La Inspección de Trabajo sanciona a la Diputación de Cádiz por deudas pendientes a sus empleados que superan los 300.000 euros en total

Tras la denuncia presentada en el mes de agosto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Inspección de Trabajo ha dejado en evidencia algunas irregularidades detectadas en la Diputación provincial de Cádiz y que le conllevará una sanción por infringir las relaciones laborales.
Según se desprende de la resolución de la Inspección de Trabajo, la Diputación provincial dejó de pagar el incremento salarial que marcaba el convenio desde enero hasta junio de 2010, afectando directamente a 785 trabajadores (entre laborales y laborales asimilados a funcionarios). En total, 303.033 euros que la Diputación debe a sus empleados públicos, que tendrá que devolver con intereses de demora. Al mismo tiempo, esta situación abre la puerta para que los funcionarios también puedan reclamar lo que se les adeuda. Así, CSIF anima a los trabajadores de la Diputación a que acudan a la vía judicial en caso de que en este mes de diciembre no cobren las cantidades adeudadas, incluyendo los intereses de demora.
Por este asunto, como infracción en materia de relaciones laborales, es por el cual la Inspección de Trabajo ha levantado acta de infracción, que supondrá una sanción de unos 15.000 euros según el reglamento de la Inspección de Trabajo.

Sin embargo, en su informe, la Inspección también ha recordado el impago de unas ayudas de estudios para doce personas así como la deuda de 13.151 euros que tenía la Diputación con los empleados públicos por el complemento de trabajo del día festivo de Santa Rita (22 mayo 2009), cuyo pago se acordó para el mes de noviembre.
Ante todas estas irregularidades, el presidente del sector de Administración Local de CSIF-Cádiz, Jesús Pecero, ha pedido explicaciones públicamente y pregunta a los responsables de la Diputación por el destino de las cantidades que no se han abonado a los afectados. “No es lógico que en una época de recortes y control de gastos, se pierdan más de 300.000 euros en una Diputación provincial y que sean, como siempre, los empleados públicos los que carguen con las consecuencias”, apunta Pecero.

Cajas con doble fondo

La grave crisis financiera ha colocado a las cajas de ahorros entre sus puntos de mira. Es cierto que su peculiar configuración ha dificultado siempre precisar la solvencia de estas entidades. Pero, sobre todo, fue la avalancha de políticos y representantes sindicales en sus órganos de administración y gobierno lo que, a mi juicio, acentuó los riesgos financieros. Los intereses partidistas dirigían la brújula de sus inversiones a proyectos de interés político o a otros empresariales más arriesgados. Algunos escandalosos negocios sí se han conocido, como los que se publicaron con relación a Caja Castilla-La Mancha tras su intervención por el Banco de España o los que se difundieron para señalar la preocupante situación de Caja Sur. Pero hay más sombras de escándalos en otras cajas de ahorros. Puede decirse que algunas cajas son auténticas cajas de Pandora con agujeros de deudas, preocupantes índices de morosidad, inmuebles sobrevalorados...

El Banco de España quiso aprovechar la crisis financiera como entibo para superar esta situación, subiéndose al caballo de la reforma con el objetivo de dotarlas de una estructura más solvente. Se aprobó, así, una modificación de su organización con el fin de profesionalizar al personal directivo y reducir el número de políticos y representantes sindicales. También se creó un gran fondo de recursos dirigido a fomentar su fusión. A pesar de que algunas cajas pequeñas cumplían bien su función y habían respondido con solvencia, se dieron instrucciones para reducir de manera significativa el número de entidades.

Miles de millones de euros se acopiaron para facilitar las fusiones. Lastima que, como hemos sabido por las informaciones publicadas, gran parte de estos millones de euros se destinen a pagar doradas prejubilaciones e incrementar los sueldos y dietas de los consejeros y directivos. No reduce mi sorpresa sobre este dispendio el argumento que se da desde las cajas de que ese dinero se devolverá en unos años. Las cuantías de las prejubilaciones resultan obscenas en el panorama actual de crisis y es ahora, en este momento, cuando la situación financiera de España no puede permitirse tantas alegrías. Que el dinero se devuelva dentro de siete años no ayuda a la deuda pública actual.

Pero, es más, a pesar de estos millones de euros el problema de las cajas de ahorros no se ha solucionado. No han salido del ojo del huracán. Se anuncia que necesitan más dinero, porque se mira con temor el balance de algunas entidades repleto de promociones inmobiliarias inacabadas, de ladrillos acumulados, de urbanizaciones fantasmas... Se están preparando los informes para pedir que Bruselas autorice más millones de euros. Unas ayudas que contrastan, por cierto, con las que no reciben otros empresarios en crisis. Y no hay que desconocer que esas millonarias ayudas incrementarán la deuda pública que tanto está haciendo padecer a España en el río revuelto de los mercados y bajo las nubes tormentosas que anuncian que nos debemos someter a un posible rescate económico.

Tampoco se ha solucionado el problema de la presencia de políticos en los órganos de dirección. En los últimos días se ha publicado la composición de las cajas fusionadas o de los “sistemas institucionales de protección”, que se han creado, y resulta que hay más políticos y representantes sindicales que antes.

En fin, es triste advertir cómo unas instituciones con tan larga tradición, que cumplieron una importante función en el desarrollo económico de tantos pueblos, porque estaban vinculadas en su humildad a las Corporaciones locales, y que podrían haber seguido interpretando un digno papel en el sistema financiero español, se hayan dejado seducir por los números de las grandes entidades financieras y hayan perdido su sentido.

Pero esa es la situación actual de unas cajas ... con dobles fondos.

Mercedes Fuertes López 

Libredesignados

Como todos los FHE, cada día pongo en funcionamiento el ordenador y lo primero que hago, después de leer el correo electrónico, es leer los boletines oficiales. Y cada día sigue sorprendiéndome en el apartado “II. Autoridades y personal.– B. Oposiciones y concursos”, la cantidad, un día sí y el otro también, de plazas de las distintas administraciones que se convocan y cubren en la Administración General del Estado mediante el sistema de libre designación.  De todos los grupos y niveles, desde A1 a C2.

Lo mismo se puede predicar del montón de plazas que se convocan por las CCAA, desde jefes de servicio hasta auxiliares administrativos –secretarios/as de altos cargos- conductores/as de los ídem etcétera….

Cualquier nivel de administración y de cualquier signo político usan y evidentemente abusan del sistema so pretexto de necesitar (al parecer, supongo) “gente de confianza”. Mal favor nos hacen a la clase funcionarial cuando para desempeñar trabajos que evidentemente no exigen unas especialísimas cualidades profesionales formativas superespecializadas o de dirección o de mando se clasifican como de libre designación. Hasta alguna Corporación Provincial ha convocado plazas de libre designación para puestos de auxiliar administrativo puro en una simple agencia nueva de cooperación sectorial con las entidades locales.

Venga ya con el cuento de que un Consejero Autonómico necesita (a guisa de ejemplo) un conductor de toda confianza “del que se pueda fiar”. Hagamos un mínimo análisis racional:

1) Si libredesignar se justifica porque se quiere fiar de alguien en especial por su especial habilidad al volante, estamos ante un criterio insostenible, porque para nombrarlo no se exige una especial habilidad automovilística, como pruebas de conducción en condiciones extremas o saber derrapar con seguridad. Más, cuando si fuera muy habilidoso uno se preguntará por qué enviar al más habilidoso con el Consejero y al más torpe con cualquier otro servicio. Nada más se exige –sinceramente- que el susodicho le caiga bien o sea amigo del que le va a nombrar, lo que no hace presumir que disponga de una especial cualificación distinta a una posible amistad previa o devolución de un favor previo.
2) Si se justifica por un especial deber de sigilo (para que no vaya largando por ahí lo que oye en el vehículo), tampoco. Es inherente a los funcionarios el deber de sigilo/secreto. ¿O es que hay tantas cosas que callar? ¿O es que los funcionarios no saben guardar sigilo?
3) Si se justifica por los especiales horarios y disponibilidad, pues tampoco. En Aragón se dice que con dineros, chifletes. O lo que es lo mismo, ¿cuántos empleados públicos no estarían contentísimos de percibir unos jugosos complementos específicos a pesar de tener que estar disponibles a cualquier hora?

Precisamente el específico retribuye ese aspecto.  Argumentos que valen para casi el cien por cien de los puestos de libre designación. Y si no valen, es que la función pública en general no es de fiar y habrá que cambiarla de arriba a abajo.

El sistema que permite la libre designación hace mucho tiempo que devino perverso, ya que partió de la premisa de la politización de la función pública llevada al extremo. El político-gestor que mezcla ideología y acción política con gestión-administración. Confusión. En muchas ocasiones no se sabe si habla y/o actúa el gestor o el político, no lo saben ni ellos mismos en ocasiones, de ahí los frecuentísimos fenómenos de las corruptelillas que campan por todas partes y emplear medios oficiales para cosas de partido, muchas veces bajo la excusa de la seguridad.

Así, seguimos con miles de libredesignados por todas partes. A este paso, llegaremos al sistema gerencial anglosajón, el político que llega a un cargo por elección y llega con todo su equipo. De ahí a las cesantías decimonónicas va un paso.

Debemos seguir insistiendo pues en que no hay ninguna razón que justifique que los funcionarios con habilitación estatal (FHE) sean libredesignados, menos en las grandes corporaciones, donde no hacen gestión sino que ejercen sus funciones publicas necesarias con imparcialidad y además se limitan a las que dice la normativa: fe pública, asesoramiento (legal preceptivo) y control y fiscalización interna de la gestión económica. Es injustificable que necesiten una “especial confianza”. ¿Para qué?

El problema en el caso de los FHE es que hemos sido nosotros mismos quienes cavamos nuestra fosa, aceptando mal que bien ese absurdo sistema. Los defensores (posteriormente libredesignados muchos de ellos) buscaron argumentos ad hoc esgrimiendo esa historieta de las “funciones directivas” de la que tanto gustan hablar los FHE de las grandes corporaciones en los Congresos de UDITE etc.  Seamos claros, esas funciones directivas se ejercen mucho más en un Ayuntamiento mediano o pequeño en el que se hace gestión todos los días, tomando decisiones a veces difíciles por falta de actuación política, que en las grandes entidades locales, en las que las funciones están muy limitadas a lo que dice la norma que hay que hacer.

Así que dejémonos de historias raras. Pidamos a los Reyes Magos el regalo de racionalizar un poquito las cosas. Y acabemos con la libre designación de una vez. ¿O nadie va a hacer nada? ¿Es que hay demasiadas bocas que alimentar? Voz que clama en el desierto.

Ignacio Pérez Sarrión

CSIF se enroca en la derogación del decreto para reformar el sector público

Ustea y Safja coinciden con CSIF en que es la vía para empezar desde cero la negociación, pero lanzan algunas propuestas · CCOO y UGT matizan algunos puntos que deben corregirse en la futura ley.

CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios de la Junta, ya dio un portazo el pasado noviembre cuando el Gobierno andaluz le invitó a sumarse al acuerdo con CCOO y UGT para perfilar el que sería el segundo decreto de reforma del sector público. Ayer volvió a hacer casi lo mismo en el Parlamento. Se enrocó en su derogación como única vía para solventar el conflicto y empezar desde cero la negociación de la futura ley que reordenará la Administración andaluza. Y de ahí no salió, porque tampoco quiso hacer ninguna propuesta. Una actitud que molestó al PSOE, que le recriminó el empecinamiento por "desperdiciar una oportunidad" de dialogar y hacer aportaciones a un texto "menos lesivo y agresivo" que los que se han aprobado en otras comunidades, pero que este sindicato catalogó de "insconstitucional", "ilegal" y como el "mayor atentado" contra los funcionarios y la Administración.
Con este punto de partida, la petición de CSIF de "rebajar la crispación" sonó a hueca, más aún cuando 24 horas antes, junto a otros sindicatos y plataformas de funcionarios, convocó para el próximo 22 de enero una manifestación. Sin embargo, fue lo único en lo que se puso de acuerdo con PSOE, PP e IU: en poco o nada beneficia a este proceso generar nuevos focos de tensión.
La postura de CSIF fue la principal diferencia respecto de los otros dos sindicatos de funcionarios contrarios al proyecto de ley, Ustea y Safja. Pese a tener el mismo punto de partida, es decir, la anulación del decreto que sirve de base para la ley, sí se mostraron algo más flexibles y dispuestos a poner sobre la mesa alguna que otra sugerencia. Ustea propuso "dos vías de solución": la derogación, que es inviable, o que en este proyecto de ley se siga el ejemplo de otras comunidades como Navarra, Extremadura o Castilla-La Mancha, donde no ha habido conflicto al dejar a los funcionarios de la Administración General fuera de las catorce agencias que se van a constituir y tratarse exclusivamente de una reordenación del sector público empresarial.
Safja no se cerró tampoco en banda a negociar -abrirá un periodo de consultas interno para ver si concretan o no alternativas-, y se apuntó en esa misma dirección: limitar la reforma a ese entramado paralelo de empresas públicas, fundaciones y agencias. Entre las ideas que expuso estuvo la de sustituir la figura de las agencias públicas especiales por las de las agencias administrativas, que sólo pueden ser atendidas por funcionarios.
Otro punto coincidente entre los tres sindicatos disidentes -aparte de la crítica a cómo ha llevado el Gobierno andaluz todo este asunto, el diálogo exclusivo con CCOO y UGT, la falta de garantías para el funcionario en sus derechos, la sombra de las privatizaciones, el enchufismo y al engorde injustificado de la administración paralela durante años- fue la necesidad de que se redacte una Ley de la Función Pública, ya que la que está vigente es de 1986 y está "trasnochada".
A pesar de la mano tendida al diálogo, para el PSOE la clave del conflicto está bien clara: las elecciones sindicales están a la vuelta de la esquina, en marzo, y es un momento sensible en el que no conviene que haya sintonía con el Gobierno andaluz, más aún ante el éxito de convocatoria que han tenido en la calle. No obstante, a partir de hoy, el PSOE, al igual que PP e IU, se pondrán en contacto con las distintas centrales para negociar de aquí al 20 de enero las posibles enmiendas a esta futura norma.
Ese camino ya está allanado con CCOO y UGT. Aparte de haber contribuido al segundo decreto que sirve de documento base para esta ley, hicieron ayer entrega a los tres grupos de un documento conjunto con el que pulen algo más su contenido. Son puntualizaciones técnicas para asegurar los mecanismos de participación y control y resolver temas de colectivos muy específicos.
Además de servir para fijar posiciones, la apertura de la vía parlamentaria también permitió ver el grado de disposición al diálogo y al consenso político y sindical. Todas las partes se mostraron abiertas en un principio, y el PP quiso ir un paso más allá, aunque ya desde fuera de la Cámara. El presidente del PP-A, Javier Arenas, manifestó que "en función del consenso que se alcance" mantendrá o no el recurso de inconstitucionalidad.

Malaga Hoy.

El Ministerio de Industria concede ayudas de 133 millones para el desarrollo de la Banda Ancha

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha concedido ayudas por importe de 133 millones de euros para la implantación de infraestructuras de red de Banda Ancha, en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2010 del Programa Avanza Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones, realizada en el marco del Plan Avanza2.

Estas ayudas en forma de préstamos 'blandos', concedidas mediante un procedimiento competitivo y abierto a los operadores de telecomunicaciones, financiarán un total de 73 proyectos que supondrán unas inversiones por parte de las entidades beneficiarias de más de 163 millones de euros.

Líneas de actuación

• Línea A (Universalización de la banda ancha de velocidad básica)
  El objetivo es posibilitar el despliegue de las infraestructuras necesarias para la prestación de servicios de banda ancha con velocidades de bajada de al menos 1 Mbps, para la población que actualmente carece de dicha cobertura. En esta línea se han aprobado un total de 19 proyectos, por un importe de 57,56 millones de euros.
• Línea B (Impulso al desarrollo de la banda ancha de muy alta velocidad)
  Esta línea tiene como finalidad impulsar la extensión del despliegue de infraestructuras capaces de ofrecer la prestación de servicios de banda ancha de muy alta velocidad, con velocidades de bajada superiores a los 50 Mbps. En esta línea se financiarán un total de 54 proyectos, por un montante total de 75,78 millones de euros.

Convocatoria 2011

El Programa Avanza Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones tendrá continuidad en 2011, con la apertura de una nueva convocatoria de ayudas dotada con un presupuesto de 200 millones de euros, para financiar proyectos de despliegues de infraestructuras en las zonas donde las operadoras, basándose en consideraciones de rentabilidad económica, no tienen previsto desplegar dichas redes.