La reforma eléctrica amenaza la viabilidad de la industria española

El Gobierno encarecerá la energía y lastrará la competitividad empresarial. Se prevé una oleada de cierres y deslocalizaciones.

El sector eléctrico y el industrial llevan meses advirtiendo del terrible impacto que supondrá la reforma energética aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que se contempla una sustancial subida fiscal a las compañías eléctrica con el objetivo de reducir el déficit de tarifa, un problema cuyo origen se encuentra en las generosas primas al sector de las energía renovable. El Ejecutivo, en lugar de pinchar por completo la burbuja verde ha optado por disparar los impuestos al sector eléctrico, sin atender, por tanto, a las numerosas alertas sobre los efectos de tales medidas.

Así, un total de diecisiete patronales industriales han vuelto a cargar este viernes contra la reforma energética y advierten de que el déficit de tarifa continuará, porque se producirá un cierre de empresas y, por tanto, no se podrá absorber. Las asociaciones firmantes presentan una facturación conjunta de 250.000 millones de euros al año (la cuarta parte del PIB español) y proporciona cuatro millones de empleos directos e indirectos.

Su mensaje es claro: "La industria está en riesgo. No es tiempo de silencio", tal y como reza la última carta remitida al Gobierno por el sector. En ella advierten de que el citado impuestazo eléctrico supone "una amenaza lo suficientemente grave como para expulsarnos de los mercados internacionales", lo cual supondrá un coste extra de 1.500 millones de euros, según sus cálculos. En definitiva, un impacto "brutal" que, como resultado, se llevará por delante la viabilidad de muchas empresas, con la consiguiente destrucción de empleo, así como menor inversión foránea en la industria española, tanto presente como futura.

Se trata de la sexta carta remitida por el sector al Ejecutivo, pero éste ha hecho caso omiso a sus quejas. El Gobierno no ha mostrado "el menor interés por escuchar ni las alternativas ni, lo que es peor, analizar las consecuencias de las medidas [...] Una actitud silente e incomprensible que nadie lamenta más que cada uno de los 17 sectores que firmamos esta carta y las continuas peticiones de reunión individual o colectiva remitidas y sistemáticamente ninguneadas", añade.

El único objetivo de la reforma, según las patronales, es "incrementar los ingresos del Estado a costa de reducir los márgenes y la capacidad de operación y consumo de empresas y ciudadanos". La fiscalidad eléctrica restará competitividad al sector productivo del país y, por tanto, aleja "el horizonte de salida de la crisis", denuncian.

Ahuyenta empresas e inversión

La reforma pretende recaudar unos 3.000 millones de euros netos al año que, de una u otra forma, se trasladará al recibo de la luz que pagan particulares y empresas. El problema es que la energía representa entre el 20% y el 60% de los costes de producción en el sector industrial, de forma que las empresas verán sus márgenes fuertemente reducidos, penalizando la inversión, la creación de empleo, el esfuerzo exportador y, en definitiva, lastrando la viabilidad y supervivencia de numerosas compañías.

"Nos sentimos impotentes ante el incremento del coste eléctrico que supondrá esta nueva fiscalidad", aclaran los afectados. La industria ya ha anunciado que de mantenerse el plan del Gobierno en los actuales términos, España sufrirá en los próximos años una oleada de deslocalizaciones industriales hacia otros países.

Y por su fuera poco, el déficit tarifario "continuará", ya que no habrá empresas suficientes para compensarlo. Y entonces habrá que evaluar la utilidad de una reforma en la que si el Gobierno aplicara los criterios de proporcionalidad y progresividad que los sectores defendemos, podría atajar el déficit tarifario sin tener que contar luego cuántos de los dos millones y medio de empleos que se ponen en juego habrán desaparecido", lamenta el sector.

Entre las diecisiete asociaciones empresariales firmantes, figuran la patronal de cogeneración Acogen, de gran consumo eléctrico Aege, de yeso Atedy, de cerámica Ascer, de papel Aspapel, de metal Confemetal, de fundición FEAF y de química Feique, entre otras.

EL ECONOMISTA

CULMINA CON ÉXITO LA I JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL EN CSI·F MÁLAGA

Culminó con éxito la I Jornada sobre la Reforma Laboral en Málaga organizadas por la consultora Athener y CSI-F Málaga. El pasado 12 de noviembre, ambos se unieron para desarrollar este curso, que contó con una gran afluencia en la sede de la unión provincial de CSI-F.

El sector de empresa privada de esta central sindical promovió la jornada con el objetivo de afrontar la desinformación que se ha generado en torno a la reforma laboral. De esta manera, Athener logró una visión genérica de lo que es y lo que supone para delimitar los pilares básicos de la reforma y saber actuar en base a ella.

Para ello, Athener apostó por una jornada más participativa que didáctica, en la que primó el feedback con los asistentes y la colaboración conjunta. Las intervenciones corrieron a cargo de profesionales colegiados de la consultora que abordaron la reforma laboral desde una visión amplia, independiente de las especificaciones que aporta cada sector.

El sector de Empresa Privada de CSI-F Málaga, promotor de esta jornada formativa gratuita, agradeció la notable participación de los asistentes, al tiempo que defendió iniciativas de este tipo, que enriquecen el reciclaje de los delegados.

¿Por qué no se transforman las Entidades de Fiscalización? (II)

2. Los supuestos

2.1 La normatividad

Desde el comienzo se ha establecido que la normatividad en la auditoría es condición sine qua non, constituyente de los requisitos esenciales que deberá observar el auditor para llevar a cabo su actividad. Tal como lo ejemplifica, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, “Es necesario señalar que, a nivel internacional, las Normas Internacionales de Auditoría (NIS’s) de la IFAC se han convertido en un referente en la profesión. Es más, la INTOSAI está adoptando las NIA’s a través de unas Directrices que, junto con la Declaración de Lima, el Código de Ética y las Normas de Auditoría constituyen el cuerpo normativo de esta institución”[1].

Pero, en comentario al artículo referido, Antonio Minguillón Roy, Auditor de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, le advierte a Luis Ma. Ordoki, “Creo que has olvidado un aspecto tan importante o más que los que has expuesto en el artículo, lo pondré en forma de pregunta: ¿alguna vez los OCEX dirán clara y explícitamente cuáles son las normas técnicas de auditoría/fiscalización que aplican en su trabajo?[2]. Y ciertamente, el autor olvidó en su análisis de los OCEX, la normatividad.

Luego, cómo explicar el análisis de la realidad de los Organismos de Control Externo en España (Ordoki, Urdazi) que enumera deficiencias, tales como:

1.- Instituciones poco independientes.

2.- Instituciones burocratizadas y poco eficientes.

3.- Pocos informes y desfasados en el tiempo.

4.- Muchas áreas de la gestión pública sin control.

5.- Escasa incidencia de las auditorías operativas y de gestión.

6.- Informes farragosos e ininteligibles.

7.- Instituciones de control poco visibles ante la sociedad.

Y no considere o involucre a la normatividad. Puesto que concluye, las deficiencias son debidas, en primera instancia, a instituciones de fiscalización que no saben comunicar su trabajo. Y en segunda, las instituciones no son abiertas.

En cuanto a la primera, resulta opinión generalizada entre los académicos y profesionales de la fiscalización en situar la indagación básica en la comunicación, en la mejora del lenguaje, y como Antonio M. López, explica “en la actualidad, una de las cuestiones de mayor polémica se refiere a la utilidad de la presentación del trabajo de auditoría a través del correspondiente informe (…) Estos aspectos, junto con la existencia de un déficit de cultura en materia de auditoría y control, limitan significativamente la utilidad de los informes de auditoría pública, con lo que producen un cierto desencanto en sus usuarios”[3]. Pero, ¿cuándo se rompió el encantamiento en los ciudadanos de la auditoría y entidades de fiscalización?

Cuando el imperio de los requisitos no ha sido suficiente para evitar que la independencia y objetividad de un trabajo de auditoría queden en retórica. Muestra de la incongruencia entre lo que se dice y hace, y conduzca a la falta de certidumbre de su práctica y desconozca si incide en la gestión. Lo cual demostraría la afirmación del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación del Congreso, “no hay una investigación organizada y técnicamente rigurosa que demuestre en forma agregada y a detalle los efectos de la fiscalización en la gestión pública”[4].

Porque toda la historia de la auditoría y fiscalización ha estado enfocada en los efectos pero no en las causas. Por esto, en segunda instancia, las instituciones de fiscalización son cerradas, derivado de una práctica que priva la información. Es decir, los auditores que se encuentran desarrollando su actividad en el campo público, su práctica no es pública. Otra contradicción entre el decir y hacer. Y aunque se pretenda que con la publicación del informe de auditoría se cumple con el principio de publicidad, la secrecía caracteriza a la fiscalización.

Pero la transparencia va mucho más allá de publicar el informe. Se cumpliría si se demuestra la totalidad del proceso de auditoría, y no, mediante lo innecesario de un compromiso del auditor con la ética o la rendición de cuentas, tampoco sería de la esperanza (convertida más en ilusión) permanente en los legisladores de cambiar el modelo de fiscalización, ni el engaño que siembra la esperanza que la autonomía o independencia sean generadas por decreto legislativo, y menos mantener la creencia que los responsables de las entidades de fiscalización encuentren una forma o refugio de aislarse de la política Y mientras se continua enfatizando “La necesidad de reformar a las instituciones de Control Externo para que puedan servir a la causa de la transparencia y la mejora de la gestión financiera pública”[5]. Y en la recapitulación final, Ordoki opine “las deficiencias de funcionamiento de nuestras instituciones responden al propio modelo de control establecido”. Y, agrega, “la reforma no está solo en las manos de sus responsables sino también, en muchos aspectos, de los legisladores, que debiera introducir con decisión, cambios esenciales”.

En el fondo no se ha re-conocido, verdaderamente, la crisis en la auditoría y en las instituciones de fiscalización, por ello, la crítica del diagnóstico de realidades concretas debiera permitirnos reconocer que la problemática en las instituciones de fiscalización, sus deficiencias o debilidades son de carácter general o global. Aunque la ‘normalidad’ ha eximido a lo general y sea la razón de que la normativa no está en el banquillo de los acusados, ni lo ha estado la auditoría, no obstante que desde Enron a Lehman Brothers, desde Grecia a la crisis del euro, se ha culpado a los contables y reguladores de engañar. Pero la auditoría privada ha resultado indemne, al continuar solicitando los gobiernos y los parlamentos, a las firmas de auditoría que ejerzan las funciones que tienen encomendadas las instituciones de fiscalización. Y en este sentido, éstas siguen siendo parte del problema y no de la solución.

Y lo farragoso e ininteligible no solamente de los informes de auditoría sino de toda la actividad en las instituciones de fiscalización no es producto de la incomunicación entre emisores y receptores, como tampoco se origina en la redacción deficiente de los auditores, ni por la falta de cultura en materia de fiscalización de los ciudadanos, es más bien por una verdad de la auditoría que ha estado erróneamente entendida, al reducirla a la coherencia de que dichos informes sean consecuencia de las normas. Antonio M. López, lo ejemplifica, la auditoría en el sector pública tiene el objetivo “de establecer el grado de correspondencia entre dicha información y los principios y normas establecidos”[6]. Pero, sí las normas son transgredibles, sí el auditor puede cumplir o no con la normatividad. Luego entonces, ¿Qué significado tiene la validez o garantía de una práctica supuestamente profesional que legítima el manejo de los fondos públicos con base en la elección, de una opción u otra, que permanecen en la subjetividad del auditor?

No obstante la grave crisis en Europa, las instituciones rectoras de fiscalización permanecen sumidas en la ‘normalización’, sosteniendo, “Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) constituyen una importante fuente de inspiración para las normas aplicadas por los auditores del sector público”[7]. En consecuencia, cómo las entidades de fiscalización, y el propio Tribunal de Cuentas Europeo, podrán contribuir al debate de las normas de auditoría y proponer respuestas a la crisis, si dan por supuesto la legitimidad de las normas, fuera de toda duda; entonces, cómo pensar en la transformación, sí en la mayoría no se ha gestado la necesidad de cambiar. Dado que lo ‘normal’ ha sido aceptar sin cuestionar la normatividad. Y como se apunta “las normas cumplen un papel orientador del trabajo contable y dejan amplios campos al ejercicio del criterio profesional. Dicho de otra manera, son amplías y flexibles, permiten un ejercicio hermenéutico, de considerable discrecionalidad”[8]

2.2 El papel del auditor

La auditoría, tradicionalmente, ha sido resistente al cambio. Por lo tanto, resulta difícil reconocer que debe transformarse, y aún más, pensar que su papel es cambiante. Derivado por una parte, en atribuir las deficiencias y limitaciones a las instituciones de fiscalización pero no a su herramienta, la auditoría. Luis Ma. Ordoki, acepta lo primero pero no lo segundo, al manifestar “la actual situación de crisis (…) han dejado al descubierto que nuestras instituciones de control, como otras instancias supervisoras, no han estado, en muchos casos, a la altura de las circunstancias o de lo que de ellas se esperaba”. Y, cómo se va a cuestionar la herramienta o instrumento, si el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, afirma “No cabe duda de que, la auditoría pública es uno de los métodos de control y seguimiento más idóneos para verificar la gestión pública”[9]. Lo que ha conducido a la otra parte, creer que la realidad pública cambia pero la auditoría no. Cuando él mismo Consejero, afirma “Evidentemente los Organismos de Control Externo deben procurar una adaptación permanente a una realidad cambiante. En este sentido, uno de los retos principales que deben asumir es la realización de trabajos de fiscalización que resulten novedosos”[10]. Pero, cómo se generará la innovación sí la auditoría y fiscalización han pasado a constituirse con base en pretensiones que han carecido de rigurosidad y comprobación conceptual, y al final, han excluido la posibilidad de que sus principios y normas puedan revelarse como completamente infundados.

Por consiguiente, en el mundo de la fiscalización se repiten incesantemente, frases como: “Las Entidades de Fiscalización Superior cuentan con herramientas para explicar la gestión de los fondos públicos”; “La fiscalización constituye uno de los mejores instrumentos para garantizar la eficacia de los planes y programas de desarrollo económico y social”; y, “El papel del auditor es garantía de la transparencia de la información financiera”. Originando la ‘normalización’ de los análisis, al expresar “como puede suponerse, es fundamental el papel y la función que cumplen las instituciones de control externo de fondos públicos, que tienen asignada, como función esencial, la fiscalización de la gestión financiera pública”[11]. De lo anterior cabe hacer énfasis, en primero que todo el pensamiento de la auditoría y fiscalización se ha basado en la suposición, es decir, en suponer que la auditoría o fiscalización tienen determinados atributos o características sin estar completamente seguro de ello. Y segundo, afirman que cumplen pero no funcionan. Lo que indica la contradicción no solamente como manifestación particular en el Secretario General de la Cámara de Cuentas de Navarra, sino característica general en el pensamiento de la fiscalización.

CONTINUARÁ

Mario Alberto Gómez Maldonado

CSI-F destaca el comportamiento ejemplar de los empleados públicos en la jornada de huelga

La defensa del sector público no se acaba en la huelga y mañana debemos seguir trabajando por un Pacto de Estado para modernizar las AA.PP

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las AA.PP., destacó hoy el clima de “normalidad absoluta” y el “comportamiento ejemplar” del colectivo de empleados públicos durante la jornada de huelga, que en el sector público está teniendo un “escaso seguimiento”.

CSI-F, conforme a su independencia, su responsabilidad y su legitimidad en el colectivo de empleados públicos, ha decidido no secundar la convocatoria, ante la situación excepcional que afronta el país desde el punto de vista económico.

Además, CSI-F no comparte la capitalización que están realizando de la huelga, partidos políticos que, aunque ahora estén en la oposición, cuando gobernaron emprendieron también severos recortes sobre el empleado público y la población en general y fueron igualmente responsables de la situación económica que afronta España.

CSI-F considera que la huelga no es el instrumento más apropiado en estos momentos para defender los intereses de los empleados públicos y la afronta tan solo como un “paréntesis” en la necesaria unidad sindical que ha caracterizado la lucha contra los recortes. “La lucha no se acaba en la huelga y tenemos que tener una perspectiva a medio y largo plazo”, destacó Miguel Borra, presidente de CSI-F.

El hecho de no sumarse a la huelga no supone una carta blanca al Gobierno y CSI-F tiene la vista puesta ya en el “día después”, en el que habrá que seguir trabajando, con medidas de protesta en la calle, pero también en las mesas de negociación, por alcanzar un pacto de Estado que permita modernizar de una vez por todas las Administraciones Públicas, eliminar duplicidades y gastos innecesarios, planificar y dignificar el empleo y la condición del empleado público.

Reforma del régimen jurídico de los funcionarios con habilitación estatal. Carta abierta al Sr. Presidente.

Quiero publicar aquí una carta que acabo de enviar al Sr. Presidente del Gobierno a título personal. Creo que sería bueno que se abra un debate en profundidad.

“Sr. Rajoy:

Soy Funcionario con Habilitación de carácter Estatal –FHE- (hasta ahora y sólo nominalmente), perteneciente a la subescala de Secretaría Superior y también a la de Secretaría-Intervención, obtenido por concurso público …/…

Pese a que soy un FHE peatón (he estado hace unos años en la Junta del Colegio de Secretarios de Zaragoza pero ahora no lo estoy) no me resisto a formular algunas sugerencias. Sabemos que se está preparando una nueva Ley de Régimen Local, he tenido oportunidad de leer el anteproyecto que circula por los correos electrónicos y a través de COSITAL.

Bien, como sé que su tiempo es muy valioso iré al grano y trataré de transmitirle un par de ideas por si pueden ser útiles.

En el Programa electoral del PP Vd. apostó, entre otras medidas, por reforzar el papel de los Interventores municipales. Así lo ha manifestado también recientemente en julio en el Congreso anunciando que se reforzará el papel del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional. Señaló [sic] que “…Además, se va a mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, con el fortalecimiento de la imparcialidad del Interventor Municipal y funcionarios con habilitación de carácter nacional”.

Se dice en el Anteproyecto de Ley que “Con este propósito, se plantea esta reforma que persigue tres objetivos básicos: racionalizar la estructura organizativa de la administración local de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio financiero, clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones y fortalecer la figura del interventor local para dotarlo de mayor imparcialidad y garantizar asíun control financiero y presupuestario más riguroso de las Administraciones locales.” Se dice asimismo que “…se recupera la dependencia funcional de estos funcionarios de la Administración General del Estado”.

Creo que es muy acertada la intención, que hay que aplaudirla. Sin embargo cuando se examina el texto normativo que se propone, no hay ni una sola indicación o medida que apunte a un reforzamiento real de la independencia de los FHE si se deja a salvo que el Estado recupera los sistemas de selección.

Obviamente los FHE partimos del hecho de la legitimidad democrática, los Alcaldes dirigen –y debe ser así- la política municipal, pero básicamente la política municipal consiste en aplicar recursos escasos a necesidades siempre crecientes y alternativas en un marco competencial legalmente delimitado y de asignación reglamentaria de atribuciones a sus respectivos órganos representativos. De ahí la importancia del control desde la legalidad y eficacia constitucionalmente reconocidas, preocupación que comparto con Vd., y creo que muchos millones de españoles.

Si se es realista, si se quiere que exista un control independiente real hay que establecer algún tipo de medida para que esto sea así. Vaya por delante la premisa que no es que ahora no seamos independientes, sino que ejercer esa independencia es mucho más difícil si se depende de quien paga. Y como la independencia real la da la dependencia orgánica y el salario, me permito sugerirle alguna medida algo más valiente: que los Funcionarios con Habilitación Estatal, secretarios, interventores, tesoreros y secretarios-interventores de la Administración Local pasen a depender del Estado en los cinco aspectos siguientes:

PRIMERO. Selección. Es la medida que se propone recuperar en el Anteproyecto.

SEGUNDO. Provisión: se debería en mi opinión:

a) Eliminar toda posibilidad de libre designación sea cual fuere el tamaño del Ayuntamiento / Diputación. No se alcanza a comprender qué especial relación de confianza es necesaria para desarrollar las funciones atribuidas a los FHE.

b) Asimismo eliminar totalmente el perverso sistema de baremos específicos.

TERCERO. Organización. Se podrían hacer depender las funciones públicas necesarias de un organismo de control estatal al menos en cuanto a algunas instrucciones. Recuérdese que se trata de funciones públicas “necesarias” según la normativa y en nada parece que se conculque la autonomía local puesto que el control final estaría en los tribunales.

CUARTO. Retribuciones. Percibir el salario no desde el Ayuntamiento sino desde el Estado es el sistema real e imprescindible de reforzamiento de la independencia. El sistema sería de suma sencillez, cobrar del Estado no tiene que suponer en absoluto un incremento del gasto público ya que se fijarían retribuciones objetivas en los Presupuestos Generales del Estado y se cobraría de éste, detrayendo consiguientemente la totalidad del coste de la participación en el Fondo Estatal. Por supuesto que la preparación técnica y la independencia tienen un coste y que las retribuciones deberían ser acordes con las responsabilidades, modulando y homogeneizando a tal efecto los oportunos tramos retributivos en base a criterios objetivos, como ocurre sin mayor dificultad en otras funciones públicas de control (la IGAE o la jurisdiccional de jueces y magistrados).

QUINTO. Régimen disciplinario: recuperar el Estado en su totalidad dicho régimen eliminando cualquier posibilidad de que el Alcalde pueda suspender de empleo y sueldo al FHE, debiendo ser el Ministerio el competente, en este caso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa la preceptiva audiencia a la Entidad Local afectada y el cumplimiento del resto de requisitos legalmente exigibles.

Con estas medidas, Sr. Rajoy, se lograría una real independencia de los FHE que es lo que se pretende. No son medidas complicadas y se dispondría de un control de legalidad y presupuestario y financiero mucho más amplio. Tenga en cuenta que los FHE de las grandes ciudades están designados todos por libre designación, lo que es un contrasentido, controlar a quien te paga y de quien dependes. Es absurdo. Y los Secretarios-Interventores de los pequeños Ayuntamientos mezclamos necesariamente gestión del día a día (funciones gerenciales) con funciones de control de legalidad y presupuestarias y contables. Lo que, dicho sea de paso, provoca cierta esquizofrenia y no pocos problemas, máxime cuando los recursos públicos son tan escasos.

Permítame finalmente reiterar y matizar que como FHE-Peatón no represento a nadie y deseo dejar claro que no pretendo defender privilegios corporativos en absoluto bajo el argumento de una mejora de la gestión pública de la legalidad y presupuestaria. Dado que de algún modo la experiencia me hace que lo considere un deber, tan sólo me he permitido apuntar las ideas anteriores como funcionario y ciudadano, ya que creo que se podría aprovechar este momento para avanzar en la mejora del control público, en el ámbito local.”

Quizás sería el momento de abrir pues un debate serio y adoptar decisiones realistas y valientes.

Ignacio Pérez Sarrión