El tribunal de cuentas, pide cuentas

Recientemente, el Tribunal de Cuentas de España ha remitido un cuestionario a aquellos municipios con remanente de tesorería negativo a 31 de Diciembre de 2008, incluso a aquellos donde las competencias en materia de tutela financiera han sido delegadas en su Comunidad Autónoma.Este indicador de la liquidez o falta de liquidez en caso negativo, nos suministra información sobre el fondo de maniobra y viene a indicarnos a cuanto asciende la diferencia acumulada entre ingresos y gastos, es decir, si con los fondos líquidos y cobrándose lo que hay como pendiente de cobro se podría pagar lo que queda como pendiente de pago.

El remanente de tesorería ha sido ampliamente tratado, con numerosas críticas en cuanto a su falta de imagen fiel y a la grave distorsión que puede llegar a provocar debido principalmente a los siguientes motivos:

a) Los pagos pendientes de aplicación realizados sobre gastos no reconocidos y contabilizados en la cuenta 555, que provocan una distorsión en la imagen fiel de la liquidez de las Corporaciones Locales.

b) No incluir saldos de dudoso cobro, no dar de baja derechos de imposible cobranza y el reconocimiento de ingresos de naturaleza incobrable o incierta con la ilusión financiera que provoca.

c) La falta de inclusión de gastos pendientes de reconocer y financiados con ingresos que ya han podido ser gastados por el llamado principio de caja única (gastos con financiación afectada acumulados positivos)

d) No reconocer gastos que se han llegado a producir y que pueden estar o no contabilizados en la cuenta 413.

Las principales preguntas que se hace ahora el Tribunal de Cuentas las podemos resumir en los siguientes aspectos, relacionados con el remanente de tesorería contable, y la aplicación real del artículo 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) ante la aprobación de cualquier tipo de plan de saneamiento y su nivel de cumplimiento:

1.- ¿A que ejercicio se remonta la situación de desequilibrio financiero que refleja el remanente de tesorería a 31 de Diciembre de 2008?

2.- ¿Cuál es la fecha de aprobación definitiva de los presupuestos del periodo 2008-2011?

3.- ¿Detalle del remanente de tesorería del año 2009?

4.- Breve descripción de los motivos que han impedido el cumplimiento de la obligación de rendición de la Cuenta General de 2009 al Órgano de Control Externo.

5.- ¿Detalle del remanente de tesorería de año 2010?

6- Detalle de las modificaciones presupuestarias financiadas con excesos de financiación afectada y remanente de tesorería para gastos generales en los ejercicios 2009 y 2010.

7- ¿Se han adoptado alguna de las medidas previstas en el artículo 193 TRLRHL para sanear el remanente de tesorería negativo del 2008? ¿se elevó a pleno la reducción de gastos del presupuesto del 2009 conforme al artículo 193.1 TRLRHL? ¿aprobó la concertación de alguna operación de crédito de las reguladas en el 193.2 TRLRHL? ¿adopto la medida del 193.3 TRLRHL aprobando el presupuesto del ejercicio siguiente con superávit?

8.- ¿Se elevo al pleno propuesta de adopción de alguna de las medidas del artículo 193 TRLRHL, pero fue rechazada?

9.- Condiciones financieras de dichas operaciones de legislatura.

10.- ¿Se acogieron a las medidas de endeudamiento previstas en el RD 5/2009 de 24 de abril de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, mediante el saneamiento del remanente de tesorería negativo del 2008 y el pago de deudas pendientes de reconocer?

11.- Condiciones financieras de las operaciones concertadas conforme al RD 5/2009.

12.- Planes aprobados en el año 2009, distinguiendo entre los aprobados por ahorro neto negativo, por falta de estabilidad presupuestaria, por el RD 5/2009, debido a un plan de normativa autonómica o por otros motivos.

13.- Previsiones del plan de saneamiento aprobado por capítulos económicos de ingresos y gastos de los importes previstos liquidar para los ejercicios 2009 y 2010, y los efectivamente liquidados.

14.- Remanente de tesorería previsto liquidar para el año 2009 y 2010, en los planes aprobados.

15.- Descripción de las principales medidas de saneamiento.

En cuanto a los municipios afectados por este cuestionario sabemos que de los 8.114 municipios, 6911 suministraron información sobre sus cuentas del año 2008 y de estos 926 presentan remanente de tesorería negativo (según se desprende de “Haciendas Locales en cifras 2008” del Ministerio de Economía y Hacienda). El número sería superior de incluir saldos de dudoso cobro, dar de baja créditos prescritos, fallidos e incobrables, registrar las desviaciones reales de los gastos con financiación afectada y eliminar las graves distorsiones que pueden llegar a provocar los pagos pendientes de aplicación, y en ultima instancia cuantificar el efecto de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

Según los datos del año 2009 los municipios que suministraron información sobre sus cuentas ascienden a 7.458 y el número de municipios con remanente de tesorería negativo pasa de 926 a 897, pese a que son 438 municipios los que se acogen al RD 5/2009. Es de esperar un aumento en el número de municipios con remanente de tesorería negativo a partir del año 2010, debido al aumento en la remisión de cuentas como consecuencia del efecto del artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible, a la caída de ingresos en los años 2009 y 2010 como consecuencia de la crisis económica y especialmente de los ingresos urbanísticos y al posible incumplimiento de los planes aprobados en base al mencionado RD 5/2009.

Es importante aclarar que la falta de implantación de las medidas establecidas en el artículo 193 TRLRHL, sobre lo que se insiste en el cuestionario, o en su defecto la implantación del correspondiente Plan de saneamiento conforme a la STS de 20 de Noviembre de 2008 puede suponer la impugnación del presupuesto. Dicha Sentencia contempla la aprobación plenaria de un Plan de saneamiento con anterioridad a la aprobación del presupuesto, como una medida que eximiría de una posible impugnación del presupuesto por no tomar las medidas del artículo 193 TRLRHL.

Finalmente la aprobación de planes de saneamiento de cualquier tipología y su nivel de cumplimiento, aparecen también como cuestiones de especial interés para el Tribunal de Cuentas, así como el nivel de ejecución de las medidas aprobadas.

Al margen de la continuidad del Tribunal de Cuentas en este tipo de fiscalizaciones y sus posibles consecuencias, para cualquier tipo de análisis sobre la realidad local se hace imprescindible una mayor imagen fiel del remanente de tesorería y para un control del mismo un mayor seguimiento y exigencia en el cumplimiento de las medidas aprobadas con un Plan de Saneamiento.

 Alfredo Velasco Zapata

De recortes, sistema productivo y errores imperdonables…

Afronta el país un ajuste del déficit público que, en el conjunto del sector público, oscila según los analistas y en función del resultado del déficit en 2011, entre 20.000 y 40.000 millones de euros. No está de más recordar, para adquirir cierta conciencia de las cifras de las que hablamos que, según los presupuestos generales del Estado para 2011, el gasto del Estado en seguridad ciudadana no llega a los 5.400 millones de euros, similar al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. El gasto total en pensiones contributivas y no contributivas ronda los 112.000 millones de euros, el gasto en autonomía personal y atención a la dependencia gira en torno a los 1.500 millones de euros, el de vivienda no llega a 1.200 y el de prestaciones a desempleados y fomento de la inserción y la estabilidad laboral apenas alcanza los 38.000 millones de euros. La previsión de amortización y gastos financieros de la deuda pública para 2011, que no pudo tomar en consideración las ínfulas de la ya famosa prima de riesgo, alcanzan los 74.000 millones de euros, con tendencia a un rápido y muy preocupante crecimiento que contrasta con el estancamiento de ingresos y la probabilidad de recesión y, en consecuencia, de caída del producto interior bruto. Que cada cual elija dónde aplicar la tijera, sin olvidar el gasto sanitario y educativo que gestionan la totalidad de las Comunidades Autónomas. Hasta aquí los recortes.Y es el caso que, pese a todo y advertidos los riesgos del rápido crecimiento de los gastos financieros, la situación del déficit y el volumen de deuda que afronta el sector público español, siendo ambos elevados, no alcanza los niveles de otros Estados europeos. El problema en España, a mi juicio, se agrava realmente al tomar en consideración unos mecanismos ineficientes de gobernanza, alumbrados en el posibilismo de la transición pero que parece conveniente replantear hoy, y la estructura de nuestro sistema productivo, en el que el peso de la actividad inmobiliaria fue tan elevado, y tan alto el nivel de captación de recursos financieros, que ha entrado en quiebra, precisado de una profunda reestructuración.

No puede alegarse ignorancia. El debate sobre el excesivo endeudamiento familiar y de las empresas a que han dado lugar el funcionamiento del sector inmobiliario y el sistema hipotecario español estaba vivo, aunque soterrado por la verdad oficial, en la España del inicio de la actual crisis. Los trabajos de economistas como García Montalvo lo acreditan sobradamente (J. García Montalvo, “Deconstruyendo la burbuja inmobiliaria: expectativas de revalorización y precio de la vivienda en España”, Papeles de economía española, nº. 109, pp. 44-75). Pero es que, ya en relación con la burbuja anterior Naredo había explicado en 1996 “su principal causa de origen interno: el alegre endeudamiento público y privado contraído durante el auge que pesa ahora como una losa de plomo sobre la demanda interior, cuya recuperación tantas veces anunciada no acaba de consolidarse” (J. M. Naredo, La burbuja inmobiliario-financiera en la coyuntura económica reciente (1985-1995), Siglo veintiuno de España editores, Madrid, 1996, p. IX), mientras que, un tercer economista, Fernández Durán, avisaba en 2006 que “a corto plazo, es muy factible que estalle la burbuja especulativa inmobiliaria internacional, empezando probablemente en EE.UU., y que ello tenga una aguda repercusión mundial […] El intento de desplazar en el tiempo (hacia el futuro) y amortiguar los ciclos económicos capitalistas, mediante la creación de liquidez sin freno, parece haber tocado a su fin. Todo ello puede contribuir al estallido de una burbuja inmobiliaria internacional, que puede provocar una depresión-deflación planetaria… […]. Además, la repercusión sobre la «economía real» será mucho mayor en caso de estallido de una burbuja inmobiliaria, que en el de una bursátil (como la de 2000-2003)… […]. El problema es que ahora esa situación se trasladaría a escala global, con consecuencias imprevisibles” (R. Fernández Durán, El tsunami urbanizador español y mundial. Sobre sus causas y repercusiones devastadoras, y la necesidad de prepararse para el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria, Virus editorial, Barcelona, 2006, pp. 63-65). Pese a ello, el conjunto de nuestros poderes públicos y económicos asumieron acríticamente y con gran complacencia un sistema productivo, centrado en la actividad inmobiliaria y potenciado por un sistema hipotecario, también impulsado decididamente en la transición y propugnado en los Pactos de La Moncloa, cuyo funcionamiento, sin controles efectivos, ha puesto periódicamente en cuestión la viabilidad económica del país y derechos básicos de los ciudadanos. Éste era nuestro sistema productivo, hoy caído.

Y llegamos así a los errores imperdonables, si es que sólo se trató de errores. La realidad descrita por los economistas citados, objetivable, fue valorada de diferente modo por el Banco de España que llegó a decir, en fechas similares y sobre los mismos datos, que “la posición financiera del conjunto de los sectores residentes continúa siendo compatible con el mantenimiento del dinamismo actual de la economía española. No obstante, el intenso crecimiento de los compromisos financieros de familias y empresas y la elevada concentración de sus inversiones en el sector inmobiliario siguen incrementando la sensibilidad de las decisiones de consumo, inversión y empleo a la evolución de los tipos de interés y de los precios de la vivienda. […] En todo caso, la fortaleza de los balances bancarios tiende a amortiguar el posible alcance de los riesgos de naturaleza financiera que inciden sobre el comportamiento del gasto de la economía en el medio plazo” (Informe anual 2005, Banco de España, Madrid, 2006, p. 152). Tan solo un año después, el mismo Banco de España continuó con su optimista valoración de la situación, avisando ya de algunos riesgos no suficientemente ponderados, al afirmar que “durante 2006 se produjeron algunos desarrollos positivos relacionados con la posición financiera de las familias. Así, el precio de la vivienda continuó desacelerándose suavemente, en línea con un escenario de normalización gradual del mercado inmobiliario. Además, se redujo la tasa de expansión del crédito para adquisición de vivienda, aunque la moderación del crecimiento de la financiación se vio frenada por un renovado auge de los préstamos para consumo. El mantenimiento del dinamismo del consumo y la inversión residencial a medio y largo plazo requiere una mayor contención del ritmo de avance del endeudamiento de los hogares. […] la situación financiera de las sociedades continuó siendo sólida, lo que, junto con las todavía holgadas condiciones de financiación, configura un entorno que sigue siendo propicio para un avance sostenido de la inversión productiva privada. La solidez de la situación patrimonial de las entidades de crédito, por su parte, continúa constituyendo un importante elemento de fortaleza que limita el posible alcance de los riesgos de naturaleza financiera sobre las perspectivas macroeconómicas a medio plazo” (Informe anual 2006, Banco de España, Madrid, 2007, p. 136). La fecha de publicación del informe anual de 2006, ya en el 2007 del estallido de la burbuja, es significativa. La verdad oficial continuaba siendo el “aterrizaje suave” o, en palabras de nuestro antiguo banco central, “suave desaceleración”. No pasaba nada, en un suspiro todo pasaría y volveríamos a cabalgar.

Aunque en 2005 el Banco de España sí se refirió a la burbuja tecnológica, la burbuja inmobiliaria española no mereció su atención, ni tan siquiera una mención mínimamente atenta como factor relevante en los informes de 2005 a 2010, aunque lo era, sin lugar a dudas (J. L. Campos Echevarría, La burbuja inmobiliaria española, Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 107-143; o, con tono divulgativo, J. L. Ruíz Bartolomé, Adios, ladrillo, adiós. Claves para superar el crash inmobiliario, Libroslibres, Madrid, 2010, pp. 15-33). No sólo es sorprendente esta omisión. Todavía lo es más la desconexión entre los riesgos sistémicos vinculados al sector inmobiliario que estaba asumiendo el sistema financiero español, especialmente cuando se advierte que en los propios informes del Banco de España se afirmaba la clara sobrevaloración de las viviendas tratando de compensarlas, primero, con genéricas referencias a su posible absorción futura y, ya a partir del año 2006, cuando el aterrizaje suave empezaba a ser forzoso, omitiendo pura y simplemente la cuantificación de la sobrevaloración que se cifró entre el 14% y el 23% en 2003, el 24% y el 35% en 2004. La sobrevaloración se trasladaba directamente al sector financiero cuando las viviendas se adquirían con préstamos hipotecarios sobre tasaciones que, frecuentemente, elevaban los precios para ajustarse a la cuantía del préstamo solicitado sin hacer indispensables garantías adicionales. No esrazonable pensar que los medios y capacidad del servicio de estudios del Banco de España condujesen a análisis tan tenues de una realidad económica tan evidente conforme a patrones que, además, tenían precedentes.

Lo cierto es que los excesos de lo que se ha dado en llamar la “década prodigiosa” del sector inmobiliario español están en el origen de los actuales problemas y de la interrupción de las políticas públicas de provisión de vivienda asequible, digna y adecuada. Esta quimera inmobiliaria concretada en una inmensa burbuja inmobiliaria y elevados y cuantiosos riesgos crediticios, cuya existencia fue negada por la mayoría de políticos, financieros, empresarios y economistas, dio paso al actual colapso financiero, a un escenario de crédito decreciente y encarecido, condicionado por la situación exterior y las dificultades para la captación de financiación, y subordinado a la recuperación del equilibrio en las cuentas del sector financiero limitando su exposición al sector inmobiliario. En ese contexto ha de valorarse un modelo hipotecario y de acceso a la vivienda que continúan primando el acceso en propiedad sobre otras alternativas, que continúan alineando las políticas públicas de vivienda con las políticas económicas de fomento de la actividad del sector de la construcción, que mantienen a la administración y a posibles operadores sin ánimo de lucro en un papel subsidiario, marginal y decreciente con respecto a otros operadores económicos inmobiliarios y financieros. La historia de las políticas de vivienda en España se repite periódicamente porque sus bases financieras y objetivos económicos no han cambiado nunca.

Y no es un tema técnico, desconocido o inaccesible a la política. Los responsables políticos, de cualquier signo, que intercambiaron su posición en los años 1996-2004 y 2004-2011 impulsando unos y asumiendo otros, incluso gozosamente, el modelo imperante, no pueden en modo alguno alegar ignorancia acerca de las causas y consecuencias de la orgía de endeudamiento en que el país cayó de 1996 a 2006. Durante la tramitación de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, la enmienda número 23, del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, propuso introducir un nuevo artículo 25bis en la Ley 2/1981 con un conjunto de límites legales al crédito hipotecario. Se trataba de imponer reglas más rigurosas que las vigentes, que condicionasen imperativamente el juicio de solvencia del cliente que han de realizar las entidades de crédito. Para ello, se proponía establecer restricciones de carácter temporal, por un lado, con un calendario que acababa limitando el plazo máximo de amortización a quince años, y de índole subjetiva, por otro, calculando un límite máximo por referencia al peso porcentual del pago mensual conjunto de intereses y devolución del principal sobre los ingresos personales o familiares de los obligados en las operaciones de crédito hipotecario, que acababa limitado al treinta por ciento de éstos. La enmienda recibió un voto a favor, un solo voto, treinta en contra y cuatro abstenciones. Mal consenso.

Julio Tejedor Bielsa

Un total de 123 trabajadores fallecieron en 2011 por accidente laboral en la construcción

Un total de 123 trabajadores fallecieron por accidentes en su lugar de trabajo vinculado a la construcción en 2011, según los datos registrados por la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (Fecoma).

En un comunicado, el sindicato ha explicado que, de estos siniestros, 117 tuvieron lugar en las obras, mientras que los seis restantes se produjeron en el sector de la madera. Asimismo, 159 trabajadores resultaron heridos de gravedad.

Aunque la cifra es menor que la de 2010, cuando se registraron 157 muertes en el sector, CC.OO. ha señalado que "la realidad desvela lo contrario, pues hay que tener en cuenta la caída del número de asalariados experimentada en 2011 en la construcción respecto al año anterior, por lo que en realidad ha habido un incremento de los siniestros".

La región en la que se han producido más fallecimientos ha sido Andalucía, con 16; seguida de la Comunidad de Madrid, con 15; Castilla y León, con 11, y País Vasco, con 10.

Por primera vez, los aplastamientos han sido la principal causa de mortalidad en la construcción y han registrado más del 47% del total de las muertes del sector, mientras que las caídas de altura, que eran el principal motivo hasta ahora, han pasado a suponer el 43% de los fallecimientos.

Según las estadísticas de Fecoma-CC.OO., el colectivo de trabajadores entre 30 y 40 años ha sido el más afectado por la siniestralidad laboral en 2011, pues representa el 25% del total de muertes. Le sigue la franja de edad de 50 a 60 años, con un 23% de los siniestros.

El secretario de salud laboral y medio ambiente de la organización, Santiago Cubero, ha afirmado que se cierra un año que ha sido "lamentable, ya que no sólo no se han reducido los accidentes mortales en la construcción respecto a 2010, sino que se ha superado la cifra de 2009, con el agravante de que hay 450.000 trabajadores menos que en ese año".

Por ello, Cubero ha destacado que "es hora" de cambiar la dinámica de las actuaciones sindicales, pues, en su opinión, la crisis está haciendo que "algunos empresarios" dejen de invertir en prevención en los centros de trabajo, "por lo que los representantes sindicales tienen que tomar medidas".

"Necesitamos que los trabajadores denuncien a través de CC.OO. todos los incumplimientos que vean en sus centros de trabajo", ha pedido el dirigente sindical, quien ha asegurado que la organización "será siempre beligerante con aquellos que no obedecen la ley".

EUROPAPRESS

Las hipotecas, el gas, los sellos y los peajes de autopistas suben en 2012

Las tarifas de los principales servicios básicos como las hipotecas, el gas y los peajes volverán a subir a partir de este domingo a pesar de que España sigue inmersa en la crisis económica y de que las empresas y el Gobierno siguen apelando a la moderación y congelación salarial como receta para hacer frente al ajuste.

Así, los precios de los servicios más básicos seguirán subiendo en un año que parte con una inflación que previsiblemente cerrará diciembre en el 2,4% en tasa interanual después de haberse situado en el 2,9% en noviembre, una cifra superior a algunos de los aumentos que registrarán servicios.

En concreto, el peaje de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado subirá una media del 3,2% a partir del próximo 1 de enero, lo que supone el mayor incremento desde 2009, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

Así, el aumento del precio de las vías de pago del próximo año será superior a la inflación (2,9% interanual a cierre de noviembre), y más del doble respecto a la subida del 1,44% aplicada en 2011.

A esta actualización será preciso sumar los incrementos adicionales que el Gobierno autorizó aplicar a determinadas concesionarias en el marco de las medidas que acordó ante el riesgo de quiebra que presentan. Este es el caso de la R-2 y la Autopista Cartagena-Vera.

El Impuesto de Hidrocarburos, por su parte, se incrementará en 2,8 céntimos de euros por litro para los transportistas profesionales, tanto de viajeros como de mercancías, a partir del próximo 1 de enero, lo que, según sus datos, les supondrá un aumento de la fiscalidad del 9,27%.

Correos subirá un 2,86% el precio de los sellos para el envío nacional de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta 20 gramos de peso a partir del próximo 1 de enero, cuando pasará a costar 0,36 euros, frente a los 0,35 euros actuales, informó la sociedad postal. El encarecimiento de este sello, el más utilizado, será así algo superior a la inflación (2,4%) y en línea con el registrado el pasado año, también de un céntimo de euro.

TAMBIÉN SUBIRÁN LAS HIPOTECAS

Por su parte, el Euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, ha cerrado el año en el 2,004%, es decir, el mínimo en tasa mensual desde el pasado mes de marzo (1,924%), tras superar esta barrera en nueve meses de 2011.

Sin embargo, sigue estando casi medio punto porcentual por encima del mismo mes de 2010, de forma que una hipoteca media de 120.000 euros a un plazo de 20 años y un interés de Euríbor más 1%, la cuota mensual experimentaría un incremento de unos 30 euros, esto es, 360 euros más al año.

Las mejores noticias provienen de la telefonía, ya que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) aprobó en septiembre la congelación de la cuota de abono para 2012, manteniéndola en 13,97 euros mensuales.

De esta forma, los usuarios continuarán pagando mensualmente por el alquiler de su línea de telefonía fija lo mismo que en años anteriores, ya que desde 2008 se ha mantenido sin cambios.

No obstante, el órgano supervisor de telecomunicaciones anunció después del verano que estudiaría la posibilidad de "liberalizar" el mercado, ya que esta cuota es el único precio minorista que regula actualmente la CMT.

SE CONGELA LA LUZ

De la misma forma, el Gobierno ha decidido congelar en enero la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz. Uno de los dos principales componentes de la fórmula de cálculo del recibo, el del coste de la energía, se abarató un 10%, si bien el Ejecutivo ha decidido elevar un 11% la otra principal variable, la de los costes regulados, y forzar la congelación.

Al margen de esta resolución judicial, la TUR ha subido más del 10% en 2011. En enero, el Gobierno aplicó un incremento del 9,8%, mientras que en julio volvió a encarecer el recibo, en un 41,5%.

El precio de la bombona de butano también iniciará 2012 si variación, después de haber cerrado 2011 con una subida del 14,2%, a razón de un 3,13% en enero, un 6% en abril, un 5,7% en julio y un 1,96% en octubre. La bombona media, de 12,5 kilogramos, mantendrá su precio máximo de 15,09 euros en enero, IVA incluido.

En cuanto al gas natural, la TUR se incrementa a partir del 1 de enero y para todo el primer trimestre de 2012 en una media un 0,5%, porcentaje que supone un incremento de la factura trimestral para un consumidor tipo de 57 céntimos de euro.

En concreto, la TUR 1, propia de un hogar que utiliza el gas natural para el agua caliente, aumenta un 0,9%, mientras que la TUR 2, común en hogares con agua caliente y calefacción, sube un 0,3%. MODERACIÓN Y CONGELACIÓN SALARIAL

Mientras los precios de algunos servicios siguen subiendo, las rentas de los ciudadanos se mantienen estancadas. Así, tanto las empresas como el propio Gobierno siguen pidiendo moderación salarial para superar la crisis. De hecho, el Ejecutivo ha congelado el sueldo a los empleados públicos y el Salario Mínimo Profesional (SMI) para 2012.

Sin embargo, el Ejecutivo 'popular' ha decidido elevar las pensiones en un 1%, después de que el anterior Gobierno las congelara en 2011. Esta partida, según el presidente, Mariano Rajoy, es la única que compromete el Gobierno, ya que todas las demás pueden ser revisadas.
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El Gobierno prorroga la actividad formativa en el sistema profesional para el empleo

El Consejo de Ministros ha prorrogado, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la actividad formativa en el marco del sistema profesional para el empleo.

El contrato para la formación y el aprendizaje aprobado el pasado mes de agosto tiene por objeto la cualificación profesional de los jóvenes trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida para el empleo o del sistema educativo.

Con el fin de reforzar la seguridad jurídica en relación con los contratos celebrados desde el 31 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2011, se establece la necesidad de extender un mes el plazo inicialmente previsto de cuatro meses para aquellos contratos celebrados en el periodo antes mencionado.

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