Sevilla "la Policía nos ha impedido rodear la parte del edificio que da al Paseo de las Delicias, donde había "un despliegue policial desorbitado, cuando los empleados públicos se han manifestado de forma pacífica pidiendo la derogación de la ley".

Asimismo, empleados públicos se han concentrado este jueves en el Parlamento andaluz, donde también existía "un despliegue policial increíble", de forma que los empleados públicos "se han visto atropellados en sus derechos legítimos de protesta, cuando sólo habían llevado a cabo una mera concentración absolutamente pacífica".

Paralelamente la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y la Unión Sindical Obrera (USO) han convocado "actos simbólicos" ante el Parlamento de Andalucía, toda vez que el pleno de la Cámara andaluza ha debatido este jueves el nuevo decreto ley de reordenación del sector público de la Junta.

POLÍTICA DEL "RODILLO"

En ese sentido, tras aprobarse la convalidación del decreto ley con los votos a favor de PSOE y en contra de PP e IU, el sindicato CSIF ha lamentado que la Junta "no sólo no escuche la voz de los sindicatos sino que tampoco escuche la voz de los representantes soberanos del pueblo, que han pedido la derogación del decreto y el inicio de conversaciones".

"Esto es más de lo mismo y ya no es sólo una cuestión meramente laboral sino política, pues el PSOE ha aplicado su política de enroque que está fuera de lugar y nos tememos que en el trámite parlamentario no va a haber voluntad política de escuchar a todas las partes", aseveraron fuentes de CSIF.

Éstas lamentaron que "se va a aplicar el 'rodillo' parlamentario y este jueves ha sido una muestra más del rodillo parlamentario, toda vez que no vemos a la Junta con real voluntad política de consenso de todas las partes".

"Se trata de un mero maquillaje de formas, pues no sólo no escucha a los sindicatos sino que tampoco a los representantes soberanos del pueblo andaluz", agregaron las fuentes, que indicaron que "el Gobierno andaluz deberá terminar por reconocer que se ha equivocado en las formas y en el fondo".

REUNIÓN CON EL PSOE

Sobre la reunión prevista este jueves con el PSOE-A y el Grupo Socialista, que finalmente no ha tenido lugar, fuentes de CSIF-A han lamentado que se han enterado de dicha reunión "por la prensa", toda vez que "para nada se trataba de una reunión acordada y no nos había llegado invitación hasta esta mañana, por lo que no podemos acudir a una reunión de la que nos acabábamos de enterar".

No obstante, dejaron claro que el sindicato tiene intención de reunirse con todos los grupos parlamentarios y ya tienen entrevistas concertadas con IU y PP para hacerle llegar su posicionamiento, aunque aseguran que "también está en nuestros planes y nuestra hoja de ruta establecer contactos con el PSOE"

EUROPA PRESS

 

 

Objetivo conseguido, el puesto se queda vacante

Perdónenme pero voy a repetirme porque quiero incidir, una vez más, sobre una cuestión que no por manida y elevada a la categoría de práctica habitual debe dejarse caer en el olvido como parecen desear algunos profesionales de la administración local.

Como todos saben acaba finalizar el plazo de solicitudes para tomar parte en el concurso unitario – sigo sin averiguar por qué este concurso sin baremos específicos no es el ordinario, aunque me imagino que cuando se ideó le traicionó el subconsciente al legislador – y he podido asistir desde la primera fila a la infructuosa odisea de una compañera para intentar averiguar el importe del complemento específico asignado a la plaza que se ofertaba y a la que, por razones que no vienen al caso ni tendría por qué explicar, barajaba optar.

Nuestra compañera, superando la comprensible sensación de incomodidad, ya que albergaba dudas sobre si solicitar una plaza de secretaría-intervención que se ofertaba en el reciente concurso unitario, dado que desconocía el más mínimo y elemental dato que cualquier profesional necesita conocer para adoptar una decisión trascendente en su vida personal como es solicitar un  traslado, decidió llamar al Ayuntamiento que teóricamente tenía vacante el puesto para intentar averiguar ese gran desconocido y secreto mejor guardado que es el importe del complemento específico asignado.

A partir de ese momento comenzaron una serie de despropósitos que le llevaron a un estado de indignación del que solo pudo encontrar consuelo mediante de la técnica del pataleo sin destinatario identificado puesto que, con la excepción de aquellos compañeros cercanos, la situación le es absolutamente indiferente a cualquiera de las instituciones que podrían tener algo que decir al respecto.

En la primera llamada realizada al Ayuntamiento en cuestión pudo descubrir a través de su interlocutor que el puesto de secretaría-intervención estaba semivacante, pues no en balde era atendido por un habilitado nacional con destino en propiedad en otra Corporación con su presencia algunas tardes y los viernes por la mañana – aunque al parecer no todos – del que podríamos predicar, con toda nuestra buena intención, un exceso de celo profesional y una vocación digna de encomio que le obligaba a no dejar una pequeña localidad huérfana de las funciones de fe pública, de asesoramiento jurídico y de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de contabilidad, tesorería y recaudación; funciones necesarias según nuestro Tribunal Supremo, que estando cubiertas de esta manera tan peculiar que no inusual, hacen innecesario acudir a otras formas de provisión más regularizadas como el nombramiento provisional, la acumulación, la comisión de servicios o el nombramiento accidental.

Pues bien, nuestra compañera esperó al primer viernes por la mañana en el que pudo localizar al ocupante de la secretaría-intervención y tras argüir que estaba en su derecho de conocer el importe del complemento específico con el que estaba dotado el puesto ante las reticencias de su compañero al otro lado del hilo telefónico obtuvo como única respuesta que le colgaran el teléfono cortando la llamada y cualquier posibilidad de continuar argumentando su petición.

Como nuestra compañera no se arredra volvió  a llamar al Ayuntamiento de marras y en esta ocasión su interlocutora, tras espetarle que el importe del complemento específico asignado al puesto de secretaría-intervención solamente lo conocía el titular intermitente que les atendía, y ante la respuesta de que éste se había negado a revelarlo, un tanto incomoda, esgrimió la excusa de que, además de que era un dato desconocido en el Ayuntamiento (????), tampoco le serviría de nada conocerlo puesto que, ya se sabe, es un concepto que se negocia caso por caso (????) – y yo que pensaba que el complemento específico se fijaba, previa valoración, por el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo - , y que, si quería, supongo que como última tentativa para quitarse de encima a nuestra fastidiosa compañera, le podía dar el teléfono móvil del Alcalde para que se lo preguntara directamente.

Nuestra compañera lógicamente no llamó al Alcalde porque se preguntaba si conocería un dato que nadie era capaz de descifrar en el Ayuntamiento y porque se negaba a mostrarse como una profesional a la que solo le guiara la retribución del puesto, situación a la que nos aboca el oscurantismo que rodea la cuestión y que fomentan, querámoslo o no, miembros de nuestro propio colectivo.

Decepcionada y decidida a no concursar tras agotar un último intento indagando en la Comunidad Autónoma donde no tenían ni la más mínima idea de lo que les estaba hablando, me comentaba que, en su opinión, debería dirigirse al Colegio Provincial de Secretarios, a la Comunidad Autónoma o al Ministerio para denunciar la situación que acababa de vivir.

Yo, me temo que demasiado incrédulo después de veintiséis años de profesión, me mostré escéptico ante el la suerte de una denuncia ante unas instituciones que nunca han mostrado ni interés ni voluntad en reclamar un mínimo de seriedad en materia de provisión de puestos reservados a habilitados nacionales, y ni tan siquiera por exigir algo tan elemental como que las retribuciones de los puestos de trabajo ofertados se incluyan en las convocatorias de los concursos, ni que los Ayuntamientos cumplan, al menos, con su obligación de publicar junto con los presupuestos la plantilla de personal en la que deberán aparecer los conceptos retributivos de cada uno de los puestos incluidos en ella, aunque, me temo que no son los alcaldes los responsables del hurto de información al respecto que se produce en muchos casos.

Otros compañeros le recomendaban a la protagonista del caso paciencia y resignación razonando que si no se le quería facilitar el dato retributivo era porque no había interés en que el puesto fuera cubierto, como si esta circunstancia fuera de recibo.

Ese es el problema, como ya afirmaba en otra ocasión, preferimos pasar por “peseteros” llamando a los Ayuntamientos candidatos a nuestra posible solicitud, sobreponiéndonos a nuestra vergüenza, para enterarnos de “cuanto pagan”, que exigir que esa información se inserte en la convocatoria de los concursos, tal y como ocurre en el resto de los colectivos funcionariales, como parece básico y racional, y admitimos como algo normal el que un Ayuntamiento pueda maniobrar con la finalidad de no cubrir un puesto de trabajo vacante reservado a habilitados nacionales con la inestimable connivencia de algunos miembros de nuestro colectivo, sin instar ni tímidamente a Colegios, Comunidades Autónomas y Ministerio para que se opongan sin reparos a tales prácticas y se exijan las responsabilidades que correspondan a quienes desprecian la legalidad y se benefician de su incumplimiento.

En definitiva, nuestra compañera, ha optado por no concursar y, así, los beneficiados por espurios intereses podrán proclamar ¡¡¡ objetivo conseguido, el puesto se queda vacante¡¡¡

Jesus Santos Oñate

'La reforma del sistema de pensiones es imprescindible e inaplazable y debe enmarcarse en el Pacto de Toledo'

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha dirigido un doble mensaje a los representantes de los grupos que integran la Comisión del Pacto de Toledo y al conjunto de los ciudadanos "el Gobierno considera que la reforma del sistema de pensiones es imprescindible e inaplazable y -ha añadido- con la misma firmeza defendemos que esa reforma debe enmarcarse en la mejor tradición de procesos reformistas en esta materia que es el Pacto de Toledo",
Gómez ha señalado como referencia del Gobierno el documento presentado a la Comisión el 29 de enero pasado y ha subrayado que "el aumento de la población de mayor edad no es asunto propio de la Seguridad, sino que constituye un importantísimo desafío para el conjunto de la sociedad".
El ministro de Trabajo e Inmigración ha planteado la reforma en una triple dirección: reducir las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas; favorecer la ampliación de la población activa incorporando a colectivos insuficientemente integrados; y prolongar la vida laboral. En el plano formal, la reforma se orienta en tres líneas de acción: gradualidad, mayor contributividad y mejora en la gestión.
En su apelación a la unidad de las fuerzas políticas representadas en la Comisión del Pacto de Toledo, Valeriano Gómez les ha invitado a aparcar sus diferencias para lograr un acuerdo para la reforma de las pensiones, y ha recordado que "nunca antes tantas miradas, dentro y fuera de nuestras fronteras, se habían dirigido al Pacto de Toledo".

ESPECTACULAR CRECIMIENTO DE CSI-F EN LAS ELECCIONES CELEBRADAS EL 2 DE DICIEMBRE

En las elecciones que tuvieron lugar ayer, 2 de diciembre, CSI-F, ha experimentado el mayor crecimiento de todas las fuerzas sindicales, afianzándonos como la primera opción profesional e independiente de los Empleados Públicos.

En las elecciones del sector de Enseñanza Pública, CSI-F, ha sido el sindicato que más ha crecido alcanzando el 2º lugar. Experimentando un crecimiento de 89 delegados lo que supone una subida porcentual superior al 35%. Siendo la primera fuerza sindical en este sector en las Comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

En las elecciones celebradas en la Comunidad Autónoma de Extremadura tanto en Sanidad como en la Junta de Extremadura, hemos alcanzado la primera posición. Convirtiéndonos en el primer sindicato de los Empleados Públicos de Extremadura.

Hemos tenido crecimientos espectaculares en las Universidades de la comunidad Valenciana, en Murcia, en Sevilla, Jaén, Cádiz.

CSI-F, quiere agradecer la confianza de los Empleados Públicos al otorgarnos tan mayoritariamente su voto, esto nos da fuerzas para continuar DEFENDIENDO LO PÚBLICO y seguir luchando por los EMPLEADOS PÚBLICOS.

Gómez dice que el sistema de Seguridad Social español es "de los más consolidados de Europa"

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado que el sistema de Seguridad Social español es "de los más consolidados de Europa", por lo que no puede ser cuestionado, aunque su superávit se haya visto reducido en un 28% hasta el mes de octubre, como le ha echado en cara el Grupo Popular durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

   "Dejen de sembrar dudas y sean responsables", espetó Gómez a la bancada 'popular' en defensa de una Seguridad Social, de cuya sostenibilidad dijo estar "especialmente orgulloso".

   Según explicó Gómez, pese a las grandes dificultades económicas que atraviesa la economía española, que están provocando más gasto en prestaciones por desempleo y menos ingresos por el descenso de la afiliación, el sistema cuenta con un superávit de 10.000 millones de euros, un 1% del PIB, y cerrará el año en positivo, incluso tras abonar la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación del IPC del 1,2%.

   Además, Gómez resaltó que el Gobierno ha transferido al Fondo de Reserva de la Seguridad Social 37.000 millones de euros desde 2004, cifra que refleja que "el sistema no está en quiebra".

EUROPA PRESS