Lanzamientos y expropiación de uso

No deja de resultar curioso que inmersos en un marasmo económico de origen fundamentalmente inmobiliario, quebrado el modelo económico aplicado en este país durante bastantes decenios, el “problema de la vivienda” siga centrando el debate político y mediático y, quizá de forma consecuente aunque no siempre coherente, llenando páginas de los boletines oficiales. El eterno problema de la vivienda en España, siempre presente desde hace más de un siglo en todas las leyes que se han referido al urbanismo y la vivienda, no parece resolverse quizá porque nunca se ha abordado directamente, nunca se han planteado respuestas que cuestionasen la configuración del ladrillo como el fundamental combustible del motor económico del país. Y así nos ha ido.

De nuevo pretende abordarse hoy ese problema. Se trata ahora de favorecer el alquiler, fomentar la rehabilitación y la regeneración y renovación urbana. Y es que el motor se ha gripado, no hay dinero que lo engrase y la inercia inicial se ha perdido. En este contexto se impulsa un Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler que puede suponer el fin de las ayudas y subsidios acordados para fomentarlo conforme a planes anteriores, de acaba de aprobar otro Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, de larga tramitación previa, y se acaban de publicar un nuevo Plan Estatal de fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, aprobado mediante Real Decreto 223/2013, de 5 de abril, y el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y, en conexión con este, el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Las declaraciones políticas y programáticas empujan al país y al sector a la senda de la sostenibilidad, hacia otro modelo, que intenta romper con nuestra tradición, tan apegada a la promoción y el acceso en propiedad, aunque en la costa las cosas parecen discurrir por otros caminos. Sobre ello volveré en próximos comentarios.

Y es que la actualidad manda, y la actualidad pasa por las consecuencias de la explosión de la burbuja y la crisis que ha generado sobre la situación de quienes, en otro mundo diferente a éste, adquirieron viviendas sobrevaloradas con créditos cuyos riesgos fueron infravalorados por quienes los concedieron. Y es que el sistema inmobiliario, como buen sistema piramidal, acababa trasladando absolutamente todos los riesgos al adquirente final del producto inmobiliario, traslación especialmente peligrosa cuando la adquisición tenía lugar con financiación ajena, con garantía hipotecaria y con responsabilidad universal del deudor. Esos riesgos son hoy deshaucios. Y la reacción de los poderes públicos y el sector financiero a la movilización social, capitaneada en esta materia por Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, es la inmovilidad, con o sin boletín oficial por medio. El caso es que en ese escenario ha irrumpido el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento del Función Social de la Vivienda que, aun centrado en la concreción de éste con detallada regulación de las viviendas desocupadas, o de algunas de ellas para ser más preciso, incluye una disposición adicional segunda declaratoria del interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.

Esta disposición adicional establece la expropiación de uso de viviendas incursas en procedimientos de deshaucio por ejecución hipotecaria durante un plazo máximo de tres años desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano judicial competente únicamente en procedimientos de desahucio instados “por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos”. Surgen dos primeras dudas razonables acerca de la existencia de una adecuada reflexión previa a la aprobación de esta norma, pues ni parece suficientemente justificada la restricción señalada dado que la necesidad de vivienda derivada de la concurrencia de especiales circunstancias de emergencia social puede surgir igualmente en otras circunstancias, ni lógico que se obvie el problema análogo que surge en las relaciones arrendaticias.

Sin embargo, el debate se ha centrado acerca de la viabilidad constitucional de la expropiación misma. La expropiación de uso tiene precedentes en nuestro ordenamiento, inicialmente en el ámbito agrario, con normas estatales en relación con las fincas agrarias manifiestamente mejorables, la andaluza de reforma agraria o la extremeña de la dehesa. Todas ellas superaron el filtro de constitucionalidad. Específicamente en el ámbito de las políticas de vivienda este instrumento se incluyó en la normativa legal catalana de 2007, no sin una dura polémica y manipuladas apelaciones a la protección constitucional a la propiedad. A mi juicio, el debate no es de constitucionalidad, pues difícilmente puede cuestionarse la constitucionalidad de la expropiación de uso cuando se incumpla la función social dirigida, precisamente, a garantizar su cumplimiento. De hecho, resulta más discutible la constitucionalidad de lo establecido en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que, paralizando en determinados casos los lanzamientos derivados de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria, no prevé indemnización alguna a favor del nuevo titular de la vivienda que no puede tomar posesión de ella. Quizá el origen de la medida explique el porqué de su aprobación sin indemnización.

Las dudas acerca de la norma andaluza, a mi juicio, no son tanto de constitucionalidad como de efectividad y coste. Y es que si la norma estatal fue una norma acordada, acaso dictada, por el sector financiero, con un ámbito subjetivo extraordinariamente restrictivo y no siempre coherente, la norma andaluza no nace del acuerdo con dichas entidades sino del legítimo ejercicio de sus potestades normativas por parte de los poderes públicos. Y el ámbito subjetivo de aplicación es mucho mayor. A partir de ahí el ejercicio de la potestad expropiatoria dará lugar a cierta carga burocrática y suscitará incertidumbre acerca de los justiprecios que hayan de aplicarse. Además, resulta discutible la consideración técnica de beneficiarios de quienes han de mantenerse en el uso de la vivienda pues, aunque soliciten la expropiación, no asumen en el procedimiento la posición del beneficiario, pues ni evalúan ni pagan el justiprecio, aunque contribuirán a su pago abonando una cantidad no superior al veintinco por ciento de los ingresos de la unidad familiar en que convivan que no se califica como renta y cuya naturaleza no concreta la norma. Es más, el pago lo realizará directamente la Junta de Andalucía hasta agotar la remuneración, según tipo de interés retributivo de sus cuentas, al saldo vivo del conjunto de los depósitos por fianzas de arrendamiento y suministros constituidos en la Comunidad.

Julio Tejedor Bielsa

La lucha por la auditoría pública (y II)

Como las muchas entidades de fiscalización de Álvarez Martín, no obstante que acusa de forma  grave “Y es que a las EEFS (sic) se les paga por algo más que para diseñar jeroglíficos, inventar crucigramas o mirar para otro lado” (Ídem,p.86). Como el México actual, en Puebla la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó al titular del Órgano de Fiscalización Superior de haber presentado documentos falsos para justificar la sustracción de la cuenta pública del ex gobernador Mario Marín, no obstante que los principios de su Ley de Fiscalización es de orden e interés público, y en cumplimiento con la eficacia y eficiencia. En Tabasco, ante el desvío y saqueo de fondos públicos, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, interpondrá una demanda penal en contra del representante del Órgano Superior de Fiscalización por complicidad ante lo acontecido en la pasada administración estatal, no obstante que su Ley de Fiscalización, en el artículo 1, dice al calce “Los recursos públicos serán ejercidos con eficiencia, eficacia y honradez”.

Y  en el estado de Michoacán, la Contraloría, órgano dependiente del Ejecutivo estatal, presentó cinco denuncias en contra de “quien resulte responsable” del quebranto financiero en la finanzas del gobierno en la entidad. Por su parte, Carlos Ochoa, contralor estatal “no quiso hablar de ilícitos porque sólo el Ministerio Público –dijo- le corresponde calificar los hechos denunciados y adjetivar conductas señaladas” (La Voz de Michoacán, 21 de marzo de 2013, p. 10 A), es decir, no hay nombres, ni montos, ni dependencias, ni imputados ni cuantificación de daños al erario público. Aunque el propio gobernador Fausto Vallejo, en la misma nota periodística, dijo que “espera que la Contraloría está haciendo correctamente su trabajo para deslindar responsabilidades por el quebranto”. Pero resulta contradictorio que el gobernador ‘espere’ que su Contraloría deslinde responsabilidades cuando de antemano sabe que la Contraloría ha trasladado al Ministerio Público tal determinación, puesto que las denuncias presentadas no definen ni precisan, son vagas y difusas al supeditar la acusación a, ‘quien resulte responsable’. Como se afirma en el trabajo ganador del XV concurso de Auditoría Pública, los órganos de fiscalización simuladores resultan, “muy imprecisos cuando se trata de precisar responsabilidades” (Ídem, p.86).

Y en contra parte, la Auditoría Superior de Michoacán, Órgano Técnico del Congreso local que tiene la encomienda constitucional de fiscalizar las cuentas públicas de la administración estatal y municipios no opina en su Informe que exista quebranto y daño patrimonial al erario estatal; y la sospecha de la actuación del Auditor Superior surge porque había sido anteriormente diputado por parte del PRD, partido político que lo propuso al cargo, y gobierno en la administración que ha sido denunciado por quebranto financiero, pero ya lo había declarado la bancada del PRI “aseguró que el Auditor Superior sólo busca entorpecer la verdad sobre las finanzas públicas del estado” (Cambio de Michoacán, 20 de abril de2012). Por lo que resulto “normal” que la Auditoría Superior de Michoacán estuviera ausente en la presentación de las denuncias no obstante que es su responsabilidad y que en la Ley de Fiscalización de Michoacán, en su artículo 1, dice “El desarrollo de las actividades de la Auditoría Superior se regirá bajo los principios de legalidad, celeridad, eficiencia, eficacia, calidad en el servicio, vigilancia, fiscalización técnica oportuna, imparcialidad, confiabilidad, definitividad, en forma simultánea, anual, posterior, externa, independiente y autónoma” ¡16 principios que resultan inoperantes cuando la entidad es politizada! Luego, en Puebla, Tabasco o Michoacán, las entidades de fiscalización miran hacia otro lado bajo el manto protector de la secrecía u opacidad.

El desafío en las entidades de fiscalización superior (EFS) es convertir en realidad la propuesta de Álvarez Martín, “Operar con transparencia ejemplar. Toda su gestión y cuentas deben ser públicas en tiempo real”, aunque otros expertos en la materia lo han formulado, palabras más o menos, como Luis Muñoz Garde, “Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gestiona su dinero” (artículo antes mencionado, p.10), sin embargo, las inercias e intereses obstaculizan mirar hacia la auditoría, a efecto de que la auditoría pública sea verdaderamente pública, o como es y ha sido, lo privado seguirá dominando la visión y dirección en las instituciones de control.

El problema de los principios. He agrupado los diversos principios como un solo problema, para que el presente escrito no se convierta en una larga disertación sobre cada uno de ellos. Dado que hemos visto que los órganos de fiscalización no coinciden en los mismos principios, pero todos insisten en la independencia más nadie demuestra cómo se garantiza que un trabajo de auditoría, en lo concreto y específico, sea independiente e imparcial. También casi todos expresan que su práctica debe regirse por la objetividad pero nadie muestra cómo una auditoría, en lo concreto y específico, cumple con la objetividad.

La auditoría privada ha heredado a la supuesta pública, la idea o concepción que los principios de auditoría son atributos o cualidades, per se, tal si fuera su naturaleza. Por ello, las afirmaciones de Álvarez Martín acerca de, las EFS tienen su función y competencias, y su ruta está marcada, se inserta en el tradicionalismo de pensar que la realidad de la fiscalización es inmutable e inmodificable, porque la INTOSAI, GAO, IFAC, y otras siglas internacionales y nacionales están de acuerdo. Pero no, el camino de las entidades de fiscalización superior para que dejen la simulación es mediante el cambio de modelo en la fiscalización.

Sí las EFS no cumplen con su principios, el problema está en los principios o fundamentos. Una exigencia metodológica es indispensable no sólo en cualquier trabajo de investigación, también es necesario en la planeación y desarrollo de la auditoría, pero en tanto el método se confunda con procedimiento, la objetividad se atribuya al sujeto y no al objeto, y la fiscalización permanezca bajo el manto de la secrecía, su práctica y resultados acentuarán más su carácter privado, incomunicable y distante con el interés público y social.

El objetivo del presente escrito ha sido intentar mostrar el aspecto paradójico del artículo ganador, resaltando su aspecto negativo, que advierta la precariedad, el fracaso y la crisis de la auditoría pública o fiscalización, y su aspecto positivo, de ejercer la crítica en un campo donde no se ha cultivado la reflexión ni el debate público de sus problemas, por ello, incentivemos el esfuerzo por colocar a la auditoría pública en la agenda pública.

Mario Alberto Gómez Maldonado

Maquinitas de hacer billetes

El Banco de Japón ha decidido emular a la Reserva Federal de los Estados Unidos y se acaba de embarcar en un programa tribillonario de emisión de dinero, hasta que consiga hacer repuntar su inflación para cebar así la bomba del círculo virtuoso del crecimiento económico. El dulce país del Sol naciente, protagonista durante cuarenta años, tras su derrota en la II Guerra Mundial, de un espectacular milagro económico, lleva más de veinte años sin crecer, con una economía mortecina que no sabe cómo reanimar. De ahí, que la colosal creación de dinero que proyecta su Banco Central sea una salida heterodoxa y algo desesperada., algo así como un grito a los cuatro vientos afirmando que si nada de lo anterior sirvió, por qué no tienen derechos a probar con medicina de caballo, que si no mata, cura. ¿Hace bien? ¿Se equivoca? No lo sabemos. Estados Unidos lleva haciendo algo parecido desde hace un tiempo con un resultado discreto. Es cierto que su PIB crece ligeramente y que su empleo algo se ha recuperado, pero también lo es que su endeudamiento ya supera el 100% del PIB y que sus déficits comerciales y fiscales son crónicos e históricos. Estados Unidos y Japón, incapaces de reanimar sus economías, se han apuntado a la creación y bombeo del dinero fácil, que, básicamente, financia adquisición de bonos y de deuda pública, aunque algún porcentaje de esas enormes masas de dinero recién creado también se dirigen a la financiación de sus empresas.

Normalmente, contraponemos esas políticas expansivas  con las supuestamente restrictivas europeas. Y bien decimos sólo supuestamente, porque basta con analizar el balance del Banco Central de Europa para comprobar cómo ha multiplicado extraordinariamente su pasivo, con dinero consumido por los programas de liquidez de la banca europea – es cierto que parte de este dinero se está recuperando – y para cubrir el costo de los rescates a los sucesivos países que caen en la feroz crisis que padecemos. Por tanto, aunque no lo digamos, la Europa enferma también vive de las transfusiones de dinero fresco que le realiza su Banco Central.

A pesar de la evidencia de que las antiguas zonas ricas – EEUU, Europa y Japón – presentan síntomas evidentes de agotamiento de sus modelos económicos y de la certeza de que precisan de la respiración asistida del dinero-manantial de sus bancos emisores, nadie pone en cuarentena su posible inviabilidad. Nos creemos que se trata tan sólo de un pequeño catarro que se puede curar con la aspirina del dinero fácil. Eminentes economistas claman porque se cree más y más dinero, afirmando que una inflación alta es el único antídoto para diluir los enormes sobreendeudamientos que nos atenazan. Poco a poco, las teorías expansivas van ganando adeptos por lo que es de esperar que también Europa vaya decantándose en esa línea. ¿Podremos aguantar un euro sobrevalorado por la devaluación que las expansiones americanas y japonesas ocasionan con sus expansiones? Probablemente no, ya que nuestras exportaciones – única vía posible de recuperación que se nos ofrece – se resentirían gravemente. ¿Aguantarán nuestros ciudadanos durante mucho más tiempo políticas de ajuste, o exigirán a sus gobernantes que se alivien y comiencen a imprimir dinerito fresco que palie nuestra ansiedad? Seguramente, a medio plazo, bien sea de forma abierta, o semioculta como hasta ahora, nos apuntaremos a la orgía de la maquinita de hacer dinero, confiando en la alquimia sanadora de la santa inflación, demonizada hasta ayer, hoy honrada con sus pompas y sus obras.

Y si este pronóstico se cumpliera… ¿qué ocurriría? Nunca, jamás, habrán coincidido tantas expansiones monetarias simultáneamente. Un infinito océano de dinero se cerniría sobre nosotros, sin que llegáramos a saber hacia dónde puede encaminar su caudal, que podría convertirse en una feroz y despiadada avenida.  La madre de todas las burbujas se está inflando ante nuestras narices, entre el regocijo y aplauso de sabios, políticos y ciudadanos, que claman porque el Estado gaste más y más, sin límite ni medida. Probablemente algo parecido pensaron los próceres del Imperio Romano cuando sus arcas vacías le impedían mantener el ornato y la seguridad de su Estado anquilosado. Y terminaron como terminaron.

Pues en eso estamos y ya veremos por dónde termina esta historia que comienza a convertirse en pesadilla. ¿Hiperinflación? ¿Quiebras? ¿Quitas? ¿Recuperación económica? ¿Todo en mano de los chinos? ¿Un nuevo periodo de éxito occidental? Quién sabe. Lo único que sabemos es que vamos a ser testigos del experimento monetario inédito de crear dinero y más dinero pensando que ahí radica la clave de nuestra recuperación. Pobres. No podemos ni imaginarnos hoy, cómo será el mundo dentro de cinco años. Cosas veremos. Dispóngase a disfrutar del espectáculo desatado de la maquinita de hacer dinero. Tres, dos, uno… ¡acción!

 Manuel Pimentel

Patrullas

Leo alarmado en la prensa, que en algunos lugares de nuevo se han formado patrullas ciudadanas rurales que vigilan determinadas zonas, generalmente bastante despobladas y mal comunicadas de la provincia de Teruel. De momento y según se informa, se indica que se hace de un modo civilizado, en colaboración con los ayuntamientos y coordinados por la Guardia Civil.

En mi larga experiencia rural he podido constatar que ciertamente en los pueblos se vive bastante tranquilo en cuanto a problemas de seguridad ciudadana en comparación con los problemas que se padecen en pueblos medianos o en las ciudades. Salvo casos muy puntuales y salvo raras escenas de violencia desatada de lo que llamamos la España profunda cuando a un desequilibrado le da por coger una escopeta y liquidar viejas rencillas por la vía rápida (recordemos Puerto Urraco),  no son muy frecuentes los delitos muy graves. Por el contrario, sí se cometen en los últimos tiempos multitud de delitos contra la propiedad, aumentados desde el agravamiento de la crisis económica y aprovechando el aislamiento de muchos parajes. En algunos casos se sospecha con bastante fundamento acerca de quiénes son los presuntos, pero casi nadie se atreve a decir nada, primero porque en muchas ocasiones no hay pruebas y en segundo lugar por el peligro de aquello de “me he quedado con tu cara”. De otra parte tratándose habitualmente de delitos menores tampoco existe demasiado interés oficial, o quizás posibilidades reales  de esclarecer esos pequeños hechos dada la endémica escasez de medios personales y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En 2007 y con la Ley Orgánica 16/2007 de 13 de diciembre, se modificó la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 13 de marzo de 1986. Se estableció la posibilidad de que en caso de que existan dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma que no tengan recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, se podrían asociar para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en esta Ley. Ya comentamos esta posibilidad en una ocasión (véasehttp://administracionpublica.com/asociaciones-para-la-prestacion-de-los-servicios-de-policia-local/). A pesar de ser una interesante  posibilidad, sin embargo cinco años después, no conozco que al menos en Aragón, se haya ejercido esta posibilidad, que no obstante, es obvio que presenta muchas dificultades de  orden económico, técnico y práctico.

En los pequeños pueblos se ejerce un notable control social de comportamientos cívicos, pero en cuanto a la delincuencia poco o casi nada se puede hacer; existe una real desprotección tratándose de extensos y despoblados territorios. Generalmente, por otra parte, muchos pequeños hurtos y robos no se denuncian en su gran mayoría en la seguridad de que no sirve de nada si no es simplemente para poder cobrar el seguro caso de que se disponga del mismo. Tan sólo sirve para perder unas horas en el cuartel de la Guardia Civil que está en el pueblo cabecera. Así, siempre resultan chocantes  las estadísticas anuales de la Fiscalía manejando cifras que se refieren tan sólo a las denuncias formales presentadas y no al número de casos reales. Es claro que existe una gran desconfianza ante el esclarecimiento de muchos hechos delictuosos. Por cierto, he de decir que en mi experiencia personal, han sido frecuentes las ocasiones en que los Ayuntamientos han sufrido pequeños robos y, ni una sola vez se ha detenido a un culpable. En la última ocasión, informé al Concejal correspondiente de la necesidad de acudir al Puesto de la Guardia Civil y como ya habían ocurrido hechos parecidos en un par de ocasiones anteriores, declinó mi recomendación con un pragmático ¿para qué?

Hay que decir que el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil es eficaz pero quizás sólo en los casos graves y sobre todo en los escabrosos, truculentos y mediáticos, en éstos echan toda la carne en el asador.

Casos hay en los que con sentido común y con muy escasos medios se han podido prevenir acontecimientos catastróficos. Recuerdo que tuvimos un caso de un vecino de mediana edad, alcohólico crónico y ya mentalmente  muy desequilibrado que no tenía familia en el pueblo. Era de dominio público que circulaba a menudo en estado etílico en una vieja furgoneta en la que llevaba la escopeta de caza (nadie sabe cómo era posible que pudiese renovar el permiso de conducir y el de caza). Nunca pasó nada afortunadamente, pero temiéndonos que pudiese ocurrir algo gordo iniciamos los trámites con la Fiscalía para tratar de que se le inhabilitase o al menos se le retirase el permiso de armas. No hubo lugar a proseguir porque entre tanto falleció.  Viene a cuento la historieta porque en un pueblo donde no hay policía local y las fuerzas de la Guardia Civil está formada por tan sólo cuatro o cinco números para un territorio de quince localidades y veinte mil habitantes, en muchas ocasiones existe una verdadera desprotección real.

Por ello es comprensible que se formen patrullas ciudadanas de vecinos hartos de ser víctimas de robos, tratando de resolver por sí mismos un problema que es un problema que el Estado no atiende. Pero no es en absoluto lógico. La primera obligación históricamente del Estado es la protección de los ciudadanos frente a cualquier tipo de agresión. El vasallo pagaba un diezmo al señor a cambio de protección y cuando se forma el Estado, éste asume el monopolio de la violencia, siempre a cambio, claro está, de que el vasallo, ahora ciudadano, pague sus impuestos. Por eso el Estado organizado en modo  alguno puede hacer dejación de un eficaz sistema de protección, imprescindible para la convivencia y una de las principales razones de ser del Estado. A partir de ahí, se puede empezar a discutir el derecho a portar armas y/o el derecho o no a la autoprotección y los peligrosos límites de la legítima defensa, tanto para el agresor como para el agredido que siempre debe responder con medios “proporcionados”.

Quizás los vecinos de esos pueblos dejados de la mano de Dios deberían empezar a hacer objeción fiscal porque una de las partes (el Estado) no cumple con su parte del contrato, la protección de personas y bienes.

 Ignacio Pérez Sarrión

Por un Primero de mayo con más empleo y menos recortes

Las políticas de ajuste presupuestario para superar la crisis, lejos de servir como solución, están causando cifras inaceptables de desempleo, menoscabo de derechos sociales y de prestaciones públicas, destrucción de servicios públicos y privatización de servicios básicos, precariedad en el empleo, subidas de impuestos, incremento bochornoso de los niveles de pobreza y exclusión social, caída inaceptable de las condiciones laborales de todos los trabajadores en general y de los Empleados Públicos en particular.

         Los Empleados Públicos han visto reducir de manera importante su poder adquisitivo, recortar las plantillas lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, endurecimiento de sus condiciones de desempeño y la pérdida de calidad de los Servicios Públicos que afectará a toda las sociedad de una u otra manera, pero especialmente a los más débiles. Esto, unido a la pérdida sin negociación de la mayoría de las conquistas laborales, ha deteriorado hasta límites insospechados sus condiciones laborales. También los trabajadores están sufriendo las consecuencias de los recortes y las políticas de ajuste: más de seis millones de parados, más de un millón de familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos, rebajas de sueldos, aumento de las horas de trabajo y la amenaza constante del despido barato y el desahucio.

Somos muchos los que hoy NO dudamos de la necesidad de orientar radicalmente las políticas económicas y sociales con un giro de 180 grados. Somos más los que AFIRMAMOS que el país necesita políticas de crecimiento económico que impulsen la economía. Somos una inmensa mayoría la que CLAMAMOS por el cese de las políticas de excesivo/asfixiante ajuste económico. Somos TODOS, sin excepción, quienes exigimos políticas que creen empleo y recuperen los derechos laborales perdidos.

Este Primero de Mayo se convierte en el dedo acusador de millones de desempleados, cientos de miles de familias sin prestación económica alguna, cientos de miles de empleados públicos despedidos, servicios públicos fuertemente deteriorados y, sobre todo, desafección política y desanimo ciudadano, y la desconfianza en las instituciones ante la peor situación después de seis años de crisis económica que ven con indignación que las políticas de ajuste no han afectado a los altos sueldos de asesores y responsables políticos, que se sigue manteniendo el mismo número de cargos políticos y asesores y el oscurantismo en la contratación de los cargos de confianza, que se sigue apretando el cinturón a las clases medias con altos impuestos, sin que se haga lo necesario para perseguir el altísimo nivel de fraude ni se haga prácticamente nada para que tributen más los que más tienen.

CSI-F considera que el diálogo social, el debate responsable y los acuerdos y pactos de partidos políticos, sindicatos y empresarios son instrumentos imprescindibles de nuestro sistema democrático que trasladen claramente a los ciudadanos la voluntad inequívoca de aunar esfuerzos dejando a un lado todo interés que no sea la prosperidad del país, la dignidad de los trabajadores, los derechos sociales y la igualdad de los ciudadanos.

CSI-F reivindica hoy el derecho de TODOS a un futuro digno, recuperando los derechos laborales devastados por normas jurídicas injustas, reparar los servicios públicos eliminados bajo excusa de insostenibilidad, restituir a los empleados públicos que nunca debieron ser suprimidos, paralizar de forma urgente la privatización de servicios públicos básicos para millones de ciudadanos y la recuperación de derechos sociales y laborales legalmente conseguidos y perdidos sin negociación.

CSI-F exige EMPLEO estable y de calidad como herramienta vital de prosperidad y riqueza, de dignidad personal, promoción profesional y social e igualdad de las personas.

CSI-F demanda firmemente unos SERVICIOS PÚBLICOS universales, gratuitos y de calidad que garanticen los derechos de igualdad y no discriminación a todos los ciudadanos, unos servicios públicos al margen de ideologías políticas y fluctuaciones especulativas de los mercados financieros.

EL EMPLEO SUMA, LOS RECORTES RESTAN