Reformas necesarias en las Administraciones Públicas

Que España ha recorrido un enorme camino hacia el progreso económico en las casi cuatro décadas de convivencia democrática es un hecho. Como muestra, un botón: entre 1977 y 2013, la renta per cápita real ha crecido un 70%. Y eso ha sido posible gracias a todos: trabajadores, empresarios y Administraciones Públicas. Sin embargo, y tras más de seis años de una profunda crisis, surgen dudas acerca de las fortalezas pasadas, insuficientes para crear otros 40 años de progreso.

Por eso, el ‘Barómetro de los Círculos’, un documento elaborado por el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía, y el Círculo de Empresarios Vascos, ofrece una serie de recomendaciones que contribuyan a un mejor funcionamientos de las administraciones. Son las siguientes:

-Es necesario garantizar el principio básico de seguridad jurídica mediante leyes más claras y estables.

-Debe mejorar la transparencia y predictibilidad de las decisiones públicas (tanto las administrativas como las judiciales). Para mejorar la calidad de las decisiones deben hacerlo, asimismo, los conocimientos técnicos de funcionarios y jueces.

-La carga fiscal no debe suponer una desventaja respecto a los principales competidores. Los tipos impositivos en la imposición directa deberían reducirse; se podría contemplar la reducción de deducciones y bonificaciones en el impuesto de sociedades, junto a la reducción de las cotizaciones sociales.

-La lucha contra el fraude se considera una prioridad. Por un lado, deben incrementarse los recursos para inspecciones de la Agencia Tributaria, agilizar los tiempos, endurecer y dar difusión a las sanciones (como ocurre en Noruega y Holanda), y proveer incentivos fiscales para aflorar actividad. Y por otro lado, adoptarse medidas que generalicen el pago por medios electrónicos, siguiendo la experiencia de los países nórdicos y de Corea.

-Promover una mejor relación y cooperación entre el contribuyente y la Administración Tributaria. Ésta tiene que mostrarse cooperadora con quienes cumplen con sus obligaciones, siguiendo la experiencia de Reino Unido y Bélgica.

-Acelerar la resolución de conflictos vía administrativa y judical, introduciendo mecanismos de resolución alternativa de litigios tributarios (arbitraje tributario o mediación) como en Reino Unido, Portugal y Bélgica.

-La gestión pública se debe mejorar introduciendo instrumentos similares a los disponibles en la privada como: pagos opcionales por servicios prestados en condiciones de calidad más favorables, por ejemplo, opciones de provisión de servicios urgentes; o reformular el modelo de contratación, despido y remuneración de los empleados públicos asimilándolo al sector privado, y equiparándolo al sector público de otros países de la Unión Europea como Reino Unido, Dinamarca y Suecia.

La gestión documental en la Administración Pública favorece la transparencia

André Klein, consultor freelance para DocPath, ha elaborado un artículo en el que resalta cómo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen elementos cotidianos, necesarios y reclamados en todos los ámbitos de nuestra vida. En el sector público, las TIC también permiten a las administraciones públicas (AA PP) gestionar con mayor calidad, eficacia y eficiencia los servicios y recursos públicos.

Cada vez son más las AA PP que se suman a la corriente de la implantación de un sistema de gestión documental para optimizar los procesos documentales tanto de sus empleados como de los ciudadanos, al permitirles operar telemáticamente con la Administración.

El sector público es un importante productor de información debido a que produce leyes, estadísticas, registros de población, información geográfica, meteorológica, cultural, histórica, política, científica, etc. Esta documentación es de gran utilidad para la propia Administración, pero también para el sector privado y para el ciudadano.

Mayor cercanía con los administrados gracias a un sistema de gestión documental

Pero, ¿qué debe ofrecer un sistema de gestión documental a las AA PP? Organización, control y seguimiento de los documentos. Este objetivo principal se puede detallar a su vez en:

• Agilización de la tramitación administrativa.
• Normalización de los documentos administrativos.
• Organización de forma homogénea y eficaz de la documentación administrativa.
• Establecimiento de políticas de conservación de documentos en soporte papel y electrónico.

Tras la implantación de un sistema de gestión documental en una Administración Pública, los principales beneficios son los siguientes:

• Permite la creación de múltiples fondos documentales.
• Posibilita versionar cada archivo, ya que mantiene un registro de auditoría detallado, que permite configurar la trazabilidad de los documentos.
• Utiliza filtros basados en metadatos y/o contenidos, para la consulta y recuperación de los documentos.
• Soporta una gran amplitud de formatos y permite la transformación de cualquier tipo de documento.
• Facilita la interconexión con otros componentes de la infraestructura de la Administración Electrónica.
• Es totalmente multiusuario con una gestión de permisos y roles.
• Es transparente para el usuario.

En la Unión Europea (UE), tanto los ciudadanos como las empresas mantienen una fluida relación con las AA PP, tal y como pone de manifiesto el boletín “España y las TIC en la Unión Europea” realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2012, en el que se destaca que España se encuentra por encima de la media de la UE en cuanto al porcentaje de usuarios que interactuaron por Internet con las AA PP en 2011. Concretamente, el 54% de los españoles declaró haber obtenido información de las páginas web de la Administración frente al 48% de la UE; y el 36% de los españoles afirmó haber descargado formularios oficiales frente al 34% de los europeos.

Como cabe esperar, esta forma de relacionarse con la Administración continua creciendo progresivamente a medida que las AA PP incorporan innovadores sistemas de gestión documental que posibilitan nuevas maneras de administración y acceso a la información. De hecho, tal y como se destacó en el post “La situación de la factura electrónica en el año 2013” el objetivo de la Comisión es conseguir en Europa un predominio de la facturación electrónica para el 2020.

Desafíos de la implantación de un sistema de gestión documental

Uno de los retos a los que se enfrentan las AA PP a la hora de incorporar las TIC a su estructura no depende únicamente de las propias herramientas tecnológicas, sino que en el sector público la implantación debe ser tenida en cuenta desde un punto de vista integral: político, administrativo y cultural.

La burocracia está sobrecargada y no puede ser gestionada únicamente con las herramientas tradicionales. Un aspecto que hay que tener en cuenta, es que la implantación de un sistema de gestión documental supone un desarrollo simultáneo de nuevas formas de organización del trabajo y de la gestión. Es decir, es conveniente evitar la mecanización de las tareas administrativas sin realizar un exhaustivo análisis previo del flujo de la información en cada uno de los procesos. Si no se realizara este concienzudo estudio antes de la implantación de un sistema de gestión documental, lo más probable es que se potenciaran las características negativas de la Administración en la nueva estructura, por lo que se generaría un proceso de modernización superficial, que solo sustituiría procesos manuales por los automáticos.

Así, algunos de los aspectos a considerar antes de implantar un sistema de gestión documental en la Administración son los siguientes:

• Modificación de la estructura organizativa.
• Diseño de los procesos que afectarán a los nuevos instrumentos.
• Racionalización y simplificación de las tareas administrativas.
• Revisión de los circuitos de información y de decisión.
• Capacitación e involucramiento del personal.

En resumen, la incorporación de las TIC requiere una planificación integrada, porque de lo contrario no produce más que puntuales mejoras e, incluso, puede desarticular procesos “manuales” eficientes. En este escenario, se deben aprovechar las ventajas del flujo de información digital para reducir gastos, así como mejorar los procesos y la calidad de los servicios. De esta manera, se posibilita la interacción electrónica con los ciudadanos, proveedores y funcionarios, para hacer más transparentes los procesos. De hecho, la transparencia en las AA PP es posible si los ciudadanos tienen garantizado el acceso a los documentos.

La melancolía y la caída de la población

España se despuebla. Después de décadas de crecimiento continuo, perdemos población, algo que no ocurría desde que se disponen de estadísticas demográficas. Y este descenso es abrupto y cuantioso; en tan solo dos años, desde 2013 a 2014, la población ha descendido en más de 1.300.000 personas sin que ese flujo inverso parezca haberse detenido todavía. Desde los 46,8 millones estimados por el INE en 2012 se ha bajado hasta los 46,5 millones de 2014, una auténtica sangría sin precedentes que tendrá importantes repercusiones en nuestro futuro social y económico.

Pero vayamos por partes. ¿Cómo ha sido posible esta intensa disminución poblacional? Tres son las razones básicas que lo justifican. Por una parte, el retorno masivo de inmigrantes que llegaron a una España por aquel entonces próspera y que, tras la crisis, ya no puede ofrecerles el empleo que buscaban. En segundo lugar, por el incremento de los españoles que emigran en busca de posibilidades laborales que no encuentran en nuestro suelo y, en tercer lugar, por una caída de la natalidad. El cóctel está servido: menos inmigrantes, españoles que emigran y menos nacimientos se combinan con un efecto fatal. No es difícil adivinar las consecuencias: envejecimiento de la población, menor capacidad de consumo, menos demanda de vivienda, menos talento, algo más de vacío.

Entramos en el conocido círculo vicioso poblacional en el que la caída del número de habitantes es a su vez efecto y causa de la crisis. La pésima situación económica que hemos atravesado ha tenido como consecuencia la salida de cientos de miles de personas, que, al marcharse, ceban a su vez la crisis debido a la disminución del consumo que representan.  Paradójicamente, sin embargo, a corto plazo, pueden mejorar las estadísticas de empleo, ya que muchos de los que salen dejarán de figurar en los registros de demandantes de empleo, al tiempo que disminuye la población activa con respecto a la cual se estima el desempleo de la EPA, aunque esta mejora es aparente y estadística.

Las personas que salen son jóvenes, lo que agudiza el problema de nuestro envejecimiento estructural con sus sabidas consecuencias. Aunque el problema del despoblamiento ya era conocido en algunas regiones españolas, como Aragón o Castilla y León, no lo era en el conjunto de España. No se le esperaba y no estamos preparados para abordarlo. Es cierto que la población española está a niveles de 2010 y que por tanto no podemos hablar de una situación catastrófica pero no es menos cierto que la tendencia que aún perdura es de una gravedad sin paliativos. De mantenerse unos años más la disminución de población, las alarmas saltarían con estruendo cuando ya quizás fuera tarde para reaccionar. Resulta sorprendente el escaso debate que la noticia del INE ha generado en nuestra sociedad cuando se trata, sin duda alguna, de los hechos más relevantes que condicionarán nuestro futuro.

¿Tiene salida esta situación? Sin duda alguna sí, y pasa inequívocamente por la recuperación de la actividad económica y del empleo. Sólo así lograríamos invertir el saldo migratorio y las tasas de natalidad. Si no lo conseguimos, sólo nos quedará la triste melancolía de los pueblos envejecidos que añoran lo que pudieron haber sido pero que jamás consiguieron ser. Luchemos con todas nuestras energías para que esa melancolía jamás llegue a apoderarse de nosotros.

Manuel Pimentel

¡Vuelve la obra pública!

Poco a poco las aguas vuelven a su cauce, y aunque son muchas las voces que reclaman que no se vuelva al dispendio de dinero público, la licitación de obra pública vuelve a crecer. En concreto, en los cinco primeros meses del año las administraciones han multiplicado casi por dos –un 93%- los concursos de obra civil.

Son datos de SEOPAN, la patronal de grandes constructoras, que calcula que el volumen de inversión puesto en concurso ronda los 6.000 millones de euros. Muy lejos, de todos modos, de los 12.200 millones del año 2006, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria.

El ministerio de Fomento el que más ha multiplicado su actividad. En concreto un 217% hasta los 3.000 millones, aunque en la parte baja está el de Agricultura, donde ha caído un 30%. Si miramos por administraciones, la Administración General aumenta un 140%, la Local un 74% y las Autonomías un 21%.

¿Qué tipo de obras son las más licitadas? La civil suma 3.596 millones, la edificación 840 millones. Dentro de la primera los transportes se llevan la palma, seguido de las obras hidráulidas, la urbanización y el medio ambiente.

Andalucía es la Comunidad que concentra el mayor importe de las licitaciones, con algo más de 1.000 millones, seguida de Cataluña y Extremadura. Por su parte, LA Rioja, Castilla y León, Castilla La Mancha y Cantabria registran descensos.

Jerga ininteligible, no inocente

A buen seguro que muchos de los lectores han recibido por mensaje telefónico el anuncio del Ministerio de Defensa –realmente una rectificación- en el que, con lenguaje propio no sé si de Cantinflas o de los Hermanos Marx, se inserta en el BOE del pasado 18 de junio, el ladrillo siguiente:

“Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del “Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública la modificación del anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hacen públicas las modificaciones de dos anuncios relativos a una misma licitación: El anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca la licitación del acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa y el anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace pública una modificación del anuncio de la Junta por el que se convoca la licitación para el acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa”.

El galimatías administrativo es monumental. Pero lo peor no es la redacción, sino lo que, una vez más, encubre u oculta con tinta de calamar: un conjunto de modificaciones que no son meras rectificaciones de errores materiales o aritméticos; praxis odiosa sobre la que ya he escrito aquí en numerosas ocasiones. Concretamente, la parte dispositiva del “anuncio” –buen encasillamiento para pasar desapercibido- dice:

“La Junta de Contratación del Ministerio de Defensa ha resuelto efectuar las siguientes modificaciones en el anuncio de modificación del anuncio de licitación de este expediente, publicado en el BOE n.º 19, de fecha 22 de enero de 2014.

1. En el punto A), donde dice “27/1/2014, a las 12:00 h.”, debe decir “9/7/2014, a las 12:00 h.”.

2. En el punto B), donde dice “6/2/2014, a las 12:00 h.”, debe decir “21/7/2014, a las 12:00 h.”.

3. En el punto C), donde dice “26/2/2014, a las 10:00 h.”, debe decir “4/8/2004, a las 10:00h.”.

En definitiva, los datos modificados son:

a) Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el 21 de julio de 2014, a las 12:00 h.

b) Se cambia la fecha del acto público de apertura de ofertas económicas. Apertura de sobre n.º 2, al día 4 de agosto de 2014, a las 10:00 h.

Se recuerda que el lugar del acto público será la Subdirección General de Contratación del Ministerio de Defensa, C/ Arcipreste de Hita, n.º 5, 1.ª planta, Madrid, 28015.

c) Se amplía el plazo de obtención de pliegos, y para efectuar preguntas sobre la licitación, hasta el 9 de julio de 2014, a las 12:00 h”.

Si se observa, a mediados de junio se prorrogan plazos vencidos en enero o febrero, supuestamente para propiciar la presentación de (más) ofertas. No parece muy ortodoxo. Y más que lo que realmente es una alteración de un acto de trámite con tintes cualificados, como es la apertura de plicas de contratos del sector público para ampliar que empresas ausentes se hagan presentes en detrimento, si los había, de quienes ya habían concurrido en tiempo y forma, se haga por la puerta de atrás de un “anuncio de modificación” digno de ser escrutado por la Real Academia Española.

Recordemos, una vez más, lo que dice el Tribunal Supremo de forma constante: No puede la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría un «fraus legis» constitutivo de desviación de poder.

Habría, en puridad jurídica, que distinguir entre lo que es un anuncio de licitación de un contrato que, lógicamente, su lugar de inserción es la sección de Anuncios del diario oficial de turno y lo que es modificar –sí- las reglas temporales de juego de los potenciales oferentes, que no debiera llevarse, por larga que sea la praxis al respecto, a lugar tan poco vistoso y visible del boletín.

Es curioso que al lenguaje militar siempre se le atribuyó el carácter de lacónico: breve, conciso, eficiente. El Ministerio de Defensa, a través de este anuncio de contra-anuncio parece mofarse de esa identificación tradicional, tan digna de elogio.

 Leopoldo Tolivar Alas