Tambores lejanos: el Tribunal de Justicia anula el tijeretazo europeo

Se ha hecho pública en la prensa, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2010  que anula el Reglamento nº 1296/2009 del Consejo, de 23 de diciembre de 2009, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2009, los nuevos criterios retributivos para empleados públicos y pensionistas de la Unión Europea, ante la crisis económica (“tijeretazo europeo”).

Hay que recordar que dicha medida se adoptó por el Consejo de la Unión Europea para asegurar el ejemplo desde las instituciones comunitarias en cuanto a la aplicación de medidas de recorte de retribuciones respecto de sus propios funcionarios. La medida acordada en el seno del Consejo por los gobiernos de los 27 países miembros, suponía limitar a los empleados comunitarios la subida salarial para el año 2010 a un  1,85% en vez del  3,70% que los funcionarios comunitarios reclamaban por aplicación del modelo salarial preexistente. Ahora la medida de  contención es anulada por el Tribunal de Justicia en virtud de la impugnación efectuada por la Comisión y  el Parlamento Europeo, y en consecuencia los eurócratas mantendrán sus niveles crecientes en un entorno de funciones públicas estatales “a la baja”.

1. Para aclarar el galimatías procesal, aclararemos que  si la Unión Europea la concebimos como una hidra de cinco cabezas ( Consejo de la Unión Europea, Comisión, Parlamento, Tribunal de Justicia y Tribunal de Cuentas), nos encontramos una disputa de dos de las cabezas – Comisión y Parlamento- frente a otra – Consejo de la Unión Europea- mientras otra duerme – Tribunal de Cuentas- y que debe ser resuelta por la quinta: Tribunal de Justicia).

2. Resumiendo el contenido de la sentencia, hay que recordar, simplificando el modelo de gobierno comunitario, que la Comisión representa a los intereses comunitarios y es la que cuenta con la inmensa mayoría de los empleados públicos, mientras que el Consejo representa a los intereses de los Estados miembros. Pues bien, existía un Reglamento comunitario que, bajo unas pautas de bonanza económica, aseguraba estabilidad en el régimen retributivo de los empleados comunitarios reconociéndoles su actualización tomando en cuenta la evolución de los salarios de la función pública en ocho países comunitarios, con aplicación posterior del Índice Internacional de Bruselas. Ese Reglamento contemplaba dos previsiones específicas adicionales. Por un lado, un régimen de modificación de lo acordado como sistema general. Por otro lado, una cláusula de excepción que en circunstancias excepcionales permitiría aplicar criterios puntuales diferentes.

Pues bien, la cuestión a resolver en palabras de la propia sentencia radica en si “el Consejo dispone de un margen de apreciación que le permite apartarse de una propuesta de la Comisión relativa a la adaptación anual de las retribuciones y las pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión invocando una crisis económica grave”. Para ello, el Tribunal maneja el Estatuto de los empleados comunitarios dotado de rango reglamentario y resuelve la cuestión bajo criterios de pura técnica jurídica. Veamos el razonamiento del Tribunal europeo:

En primer lugar, considera que tales “tijeretazos” no pueden ampararse en el margen de discrecionalidad o decisión política que asiste al Consejo con ocasión de su competencia para fijar el nivel de retribuciones anual. Afirma el Tribunal:

“72. Por consiguiente, en el marco del examen anual del nivel de las retribuciones, el Consejo no puede basarse en la facultad de apreciación conferida por el artículo 65 del Estatuto para apartarse del método establecido en el artículo 3 del anexo XI del Estatuto y tener en cuenta criterios distintos a los previstos en este último artículo”.

En otras palabras, el margen de apreciación del Consejo es “dentro” de la normativa que regula tales retribuciones y precisamente el propio Consejo aprobó una reglamentación que fijaba el método de actualización y determinación de retribuciones, por lo que no puede pretextar ahora que su discrecionalidad llega incluso a vaciar sus propios límites reglamentarios. O sea, discrecionalidad sí, pero dentro de los límites que establece la propia norma que reconoce esa discrecionalidad.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que tales “tijeretazos” pueden ampararse en la denominada “Cláusula de excepción”, pero eso sí ,sujetos a los elementos reglados o criterios de su aplicación.

“73 Por lo que se refiere a la posibilidad, invocada por el Consejo y por los Estados miembros coadyuvantes, de tener en cuenta una crisis económica grave al realizarse el examen anual del nivel de las retribuciones, procede recordar que, a tenor del artículo 10 del anexo XI del Estatuto, «en caso de deterioro grave y repentino de la situación económica y social de la Comunidad, evaluada a la luz de los datos objetivos facilitados a esos efectos por la Comisión, ésta, previa consulta a las demás instituciones en el marco de las disposiciones estatutarias, presentará las oportunas propuestas al Consejo, que decidirá conforme al procedimiento establecido en el artículo 283 del Tratado CE».

Y así, el Tribunal de Justicia, tras constatar que el Consejo se precipitó, pues prescindió de la previa y preceptiva propuesta (  o iniciativa) de la Comisión para poder adoptar tales medidas excepcionales, dictamina que faltó un requisito formal inexcusable y preceptivo, y por ello, anula el uso de la cláusula de excepción que no puede amparar la decisión tomada.

3.    En este punto, hay que efectuar una precisión explicativa, y es que el Consejo actuó sin la propuesta de la Comisión porque ésta no presentó propuesta alguna de “recorte” con lo que impedía que el Consejo tomase tal medida. Maliciosamente podemos pensar que la Comisión no hacía tal propuesta ya que es “prisionera de la inmensa mayoría de los empleados públicos comunitarios” (cuenta con 34.000 funcionarios) por lo que difícilmente los eurócratas tolerarían que su propia “casa” propusiese una medida que les perjudicase (Como diría un eurócrata de una conocida multinacional: ” Yo no soy tonto”).

Para el Alto Tribunal, no es pretexto para saltarse la preceptiva iniciativa de la Comisión, el que este órgano sea reacio a proponer tan impopular medida, ya que recuerda que ha de cumplirse el principio de lealtad institucional de todas las Instituciones comunitarias- incluida la Comisión- y además subraya que el Consejo no se tomó la molestia ni tuvo la precaución de un previo requerimiento a la Comisión para darle la oportunidad de que al menos promoviese la iniciación del procedimiento extraordinario.

Y en consecuencia el Tribunal de Justicia anula determinados artículos del Reglamento (UE, Euratom) nº 1296/2009 del Consejo, de 23 de diciembre de 2009, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2009, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones.

4. Si nos preguntamos por el impacto de dicha sentencia frente a la medida homóloga del tijeretazo adoptada por Decreto-Ley en el caso español, la respuesta es sencilla. De entrada el parecido del asunto de fondo es remoto pues en España el tijeretazo comportó no sólo la no actualización de retribuciones sino su recorte porcentual a la baja ( sus salarios no solo no crecen sino que se reducen), mientras que para los funcionarios comunitarios el tijeretazo se limita a reconocer una actualización limitada a la mitad del porcentaje esperado ( crecen menos sus salarios). En cuanto al fondo jurídico, la sentencia europea se dicta en un ámbito y para un problema con unos perfiles jurídicos propios muy distintos de los españoles. En efecto, en el caso europeo, nos hallamos ante la aplicación del Estatuto de los funcionarios comunitarios, en el particular relativo a una cláusula de excepción para afectar a una situación de estabilidad retributiva, cuyas condiciones de uso se sujetaban a la necesaria iniciativa de la Comisión y dictamen del Parlamento europeo, que fueron omitidos. En el caso español, la que podríamos denominar “ cláusula de excepción” vendría dada por el art.86 de la Constitución que se ocupa de los Decretos Leyes para “situaciones de extraordinaria y urgente necesidad” , cuyos límites vienen fijados en la propia Constitución, y cuya adopción se reserva al Gobierno pero sin establecerse la necesidad de informe, propuesta o iniciativa alguna, por lo que ningún parentesco tiene el enfoque español con el enfoque comunitario.

O sea, en términos expresivos, dicha Sentencia comunitaria tiene tanto impacto en el caso español como la que pudiera dictarse por un Tribunal de Las Vegas anulando la rebaja de sueldo de sus crupieres por la crisis. O sea, ninguna eficacia jurídica.

En todo caso, lo que a juicio de Sevach da envidia respecto del caso europeo es que el recurso de anulación ante el Tribunal Europeo se interpuso el 22 de Enero de 2010 y se resolvió por sentencia el 24 de Noviembre de 2010, mientras que la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social Audiencia Nacional frente al “tijeretazo español” fue planteada a finales de Octubre de 2010 y su resolución por sentencia del Tribunal Constitucional no se espera antes de…¡ tres años!

5. Al margen de las disquisiciones jurídicas, y después de leer la sentencia, a Sevach le queda cierta sensación agridulce que le lleva a pensar si la Unión Europea se ha convertido en un monstruo con vida propia, que avanza indiferente al contexto actual de crisis. En este sentido, me resultó especialmente impactante el siguiente fragmento de un artículo polaco publicado hace seis meses y significativamente titulado “ La eurocracia engorda con la crisis”, el cual disponía literalmente:

“La burocracia es una enamorada de la crisis, bromea el Dziennik Gazeta Prawna, poniendo de manifiesto la cuestión del incremento del gasto en las hordas de eurócratas en Bruselas y todo el continente. El presupuesto de la Comisión Europea, escribe el diario, aumenta sin freno mientras nuevas instituciones europeas preparan su embarco en misiones antirrecesión. Apodadas “montañas de papel” en la eurojerga, tienen por único objetivo generar “cientos de miles de páginas de informes que nadie necesita”. En enero de 2011, cuatro de esas instituciones entrarán en funcionamiento: la Comisión Europea de la Banca, la Comisión Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Comisión Europea de Valores y Mercados y la Junta Europea de Riesgos Sistémicos. Sus presupuestos anuales combinados ascenderán a 20 millones de euros.

“Sin embargo, no es más que otra gota en el actual mar de gastos”, recalca el diario. El portavoz de la Comisión Europea, Michael Mann, admitió hace poco que el coste de la burocracia europea se incrementará en un 4,4% el año que viene, hasta situarse en 8.300 millones de euros. Pero ahí no acaba la cosa. Los eurócratas están entre los pocos burócratas del continente sobre los que no pesa la amenaza de la congelación de sus pensiones. David Allaby, redactor jefe de la revista británica Public Servant Magazine, afirma que la UE hace malabarismos lingüísticos para dar una impresión de ahorro. “En los nuevos programas las ‘instituciones’ se llaman ahora ‘estructuras’, sin que pueda observarse ningún recorte de costes real”.

En fin, no hay que ser pesimistas, pues al fin y al cabo, Sevach es de los que piensa que las posibles – y únicas soluciones- al actual tsunami económico, solo pueden venir de Europa, pero eso no impide que un gran estímulo para los países miembros es la austeridad de las instituciones y como no, de su personal.

Contencioso.es

Energía y alcaldes

En un foro que reúne a autoridades locales se ha discutido hace poco sobre el protagonismo de los Ayuntamientos en materia de gestión energética. Es un viejo asunto del que ya me ocupé hace años (“Ayuntamientos y ahorro energético” en Revista de Estudios de la Vida Local, número 210) para poner de manifiesto la importancia crucial que las entidades municipales tienen en los aspectos clave de la política energética. 

Pues bien, muchos años después he tenido la oportunidad de subrayar estas mismas convicciones en Estrasburgo, en una sesión plenaria del Parlamento europeo. Con ocasión del debate previo a la Cumbre del Clima de Cancún me pronuncié el pasado mes de noviembre a favor de las propuestas europeas formuladas por la Comisión que consisten en preconizar los famosos “tres veintes” anunciadas en el documento “Una política energética para Europa” (del año 2007): reducción del 20% de los gases de efecto invernadero para el año 2020 frente a las emisiones de 1990; mejora de la eficiencia energética en un 20%; en fin, un aumento de la participación de las renovables en otro 20%. 

Nadie negará que con esta feliz formulación se ha conseguido un expresivo  resumen de por donde circulan las preocupaciones europeas, es decir la brújula de sus medidas políticas. 

Pues bien, además de respaldar estas ideas, añadí:

“En relación con este debate hay que subrayar la importancia de las ciudades en la preservación del medio. Existe un Pacto entre más de mil alcaldes de la Unión Europea que demuestra la existencia de un reconocimiento del problema por parte de estas autoridades  cuya actuación resulta determinante si queremos tener éxito. De nada valen las grandes palabras que utilicemos si no contamos con la colaboración de los alcaldes.

Para ello es muy importante que se divulguen las emisiones pues las ciudades producen casi el 80% de los gases de efecto invernadero. Hoy día no existe ni esta divulgación ni -lo que es peor- un patrón común para la medición de emisiones. Hay una organización sin ánimo de lucro, el CDP (Carbon Disclosure Project, Proyecto de Divulgación del CO2), que ya acoge la información de miles de empresas y que -pienso- podría ser utilizada también por los Ayuntamientos.

Sin su concurso -insisto- la actuación medioambiental se queda en humo. El humo del que precisamente nos queremos librar”.

No es frecuente que en el Parlamento europeo se oiga hablar de alcaldes y ayuntamientos. Fue una satisfacción para mí invocarlos en aquel tan solemne hemiciclo.

Pero lo cierto es que en el Tratado de Lisboa se ha consagrado ya un título a la energía y en él aparecen formulados, entre otros, el objetivo de “fomentar la eficiencia energética y el ahorro ...”.

Y a este fin se está disponiendo, desde las instituciones europeas, una amplia batería de medidas que traen causa, en parte, de los fines consignados en el segundo Libro Verde titulado “Estrategia europea para una energía sostenible” (2006). El primero sería el de la sostenibilidad, cambio climático y control de la demanda de energía; el segundo afectaría a la competitividad, apertura de mercados e incorporación de nuevas técnicas energéticas; el tercero es la seguridad del abastecimiento, la diversificación de las fuentes y el impulso de las energías alternativas.

Nada será posible, en efecto, sin el concurso municipal, terminal de todas las terminales, alfa y omega de las grandes magnitudes de la política energética europea. A mediados del siglo XIX escribía, subrayando la importancia de lo pequeño, ese hoy olvidado -pero interesante- intelectual francés que fue Edgar Quinet que “toda la inmensa Odisea gira en torno a la pequeña Ítaca”. Pues bien, de la misma forma, todos los afanes europeos serán espuma de las olas si los alcaldes no reman con vigor a favor de sus grandes designios. 

Francisco Sosa Wagner  

Los chinos y los préstamos dependientes

Nos visita el viceprimerministro chino, Li Keqiang, y todos percibimos ese indefinible temblor que nos invade cuando nos encontramos delante del poder verdadero. Esa brújula íntima no falla; la especie humana, hipersocial por naturaleza, ha desarrollado la arcana intuición de orientarse ante los liderazgos naturales. Y hoy recibiremos a un poder incuestionable,el chino. Mandan mucho, y más que mandarán en el futuro.

Simultáneamente a la noticia de la visita, se publica el escalofriante dato de la deuda externa de España, que asciende a casi el doble de nuestro PIB y que no logra reducirse, a pesar de todas las medidas de ajuste. Nuestra ralentización económica y nuestro escaso brío productivo nos restan energías para devolver lo que debemos. Somos uno de los tres países del mundo más endeudados en términos relativos y de los seis en términos absolutos, y, por eso, es normal que nuestros acreedores estén nerviosos y atentos a nuestros movimientos. Necesitamos imperiosamente que nos sigan prestando dinero, somos unos impenitentes préstamodependientes que suspiramos por quien nos puede proporcionar costo para aliviarnos del mono que sufrimos. Y, en esta sequía financiera, sólo nos queda China, la China del cuerpo capitalista y la cabeza comunista, que se pasea triunfal por toda Europa en plan berlanguiano de Mr Marschal.
Y bien que tenemos que ponerle alfombra roja. China tiene un importe neto invertido en deuda pública española de unos 43.146 millones de euros, frente a los 5.136 que poseía hace dos años. Un volumen que representa ya el 19% del saldo de deuda española en manos de inversores extranjeros. O sea, una barbaridad. Tenemos que hacer lo que sea para que sigan bombeando sangre a nuestras venas. La delegación encabezada por Li, que también viajará a Alemania y Reino Unido, incluye al viceministro de Comercio Gao Hucheng, la viceministra de Asuntos Exteriores Fu Ying, el viceministro de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo Xu Xianping y el vicegobernador del Banco Popular de China (central), Yi Gang. Unos mandamases a los que debemos caer en gracia para que sigan confiando en nosotros. El viceprimer ministro ya ha mostrado su deseo de que las relaciones entre España y China continúen su buen momento y afirmó que el país asiático seguirá comprando deuda española. Menos mal, tendremos gasolina para algunos kilómetros más.

El Rey, Zapatero, la vicepresidenta Salgado, la ministra de exteriores y el de industria mostrarán su mejor sonrisa a los nuevos señoritos del planeta. Pero – podría usted preguntar -, ¿no decían que eran los mercados? Pues no, paradojas de la vida. Los que mandan y sostienen al capitalismo mundial son los comunistas chinos. ¿Qué no logra comprenderlo? Pues yo tampoco, amigo, pero esto es lo hermoso de la vida, que no hay Dios que la entienda.

Manuel Pimentel

En el quicio

Pasar el quicio entre los años naturales permite hacer un receso y contemplar dos visiones: la del paisaje recorrido y la del horizonte que pretendemos avizorar.

De lo vivido todo está marcado por la dureza de la crisis económica. Mucho se insiste con razón en que, a pesar de su preocupante gravedad, podría ser una buena oportunidad para reconsiderar perniciosas derivaciones de las Administraciones públicas y afrontar grandes reformas: sobran Administraciones y sobran organismos, entidades y sociedades públicas. Del mismo modo que hacen falta funcionarios y personal cualificado, seleccionado al amparo de los principios de publicidad y concurrencia, de mérito y capacidad, que mire bien por la buena administración y gestión pública. Ya he dedicado varios comentarios a resaltar situaciones de despilfarro público. Por supuesto, hay muchas más. Pero junto a esa poda hay que empezar a reconsiderar cómo se puede exigir responsabilidad política, jurídica y económica ante tanto acuerdo sinsentido que ha causado negros agujeros de derroche.

Los periódicos de máxima difusión han publicado reportajes bien interesantes en sus últimos suplementos económicos sobre “el derroche autonómico” (El Mundo, 19 de diciembre) y la cercana situación de quiebra de regiones y municipios europeos (El País, 26 de diciembre). De ahí que debiera abrirse la puerta del nuevo año con la esperanza de una inminente reforma en la financiación local. Resulta urgente.

Sin embargo, lo que se nos ha anunciado, es que en marzo el Gobierno aprobará un nuevo proyecto de ley para reorganizar el gobierno local. A mi entender, lo menos apropiado. Se anuncia una nueva ley que modificará la organización local, las competencias de los alcaldes y los plenos, de sus juntas y comisiones, que establecerá nuevas reglas de funcionamiento municipal... Una nueva ley que nos hará invertir muchas energías en su estudio y comprensión, pero, sobretodo, que supondrá un gran entretenimiento de los políticos. Durante meses los Ayuntamientos estarán ocupados en acomodarse a las nuevas previsiones, cuando lo que urge es que continúen prestándose los servicios básicos; servicios públicos que corren el riesgo de suspenderse ante las cuantiosas deudas que mantienen los Ayuntamientos y que no pueden afrontar ante la insuficiente financiación local. ¿No huelen los políticos el riesgo de que las basuras queden en las calles mientras se ocupan de tanta reorganización local?

Lo que hace falta es una buena ley de financiación local. En el quicio del nuevo año, sacan de quicio estas reformas organizativas que distraen del verdadero problema de la financiación.

Pero también en el umbral del cambio de año nos encontramos con la noticia de que hemos de despedir a la Comisión de seguimiento del pacto antitransfugismo ante las permanentes contradicciones de los dos partidos que gobiernan. Ese pacto antitrasfugismo, que pareció como un esperanzador aliento de cierta dignidad política, se ha evaporado. Las promesas de apartar de la arena política a los tránsfugas se mantienen de palabra porque, en la realidad, los declarados por esa Comisión tránsfugas se volverán a incluir en las listas de esos partidos que gobiernan.

Hace falta que se regenere la democracia y que realmente el voto y la opinión de los ciudadanos se vea atendida por sus representantes. Que no haya fraudes a la confianza que los ciudadanos otorgamos, que se actúe con una mínima dignidad y responsabilidad en los asuntos públicos, que son de todos. Ese es el deseo para el nuevo año.

Mercedes Fuertes López   

¿Y qué hará Zapatero?

El presidente Zapatero está tomando importantes decisiones en estos últimos meses, algunas de las cuales – por impopulares – le están suponiendo un severo desgaste político y personal. Reaccionó tarde y sin convicción a una crisis que nos ha devastado y de la que saldremos a medio plazo con mayor dolor y coste que si hubiésemos hecho las tareas necesarias a tiempo. Aún le quedan a nuestro presidente temas por decidir y algunas de ellas, como las pensiones, de importante calado económico y social. Pero entre todas esas decisiones, la que guarda en su arcón más íntimo y secreto es la de su propio futuro político. ¿Aguantará la legislatura? ¿Disolverá y convocará elecciones anticipadas? ¿Repetirá como candidato? Sin duda le ha dado un millón de vueltas antes de haber tomado la decisión secreta que, según sus propias palabras sólo conoce una personas más, suponemos que su propia mujer.
  ¿Qué hará? No es una decisión fácil. En su partido están muy nerviosos ante unas encuestas que los fulminan, y ya son muchas las voces internas que le piden que anuncie su retirada. Algunos, como en Castilla la Mancha o Extremadura lo hacen en público, mientras que otros lo susurran a quien quiera que se les acerque. Su liderazgo interno está en cuestión y los ojos de los afiliados socialistas miran atentos sus gestos intentando interpretar sus gestos y signos. ¿Qué hará?, se preguntan ansiosos. Nadie lo sabe. Vamos a intentar jugar a augures, y para ello nada mejor que intentar introducirnos en el interior del presidente cuestionado. ¿Qué haría usted si estuviese en su lugar? Desde luego, no se iría en estos momentos. Si lo hiciese, se convertiría – tanto para los propios como para los extraños – en el chivo expiatorio de la crisis para pasar a convertirse, con toda seguridad, en el peor presidente de nuestra historia democrática. Por eso, Zapatero no disolverá ni dimitirá, tal como ha anunciado. Cuenta con el apoyo de vascos y catalanes, tan interesados como él en que no haya unas elecciones anticipadas que otorgarían, con alta probabilidad, una amplia mayoría al PP. Aguantará hasta el 2012, con la esperanza de que la economía comience a repuntar y pueda argumentar que gracias a su entereza y valentía en los tiempos difíciles, fuimos capaces de superar la peor crisis que los siglos vieran. Otro asunto bien distinto es si repetirá o no como candidato. Aunque intento meterme en su cabeza, no logro descifrar el arcano de sus designios. Por tanto, quede escrita mi apuesta: elecciones generales para 2012 y dudas, todavía, para el cartel electoral. ¿Cuándo se deshojará la margarita? Sólo hay dos momentos posibles. O al inicio de la primavera, meses antes de las elecciones municipales – la menos probable -, o algo después, entre el verano y principios de otoño. Ya veremos lo que ocurre. Mientras tanto: ¡Felices fiestas para todos, presidente incluido!

Manuel Pimentel