Diputaciones: ¿Si o no?

La polémica en torno a las diputaciones provinciales se ha desatado a raíz de unas declaraciones ministeriales acerca de la (in) conveniencia de su mantenimiento en el paisaje de las Administraciones públicas españolas. Tengo escrito en algunos papeles y dicho en muchos lugares que llevar a las provincias al texto constitucional las ha dotado de una rigidez que debería haber sido sorteada. Más prudente hubiera sido dejar su diseño en la esfera de atribuciones de las Comunidades autónomas aunque bien sé que esto era justamente lo que quería evitarse pues se temía que acabaran siendo engullidas por ellas, deseosas, como Administraciones nuevas que eran a principios de los ochenta, de “asentar sus reales”  sobre el territorio, una expresión esta antigua bien apropiada para lo que se quiere decir. Pienso que se podría haber establecido un período transitorio o haber ideado alguna otra fórmula, todo menos dar a las provincias un certificado de vida indefinida y ello por una razón elemental: las estructuras políticas locales pueden y deben ser repensadas a la vista de las circunstancias en las que se desarrolla la convivencia política, las nuevas formas de vida de los ciudadanos, los espacios que tejen los nuevos medios de transporte y comunicación, la prestación de servicios etc.
Ahora bien, sostener estas ideas es algo muy distinto de compartir la tesis precipitada de plantearse el fin de las diputaciones. De una operación tan seria solo se puede hablar si se hace en el marco de una reflexión serena sobre las Administraciones locales en su conjunto, no como una operación de caza que tuviera por objetivo abatir una de sus piezas. Quiero decir, para que se me entienda, que quien no quiere acometer la reforma de nuestro mapa municipal no puede con seriedad hablar de suprimir las provincias y su órgano de gobierno, las diputaciones. En España sobran muchos municipios y no es que sean caros, es que sencillamente no sirven para su función de prestar adecuadamente los servicios que los ciudadanos justamente demandan. Muchos países europeos han disminuido drásticamente el número de sus municipios y solo beneficios han obtenido de ellos. El ejemplo más interesante -una vez más- es el de Alemania: la vieja Alemania federal estableció la regla de un mínimo de cinco mil habitantes, experiencia que se ha reiterado cuando se produjo la reunificación en los años noventa. Fue una operación política de gran calado que exigió básicamente el acuerdo de las fuerzas políticas y una gran paciencia. El Tribunal Constitucional federal y los de los Länder desestimaron todas las demandas que se interpusieron contra esta reorganización y afirmó sin ambages que la garantía institucional de la autonomía local no se veía afectada por ella.
En nuestro país nos resistimos, suenan voces airadas cuando tal asunto salta a la discusión pública y, una y otra vez, se sepulta en las gavetas de los despachos políticos como el ventrílocuo mete en el baúl al muñeco que se le rebela. Pero la realidad es terca y por una vía u otra se impondrá coger el bisturí y operar. Esta es una responsabilidad de las Comunidades autónomas que, en lugar de escribir leyes de régimen local, todas iguales a sí mismas e iguales a su vez a la básica del Estado, podrían enfrentarse a este problema con resolución política y rigor jurídico.
Solo entonces podría hablarse de suprimir unas diputaciones que -como se sabe- prestan un servicio relevante a esos miles de pequeños municipios fantasmales que existen en nuestros territorios.
Resumen: si hablamos de suprimir las diputaciones, entonces hablamos de todo lo referente a la planta de nuestras Administraciones locales. En ese caso, y así como de pasada, se me ocurre ¿por qué no empezar por las Diputaciones forales?  

Francisco Sosa Wagner  

Café para todos

Ahora resulta que café para todos. Los Ayuntamientitos somos los hermanos pobres que nos vemos abocados a la miseria y a apretarnos el cinturón aun más (aunque no el de castidad porque nos siguen dando por todas partes). Da lo mismo haber administrado bien, haber gastado sólo cuando teníamos y hasta allá donde podíamos, haber sujetado los gastos corrientes durante muchos años, haber tenido unas nóminas contenidas y a veces esqueléticas, no haberse endeudado nada o casi nada. Sí, da lo mismo. Ahora viene el tío Paco con las rebajas y el trato pasa a ser el mismo para todos. El Gobierno, quizás pensando en su propia forma de actuar, ha llegado a la conclusión de no queda ningún justo como en Sodoma y Gomorra. Todos parecemos haber vivido en el dispendio irresponsable. O bien quizás no han querido hacer distingos para no complicar aun más la norma, cosa que no hubiese importado demasiado, porque, dicho sea con todos los respetos, el Real Decreto Ley 8/2010 es un churro críptico, enrevesado y que sin duda va a dar un sustancioso juego en los tribunales de justicia, que como no tienen nada mejor que hacer, se dedicarán en breve a estudiar la correcta aplicación de la norma. Menos mal que nuestro ordenamiento jurídico impone a los jueces decidir una cosa u otra, pero decidir. Porque muchos jueces preferirían poner tornillos en una cadena de montaje que verse en marrones semejantes. Si yo fuese Juez quizás saldría corriendo. En empandullo parece que va a llegar al Tribunal Constitucional porque algún Ayuntamiento grande ya ha anunciado que eso de que no le dejen endeudarse en 2012 atenta contra la autonomía local.

Pues miren ustedes. En mi Ayuntamiento tenemos un endeudamiento que no llega al 5 % de los recursos ordinarios. Los sueldos son mucho más bajos –con diferencia- que en otros Ayuntamientos, por poner un ejemplo del de la capital y del de los empleados de las Diputaciones. De beneficios sociales colaterales, ni hablemos, no tenemos apenas nada. Y no es lo mismo bajar un 5 % sobre una cantidad alta que sobre otra no tanto. Como dice un amigo, dame sueldos suecos o alemanes y servicios suecos y alemanes  que ya pagaré impuestos sobre ellos. La cantidad que quede en mi bolsillo siempre será alta o al menos suficiente.

Así que nos aplican criterios generales para todos. Y lo más gracioso. El Estado sigue campando por sus respetos, endeudándose lo que le da la gana, sólo con el control que él mismo cree conveniente o que consigue despistar ante Europa, y despilfarrando en gastos absolutamente estúpidos. Por no decir de las Comunidades Autónomas.

Y para rematar la faena resulta absolutamente indignante el control preventivo del endeudamiento que las mismas hacen a los Ayuntamientos (sí, ya sé, es la norma), pidiendo datos y más datos para comprobar déficits o superávits, deudas vivas o moribundas, remanentes y no se sabe cuántas cosas más, para que autoricen o tomen razón de las nuevas previsiones de endeudamiento, mientras vemos que ellas mismas se aplican las normas como mejor les viene y se ajustan (o no) a las normas. Al final un probe desgraciado Ayuntamientito tiene la culpa de todos los males del país. Ridículo, simplemente.

Paradigmático que Cataluña haya acudido recientemente al crédito y las entidades financieras no le hayan prestado las cantidades que solicitaba ni mucho menos, sino unas muy inferiores. Mientras todos hacen dejación del ejercicio de competencias o se atribuyen unas que no les corresponden. Porque a título simplemente ejemplificativo ¿cuánto cuestan las delegaciones o embajadas catalanas en el exterior? ¿Cuánto cuestan los informes externos que continuamente encargan a gente afín al objeto de poder compensar económicamente no-se-sabe-qué.? ¿Cuántos asesores de pacotilla hay pululando por los gabinetes de altos cargos en casi todas las CCAA?

Como discutía el otro día con una Concejal. No me importa excesivamente que me bajen el sueldo; si todos debemos esforzarnos, lo  haremos. Lo que no soporto es que se sigan perpetrando continuas  injusticias, gastos estúpidos y desmanes económicos sin control.

¡Que buenos caballeros seríamos  si tuviésemos buenos señores…!

Ignacio Pérez Sarrión   

Huelga General for ever

Ahora que arrecian las críticas contra las organizaciones sindicales, debemos reconocer públicamente el importantísimo papel que han representado durante nuestra reciente democracia. No comparto la opinión de quienes las consideran un problema; más bien tiendo a pensar que son parte de la solución. Una vez dicho esto, como cualquier otra organización, tienen sus aciertos y sus errores, y últimamente, la verdad, no han estado muy afortunadas. Tampoco las organizaciones empresariales, todo sea dicho. En estos momentos de gravísima postración de nuestra economía, nuestro empleo y nuestro estado de ánimo colectivo, les rogamos hace dos años que llegaran a un acuerdo para reformar nuestro mercado laboral. Era evidente que el que teníamos no marchaba bien, y que precisaba ajustes para competir en un mundo que se mueve y que no nos espera. Pero ni unos ni otros han estado a la altura de las circunstancias. Debemos recriminarles su cómoda pasividad  que ha conducido a un costoso fracaso. Todos hemos perdido con ello. También sindicatos y empresarios, que han visto mermada su legitimidad moral en la lucha contra la crisis. Se limitan a grandes declaraciones, pero no han sido capaces de ceder ni un ápice para consensuar un nuevo marco laboral. Al final, le tocó al gobierno hacer la tarea, con lo que, como no podía ser de otra manera, les ha costado sy correspondiente, habitual y consuetudinaria huelga general. Nada nuevo bajo el sol. En España ya sabemos lo que hay. De oficio, cada vez que el gobierno intente mover una coma del Estatuto de los Trabajadores la caja de los truenos se abrirá bajo la forma de una huelga general. Un pena, la verdad. Cinco huelgas generales han tenido lugar por motivos laborales. Los sindicatos mayoritarios acaban de convocar  la sexta, dilatándola de forma extraña hasta finales de septiembre de 2010. Repasemos de forma breve la historia de las anteriores. El 20-J de 1985, bajo el lema "No al recorte de las pensiones" se convocó una huelga general contra el gobierno de Felipe González por su reforma de la Ley de Pensiones en la que aumentó el periodo de cálculo de la pensión desde los dos años hasta los ocho años. Para que se pueda observar la evolución de la sociedad española, en 1994, en el conocido Pacto de Toledo, se aprobó la ampliación del periodo de cálculo a quince años, con un alto consenso social y político. En la reforma que se proyecta realizar en 2010, es posible que este periodo aún se amplíe más. Lo que motivaba una huelga general hace veinticinco años, hoy parece poca cosa. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que nuestra sociedad envejece y la relación cotizante/ pensionista se deteriora. La siguiente huelga general se convocó el 14-D de 1988 bajo el lema "Para que no siempre paguemos los mismo. Juntos podemos" contra el plan de empleo juvenil y la política económica del gobierno. La reforma laboral aprobada por decreto-ley en 2010 contempla medidas de empleo juvenil de similar calado sin que haya motivado ningún tipo de protesta sindical.  El 28-M de 1992 se convocó una tercera huelga general contra el gobierno de Felipe González bajo el lema "Se equivocan, así no es posible" para protestar en contra del recorte de las prestaciones por desempleo. Desde entonces nos se han tocado, salvo algunos ligeros recortes en 2002 y los 420 euros de subsidio aprobados de forma coyuntural durante la presente legislatura. La cuarta huelga general – y probablemente la de mayor repercusión – contra Felipe González se celebró el 27-E de 1994 bajo el lema “Por el empleo y la solidaridad” contra la reforma laboral del gobierno socialista, en el que creó la figura del despido por causas objetivas de 20 días, que acaba de ser levemente retocado en la reforma de 2010. El 20-J de 2002 se convocó una huelga general contra el gobierno de José maría Aznar por la reforma en el sistema de desempleo y de la Ley Básica de Empleo bajo el lema “Empleo y protección social son tus derechos. ¡Que no te los quiten!”. En junio de 2010 se acaba de convocar una huelga diferida al 29 de septiembre contra la última reforma laboral. En resumen, nuestra democracia laboral es un esfuerzo por flexibilizar unas instituciones laborales consagradas a finales de los años setenta y herederas de las normas franquistas. Si vemos nuestra historia, vemos que todo lo que se ha conseguido son ligeras modificaciones de estas normas, para lo que se han tenido que vencer enormes resistencias sociales y sindicales. Como muestra de ello, la exagerada reacción de convocar una nueva huelga general en 2010 en protesta de una reforma limitada que parece mover mucho para dejar todo prácticamente como estaba.
Sólo la reforma del 97, por consensuada, se libró de la consabida huelga general. Ahora somos testigos de una nueva convocatoria para el 29 de septiembre, huelga que respetamos, pero que no compartimos. Días antes de la aprobación del decreto-ley, los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, convocaron huelga general para el 29 de septiembre de 2010. Un huelga legítima, sin duda alguna, pero extraña, desproporcionada y contraproducente. Extraña porque fue decidida sin conocer siquiera el texto final que se aprobaría y convocada con tres meses de anticipación, en coincidencia con una convocatoria europea. No existen precedentes de esta doble circunstancia. Creo que es desproporcionada, porque el texto que conocemos no supone ninguna merma substancial de los derechos de los trabajadores, y contraproducente, porque debilita la confianza tanto interna como externa que tanto necesitamos en estos momentos.
    Con estos precedentes podríamos preguntarnos… ¿tan buenos fueron los legisladores del 80 para producir un texto que consideramos sacrosanto? Para muestra un botón: basta que lo toques para que te convoquen una huelga general. Descafeinada y extraña, pero huelga general, al fin y al cabo. 

Manuel Pimentel  

El Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo firman un acuerdo para reducir a cero los asuntos pendientes

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, han firmado el III Plan de Actualización del Tribunal Supremo para el periodo 2010-2012, cuyo objetivo es resolver  los asuntos en el mismo año de su recepción y lograr la pendencia cero. Para conseguir sus resultados, el plan tiene una fecha límite: 2012, año en que se conmemora el bicentenario del Alto Tribunal, surgido de la Constitución de Cádiz, de 1812.
El acuerdo, con una inversión de 12 millones de euros, prevé una serie de medidas dirigidas a la modernización tecnológica del tribunal Supremo, como la implantación del sistema de digitalización de documentos y el expediente electrónico, que permitirán una gestión documental integral, mediante la agilización de la tramitación de expedientes y la eliminación del papel físico.
El plan firmado también establece el fortalecimiento interno del Alto Tribunal a través de su reorganización administrativa, para poner a su disposición los medios y elementos necesarios para hacer frente a su carga de trabajo y evitar planes puntuales de refuerzo. Las actuaciones, en ese sentido, van orientadas a la mejora del gabinete técnico, el despliegue de la Nueva Oficina Judicial en el Tribunal Supremo y a la catalogación de documentos y creación de un archivo histórico.
La planificación del acuerdo para reducir los tiempos de resolución de asuntos y descongestionar el importante volumen de asuntos pendientes (pendencia) registrados queda evaluada de la siguiente forma:

• La sala 1ª de lo Civil procurará examinar alrededor de 4.400 asuntos anuales en fase de admisión y resolver 800 asuntos al año en fase de decisión, mediante la correspondiente sentencia. De esta forma, a 30 de junio de 2012, la pendencia de la Sala Primera rondaría los 3.000 asuntos, dado que su evolución en el último quinquenio ha permitido pasar de los 14.152 asuntos pendientes, en 2005, a los 4.512 del año 2009, con una reducción del 68,11%.
• La sala 2ª de lo Penal procurará resolver, bien por auto de inadmisión, bien por sentencia, 4.500 asuntos anuales, lo que al final del periodo de duración del presente plan conllevará que la pendencia se reduzca a una cifra cercana a los 1.800 asuntos.
• La sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo intentará examinar alrededor de 10.000 asuntos anuales en fase de admisión, de los que previsiblemente se dictarán 5.000 autos de inadmisión, y resolver 8.500 asuntos al año en fase de decisión, mediante la correspondiente sentencia. De esta forma, a 30 de junio de 2012 la pendencia de la Sala Tercera se aproximaría a los 10.000 asuntos.
• La sala 4ª de lo Social procurará resolver, bien por auto de inadmisión o por sentencia, 5.200 asuntos anuales, para alcanzar al final del Plan de refuerzo una pendencia aproximada de 3.000 asuntos.
• Gabinete Técnico. Se llevará a cabo un estudio técnico que realice un diagnóstico sobre su organización y funcionamiento en el contexto de una Nueva Oficina Judicial en el Tribunal Supremo, que se orientará a la creación de servicios comunes y a la revisión y adecuación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) del Tribunal Supremo. Dentro de esta área se creará un Archivo Histórico que permitirá aglutinar en un único punto todo el acervo documental con relevancia histórica del Tribunal Supremo.

Proyecto de modernización tecnológica y organizativa del TS

El elemento central del proyecto de modernización tecnológica y organizativa del TS es la gestión integral del expediente judicial en formato electrónico, es decir, desde su entrada en el registro hasta el cierre de cada uno de los expedientes. Para ello se creará una oficina general de entrada de documentación encargada del registro, la clasificación y el reparto de los documentos. Además, todos los documentos presentados en formato papel serán objeto de catalogación y digitalización.
Se creará igualmente un gestor documental que permitirá la incorporación de contenidos de gran variedad de formatos multimedia tales como vídeo y audio, ofreciendo la posibilidad de incluir, en el propio expediente, las grabaciones de los juicios hechas en las salas. Finalmente, la tramitación digital permitirá aprovechar el sistema de notificaciones y comunicaciones Lexnet, ya en funcionamiento.
Todo este proceso de modernización tecnológica del TS se llevará a cabo con estricto respeto a las previsiones contenidas en el test de compatibilidad del CGPJ y de acuerdo con los principios establecidos por EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad de la Justicia), a fin de garantizar la adecuada compatibilidad e interoperabilidad entre todos los sistemas.

El Congreso convalida el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación la reforma laboral como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con 168 votos a favor, 8 en contra y 173 abstenciones.
Con estas votaciones queda convalidado el Real Decreto Ley 10/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, aprobado el pasado día 16 de junio en Consejo de Ministros. A continuación, el pleno acordó, por unanimidad,  su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ha sido el encargado de presentar ante el Pleno esta reforma, ha señalado en su intervención, que su objetivo es contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española.
Además, ha asegurado que "la reforma laboral favorecerá a ocho millones de trabajadores que ahora o se encuentran en el paro o tienen un contrato temporal, sin pérdida de derechos para los once millones y medio de trabajadores con un contrato estable".
Las medidas incluidas en esta reforma se dirigen a lograr tres objetivos fundamentales: reducir la dualidad de nuestro mercado laboral; reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales y, en particular, las medidas de reducción temporal de jornada; y elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con especial atención a los jóvenes, reordenando para ello la política de bonificaciones a la contratación indefinida para hacerla más eficiente.