martes, 5 de agosto de 2014

La melancolía y la caída de la población

España se despuebla. Después de décadas de crecimiento continuo, perdemos población, algo que no ocurría desde que se disponen de estadísticas demográficas. Y este descenso es abrupto y cuantioso; en tan solo dos años, desde 2013 a 2014, la población ha descendido en más de 1.300.000 personas sin que ese flujo inverso parezca haberse detenido todavía. Desde los 46,8 millones estimados por el INE en 2012 se ha bajado hasta los 46,5 millones de 2014, una auténtica sangría sin precedentes que tendrá importantes repercusiones en nuestro futuro social y económico.
Pero vayamos por partes. ¿Cómo ha sido posible esta intensa disminución poblacional? Tres son las razones básicas que lo justifican. Por una parte, el retorno masivo de inmigrantes que llegaron a una España por aquel entonces próspera y que, tras la crisis, ya no puede ofrecerles el empleo que buscaban. En segundo lugar, por el incremento de los españoles que emigran en busca de posibilidades laborales que no encuentran en nuestro suelo y, en tercer lugar, por una caída de la natalidad. El cóctel está servido: menos inmigrantes, españoles que emigran y menos nacimientos se combinan con un efecto fatal. No es difícil adivinar las consecuencias: envejecimiento de la población, menor capacidad de consumo, menos demanda de vivienda, menos talento, algo más de vacío.
Entramos en el conocido círculo vicioso poblacional en el que la caída del número de habitantes es a su vez efecto y causa de la crisis. La pésima situación económica que hemos atravesado ha tenido como consecuencia la salida de cientos de miles de personas, que, al marcharse, ceban a su vez la crisis debido a la disminución del consumo que representan.  Paradójicamente, sin embargo, a corto plazo, pueden mejorar las estadísticas de empleo, ya que muchos de los que salen dejarán de figurar en los registros de demandantes de empleo, al tiempo que disminuye la población activa con respecto a la cual se estima el desempleo de la EPA, aunque esta mejora es aparente y estadística.
Las personas que salen son jóvenes, lo que agudiza el problema de nuestro envejecimiento estructural con sus sabidas consecuencias. Aunque el problema del despoblamiento ya era conocido en algunas regiones españolas, como Aragón o Castilla y León, no lo era en el conjunto de España. No se le esperaba y no estamos preparados para abordarlo. Es cierto que la población española está a niveles de 2010 y que por tanto no podemos hablar de una situación catastrófica pero no es menos cierto que la tendencia que aún perdura es de una gravedad sin paliativos. De mantenerse unos años más la disminución de población, las alarmas saltarían con estruendo cuando ya quizás fuera tarde para reaccionar. Resulta sorprendente el escaso debate que la noticia del INE ha generado en nuestra sociedad cuando se trata, sin duda alguna, de los hechos más relevantes que condicionarán nuestro futuro.
¿Tiene salida esta situación? Sin duda alguna sí, y pasa inequívocamente por la recuperación de la actividad económica y del empleo. Sólo así lograríamos invertir el saldo migratorio y las tasas de natalidad. Si no lo conseguimos, sólo nos quedará la triste melancolía de los pueblos envejecidos que añoran lo que pudieron haber sido pero que jamás consiguieron ser. Luchemos con todas nuestras energías para que esa melancolía jamás llegue a apoderarse de nosotros.
Manuel Pimentel

lunes, 4 de agosto de 2014

¡Vuelve la obra pública!

Poco a poco las aguas vuelven a su cauce, y aunque son muchas las voces que reclaman que no se vuelva al dispendio de dinero público, la licitación de obra pública vuelve a crecer. En concreto, en los cinco primeros meses del año las administraciones han multiplicado casi por dos –un 93%- los concursos de obra civil.
Son datos de SEOPAN, la patronal de grandes constructoras, que calcula que el volumen de inversión puesto en concurso ronda los 6.000 millones de euros. Muy lejos, de todos modos, de los 12.200 millones del año 2006, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria.
El ministerio de Fomento el que más ha multiplicado su actividad. En concreto un 217% hasta los 3.000 millones, aunque en la parte baja está el de Agricultura, donde ha caído un 30%. Si miramos por administraciones, la Administración General aumenta un 140%, la Local un 74% y las Autonomías un 21%.
¿Qué tipo de obras son las más licitadas? La civil suma 3.596 millones, la edificación 840 millones. Dentro de la primera los transportes se llevan la palma, seguido de las obras hidráulidas, la urbanización y el medio ambiente.
Andalucía es la Comunidad que concentra el mayor importe de las licitaciones, con algo más de 1.000 millones, seguida de Cataluña y Extremadura. Por su parte, LA Rioja, Castilla y León, Castilla La Mancha y Cantabria registran descensos.

viernes, 1 de agosto de 2014

Jerga ininteligible, no inocente

A buen seguro que muchos de los lectores han recibido por mensaje telefónico el anuncio del Ministerio de Defensa –realmente una rectificación- en el que, con lenguaje propio no sé si de Cantinflas o de los Hermanos Marx, se inserta en el BOE del pasado 18 de junio, el ladrillo siguiente:
“Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del “Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hacen públicas las modificaciones de dos anuncios relativos a una misma licitación: El anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca la licitación del acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa y el anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación para el acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa”.
El galimatías administrativo es monumental. Pero lo peor no es la redacción, sino lo que, una vez más, encubre u oculta con tinta de calamar: un conjunto de modificaciones que no son meras rectificaciones de errores materiales o aritméticos; praxis odiosa sobre la que ya he escrito aquí en numerosas ocasiones. Concretamente, la parte dispositiva del “anuncio” –buen encasillamiento para pasar desapercibido- dice:
La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa ha resuelto efectuar las siguientes modificaciones en el anuncio de modificación del anuncio de licitación de este expediente, publicado en el BOE n.º 19, de fecha 22 de enero de 2014.
1. En el punto A), donde dice “27/1/2014, a las 12:00 h.”, debe decir “9/7/2014, a las 12:00 h.”.
2. En el punto B), donde dice “6/2/2014, a las 12:00 h.”, debe decir “21/7/2014, a las 12:00 h.”.
3. En el punto C), donde dice “26/2/2014, a las 10:00 h.”, debe decir “4/8/2004, a las 10:00h.”.
En definitiva, los datos modificados son:
a) Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el 21 de julio de 2014, a las 12:00 h.
b) Se cambia la fecha del acto público de apertura de ofertas económicas. Apertura de sobre n.º 2, al día 4 de agosto de 2014, a las 10:00 h.
Se recuerda que el lugar del acto público será la Subdirección General de Contratación del Ministerio de Defensa, C/ Arcipreste de Hita, n.º 5, 1.ª planta, Madrid, 28015.
c) Se amplía el plazo de obtención de pliegos, y para efectuar preguntas sobre la licitación, hasta el 9 de julio de 2014, a las 12:00 h”.
Si se observa, a mediados de junio se prorrogan plazos vencidos en enero o febrero, supuestamente para propiciar la presentación de (más) ofertas. No parece muy ortodoxo. Y más que lo que realmente es una alteración de un acto de trámite con tintes cualificados, como es la apertura de plicas de contratos del sector público para ampliar que empresas ausentes se hagan presentes en detrimento, si los había, de quienes ya habían concurrido en tiempo y forma, se haga por la puerta de atrás de un “anuncio de modificación” digno de ser escrutado por la Real Academia Española.
Recordemos, una vez más, lo que dice el Tribunal Supremo de forma constante: No puede la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría un «fraus legis» constitutivo de desviación de poder.
Habría, en puridad jurídica, que distinguir entre lo que es un anuncio de licitación de un contrato que, lógicamente, su lugar de inserción es la sección de Anuncios del diario oficial de turno y lo que es modificar –sí- las reglas temporales de juego de los potenciales oferentes, que no debiera llevarse, por larga que sea la praxis al respecto, a lugar tan poco vistoso y visible del boletín.
Es curioso que al lenguaje militar siempre se le atribuyó el carácter de lacónico: breve, conciso, eficiente. El Ministerio de Defensa, a través de este anuncio de contra-anuncio parece mofarse de esa identificación tradicional, tan digna de elogio.
 Leopoldo Tolivar Alas

jueves, 31 de julio de 2014

Las administraciones públicas cuentan hoy con 134.714 empleados públicos menos que hace dos años

El número de empleados públicos registrados en todas las administraciones públicas es de 2.551.123, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a enero de 2014, y que ya se publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su página web. De este número del conjunto de las AAPP, 558.802 (21,9%) pertenecen a la Administración Pública Estatal, 1.284.646 (50,3%) a las comunidades autónomas, 560.774 (22%) a las entidades locales y 146.901 (5,8%) a Universidades.
Si comparamos los datos actuales del conjunto de las AAPP con los registrados en enero de 2012, se puede comprobar que hace dos años había 2.685.837 de empleados públicos frente a 2.551.123 que hay ahora. La reducción en los tres últimos años ha sido de 134.714, un 5%.
La Administración Pública Estatal ha pasado en dos años de 581.861 a 558.802, un descenso de 23.059 (3,96%); las CCAA contaban con 1.351.883 empleados públicos entonces y hoy con 1.284.646, un total de 67.237 efectivos menos (4,97%); las EELL integraban en enero de 2012 a 597.212 y este año a 560.774, es decir, 36.438 menos (6,10%); y las Universidades pasaron de 154.881 a 146.901, con 7.980 efectivos menos (5,15%).
MENOR DESCENSO EN EL ÚLTIMO AÑO
Durante el último año, de enero de 2013 a enero de 2014, el descenso de empleados públicos ha sido menor que en los dos años anteriores, pasando de 2.576.746 a 2.551.123, un 1% menos.
El número de empleados públicos en la Administración General del Estado es de 220.569, frente a 227.814 registrados el 1 de enero de 2013, un 3,18% menos.
Los empleados públicos de las CCAA son 1.284.646 y en enero de 2013 eran 1.307.343, es decir, el descenso del último año es del 1,74%.
Y las EELL, por el contrario, experimentan en el último año un crecimiento de casi el 2%, pasando de 549.807 en 2013 a 560.774 este año. En el caso de las entidades locales, se produce este ligero aumento después de una importante pérdida de empleo público en este ámbito, ya que de enero de 2010 a enero de 2013, los empleados públicos de las EELL descendieron en 108.000, un 16,4% menos.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
La Administración Pública Estatal cuenta hoy con 558.802 empleados públicos, de los que 220.569 pertenecen a la Administración General del Estado, 145.208 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 121.805 a las Fuerzas Armadas, 24.635 a la Administración de Justicia y 46.585 a entidades públicas empresariales y organismos públicos.
Los 220.569 empleados públicos de la Administración General del Estado son hoy un 3,18% menos que en enero de 2013, cuando eran 227.814, y un 7,40% menos que en enero de 2011, cuando los empleados públicos eran 238.207.

miércoles, 30 de julio de 2014

¿Cuántos trabajadores públicos hay realmente en España?

Las Administraciones Públicas se han dejado casi 135.000 empleados por el camino durante la crisis económica. Así se desprende del último Boletín Estadístico del Personal al servicio de la Administración, y en el que se refleja que ahora mismo hay cerca de dos millones y medio de personas trabajando al servicio del Estado.
Las Comunidades Autónomas son las que gente tienen trabajando, con cerca de 1.285.000 empleados, lo que supone algo más del 50 por ciento del total. Les siguen los Ayuntamientos, con 560.700 trabajadores (22%) y la Administración Central, con 558.000 (21,9%). El resto se trata de empleados de las universidades públicas, que tienen a 146,900 personas trabajando en sus centros (5,8%).
Madrid es la región que más trabajadores públicos tiene. Si sumamos todas las entidades involucradas, cuenta con casi 400.000 personas, seguida por Cataluña y Andalucía (ver gráfico adjunto). Mientras que las autonomías en las que hay menos empleados son Ceuta y Melilla, con algo más de 9.000 y La Rioja, en donde hay ahora mismo unos 16.500 trabajadores públicos.
Vistos los datos, y si uno echa un vistazo a la estructura de cotización que hay en la Seguridad Social, se da cuenta de que las aportaciones de trabajadores activos procedentes de la iniciativa privada es radicalmente menor de lo que dicen las actuales estadísticas.
Según los últimos informes de afiliación, en el régimen general cotizan casi 13,5 millones de personas, incluyendo el régimen general, el agrario y el del hogar. Hay, además 3,1 millones de autónomos, 61.700 trabajadores del mar y 4.200 en el carbón. Es decir, en total hay 16,6 millones de cotizantes que, descontando los 2,5 millones de trabajadores públicos, nos da un total de 14,1 millones de personas procedentes del sector privado estrictamente.