Echarse al monte

Muchos incendios han abrasado los montes este estío. Han muerto pundonorosos trabajadores. De esos que tienen que luchar por la defensa de lo público y lo común, y que tan fácil son pasto de las llamas -ya que de incendios hablo- de frívolos comentarios ciudadanos contra los funcionarios públicos. Se han calcinado bosques y matorrales. Miles de hectáreas han ardido, privando en bastantes casos a vecinos de unos rendimientos por los que trabajaban desde hacía décadas. Ha desaparecido un paisaje que tardará años en recuperar algún color. Y, entre lo terrible, están las noticias de saber que la mayoría de los fuegos han sido provocados. Resulta desolador.

También, como en tantas ocasiones anteriores, se reiteran los comentarios relativos a que los incendios se apagan en invierno, se discute sobre la adecuación de unas especies frente a otras, se habla, cómo no, de modificar leyes y decretos. Lugares comunes que ya cansan ante el lugar desolado del monte calcinado.

Me pregunto si no habrá que “echarse al monte”.

No propongo, como bien recuerdan los diccionarios, “ponerse fuera de la ley en partida insurrecta o en bandolerismo”. Sino, justamente lo contrario. El hecho de estar rodeados de imprecisiones semánticas, de declaraciones contradictorias, de abusos eufemísticos… ¿Es necesario recordar ejemplos? ¿O es que son preferentes, las “preferentes”; o el “plan prepara” prepara para el futuro…? y así miles de ejemplos en las leyes que nos recuerdan el mundo al revés de Alicia en el espejo… Pues bien, ya que se tuerce el diccionario, retuerzo yo también la clásica expresión para apelar no a la rebeldía y menos al bandolerismo (¡nos sobran criminales que incendian montes!), sino a la rectitud y a la colaboración.

Porque andamos faltos de protectores de la naturaleza y de movimientos ciudadanos que cuiden el común, deberían los pedáneos de los pueblos promover convocatorias para que los ciudadanos nos acercáramos por los montes a limpiar, o que plantáramos diez árboles cada uno y que periódicamente, con regularidad, paseáramos para mantener un mínimo cuidado. Es triste comprobar cómo, tras suscribirse contratos administrativos de repoblación forestal, una subcontrata realiza unas mínimas labores para plantar minúsculos brotes sin mayor protección, y luego confía en que el cielo envíe algunas aguas para que crezcan las especies. Al año no queda nada más que el archivo de un procedimiento de contratación y el pago de varios miles de euros derrochados. Paseo a diario entre varios ejemplos.

Sería bueno que se constituyeran nuevas asociaciones de amigos para que los vecinos, que tanto han defendido esos montes, recuperen cuanto antes la esperanza de devolverles la vida. Habría que retornar a las buenas costumbres que han mantenido los bosques que quedan. No hay que olvidar, que las costumbres son fuente preferente para el cuidado de los montes comunales. Así lo establece el Texto refundido que recoge las disposiciones vigentes en materia local y de ahí que lo reiteren los Tribunales de Justicia. Hace unos pocos meses, el Supremo lo ha vuelto a recordar al conocer de los conflictos suscitados con el plan anual de los aprovechamientos de montes de utilidad pública del Principado de Asturias, que no atendió a la costumbre establecida sobre los aprovechamientos de algunos montes documentadas desde 1828 y con alusiones a otros acuerdos que se remontaban al siglo XVI (sentencias de 12 de enero y 17 de febrero de este año).

Y si hay pocos voluntarios, deberíamos tratar de dar más significado a esas “prestaciones personales” de la Ley de haciendas locales, que todavía tenemos en algunos pueblos, y extenderlas al ámbito provincial y generalizar una mínima educación ambiental de las personas que no viven del monte. Y es que “sin montes no hay aguas” y sin agua no hay vida. Así empezaba José Posada Herrera, uno de los profetas del Derecho administrativo, su lección sobre los montes. Recuperemos la clásica doctrina “y echémonos al monte”.

  Mercedes Fuertes López

Solidarios con el banco malo…

La verdad es que empiezo a tener una cierta sensación de déjà vu, en el corto y en el largo plazo. Todo parece estar cambiando pero, en realidad, no creo que nada esencial esté haciéndolo. Debates y propuestas son recurrentes. Viernes tras viernes, Real Decreto-ley tras Real Decreto-ley, paquete de medidas tras paquete de medidas, asistimos a mucha publicación en boletín oficial y pocos cambios reales realmente dirigidos a la raíz de los problemas. La extensión subjetiva, objetiva y material de algunas políticas públicas se está limitando, es cierto, pero así ocurre en el marco de una cierta redistribución de recursos públicos que, destinados antes a financiar esos servicios, se dedican hoy a cubrir otros agujeros, públicos y privados. Es más, todas las medidas aparecen revestidas de un aura de coyunturalidad, se nos imponen como esfuerzos necesarios y contingentes, simples ejercicios de solidaridad cuando su distribución es desigual (que suele serlo). En este contexto se habla, también, de las reformas estructurales que vienen y no llegan, igualmente imprescindibles según nos indican, o de los nuevos esfuerzos por hacer, que parece que van a corresponder a los pensionistas, acaso con un nuevo y retorcido llamado a la solidaridad (invertida).Y en estas estamos cuando entre las múltiples reformas aparece algo que no lo es, y sí simple socialización de pérdidas privadas, el llamado banco malo. Según datos del Ministerio de Fomento, más conservadores que los de otras entidades más cercanas al mercado, la bajada del precio de la vivienda desde su máximo del primer trimestre de 2008, supera el veintiséis por ciento (sobre base 100 en 2005, 124,7 en primer trimestre de 2008 y 98,5 en primer trimestre de 2012). Baste el dato, completado con la remisión a las estadísticas oficiales y a los trabajos de Julio Rodríguez López en el observatorio inmobiliario de la revista Ciudad y Territorio, un auténtico lujo para seguir la evolución de la economía y el sector inmobiliario en nuestro país. La explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera en España está produciendo unos efectos demoledores, aunque previsibles, sobre la economía española. El tsunami, finalmente, ha penetrado tierra adentro porque el rompeolas financiero no ha podido detenerlo. Tras reformas sobre las normas de provisiones, refuerzos de capital, valoración de activos y otras, tras varios Reales Decretos-ley sobre el tema (dos de ellos conocidos por el apellido del actual ministro de economía, Guindos I y Guindos II), tras aquellas grandilocuentes defensas de nuestro sistema financiero como el más sólido del mundo, tras todo ello, persiste la dura realidad.

Y la dura realidad es que ha ocurrido en España lo que cierto dirigente empresarial del sector inmobiliario madrileño propugnaba, con cierta prepotencia, en los primeros momentos de la crisis, “antes que bajar el precio que se las quede el banco”. Y el banco, o la caja, o las “banquicajas” de hoy, efectivamente, se las quedaron. Por el camino se generaron algunos costes financieros adicionales, derivados de las refinanciaciones realizadas para tratar de capear el temporal, pero, al final, se quedaron suelo, se quedaron vivienda, se quedaron auténticos dramas personales y familiares que, en el primer trimestre de 2012 se concretan en más de quinientos desahucios diarios. Los sectores inmobiliario y financiero españoles, atónitos, fueron incapaces de asumir pérdidas en 2007, 2008 o 2009. Y en 2010 ya fue tarde. La realidad virtual refinanciada entidades financieras e inmobiliarias trasladaron en esos años a los múltiples gobiernos de nuestras muchas y autónomas administraciones patrias, igualmente atónitos, era mejor que un escenario de intervención directa, clara y contundente que otros, más decididos y enfrentados a un problema menor, sí emprendieron. Los resultados hoy son innegables. El sector inmobiliario está en ruina y abocado a una reconversión profunda, a una auténtica refundación. El sector financiero, igualmente sujeto a tremendas tensiones, verá desaparecer entidades y deberá desinstalar una parte importante de su capacidad al tiempo que modificar su política de gestión de riesgos limitando el crédito y tratando de diferir, y digerir, el ya concedido. Los autónomos gobiernos, por su parte, están abocados a realizar dolorosos (para los ciudadanos) recortes de gastos, por un lado, y a incrementar la presión fiscal, por otro, convencidos sus gestores de que no tienen otra opción que la que dictan burócratas (públicos y privados) a los que ni tan siquiera conocen.

El banco malo, que sin duda se creará en breve en nuestro país, no es banco, aunque sí malo. Se tratará más bien de una sociedad inmobiliaria cuyo objeto será la liquidación ordenada de activos dañados, de terrenos y construcciones con cargas financieras asumidas en el momento álgido de la burbuja que hoy resultan del todo imposibles de asumir. Para ello dispondrá de uno de los factores clave para digerir esos riesgos, tiempo, diez años de tiempo. Pero también tendrá a su disposición ayudas públicas para enjugar unas pérdidas que, de otro modo, parecen difíciles de asumir. Dando por buena la bajada de precios en vivienda, hasta hoy, todo indica que la de muchos suelos es muy superior. Se manejan datos que indican que la transferencia de activos dañados al banco malo debiera realizarse con bajas del sesenta por ciento en su valoración, lo que deja en tierra de nadie unas provisiones adicionales de un veinticinco por ciento que completen las ya realizadas por las entidades financieras. Probablemente, ese veinticinco por ciento de provisiones adicionales algo tendrá que ver con los alrededor de sesenta mil millones de euros de necesidades de capital de nuestras entidades financieras y, a la postre, con doscientos cuarenta mil millones de euros en activos tóxicos, al menos, que hoy tienen en sus balances.

El banco malo, público, paradójicamente público, servirá para tapar esa herida por la que se está desangrando el país con dinero público, acaso con deuda pública, paradójicamente pública, además de con la incierta complicidad del tiempo. Al final, unas entidades financieras que han continuado dando beneficios en los momentos más duros de la crisis (suponiendo que ya los hayamos vivido), se desprenderán de sus pérdidas, de su stock imposible de comercializar, transfiriéndolo a un sector público al cual, por lo demás, continúan exigiéndole que mitigue las exigencias regulatorias. ¿Qué empresa no querría lo mismo para sí misma? ¿Cuál no aceptaría repartir sus pérdidas, derivadas de un exceso de producto, defectuoso además, e imposible de colocar en el mercado, con el sector público? ¿Qué empresa no transferiría ese stock, con una parte de las pérdidas, a un tercero que asumiese el problema de gestión a lo largo de los diez próximos, y largos, años? Por eso el banco malo no es banco, pero sí malo, muy malo. Probablemente, además, no dejará contento a nadie, ni a liberales ni a socialdemócratas, socialistas o comunistas, aunque sea por razones diferentes. Pero su maldad radica, fundamentalmente, en que esa redistribución de recursos públicos que se está realizando, los recortes en los servicios públicos, la solidaridad que se pide hoy a los ciudadanos, favorece a los más poderosos en términos económicos, enjuga sus pérdidas para consolidar sus ganancias. Malo es hacerlo así y malo es el precedente, especialmente si no hay responsables. Y no entro a valorar los objetivos en el mercado del banco malo, que los tendrá, porque sin duda será un poderoso agente e instrumento público de intervención en el mercado inmobiliario en los próximos años.

La metáfora del tsunami está agotada ya. El agua ha entrado tierra adentro, bien adentro. Todo parece inundado y mientras el agua se retira navegamos por alta mar en un barco gravemente dañado, un trasatlántico antaño de lujo al que hoy le falla lo esencial, que carece de combustible suficiente para llegar a puerto y tiene seriamente comprometida su flotabilidad. Los pasajeros están asustados, la tripulación desorientada y desde la costa llegan sólo rumores lejanos de gritos ahogados por las olas, sin referencias válidas de la línea de costa, sin faros. Y el capitán del barco no parece tener otra solución que pedirle a los pasajeros que salten para aligerar el peso o, a lo sumo, que confíen en los vientos dominantes, aunque lo nuestro no sea un velero. Eso sí, capitán y tripulación se mantiene secos, y a salvo. De momento.

Julio Tejedor Bielsa

Reiniciando el mercado inmobiliario y las políticas de vivienda…

Si algo ha puesto de manifiesto el cataclismo económico en que andamos inmersos desde hace cinco años es que el mercado inmobiliario en España debe cambiar, deber reiniciarse. Pudiera decirse que ya ha cambiado, que ya se han roto muchos de los mitos que sustentaban un modelo de negocio urbanístico e inmobiliario que difícilmente volveremos a ver en los próximos años. El cambio es sistémico, no se trata de una crisis al uso, de un ciclo más del mercado inmobiliario. Simplemente se acabó. Da igual, en gran medida, si el fin del sistema tuvo lugar por agotamiento de la capacidad de pago de productos inmobiliarios de las familias y empresas o por agotamiento del crédito. Es el debate del huevo y la gallina. El hecho es que los precios han caído y van a continuar cayendo aún durante un par de años, tanto por saturación del mercado como por ajuste del mismo a la realidad económica del país. Los precios de los productos inmobiliarios que tocaron techo a mediados de 2008 no eran coherentes con la economía del país. Tampoco lo era, hoy ya lo sabemos también sin lugar a dudas, la dimensión alcanzada por el negocio bancario en España y la captación de recursos del exterior para mantener bien hinchada la burbuja inmobiliaria.

En este contexto, agravado por la necesidad de ajustar el gasto público, no tanto por los excesos, que también, cuanto por la rápida y profunda caída de ingresos derivada de la crisis y agravada por la recesión (de nuevo el huevo y la gallina), una de las políticas públicas que está siendo puesta en cuestión es la que tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda. En los años previos a la explosión de la burbuja, la política de vivienda se había diversificado en exceso como consecuencia de la presión social para favorecer el acceso en propiedad, que el sistema político no supo o quiso afrontar, y el impulso a políticas más racionales y en línea con las europeas de fomento del alquiler, la rehabilitación arquitectónica y la regeneración urbana. Esa diversificación, basada fundamentalmente en la ampliación del gasto público, aunque sin alcanzar niveles europeos, se ha revelado en los años de crisis como una gran debilidad.

Las políticas de acceso en propiedad se articularon sobre la base de ayudas directas a los adquirentes, que se abonaban en el momento del acceso efectivo, y subsidiación de los préstamos hipotecarios por un periodo de cinco años renovable por otro más. Las políticas de fomento del alquiler y la rehabilitación, en cambio, se basaron en ayudas directas para el pago de rentas (aunque también se subsidiaban los préstamos promotor) o el coste de la rehabilitación. Las primeras, como fácilmente se entenderá, difieren en el tiempo los compromisos presupuestarios, cuantiosos, que siguen la vida de los préstamos hipotecarios. Las segundas, en cambio, tienen un impacto presupuestario inmediato, no diferido salvo en los casos de programas plurianuales, habituales en las áreas de rehabilitación integral o de casco histórico. En el actual contexto de recortes acelerados de gasto el lector atento habrá adivinado, sin duda, por dónde comenzó el recorte más importante, por las políticas de alquiler y rehabilitación. Se redujeron importes de ayudas directas y número de actuaciones, se eliminó la renta básica de emancipación y se ha reducido el importe de las ya reconocidas, de efecto similar a las ayudas a inquilinos para el pago de rentas.

Ciertamente, los recortes alcanzaron también a las políticas de acceso en propiedad como prueba la supresión de la ayuda directa a la entrada en los primeros recortes, pero no ha sido hasta hace pocos días cuando los elementos estructurales de éstas se han visto duramente afectados por las restricciones presupuestarias, tanto en lo que afecta al gasto fiscal, al eliminarse la deducción por adquisición de vivienda habitual (y la compensación por el cambio de régimen de la deducción en 2006 para quienes tenían derecho a ella), como al gasto diferido en forma de subsidiación de préstamos, ya que el artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, suprime “las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Así mismo no se reconocerán aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no hayan sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma”. La medida, drástica sin duda y que provoca gran incertidumbre acerca de las renovaciones de la subsidiación, es consecuente con la reducción extrema del presupuesto dedicado a vivienda por el Estado en 2012, que alcanza algo menos de ochocientos millones de euros, bajando desde los más de mil ciento veinticinco de 2011, cifra menor que la presupuestada en 2010. Si el presupuesto disponible escasamente permite atender los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores en la materia, fácilmente se comprende la medida adoptada por el citado Real Decreto-ley.

Todo lo anterior abona la tesis que sostenía al principio de este comentario. No es un crisis, es un cambio sistémico que resulta de los menores precios de los productos inmobiliarios, con un ajuste medio que no estimo menor al cuarenta por ciento sobre la base máxima de 2008, menores recursos públicos disponibles en los próximos años para las políticas de vivienda, escasa disponibilidad de crédito y convergencia de los precios de vivienda libre y protegida, recuperando así el viejo escenario de los setenta y los ochenta. Todo ello exige reformular estas políticas, que no suprimirlas, porque el problema de acceso a la vivienda persistirá. Eso sí, los cambios que se avecinan, si se desea ser mínimamente coherente con la realidad económica del país y favorecer la transformación del sector inmobiliario español y su convergencia con Europa, han de ser profundos, meditados, potenciando el alquiler (y no como una forma de acceso diferido a la propiedad) y la rehabilitación y alcanzando también al ordenamiento urbanístico.

No es el fin, sino la oportunidad de un nuevo principio del sector inmobiliario (superando visiones coyunturales, aunque sean necesarias), en el cual tendrán cabida, dimensionándolos racionalmente, todos los productos, tanto en propiedad como en alquiler, tanto primera como segunda residencia.

Julio Tejedor Bielsa

G de gasto

Supongo que casi todos coincidiremos en la opinión de que vivimos una profunda, extensa y dura crisis que, además de sus consecuencias económicas, tiene un elevado coste social. En tales circunstancias, abundan las opiniones y recomendaciones de todo tipo para superar la situación, algunas de las cuales tienen una evidente subjetividad y contenido ideológico, incluso envueltas en el ropaje de brillantes estudios académicos.

Posiblemente, la idea que genera más controversia es si tiene sentido el ajuste del gasto público o si, en estas circunstancias es mejor abordar políticas expansivas, es decir, de más gasto público para superar la crisis. No seré yo quien se atreva a participar en tan sesudo debate que, por otra parte, ha ocupado a muchos renombrados economistas desde Keynes hasta nuestros días. No. Pero sí tengo algunos datos que aportar y reflexiones que exponer, para que cada cual piense lo que mejor le parezca; por cierto, los datos son los publicados sobre los presupuestos, me temo que las cifras reales de ejecución sean peores y si se contabilizasen las facturas que las administraciones de todo tipo y color político guardan en los cajones, mucho peores.

1. Entre 2002 y 2010, el Presupuesto consolidado del Estado contemplaba un nivel de gasto público que ha pasado de 239.000 M. € a 386.000 M €; es decir, se ha multiplicado por 1,6, o si se prefiere, ha aumentado el 62%. El año pasado, cuando la situación ya se hacía insostenible y los acreedores empezaban a desconfiar de la capacidad de pago de España, el gasto público bajó un poco, cerrando el ejercicio en 363.000 M €; es decir, con gran esfuerzo, el Estado gastó ese año 23.000 M. € menos.

2. Esa elevada cantidad de millones de € se destinaba esencialmente a gasto corriente, o sea, de funcionamiento de la propia administración y trasferencias corrientes: por término medio, en el periodo considerado, el 76% del gasto público se dedicaba a operaciones corrientes; de esa cifra, las trasferencias a empresas y familias suponían unos 100.000 M € hasta 2008, y 145.000 el último trienio, en media, el 36% del gasto total.

3. Para inversiones reales, el presupuesto general del Estado ha destinado, en media, 11.600 M € que no es poca cosa, pero supone sólo el 3,7% de todo el gasto.

4. Para financiar el presupuesto de gasto, el Estado recauda de los contribuyentes una ingente cantidad de recursos por todos los medios que es capaz de imaginar; esencialmente, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el de sociedades, y el tristemente famoso IVA.

Por término medio, durante los últimos 10 años la recaudación de los impuestos directos (renta de las personas físicas e impuesto de sociedades) ha aportado al Tesoro Público 181.000 M €; en el momento álgido del ciclo, en 2008, recaudó 220.000 M €, pero desde entonces ha disminuido un 14% y el año pasado generó 189.700 M €, que es sólo un poco más que 10 años antes.

En cuanto se refiere a los impuestos indirectos, en el mismo período han aportado 44.000 M €; el máximo se alcanzó también en 2008 con 53.400 M €, pero desde entonces ha caído un 32% y el año pasado supuso tan sólo 36.000 M €.

5. El resto de partidas de ingresos del Estado (tasas, precios, trasferencias corrientes, ingresos patrimoniales, resultados de enajenación de inversiones reales, e ingresos de activos financieros) tenían muy poco peso en el conjunto total, aportando unos 27.000 M € anuales hasta 2008, y a partir de entonces una cantidad ligeramente superior, concluyendo el pasado ejercicio con 45.000 M €.

6. Cada uno de estos últimos 10 años, el Estado ha gastado mucho más de lo ingresado: hasta 2008 inclusive, cada año faltaban unos 32.000 M €, que en 7 años ha acumulado 320.000 M € de agujero; los tres últimos años el desequilibrio se ha acentuado, añadiendo otros 285.000 M € de descuadre; en total, sólo con estas magnitudes, desde 2002, el Estado ha gastado 605.000 M € más de lo ingresado.

Soy consciente de que tanto número provoca mareos en quien lo lee y pido disculpas por ello, pero creo que no hay más remedio que apoyarse en datos para opinar en un momento tan duro como el que vivimos. He manejado sólo las cifras públicas disponibles, sin entrar en la utilización real de semejante cantidad de dinero que, como frecuentemente vemos en los medios de comunicación, muchas veces ha sido, como poco, extravagante; me estoy refiriendo, por supuesto, al destino de algunas partidas incluidas en los gastos corrientes.

Yo creo que, con independencia de lo que eminentes investigadores puedan decir leyendo las cifras macroeconómicas y aplicando modelos de predicción, la situación de las finanzas públicas nacionales se puede resumir de una manera sencilla: la estructura del gasto público es insostenible; no se destina a inversión real de la que pudiera esperarse aportación al crecimiento de la economía, sino a gasto de operaciones corrientes; las cuentas están descuadradas y cada año más; y el resto del mundo no está dispuesto a seguir financiando esta situación. Aun aceptando que más gasto público generase más riqueza, que está por ver y demostrar, ¿quién y cómo lo paga? Nos guste o no, el camino que nos han marcado es el único que en estos momentos puede cerrar la hemorragia, y sentar las bases para que el enfermo empiece a recuperarse dentro de unos años.

Tomás García Montes

Ataques de mortero contra las juntas vecinales

Los aficionados a la Administración local no nos aburrimos últimamente. Una mañana nos despertamos y oímos fuego graneado contra las provincias, a la siguiente el estruendo procede del fuego cruzado contra las mancomunidades, ahora, en estos momentos, son los ataques de mortero contra las juntas vecinales y las entidades locales menores los que nos aturden y desconciertan.

Es la gran batalla presidida por el santo tutelar del desbarajuste, la propia que harían unos soldados que carecieran de un Estado mayor que pensara la estrategia general y las formas de acción sobre el terreno.

Sépase que no habrá reforma de la Administración local sensata ni fiable si no se tienen en la cabeza todos sus elementos y además en todas las partes del territorio español. En caso contrario, la improvisación nos legará otro churro como aquel de la ley de grandes ciudades de infausto recuerdo, aquel malhadado texto donde lo que no era superfluo era inconstitucional.

El Gobierno se ha descolgado ahora -Consejo de ministros del caluroso mes de julio- con un Informe sobre el anteproyecto de ley de “racionalización y sostenibilidad” de la Administración local. Raro era que no saliera la tan nombrada “sostenibilidad”, una cursilería de los últimos tiempos ahora aplicada a la pobre Administración local, que gime su desamparo. Un Informe donde por cierto nos encontramos con una reivindicación en toda la regla de la figura del Interventor. Ahora nos hemos caído del guindo y descubierto que se trata de una pieza insustituible de los entes locales aunque se echa en falta que no se diga lo mismo de los secretarios. Volveremos sobre este asunto.

Porque quisiera centrarme hoy en la decisión anunciada respecto de las entidades locales menores: “se suprimen las 3275 entidades locales menores existentes”, entre las que están “las pedanías o las parroquias que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan”. Así, sin más. Parece ser que el ministro las acusó de ser “obsoletas y opacas”. Si es así, ya tiene buena tarea por delante porque organizaciones obsoletas y opacas las puede encontrar a decenas a poco que alce la vista.

Produce un poco de risa que, en plena batalla por las limitaciones del gasto, alguien se haya fijado en las pobres juntas vecinales. Yo vivo en una de ellas y puedo asegurar que administración más barata y más inofensiva no existe.

Pero cumplen en algunos territorios españoles, al menos en los que más conozco del norte de España, una función primordial en la gestión de los bienes comunales. Es con este argumento con el que deben hacerse fuertes para resistir esta arbitrariedad gubernamental. No en el de las invocaciones históricas porque a la historia se le puede y se le debe retorcer el cuello con las reformas necesarias. Para eso está el devenir de los tiempos y su acción correctora.

Si los frutos, si las ganancias del monte comunal van a parar indiscriminadamente al Ayuntamiento del que la entidad local menor forma parte, los vecinos se desentenderán de él sin más. Hay en Asturias, en León, en Galicia, viejos pleitos que abordan estas cuestiones y sentencias cuyos ponentes han sido sensibles a esta realidad de los pueblos y sus propiedades en algunas zonas de España. No quiero ser alarmista pero los incendios forestales se podrían multiplicar si desaparecen sin más las juntas vecinales.

Adelanto estas reflexiones, fruto de mi experiencia práctica. Pero estoy dispuesto a rectificarlas, como se dice en los dictámenes, “a la vista de conclusiones mejor fundadas en Derecho”. Y esas conclusiones son las que nos tiene que exhibir el Gobierno en forma de un estudio serio que -entiendo- servirá de fundamento a su decisión. Porque, si tal estudio fundado no existe, ¿debemos calificar al Informe sobre la “sostenibilidad” como un ejercicio de veraniega ligereza, es decir, insostenible?

Francisco Sosa Wagner