Escalofrío de Terror

Cuando el BOE concretó el pasado lunes las medidas del famoso decreto-ley del ajuste, un escalofrío de terror recorrió todos los ayuntamientos de España. De un plumazo, con nocturnidad y alevosía, les dejaban sin posibilidad real de crédito. Los alcaldes llamaron de urgencia a sus delegados de Hacienda, éstos a sus interventores, los interventores hicieron consultas jurídicas. Ninguno, ni en su peor pesadilla, hubiera podido figurarse que les sería cortado el único hilo de liquidez del que disponían.  Los más ágiles se apresuraron a convocar plenos urgentes para aprovechar el único día que les dejaba la fulminante entrada en vigor del decreto. Una truculenta subsanación de errores aclaró que la prohibición de operaciones a largo no entraría en vigor hasta principios de 2011. Ese aplazamiento rebajó algo la tensión, aunque nos tememos que el alivio será fugaz y pasajero. Ya nada volverá a ser como antes. Hasta ahora los bancos habían prestado el dinero a los ayuntamientos. A partir de ahora se lo pensarán muy mucho antes de desembolsar créditos a entidades que saben que tendrán muchas dificultades para poder devolver lo que reciben. La sequía crediticia que asoló a empresas y familias, diezmará a partir de ahora las cuentas municipales. A pesar de la rectificación, el gobierno ya ha apuntado al corazón de la bestia, la deuda municipal. Por ese agujero negro puede descoserse el débil tejido económico de gran parte de nuestras instituciones. De facto o de iure, los bancos dosificarán con cuentagotas su riesgo municipal. El desplome ha comenzado. Desgraciadamente – y en eso el gobierno tiene razón – los municipios habían empezado una loca carrera de endeudamiento para tapar los muchos agujeros de su angustiosa situación. No tenían otra alternativa real de financiación, una vez agotada la mina de oro del urbanismo desatado. Pedían y pedían para las nóminas, para las contratas, para los proveedores, pera los consumos básicos. La deuda creció con tal rapidez que pronto alcanzaría los 50.000 millones de euros, la friolera del 5% del PIB. Los munícipes, como antes ocurriera con las autonomías, el Estado, las familias y las empresas, le habían perdido el miedo a la deuda. “Haced lo que debáis, aunque debáis lo que hacéis” repetía con imprudencia el presidente de la FEMP. Para cuadrar el presupuesto se inflaban ingresos y se pedían préstamos. Nadie, hasta la fecha, acometió de verdad recortes severos. Nos endeudábamos pensando ingenua o irresponsablemente, que alguien vendría a rescatarnos del pozo en el que nos metíamos. Pero no. Esta vez no será así. En esta ocasión, el Estado ni está ni se le espera. Bastante problemas tiene para cuadrar sus cuentas, como para pensar ahora en salvar la de los municipios, que se ven abandonados ante su desoladora realidad. Muchos son los que están al límite de sus posibilidades, cuando no directamente en una situación e suspensión de pagos real. ¿Qué pasará ahora que se acaban los préstamos redentores? Pues que nadie lo dude. No tendrán dinero. No podrán pagar ni obras, ni proveedores y, en muchos casos nos tememos que tampoco las nóminas. Se generará una grave conmoción social y económica que derivará en una honda crispación.
Sin duda alguna, los municipios tienen sus propios pecados que purgar. Ahora bien, ¿no podía el gobierno haber consultado o negociado una medidas tan traumáticas y determinantes? ¿No se podía haber acompasado con un plan de reducción de gastos? Los próximos meses serán muy convulsos. Todos los partidos políticos son responsables en igual grado de la deuda municipal. ¿Qué harán para lograr domar al monstruo que han cebado?

Manuel Pimentel

De la Autenticidad de las Normas: la rectificación de errores del RDL 8/2010

Gran revuelo se ha armado con la medida introducida por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE de 24 de mayo), en relación a las Entidades Locales. Me refiero no ya al recorte de retribuciones de los empleados públicos, sino a la prohibición de acceder al crédito a largo plazo hasta el 31 de diciembre de 2.011. Los medios se han hecho pronto eco de la norma: las Entidades Locales no podrán endeudarse hasta 2.012; el Gobierno corta el grifo a los municipios para atajar el déficit, etc. Pero, ¿cuál es realmente el dies a quo?

Muy resumidamente. El artículo 14 RDL 8/2010 declara como recursos afectados los derivados de la aplicación de las medidas de reducción de costes de personal en los ejercicios 2010 y 2011, que se destinarán, con el orden de preferencia en el que están relacionados, a las siguientes finalidades:a) A sanear el remanente de tesorería derivado de la última liquidación, cuando éste fuera negativo.

b) A disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo.
c) A la financiación de inversiones.
d) Cuando no resulten de aplicación los apartados a) o b), los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones, se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades establecidas en los apartados a), b) y c), con el mismo orden de prelación, hasta su aplicación total.

El apartado 2º del precepto señala, de forma inesperada, que a partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos. Añade el apartado 3º que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

Ahora bien, eso era así el día 24 de mayo (día de la publicación en el BOE): aquella medida surte efectos desde la entrada en vigor de la norma (al día siguiente de su publicación, o sea, 25 de mayo) hasta el 31 de diciembre de 2.011. Pero el día 25 de mayo ya no es así. La razón la encontramos en la rectificación de errores que publica el BOE el 25 de mayo en relación al RDL 8/2010: «En la página 45121, artículo 14. Dos, donde dice: «A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011…», debe decir: «A partir del 1 de enero de 2011 y hasta 31 de diciembre de 2011…».

Toda esta sucesión de acontecimientos me trae al recuerdo el artículo del imprescindible profesor Alejandro Nieto “La autenticidad de las normas escritas” (REDA, 1978), de obligada lectura, y que parafrasea el título de este modesto comentario…
Retornando al 2.010, tenemos que la prohibición ya no es efectiva desde el día 25 de mayo de 2.010, sino desde el 1 de enero de 2.011. Todo fue un error, nos dicen. Como el del agente que a principios de este mes ordenó vender un billón de títulos, con 'b', en lugar de un millón, con 'm', al equivocarse de tecla en su ordenador, y que desató el pánico en los mercados bursátiles. O así nos lo han contado. No obstante, hay que recalcar que aquí nos encontramos ante normas jurídicas, ante acuerdos que se adoptan conforme a reglas jurídicas: lo que es (debiera ser) el funcionamiento de un Estado de Derecho, en resumidas cuentas. Para comenzar, según el artículo 18.4º de la Ley del Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre, “De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados”. Así pues, en el acta de la sesión del Consejo de Ministros que nos ocupa suponemos que se recogerían los acuerdos adoptados, entre ellos la aprobación del RDL 8/2010. Y si se delibera y aprueba es que lógicamente se conoce el contenido sustantivo de lo que se aprueba. En el caso de órganos colegiados de la Administración Local la cuestión está bastante clara: cuando se eleva un acuerdo para su aprobación por el órgano colegiado que corresponda (si es una disposición general como una Ordenanza, el Pleno), el expediente debe estar formado y completo (dictaminado incluso), incorporando como no puede ser de otro modo el texto de la disposición que se aprueba. Además, menuda extraordinaria y urgente necesidad (artículo 86.1º CE), presupuesto que habilita a los Reales Decretos-Leyes, de una medida que no es efectiva sino a partir de 1 de enero de 2.011… Todo ello es un ejemplo muy edificante para las Administraciones “inferiores” (autonómicas y locales), para sus dirigentes y sus empleados.
Por otro lado, conocemos lo limitado jurídicamente del concepto de rectificación material o corrección de errores, o como se conoce tradicionalmente fe de erratas. Se trata de corregir errores materiales y evidentes, apreciables a simple vista, sin necesidad de esfuerzo interpretativo o de calificación alguno, y sin que se altere el sentido de lo que se retoca. ¿Es una rectificación simple y material cambiar donde dice “a partir de la entrada en vigor” por “a partir del 1 de enero de 2011”? Resulta evidente que no. El sentido de la norma se altera de modo nítido, y precisamente por el lado por donde han venido las presiones del “24 de mayo”. La maniobra es, sencillamente, burda y chapucera. Se podría haber salvado el problema correctamente, en todo caso, mediante la modificación de aquella norma, si es que al final se estima inadecuada, cuando se tramitara como Proyecto de Ley por el Congreso.
Pero toda esta sucesión de despropósitos, de una perversión de las normas, de los conceptos y del lenguaje, no es sino una pequeña muestra, aunque quizás de las más visibles, de la degradación del sistema, que no es sólo económica, sino que es una crisis mucho más amplia (educativa, social, política, jurídica, etc.), una crisis global. Una crisis que lleva presente muchísimos años entre nosotros, pero que tras el derrumbe económico muestra ahora sus vergüenzas de forma impúdica.
Nos resta por esperar ahora con impaciencia cuál sea la sorpresa que mañana nos aguarda, ya sea tras las páginas del BOE, del último acuerdo adoptado en un Ayuntamiento, o de una decisión autonómica, tanto da.

Rodrigo Ortega Montoro

La Sociedad transparente

Durante los últimas días se suceden las noticias relacionadas con el  uso indebido que algunas empresas de Internet han llevado a cabo con los datos de sus usuarios.

En EEUU a la Federal Communication Commision (FCC) agencia encargada de regular todos los servicios vinculados a las transmisiones y comunicaciones se le acumula el trabajo.  Las influyentes y activas asociaciones civiles estadounidenses como  la Electronic Privacy Information presionan a la FCC para que investigue las posibles vulneraciones por el uso indebido de datos privados de los usuarios que las empresas de internet como Google, Myspace o Facebook están realizando. 

Tanto a Facebook como a MySpace se les acusa de haber enviado a agencias de publicidad datos de algunos de sus usuarios sin su consentimiento, con el objetivo de crear perfiles comerciales. No es la primera vez que Facebook, en su necesidad por encontrar un modelo de negocio que le permita rentabilizar la información de sus más de 400 millones de usuarios, tiene problemas por el uso que hace con los datos de que dispone. Ya le ocurrió hace apenas dos años con su sistema de publicidad Beacon que finalmente tuvo que cerrar. Por su parte también a Google se le acumulan los casos relacionados con  la recogida de datos para su servicio Street View y que tras los problemas surgidos hace unos meses con el lanzamiento de Buzz, han vuelto a encender las alertas sobre la gestión de la información privada que realiza la empresa que nació bajo el lema "dont be evil". 

La crisis económica ha intensificado el modelo de publicidad "low cost" en la Red, muy intrusivo y poco selectivo, que aporta poco valor al usuario y por tanto al anunciante. En el actual modelo de Internet las empresas se ven obligadas a buscar fórmulas para que la publicidad sea más efectiva y diferencial. Para ello es necesario una mayor segmentación a  partir de un mejor conocimiento del usuario. En este contexto,  los datos sobre  los  usuarios se ha convertido en el "oro negro" de los nuevos modelos de negocio. El problema surge cuando los usuarios no son conscientes del uso que se hace de sus datos. ¿A quién pertenecen nuestros datos y qué usos se pueden hacer de ellos?. No siempre somos conscientes de que toda nuestra actividad deja huella en la Red y que todos los datos por insignificantes que nos puedan parecer aportan gran información sobre nuestros hábitos.

En un reciente artículo titulado Metricmanía el NYT ponía de manifiesto, además del innegable potencial de los datos, la obsesión que se ha apoderado de las empresas por intentar medirlo todo. Como se ha comentado aquí con anterioridad algunos periodistas a veces parecen más interesadas en "medir" que en "contar", por ello, y tomando una cita del articulo del NYT atribuida a Albert Einstein, es más necesario que nunca recordar que "No todo lo que puede contarse cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado".

Pepe Cerezo

Porcentaje de descuentos a trabajadores públicos

La bajada de sueldo a los trabajadores públicos oscilará entre el 0,56% y el 7%, además cinco de los ocho millones de pensiones no subirán el próximo año, según anunció ayer De la Vega.

De la Vega ha detallado la furtura reducción del sueldo de los funcionarios públicos que dependen de la Administración General del Estado, que oscilará entre un 0,56% y un 7%, en función de sus ingresos. Esta relación es la siguiente:

• 
  
  Grupo E-2 recorte del 056%
• 
  
  Grupo C-2 recorte del 2,7%
• 
  
  Grupo C-1 recorte del 4,5%
• 
  
  Grupo A-2 recorte del 5,75%
• 
  
  Grupo A-1 recorte del 7%.

El personal laboral también sufrirá un recorte del 5% de media de su salario, a excepción de los que reciban menos de 949 euros brutos al mes.

Afectará también en un 15% a los miembros del Gobierno, en un 8% a los directores generales y entre un 7% y un 10% a los altos cargos de Administración General del Estado.

MANIFIESTO DE APOYO A LA HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO DEL DIA 8 DE JUNIO

La propuesta del gobierno de reducir los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el empeoramiento en la aplicación de la ley de dependencia, rebaja en las políticas sociales y en las inversiones públicas, nos lleva a un conflicto social.

Este conflicto social nos lleva a dar una respuesta inmediata y contundente, teniendo en cuenta que estas medidas son las primeras de una batería de otras anunciadas que pueden agravar la situación.

La propuesta del gobierno no es una salida para la crisis, no se hace recaer los esfuerzos en quienes la originaron y pretenden que los trabajadores y trabajadoras que no la hemos provocado seamos los que paguemos los platos rotos.
El gobierno rompe unilateralmente el dialogo social en el sector público, el Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba hace 7 meses medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis, de hecho, la situación de la economía y de las finanzas actual no difiere sustancialmente de la conocida en el momento de la firma del Acuerdo y, por tanto, nada posterior justifica su incumplimiento.

A las medidas anunciadas se unen otras que ya venían cuestionando el Acuerdo, como las referidas al empleo público, a la paralización de la negociación de otros temas sustanciales como la jubilación parcial o la Ley de Función Pública AGE, etc.

La Negociación Colectiva es un derecho fundamental que está en la Constitución Española, con estas medidas una vez más el Gobierno quiebra este derecho constitucional. Poniendo en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de las empleadas y empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del EBEP.
La reducción de salarios no solo afecta al personal funcionario, sino a todas las empleadas y empleados públicos. Queremos manifestar públicamente nuestro rechazo a la campaña de descrédito sobre lo público y sobre el personal funcionario, vertida por los medios de comunicación.
La inmensa mayoría de este personal, se puede considerar mil eurista, ya que más del 60% no superan los 1.500€ en bruto.
Queremos denunciar que cuestionando el sector público, se está abriendo la puerta a la externalización y la privatización, suponiendo de facto una renuncia expresa al papel que, en nuestra opinión, deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en un cambio de modelo productivo. Contamos con servicios públicos que son los más eficientes de toda Europa.
Esta convocatoria refleja claramente la importancia de la unidad de acción entre las fuerzas sindicales en el sector público, lo que sin duda es un valor añadido a nuestras reivindicaciones.
El gobierno renuncia a actuar sobre los ingresos y solo pretende hacerlo sobre los gastos, en este sentido conviene recordar las políticas fiscales, que ha mermado los ingresos del estado en unas cuantías muy superiores al recorte de gastos que ahora se anuncia.
En otros países de nuestro entorno se están tomando medidas para que las grandes fortunas y las empresas también contribuyan en la reducción del déficit público, y aquí solo se actúa sobre los que tenemos nómina.
Decisiones como la desaparición del impuesto de patrimonio, las continuas rebajas (inequitativas además) del IRPF, medidas como el “cheque bebé” u otras que se hacen al margen de la renta de quien la percibe, o la desfiscalización y rebaja de lo que tributan las rentas del capital han privado al estado de recursos que ahora serían determinantes.
Además, tampoco se han adoptado medidas decididas relativas a la persecución del fraude fiscal o el afloramiento de la economía sumergida, que también está privando de importantes ingresos al estado.
Todo lo anterior ahonda el que seamos una pocas personas (las rentas del trabajo) las que soportamos los ingresos del estado y a las que, además, ahora se nos imponen los recortes.
Contra lo que han venido reiterando, e incluso lo que nos intentaron vender que el estado del bienestar no se toca y los derechos sociales tampoco, han variado el timón del barco y a partir de ahora, merman las políticas sociales y el gasto social. Baste recordar que entre las medidas, además de la que afecta a las retribuciones del sector público, hay otras como la congelación de las pensiones, las que afectan a la ley de dependencia, las que afectan a la cooperación internacional, etc.
No al recorte de derechos sociales

Ahora más que nunca derechos sociales y defensa de lo público