jueves, 12 de enero de 2012

Los Reyes Magos y el Derecho


Por más que costumbres foráneas y hechos diferenciales propios y magnificados traten de minar el arraigo de la festividad de Reyes, al día de hoy es innegable que sigue siendo un elemento de cohesión nacional, como la Liga de fútbol o la bicentenaria Lotería Nacional, tan amenazada por las ínfulas privatizadoras del gobierno anterior y, sorprendentemente, del actual, cuyo grupo parlamentario había recurrido la disposición adicional 34ª de la anterior ley de presupuestos, que daba vía libre al sacrificio de la gallina de los huevos de oro del erario. Cosas de la política que, en cambio –y volviendo a la fiesta de Epifanía- ha tenido que recular ante la posibilidad de trasladar al lunes inmediato la celebración de los Magos de Oriente, lo que habría generado un descomunal enfado entre el segmento infantil, que no vota pero tiene familia que lo hace.
El hecho es que la inmensa mayoría de las localidades españolas, de cualquier tamaño y poderío financiero, organiza cabalgatas el cinco de enero, tirando, no pocas veces, la casa por la ventana, con ricos atuendos, ornamentos, carrozas y semovientes con y sin jorobas. Y se reclutan figurantes, en una suerte de voluntariado para alegrar a los más pequeños de la vecindad, a los que, en algunos lugares se avitualla o, incluso, se gratifica simbólicamente. Y luego, claro está, aparece la decisión, unipersonal o colegiada, de elegir a los notables o populares del lugar que quieran representar a aquellos portadores de oro, incienso y mirra que se acercaron un lejano día del reinado de Augusto, hasta Belén.
Esa elección, a diferencia de la comparsa, suele ser muy meditada y no pocas veces se busca pagar favores o comprar vanidades. Otras, ciertamente, reconocer a personas modélicas o comprometidas con la protección de la infancia. Pero a no dudar que esa elección no deja de ser un reconocimiento honorífico, muchas veces otorgado a dedo por el alcalde de turno. Y es que, por algunas de nuestras calles, han desfilado coronados y bajo túnica, futuros condenados por la justicia pero, que en el momento de subirse a la cabalgadura eran benéficos mecenas u hombres de negocios ejemplares.
Sería pedir peras al olmo el exigir publicidad y concurrencia en la selección de Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no estaría de más recriminar alguna cacicada claramente interesada, disfrazada de discrecionalidad administrativa. Máxime en estos tiempos donde la casuística al respecto motiva sonrisas o sonrojos. Por ejemplo, desfiles donde, en aras de la igualdad de género, han travestido a una señora de rey mago o cabalgatas, más de una, donde lo racialmente correcto ha llevado a maquillar simultáneamente a un blanco de negro y viceversa.
Pero volviendo al interés festivo y cultural de esta fiesta, merece la pena elogiar el reciente Decreto 199/2011, de 23 de diciembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se declara Bien de Interés Cultural Inmaterial la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy. Disposición donde se recuerda que “la festividad de la Epifanía en Alcoy tiene una personalidad propia con la Cabalgata de Reyes Magos, que se documenta por primera vez en el año 1866, si bien es a partir de 1885 cuando la Cabalgata adquiere las características que la definen y que la han convertido en la (…) más antigua de España”.
El Decreto declara que la gestión de la Fiesta de la Cabalgata de Reyes Magos es competencia del Ayuntamiento de Alcoy, pero que por su interés claramente supramunicipal –máxime siendo ya BIC-, “si se produjese cualquier cambio en la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy que modifique lo dispuesto en el anexo y que exceda del normal desarrollo de los actos de la festividad anual, los interesados lo deberán proponer a la Dirección General de Patrimonio Cultural, para, en su caso, proceder a la autorización administrativa y consiguiente modificación del presente Decreto, justificándolo en la mejora tutelar de los valores protegidos”.
Igualmente se entiende que a todas las administraciones públicas –se entiende que la estatal, autonómica y local- les corresponde velar por el mantenimiento y la dignidad de la fiesta, y fomentar la difusión de este bien, garantizando su estudio y documentación con criterios científicos e incorporando los testimonios disponibles a soportes materiales que garanticen su pervivencia.
La cabalgata infantil -Les pastoretes- que se remonta al año 1889; el Bando Real, que se incorporó como preludio de la fiesta de Reyes en 1924; el Pregó del tio Piam, recuperado en 1996 y que consiste en el anuncio de un personaje popular del Alcoy del siglo XIX; la visita de los Magos a centros asistenciales por la mañana y la cabalgata propiamente dicha, de algo más de dos kilómetros y medio de recorrido, integran esta manifestación cultural que, con toda justicia, ha pasado del sentimiento popular al reconocimiento jurídico.
 Leopoldo Tolivar Alas

miércoles, 11 de enero de 2012

Bombillas de ideas


Cada vez son más los Ayuntamientos que ven como se va apagando la luz de algunas de sus instalaciones. Cada vez “ven” menos porque hay más oscuridad. Y es que entre los muchos conflictos que están enredados en el sector eléctrico (“un oscuro embrollo” titulábamos Francisco Sosa Wagner y yo un capítulo de nuestro libro “El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica”), entre tanta maraña, también hay problemas municipales.La elevada deuda que durante años se ha mantenido en muchos Ayuntamientos con la empresa suministradora, probablemente alimentada por la comodidad de que los retrasos e impagos no tenían inmediatas consecuencias, ha tratado de resolverse con la imposición de acudir al mercado eléctrico para suscribir estos contratos. Los Ayuntamientos deben adjudicar el servicio eléctrico, tras la correspondiente convocatoria de un concurso público, y someterse a las nuevas condiciones pactadas, que no serán ya tan favorables. Pero todavía no se ha culminado la adaptación a la reforma. Desde que se aprobó, el Gobierno ha ido ampliando el periodo transitorio y ha ido alejando la fecha fatal que liquidará el régimen anterior. Cuando escribo estas líneas se rumorea que se alargará de nuevo el plazo que debía concluir el próximo 31 de diciembre de 2011.
Es cierto que muchos concursos han quedado desiertos porque las empresas eléctricas no admiten las condiciones que ofrecen los Ayuntamientos y, de manera recíproca, los munícipes no quieren adherirse a las cláusulas que presentan las empresas por parecerles algo abusivas. Sería bueno que la Comisión de defensa de la competencia analizara esas propuestas.
Pero también, sobre este conflicto, sería oportuno que las autoridades municipales meditaran sobre su factura de la luz y oyeran a los técnicos y especialistas. Porque resulta muy importante ser consciente de lo que se gasta y porqué se gasta. Pues ¿son necesarias tantas iluminaciones? ¿se han incorporado nuevos productos de muy bajo consumo, como la tecnología LED? Es más, podría ser una buena oportunidad para considerar la producción de energía por el propio Ayuntamiento. Hace ya muchos años, conocimos las experiencias de Ayuntamientos alemanes y austriacos que generaban con un sólo molino de viento o la instalación de placas solares o pequeños saltos de agua en los ríos más de la energía que se consumía en el término municipal, tanto para las dependencias públicas como para el consumo particular de sus vecinos.
Y más elementos para la reflexión ofrece la oscuridad del conflicto eléctrico. Ahora que algunas Diputaciones están preocupadas por defender su papel, ante las sospechas de que las tijeras frente al despilfarro público pueden cometer algún destrozo en el ámbito provincial: ¿por qué no abanderan el asesoramiento a los Ayuntamientos en estos contratos? ¿Por qué no realizan estudios o contratan con una empresa especialista para que ofrezca la mejor comparación de precios y condiciones entre las propuestas de las poderosas empresas eléctricas? He ahí un papel relevante para asistir a tanto Municipio desasistido.
Es decir, que en medio de esta oscuridad podrían encenderse bombillas de ideas para cambiar los comportamientos y promover el ahorro energético, la propia producción y el papel relevante de las Diputaciones. Mientras tanto, salud en 2012.
Mercedes Fuertes López

martes, 10 de enero de 2012

El paro de la eurozona se mantiene en noviembre, mientras que en España aumenta dos décimas

El desempleo en la zona euro durante el pasado mes de noviembre se mantuvo en el 10,3% alcanzado en octubre, con España nuevamente a la cabeza con una tasa de paro del 22,9%, dos décimas más que en el mes anterior, según informó Eurostat.
Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea (UE) la tasa de desempleo se situó en noviembre en el 9,8%, igual que el mes anterior, y una décima más que en septiembre, cuando se mantuvo en el 9,7%.
En comparación con el mismo mes del año anterior, la tasa de desempleo aumentó tres décimas en la zona euro, y dos décima en el conjunto de la Unión Europea.
La agencia estadística europea calcula que 23,674 millones de personas carecían de empleo en noviembre en la UE, de los que 16,372 millones se encontraban en la zona euro, lo que supone un aumento mensual de 55.000 parados en el conjunto de la UE y de 45.000 en la zona euro. Respecto a noviembre de 2010, la cifra de desempleados entre los Veintisiete subió en 723.000 personas y en 587.000 en la zona euro.
Entre los países miembros cuyos datos estaban disponibles, las menores tasas de paro se registraron en Austria (4%), y Luxemburgo y Países Bajos, ambos con un 4,9%, mientras que las más altas fueron las de España (22,9%), Grecia (18,8% en septiembre de 2011) y Lituania (15,3% en el tercer trimestre de 2011).
Por su parte, la tasa de paro masculino aumentó dos décimas en noviembre en la eurozona, hasta el 10%, y dos décimas en la UE, hasta el 9,7%, mientras que el desempleo femenino subió cuatro décimas en el conjunto de los Veintisiete (10,7%), y tres décimas en la zona euro, hasta el 10%.
Asimismo, la tasa de paro entre los menores de 25 años ascendió hasta el 21,7% en la zona euro, desde el 21,4% del mes anterior, mientras que en el conjunto de la UE se situó en el 22,3%, tres décimas más que en octubre.
En las tres categorías España volvió a registrar en noviembre las cifras más altas de desempleo con un paro del 49,6% entre los jóvenes, siete décimas más que en octubre, mientras que el desempleo masculino aumentó en tres décimas, hasta el 22,8% y el paro femenino se mantuvo en el 23%.
EUROPAPRESS

lunes, 9 de enero de 2012

Los contribuyentes pagarán una media de 222 euros más tras la subida del IRPF, según Gestha

La subida del IRPF aprobada por el Gobierno el pasado viernes costará de media 222 euros anuales a cada contribuyente y recaerá en su mayor parte sobre las clases medias y bajas con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales, que representan el 85% de los trabajadores, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
De este modo, los asalariados que se mueven en el entorno del 'mileurismo', es decir, aquellos que ganan hasta 17.700 euros brutos anuales y que representan el 55% del total deberán pagar a Hacienda unos 23 euros más al año, mientras que quienes superen esa cantidad, pero no lleguen a 33.000 euros, deberán desembolsar unos 165 euros más.
Estos dos tramos de ingresos, unidos al de los asalariados que no alcancen los 53.400 euros, cuyo gravamen extra rondará los 490 euros, aportarán en conjunto unos 2.065 millones de euros anuales, lo que supone más de la mitad de los 4.111 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar gracias a esta subida temporal del IRPF.
En el extremo opuesto, aquellos que ganan más de 300.000 euros anuales y que apenas suponen un 0,2% del total contribuirán con una mayor cuantía, unos 16.187 euros anuales, aunque el peso total de esta aportación no alcanzará siquiera los 465 millones de euros.
La modificación del IRPF también afectará a los ingresos provenientes del ahorro. Así, los pequeños ahorradores que ganen menos de 6.000 euros anuales a través de esta vía --más del 95% del total-- tan solo tendrán que pagar 25 euros más al año, cifra muy reducida en comparación con los más de 6.650 euros que tendrán que aportar de media quienes obtengan más de 24.000 euros al año por este concepto.
El aumento de los gravámenes al ahorro tan sólo generará unos 1.246 millones de euros anuales, por lo que el 80% de la nueva subida recaerá una vez más sobre los trabajadores, incluidos los desempleados y pensionistas, y no, como hubiera sido deseable según Gestha, sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital.
ALGUNAS PENSIONES PERDERÁN PODER ADQUISITIVO.
En este sentido, el secretario general de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, considera positivo que en las nuevas medidas el Ejecutivo eche mano de este tipo de ingresos "más exclusivos", aunque matiza que aún es necesario eliminar ciertas normas contrarias a la progresividad, empezando por excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro.
Por otro lado, entre las consecuencias de esta modificación del IRPF, los técnicos de Hacienda destacan que la actualización de las pensiones apenas se notará en el bolsillo de los jubilados, y en algunos casos se verá incluso neutralizada por la subida de impuestos.
De este modo, y según sus cálculos, en España hay más de un millón de pensionistas (el 13,4% del total) que, al percibir prestaciones por encima de los 22.000 euros durante el pasado año, verán eclipsada su revalorización y terminarán perdiendo poder adquisitivo durante el próximo año.
GRAVAMEN SOBRE LAS GRANDES EMPRESAS.
Por ello, de cara a las nuevas medidas de ajuste que el Ejecutivo prevé aprobar en breve para contener el déficit, Gestha aboga por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros, elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.
Gracias a esta medida, calcula Gestha, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales, cantidad muy superior a la que se obtendrá por la modificación del IRPF, además de reducirse la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.
Por último, Gestha recordó que la mejor forma de revitalizar la economía sin afectar a los salarios pasa por luchar contra la economía sumergida, que supone cerca de 245.000 millones anuales, el 23,3% del PIB, así como por la creación de un impuesto sobre la riqueza, una modificación de las Sicavs para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social o un impuesto a las transacciones financieras.
EUROPAPRESS

domingo, 8 de enero de 2012

Funcionarios y expresiones despectivas


Está de moda eliminar licencias y autorizaciones así como reducir trámites ante las Administraciones públicas. Casi todas las Comunidades autónomas y por supuesto el Estado, cada cual en sus respectivos ámbitos de competencias, han aprobado leyes y reglamentos en esa dirección y todo ello debe ser bien recibido.
Lo que no está bien y no debe ser bien recibido es el tono descalificador con que se suelen presentar estas modificaciones legales que emplean expresiones como “acabar con el papeleo” o con “la burocracia”.Habrá que recordar que el denostado “papeleo” es la forma en que se ha plasmado hasta ahora el cumplimiento de preceptos legales que han exigido a los ciudadanos presentar una instancia, acompañarla de un proyecto de esto o de aquello, avalarlo con la firma de un profesional competente, pagar una tasa etc. No para molestar ni para enredar, sino para atender exigencias elementales de seriedad en el comportamiento de los peticionarios y de las Administraciones receptoras de escritos y peticiones. Que todo eso hoy se pueda incorporar a otro formato de los muchos que la técnica nueva ofrece o de los que están por alumbrarse es algo que debe ser saludado positivamente. Faltaba más. Es verdad que con estas novedades muchas ocupaciones de las tradicionales que han existido en las Administraciones desaparecerán como han desaparecido el pregonero, la casa de postas y el telegrama. A los oficiales de primera, segunda, tercera de ocho mil, diez mil reales al año que aparecen en las novelas del siglo XIX (de Galdós en España o de Balzac en Francia) nadie los echa en falta porque el viento de la historia y lo que arrambla casi siempre es benéfico.
Pero lo cierto es que en el formato papel o en el de un correo electrónico o un sms siempre será necesario hacer llegar a la Administración el informe técnico que avala la apertura de un taller de reparación de automóviles o de una discoteca. Insisto: no para entretener al señor de una ventanilla que pasa una mañana ociosa sino como requisito de formalidad y de recto proceder.
Y con ello llegamos a ese “señor de la ventanilla”, es decir, a la denostada “burocracia”. ¡De qué manera tan despachada se proclama esa estúpida consigna de “acabar con la burocracia”!
Pues se olvida que los funcionarios no están para dificultar el despliegue de la imaginación fecunda de los ciudadanos ni para cortar las alas al dinámico empresario “schumpeteriano” que quiere comerse el mundo con sus inventos e ideas innovadoras. Parece mentira que sea necesario recordar que ese señor, el funcionario público, es un garante de la legalidad y que su función consiste en que las actividades que se desarrollan en la vida social se acomodan a lo previsto en el Ordenamiento jurídico. Con todas las imperfecciones, con todas las limitaciones que un cometido tan amplio y relevante impone, pero siempre con la brújula imantada por el interés público.
Desde hace años no he regateado en mis escritos las críticas (espero que fundadas) a las instituciones y a su funcionamiento. En eso consiste nuestro oficio de juristas y más el de profesor universitario. Pero la descalificación atropellada de las misiones de los servidores públicos no solo es injusta sino que además es testimonio del escaso aprecio que se dispensa al principio de legalidad, que no es una bagatela sino el estandarte de más colorido del Estado de Derecho.
Sean pues bien recibidas las modificaciones legales que tienden a facilitar al ciudadano sus relaciones con las Administraciones públicas. Pero sean mal recibidas y rechacemos las que, de paso, aprovechan para descalificar a los funcionarios públicos y su imprescindible función social.
Francisco Sosa Wagner