lunes, 30 de noviembre de 2009

La subida salarial de los funcionarios costara 50 millones de euros


El Acuerdo de la Función Pública rubricado hoy por el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, que establece una subida salarial del 0,3% para 2010, costará 50 millones de euros al erario público.
Según confirmó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el coste de este acuerdo se aproximará a la citada cantidad.
Pero De la Vega quiso dejar claro que este acuerdo marco recoge 50 medidas de "importante calado" con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia de la Administración y mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos a través de una cláusula de revisión salarial hasta el año 2012.

"Es una reforma al servicio de los ciudadanos que tienen derecho a que se les faciliten unos servicios eficaces y de calidad", subrayó la vicepresidenta primera.
En su opinión, el acuerdo "supone una importante contribución al diálogo social. Vamos a convertir a la Administración General del Estado en un motor importante que va a contribuir a la salida de la crisis".
La vicepresidenta confirmó que el Gobierno aportará al fondo de pensiones un 0,3% de la masa salarial, al tiempo que explicó que la tasa de reposición será del 15% de las bajas, lo que supone reducirla a la mitad.

En cualquier caso, el Gobierno afirma que quedan excluidos de esta situación los servicios públicos básicos, como la seguridad, la educación, la sanidad o instituciones penitenciarias, entre otros.
Por su parte, los representantes de UGT, CCOO y CSI-CSIF, Julio Lacuerda, Enrique Fossoul y Domingo Fernández, respectivamente, coincidieron en destacar que el acuerdo será positivo para los empleados públicos porque, por primera vez, tienen cláusula de revisión salarial que les equipara en prestaciones al resto de empleados.

De la Vega dijo que "hemos alcanzado un gran acuerdo para llevar a cabo un proceso de racionalización de la función pública. Queremos que la función pública aproveche al máximo sus recursos y el potencial de sus trabajadores".

Por ello, confirmó que el Gobierno iniciará la tramitación, "antes de que finalice 2010" de una ley sobre la función pública.
El Acuerdo de la Función Pública rubricado hoy por el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, que establece una subida salarial del 0,3% para 2010, costará 50 millones de euros al erario público.
Según confirmó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el coste de este acuerdo se aproximará a la citada cantidad.

Pero De la Vega quiso dejar claro que este acuerdo marco recoge 50 medidas de "importante calado" con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia de la Administración y mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos a través de una cláusula de revisión salarial hasta el año 2012.
"Es una reforma al servicio de los ciudadanos que tienen derecho a que se les faciliten unos servicios eficaces y de calidad", subrayó la vicepresidenta primera.

IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN

En su opinión, el acuerdo "supone una importante contribución al diálogo social. Vamos a convertir a la Administración General del Estado en un motor importante que va a contribuir a la salida de la crisis".
La vicepresidenta confirmó que el Gobierno aportará al fondo de pensiones un 0,3% de la masa salarial, al tiempo que explicó que la tasa de reposición será del 15% de las bajas, lo que supone reducirla a la mitad.

En cualquier caso, el Gobierno afirma que quedan excluídos de esta situación los servicios públicos básicos, como la seguridad, la educación, la sanidad o instituciones penitenciarias, entre otros.
Por su parte, los representantes de UGT, CCOO y CSI-CSIF, Julio Lacuerda, Enrique Fossoul y Domingo Fernández, respectivamente, coincidieron en destacar que el acuerdo será positivo para los empleados públicos porque, por primera vez, tienen cláusula de revisión salarial que les equipara en prestaciones al resto de empleados.
De la Vega dijo que "hemos alcanzado un gran acuerdo para llevar a cabo un proceso de racionalización de la función pública. Queremos que la función pública aproveche al máximo sus recursos y el potencial de sus trabajadores".

Por ello, confirmó que el Gobierno iniciará la tramitación, "antes de que finalice 2010", de una ley sobre la función pública.

domingo, 29 de noviembre de 2009

Comunicado de las secciones sindicales de este Ayuntamiento


Sección Sindical CSI-CSIF. Sección Sindical UGT-FSP.-


Alhaurín de la Torre: Por la estabilidad laboral en el Ayuntamiento y la no utilización de los puestos de trabajo como arma política
Todos los sindicatos unidos por lo que consideramos el mayor ataque sufrido a un proceso de estabilidad laboral en el Ayuntamiento.
Todos los órganos de representación de los trabajadores del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Junta de Personal, Comité de Empresa y las secciones sindicales CSI-CSIF y FSP-UGT, nos hemos unido ante lo que consideramos un grave ataque a un proceso de estabilidad laboral tan demandado durante años por las representaciones sindicales que firmamos este comunicado.

Resulta lamentable el uso partidista que el Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU-CA) hace de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, utilizándolos continuamente como arma política arrojadiza contra el gobierno municipal, con la intención de crear confusión a los ciudadanos y favoreciendo el descrédito público de los empleados municipales. No entendemos cómo un grupo político, lejos de promover iniciativas y apoyar políticas de estabilización y erradicación de la precariedad laboral, puede promover, de forma “dudosamente provechosa” y malintencionada, acciones y estrategias que atentan contra un largo proceso de regularización laboral, máxime cuando las representaciones sindicales, siempre unidos en estas reivindicaciones, han defendido y exigido la máxima publicidad, transparencia y legalidad en las bases y en su proceso de selección, cosa que se está poniendo en duda intencionadamente por este grupo municipal y por un particular con igual interés político.

A este respecto, nos reiteramos en la información que en su día ya se realizó de que las bases de todas las pruebas de selección de personal fueron elaboradas con arreglo a la ley, cumpliendo en todos los procesos de selección los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y que en ellas han participado evaluadores externos representantes de la Junta de Andalucía, Administración ésta con gobierno de distinto signo político, dicho sea de paso.

Desde los sindicatos, unidos ahora más que nunca en esta situación, no nos cansaremos de hacer pública cualquier “estrategia”, discurso o actuación política que tenga como protagonista y como únicos perjudicados al colectivo de trabajadores de este Ayuntamiento. Los empleados están sufriendo el temor y la inseguridad que supone un largo proceso judicial, por algo que no tienen ninguna culpa, pero que les hace vivir con el pensamiento y el temor de la posibilidad de perder sus puestos de trabajo en una época nada fácil de crisis laboral y económica.

Es por ello que queremos transmitirles a estos trabajadores tranquilidad y, al mismo tiempo, fuerza en la lucha por lo que creemos que es justicia y, además, reconocerles y agradecerles la entereza y la confianza que están demostrando en las organizaciones que los representa.

Pedimos justicia por la malintencionada utilización del proceso de estabilización laboral que ha habido en este Ayuntamiento, que ha intentado poner en duda la capacidad de los trabajadores que han conseguido un puesto de trabajo.
Pedimos justicia por la presión política que sufren los trabajadores municipales.
Pedimos justicia por la estabilización de los puestos de trabajo.

Junta de Personal
Comité de Empresa
Sección Sindical CSI-CSIF
Sección Sindical UGT-FSP

jueves, 26 de noviembre de 2009

La carga mental en el trabajo





Inma López, diputada y doctora: "cada vez hay más carga mental en el trabajo"







"Los trabajadores tienen una mayor demanda mental por tener que atender cada vez a más cosas y están obligados a dar más respuestas con menos tiempo y con mayores cargas de responsabilidad", lo cual redunda en su rendimiento y en su salud, afirma López en una entrevista. López defendió el pasado martes ante un tribunal académico de la Universidad Complutense su tesis: "Generalización al ámbito laboral de dos instrumentos de medida subjetiva de la carga mental", que elaboró durante dos años "con muchas noches de insomnio", dice.



"Siempre tuve claro que quería hacer un curso de doctorado" en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales y se animó a abordar la carga mental "por lo novedoso del tema" y porque es un apartado "muy poco explorado" en España, a pesar de que figura en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



López tiene claro que el rendimiento de los trabajadores mejora "si son más felices y están más valorados" y, si se da esa premisa, "se van a identificar con la empresa"; si fuera directora de Recursos Humanos de una compañía, "buscaría ese objetivo", asegura.



Sus investigaciones, pioneras en España, se centran en métodos para "modificar la carga mental y mejorar tanto la salud en el trabajo, como la sensación de bienestar del trabajador y su rendimiento".



"Si sabemos la carga mental que provoca las funciones y trabajo que realiza un trabajador, podemos identificar las mayores fuentes de carga y tratar de modificarlas para que el trabajador se sienta más a gusto", afirma.



Para apoyar su tesis, López aplicó un instrumento de evaluación utilizado por la Agencia Espacial Estadounidense, llamado NASA-TLX, para analizar la carga mental en los controladores aéreos de EE.UU.,y comprobar si ese instrumento era fiable para medir entornos laborales en una muestra de trabajadores en Castilla-La Mancha.


Una vez demostrado que era así, dio un paso más: intervenir en el diseño de puestos de trabajo y en la organización para reducir esos niveles de carga y mejorar el rendimiento, la satisfacción y la seguridad y salud laboral.



"No se trata de un rendimiento que busque únicamente un beneficio en términos económicos, se trata de que el trabajador esté a gusto en su puesto de trabajo, que pueda desarrollar todas sus capacidades y competencias y que el trabajo sea una fuente de satisfacción, y no fuente de frustración, estrés y enfermedad", afirma.



López recalca que realizó para su tesis una muestra científica, pero limitada, que analizó la carga mental en estudiantes, policías locales, militares, políticos, periodistas y funcionarios.



Entre sus conclusiones provisionales descubrió que a los policías locales les afectan las ordenanzas, a los militares el escaso reconocimiento interno, a los periodistas, según el medio, el trato con los gabinetes de comunicación y las horas de cierre, y a los funcionarios los escritos oficiales.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Ampliacion del permiso de paternidad


El Senado aprueba ampliar el permiso de paternidad a cuatro semanas desde enero de 2011.





Además de las cuatro semanas de suspensión del contrato, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de este permiso en régimen de jornada completa o a tiempo parcial y en el momento en que decida en relación al permiso de maternidad.

El pleno de la Cámara Alta ha aprobado por unanimidad la proposición de Ley de ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas ininterrumpidas en los casos de nacimiento, adopción o acogida. Con el apoyo de 247 senadores presentes en la sesión, se ha dado así el visto bueno al texto del Congreso de los Diputados, quienes ahora deberán votar la nueva ley antes de su entrada en vigor el 11 de enero de 2011.


Además de las cuatro semanas de suspensión del contrato, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de este permiso en régimen de jornada completa o a tiempo parcial y en el momento en que decida en relación al permiso de maternidad.


Este nuevo permiso también podrá ser disfrutado por los funcionarios dado que la proposición de ley prevé la modificación de Medidas para la Reforma de la Función Pública. En el debate de las enmiendas, los senadores coincidieron en señalar que este tipo de medida que involucra a los padres en el cuidado de los hijos tiene importantes efectos en los niveles de conciliación y la igualdad, informa EFE.


La portavoz del PSOE en la comisión de Igualdad, Patricia Hernández, ha subrayado este miércoles 23 de septiembre que se trata de una forma de incentivar la mayor implicación de los hombres en las responsabilidades y tareas del hogar, y en el cuidado de los hijos. "También se trata de apoyar a los empresarios para que no conformen sus cuadros directivos sólo con hombres y envíen a las mujeres a los escalafones más bajos", ha dicho.

martes, 24 de noviembre de 2009

¡Cosas de la ciencia!

Artículo publicado en www.tendencias21.net


Los ejecutivos intimidan para esconder sus incapacidades
Sentir que no son suficientemente buenos para el puesto que ocupan los lleva a desquitarse con los subordinados.

Un nuevo estudio explica algunas de las razones del persistente problema de los jefes agresivos e intimidadores en las compañías estadounidenses. De acuerdo con los psicólogos que realizaron la investigación, los directivos que se sienten inseguros de sus capacidades para cumplir con las funciones de su cargo se desquitan con sus subordinados, intimidándolos y atacándolos. Más de un tercio de los trabajadores de este país señalaron que sus jefes los han saboteado, menospreciado y les han gritado, y casi la mitad han sido testigos de abuso verbal y físico en el trabajo. Por Catalina Franco R.

La intimidación en el trabajo es un problema de grandes proporciones en las empresas estadounidenses, y en las de muchos otros países, que tiene consecuencias de distintos tipos tanto para quienes abusan de su poder, como para los empleados víctimas de los abusos, para la productividad de las compañías y para la sociedad en general.

Se trata de una cultura que se va creando en la que hay una permisividad implícita para que quienes tienen más poder puedan reaccionar sin medir la fuerza ni el impacto que pueden tener sus acciones, y descarguen sus problemas en quienes, pasivamente, se ven obligados a recibir los golpes.

Sicólogos de la Universidad de Berkeley y de la Universidad de Southern California realizaron un estudio llamado “When the Boss Feels Inadequate: Power, Incompetence and Aggression” (Cuando el jefe se siente insuficiente: Poder, incompetencia y agresión) para descubrir las razones que mueven a los directivos a atacar a sus subordinados.

Los resultados, publicados en Psychological Science, afirman que los directivos que se sienten inseguros de su capacidad para llevar a cabo las tareas de su respectivo rol tienen más probabilidades de intimidar a sus subordinados, ya que sus sentimientos de insuficiencia los llevan a atacar a esos que están a su alrededor.


Intimidación laboral

De acuerdo con el estudio, el lazo directo que hay entre la auto percepción de incapacidad para desempeñar su cargo por parte de los directivos y la agresión dirigida a los demás, puede ser parte de la explicación de que más de un tercio de los trabajadores estadounidenses reporten que sus jefes los han saboteado, menospreciado y les han gritado, y que casi la mitad aseguren haber sido testigos de abuso verbal y físico en el trabajo.

Como lo explica Nathanael Fast, profesor asistente de administración y organización en la Universidad de Southern California y líder del estudio, en Management Issues, “mostrando cuándo y por qué el poder lleva a la agresión, estos resultados son altamente relevantes teniendo en cuenta que la supervisión abusiva es un problema tan omnipresente en la sociedad”.

Los resultados de la investigación cuestionan la creencia que se ha tenido hasta ahora de que los jefes abusivos se mueven solo por su ambición y por su necesidad de aferrarse al poder, y demuestran que las inseguridades de quienes tienen este poder pueden llevarlos a desquitarse castigando a otros que dependen de ellos.

Por ejemplo, en una de las pruebas realizadas, los participantes que sintieron sus egos amenazados llegaron hasta el punto de sabotear innecesariamente las oportunidades de ganar dinero de sus subordinados. En otra prueba, los participantes que se sentían insuficientes pedían que cuando un subordinado diera una respuesta equivocada en un examen fuera notificado por medio de un pito fuerte y fastidioso.


Escondiendo las inseguridades

Una parte interesante de los resultados del estudio es que no se trata de la incompetencia objetiva de los directivos, sino de la percepción que ellos mismos tienen acerca de qué tan competentes son para desempeñar su labor. Es una especie de relación entre el concepto que tienen de ellos mismos y su comportamiento en el trabajo.

“La incompetencia sola no lleva a la agresión. Es la combinación de tener un rol de alto poder y temer que no se está a la altura para poder cumplir con la tarea la causante de que quienes tienen este poder arremetan contra los demás”, según Serena Chen, profesora asociada de sicología en la Universidad de Berkeley y coautora del estudio.

Pero aún más preocupante es el hecho de que esta actitud va más allá de seguir las razones planteadas y se ha convertido en algo cultural motivado y hasta remunerado en los sitios de trabajo norteamericanos que hacen un énfasis en los procesos de mercado, la individualidad y la importancia de los directivos sobre los demás trabajadores.

Yendo más allá, los investigadores concluyeron que estos comportamientos ya están demasiado arraigados a la cultura de trabajo norteamericana y son percibidos como algo normal, como lo demuestra esta cifra: solo uno de cada diez de los encuestados es consciente de que el comportamiento que experimentó es intimidación.

Es fundamental que se revisen estas actitudes dentro de las empresas, así como las raíces que puedan motivarlas constantemente, pues es a través de ellas que se están educando y formando las costumbres de comportamiento laboral de las nuevas generaciones.