jueves, 18 de agosto de 2011

Descubra las claves para retener el talento

Dentro de todas las empresas existen talentos que no se deben dejar escapar. Normalmente las organizaciones suelen solucionarlo a golpe de talonario pero en las actuales circunstancias hay que buscar otras vías para que “lo mejor” se quede en casa.
Poner en valor el trabajo de su equipo, respetar las opiniones de sus colaboradores y una buena labor de comunicación con los empleados son algunas de las tácticas que cualquier buen responsable puede poner en práctica para evitar la fuga de talento.
“Muy buen trabajo” tres fáciles palabras que en muchas empresas son casi inexistentes. Valorar el trabajo es un elemento primordial para motivar a la plantilla, como demuestra los resultados de la encuesta realizada por Regus, proveedor de espacios de trabajo flexible, en la que un 69% de los empresarios españoles señalaron el reconocimiento abierto del trabajo como factor esencial para crear una atmósfera laboral agradable.
El respeto también se convierte en una pieza fundamental para sentirse clave dentro del grupo. Un 60% de los encuestados cree que ser respetuoso con las tareas de los miembros de un equipo, sea cual sea su experiencia y puesto, supone uno de los principales motivos para quedarse en la empresa.
Al mismo tiempo para conseguir que los empleados se sientan como en casa se debe profundizar en la relación entre los compañeros. Crear una red donde se intercambien conocimientos y habilidades, así como fomentar la ayuda entre la plantilla puede mejorar el rendimiento de la oficina.
Ya no hay empresas para toda la vida. Conservar y desarrollar el talento interno de una compañía es una labor que se debe cuidar. Y es que, hace ya algún tiempo que la fidelidad a la empresa dio paso al profesional nómada, aquel que busca un crecimiento de su carrera laboral independientemente del número de compañías por las que pase. Y las cifras lo demuestran. Según un estudio elaborado por Randast, el 56 % de los trabajadores españoles siente la necesidad de hacer algo distinto en su empleo.
Cuestión de preferencias
La importancia que ahora se le concede a la carrera profesional no plantea discusión. Sin embargo, y según Regus, mientras que a los españoles les importa en mayor medida el reconocimiento por el trabajo bien hecho, a nivel mundial es el respeto el principal factor que mueve a los profesionales.
La época estival no sólo concede unos días de asueto y entretenimiento. También permite que los profesionales hagan balance y decidan cuál es la motivación que les permite levantarse cada mañana para ir a trabajar.

martes, 16 de agosto de 2011

El Congreso da luz verde a la ley de Salud Pública

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley General de Salud Pública, que entre otras cuestiones reconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública de todos los ciudadanos mediante la universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que actualmente hay cerca de 200.000 personas que por diferentes motivos permanecen fuera de la sanidad pública en España.
La norma, que ha sido debatida y votada en la Comisión de Sanidad de dicha Cámara, con competencia legislativa plena, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios salvo por el Partido Popular, que se abstuvo en la votación. De este modo, pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
La universalización del SNS ha sido uno de los temas más aplaudidos después de que, aunque el objetivo inicial del Gobierno era impulsar este derecho mediante una ley específica, la ministra del ramo, Leire Pajín, y las comunidades acordaran en el último Consejo Interterritorial del SNS de la semana pasada incluirlo en esta norma.
De este modo, todos los grupos han acordado en una enmienda transaccional que la futura ley de Salud Pública extenderá el "derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico".
Esta medida afecta sobre todo a aquellas personas en paro que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo y a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.
En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea un hecho a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, que se haga de forma paulatina antes de que acabe dicho año.
"Entonces podremos decir que nuestro sistema sanitario es equitativo, solidario y universal", ha recalcado la portavoz socialista Pilar Grande, quien reconoce que esta medida beneficia a cerca de 200.000 ciudadanos y conllevará un gasto para el sistema de entre 60 y 100 millones de euros al año.
Por otro lado, la ley también establece la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la salud pública, con un conjunto de programas y actuaciones que incluyen un calendario vacunal único y una oferta, también única, de cribados poblacionales.
Esta medida, sin embargo, ha sido criticada por la portavoz del Grupo Popular y exministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ha lamentado que no se hayan concretado más qué servicios y qué cribados deberán ser comunes para todas las comunidades. "Hoy salimos de aquí sin una cartera que estamos esperando desde hace ocho años", ha espetado.



jueves, 11 de agosto de 2011

El 69% de los empresarios ve el reconocimiento al trabajo como clave para retener a empleados

El 69% de los empresarios consideran que el reconocimiento abierto del trabajo representa un factor esencial para crear una atmósfera de trabajo agradable que permita retener a los empleados de talento tras las vacaciones, según un estudio del proveedor de espacios de trabajo flexible Regus.
En una encuesta realizada a 17.000 ejecutivos, los empresarios españoles destacaron también el respeto a todos los empleados (60%) y el fomento del intercambio de habilidades y conocimientos entre la plantilla (48%) como el segundo y tercer factor más importante, respectivamente.
Además, el informe constata que ayudar a los compañeros más agobiados por el trabajo también se erige como requisito "imprescindible" para mantener una plantilla de confianza, según los indica el 32% de los participantes.
"El trabajo impone cada vez más presión y las horas laborales interfieren cada vez más en las vidas privadas de las personas. Los trabajadores españoles son conscientes de la importancia de trabajar con compañeros que se sienten satisfechos en sus puestos", explicó el director de Regus en Europa del Sur, Olivier de Lavalette.



miércoles, 10 de agosto de 2011

Calificación de agencias

Entre los comentarios relacionados con la crisis de la deuda que más sorpresa me están causando destacan las críticas a la labor de las agencias de calificación; vaya por delante que no tengo ningún interés especial ni ninguna razón oculta para justificar su existencia, más allá de la fuerza que me impone la lógica (tal como yo entiendo la situación).
En resumen, el argumento es que como son agencias norteamericanas y/o británicas, trabajan maliciosamente contra el euro (empresas y gobiernos) para favorecer al dólar (y, supongo, a la libra esterlina); por tanto, necesitamos una agencia de calificación europea que nos defienda. La verdad es que estoy tentado de poner el antiguo “sin comentarios”, y concluir el texto, pero me parecería injustificable incluso en verano, así es que voy a desarrollar un poco mi argumento.Es indudable que las agencias de calificación no estuvieron muy acertadas cuando se trataba de valorar los activos financieros derivados de las hipotecas en EE.UU. y que, al estallar la crisis, reconocieron que no habían hecho bien su trabajo; ¿pero fue mejor el papel que jugaron la Securities and Exchange Commission (SEC), o la Reserva Federal y los Bancos Centrales? ¿Va a pedir alguien con un razonamiento simétrico que, como esos organismos no han funcionado perfectamente en la crisis sean sustituidos por organismos privados? Las agencias de calificación no solo hicieron mal su trabajo, sino que, además, deberán afrontar las demandas que planteen los inversores que se consideren perjudicados por su asesoramiento; y en este sentido, el sistema judicial norteamericano es muy eficaz.
Cuando algún emisor de deuda quiere acudir a los mercados internacionales demandando ahorro para cubrir sus necesidades, debe anunciarse, explicar lo que desea hacer con los recursos que solicita, y asegurar a los inversores que, llegado el vencimiento, devolverá el principal. Si el número de emisores es limitado, cabe pensar que los inversores realicen el trabajo de estudiar por sí mismos la realidad financiera del emisor, valorar por su cuenta el riesgo en el que incurren al prestarle su ahorro, y estudiar la evolución de dicho emisor durante todo el tiempo que media entre la emisión y el vencimiento; fácilmente se deduce que, como el número, condición y nacionalidad de los emisores crece al mismo ritmo que la economía mundial, ese método es poco práctico, arrojaría muy diferentes resultados en cada caso, y generaría mucha incertidumbre entre los inversores.
Una alternativa más práctica es que ese trabajo lo hagan especialistas, utilizando metodologías contrastadas y con normas de conducta supervisadas por los reguladores de los mercados (que tienden a homogeneizarse, para facilitar el comercio internacional y la actividad); si la fuerza de la competencia termina reduciendo su número a tres, cuatro o cinco, habrá que actuar para facilitar que entren más participantes en el mercado, pero con las mismas reglas de juego.
Es decir, a mí me parecería muy adecuado que surgieran tres o cuatro agencias internacionales de calificación más, pero privadas y del país que sea, no necesariamente europeas, ni públicas; y para explicarme, acudiré a un ejemplo que podría ilustrar lo ilógico de la propuesta, sin herir nuestra susceptibilidad de fervientes europeos (cuando nos conviene). Supongamos, que dado el importante papel que juega China en la compra de títulos de deuda occidental para colocar el ingente volumen de ahorro que su economía genera, quisieran ser ellos mismos quienes valorasen la deuda de los emisores, y siendo como parece que son, crearan una agencia de calificación china; yo, particularmente, haría poco caso a las notas que asignaran: si se tratara de empresas chinas, porque pensaría que estaban influidas por su propio gobierno para favorecer las emisiones, y si valorasen empresas occidentales, porque todavía no les atribuyo capacidad suficiente para entender el funcionamiento de las economías no centralmente planificadas. Es muy posible que me quede sólo defendiendo este argumento, pero sinceramente, el paso del comunismo a la economía occidental requiere más tiempo: ya llegarán, no lo dudo.
Pues bien, tan extraño me parece que se pidiera una agencia china, como que se pida una europea: ¿calificará mejor a todos los emisores europeos porque somos del mismo equipo? ¿aplicaría métodos de valoración de riesgos más exactos que los que durante más de cien años han desarrollado sus colegas? ¿sería más indulgente con la deuda pública para favorecer el funcionamiento del euro? ¿cómo trataría las carencias de la información pública de algunos emisores/países (ésta es la materia prima que se utiliza para el análisis: estados financieros)?
Una agencia de ese tipo, que surgiera como resultado de una decisión política, no de mercado, tendría muy poca credibilidad y casi nadie utilizaría sus “notas”: las de emisores europeos, porque tenderíamos a pensar que estaban sobrevaloradas para favorecerlas; y las de emisores no-euro, porque pensaríamos que estarían bajando la calificación para perjudicar al dolar o a la libra. Si no contentos con ese problema, la agencia de calificación europea fuese un organismo de origen público…., ya sí que habría que decir “sin comentarios”.
Dejemos que el mercado decida cuántas agencias internacionales tienen cabida; que cuando se equivoquen, paguen muy caro los errores; que surjan más participantes por la fuerza natural de la competencia; y que los emisores europeos hagan sus deberes, cumplan los compromisos que adquirieron al emitir los títulos, sean trasparentes en la información que generan (contabilizando todas las deudas), y no se extrañen si por sus propias decisiones baja la confianza en sus títulos.
No es un problema de calificación de las agencias, sino de calidad de las emisiones y seriedad de los emisores.

martes, 9 de agosto de 2011

¿Quién tiene que hacer qué?

El titular de la Revista de la FEMP, en portada del mes de abril de 2011, ocupando un tercio de la misma rezaba: “El gasto no obligatorio, la cuarta parte del presupuesto municipal”. En el contenido interior, dedica cinco páginas al tema y despliega numerosas estadísticas según un estudio hecho por la Universidad de Barcelona, la FEMP y la Fundación Democracia y Gobierno Local. Efectivamente, si uno examina los datos que ofrece la Revista, el 25 % del gasto que hacen los Ayuntamientos es gasto que no toca hace” a un Ayuntamiento (más extensamente se puede consultar el estudio en la “Colección de documentos e informes (D + I)” de la Fundación.
Me gustaría resaltar que llama poderosamente la atención que los argumentos que indica la FEMP son del tipo el último gran héroe, salvadores de la humanidad, adalides del servicio público al ciudadano. Lo cual –hay que decirlo- está muy bien. La administración local (municipal) está muy cercana al vecino. Éste enseguida, en cuento le pasa algo, se lo cuenta al alcalde, máxime en los municipios medianos y pequeños; el alcalde está pegado a la tierra y vive y sufre muy de cerca con sus ciudadanos.
La cuestión es que la FEMP siempre habla de escasez de financiación, de reforma del sistema y de competencias impropias, pero desde una perspectiva de quien se ve abocado indefectiblemente a hacer cosas que considera “imprescindibles”. Pero nunca o casi nunca habla –o escribe- sobre lo que le toca hacer a cada administración. O sí, sólo lo hace para resaltar que al ayuntamiento no le toca pero lo tiene que hacer.
La Ley de Bases –ya se ha comentado aquí en otras ocasiones- estableció un sistema competencial abierto, indefinido y por tanto, infinito. Las competencias obligatorias son las del artículo 26. A partir de ahí, aparece el artículo 25, conforme al cual “puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Y con el artículo 2 que otorga “derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”. Títulos más que suficientes para que un Ayuntamiento pueda hacer prácticamente todo salvo declarar la guerra y según.
En una época de vacas gordas, esto ha sido jauja, los alcaldes el rey Midas, convertían en oro todo lo que tocaban, el boom inmobiliario permitía ingresar ingentes cantidades o al menos bastante importantes, de dinero a través de convenios urbanísticos, impuesto de construcciones, impuesto de plusvalía y de bienes inmuebles. Esplendor en la hierba.
De repente pincha la burbuja inmobiliaria y blof, se derrumba el castillo de naipes. En este momento el país no da para más, imposible pintar la gran muralla, cinco millones de parados, aumento de gasto social derivado, disminución drástica de ingresos, las inversiones casi no se pueden mantener. Muchos ayuntamientos empiezan a promover expedientes de regulación de empleo.
Y surge la pregunta del millón que habría que hacer al bueno del señor alcalde: mire, sabemos que es usted muy preocupado por su ciudadanía, que quiere lo mejor para sus vecinos, pero ¿por qué se mete donde no le llaman?, ¿cómo va a pagar su ayuntamiento todo esto si no tiene ingresos corrientes suficientes? (lo de “Dios proveerá” ya no se lleva). Sin duda contestará que sus ciudadanos tienen derecho a esto, a aquello y a lo de más allá. Con ese argumentario un ayuntamiento de menos de mil habitantes puede construir un aeropuerto si siente que sus vecinos demandan la necesidad de desplazarse en avioneta.
Por lo tanto, el problema financiero local tiene varios frentes que hay que resolver:
1.Es urgente una reforma del gobierno local que establezca claramente qué competencias tiene un ayuntamiento, una provincia, una comarca y una comunidad autónoma (el debate de por qué tenemos tantas administraciones es otro tema).
2.Estas competencias tienen que ser cerradas. Siendo cerradas, se puede calcular con cierta facilidad qué financiación necesita. Una vez se sepan las competencias, se deben asignar recursos para esas competencias.
3.Debería limitarse pues drásticamente la posibilidad de que un ayuntamiento o una diputación haga lo que no toca. Incluso establecer algún tipo de consecuencia jurídica si se hace.
4.Cada administración debe hacer lo que le competa. Así el ciudadano sabrá a quién debe reclamar las soluciones incluso patrimonialmente. Igual que un ciudadano puede reclamar al ayuntamiento que exista alumbrado público en condiciones, debería exigir a su comunidad autónoma que haya escuela, consultorio, etc. o al Estado que haya seguridad pública.