El 91% de españoles ve con pesimismo el futuro laboral

El 91% de los españoles se muestra pesimista respecto a las perspectivas del mercado laboral en los próximos 12 meses, en concreto, el 61% considera que éstas son "malas" y el 30% las califica de "no buenas", según la encuesta sobre la confianza del consumidor elaborada por Nielsen.

Solo el 6% de los españoles encuestados considera que la evolución del mercado laboral puede ser "buena" y el 2% restante prevé una deriva "excelente". España se sitúa así en tercer lugar por detrás de Grecia y Hungría, donde el 94% y el 96% de sus ciudadanos, respectivamente, afirmaron que sus perspectivas laborales son "malas" o "no buenas".

La encuesta, realizada en el mes de febrero entre 28.000 usuarios de Internet en 56 países, refleja cómo Europa ha comenzado el año 2012 con una tendencia más negativa que el resto del mundo debido al desempleo, la inseguridad en el puesto de trabajo y la situación de la economía.

Las mayores preocupaciones para los españoles encuestados son la seguridad en el puesto de trabajo (42%), la economía (41%) y el pago de las facturas (19%), esta última es la que más ha aumentado respecto al último trimestre de 2011. La incertidumbre sobre la educación y el bienestar de los hijos está aumentando hasta alcanzar el 13%.

El 79% de los españoles consideran que no es momento para realizar muchas de las compras que desean o necesitan. Sin embargo, el 38% de los encuestados asegura que los gastos previstos para los próximos meses los destinarán al ocio fuera de casa, aunque hay un 19% que afirma que no les queda más dinero después de haber cubierto sus necesidades básicas para vivir, y un 37% que lo destina a ahorrar.

EUROPA, LA MÁS PESIMISTA.

La confianza del consumidor global ha aumentado cinco puntos (de 89 a 94) entre el último trimestre de 2011 y el primero de 2012, mientras que en Europa solo ha crecido un punto (de 71 a 72). El 61% de los europeos considera que su país no saldrá de la recesión en los próximos 12 meses.

Entre los 56 países encuestados, los mayores descensos de la confianza del consumidor los han sufrido este último trimestre en Australia (-8 puntos), Polonia (-8), Suecia (-7), Bélgica (-7) y Francia (-5).

Los países con mayores incrementos de la confianza en este último trimestre han sido Taiwan (+13), Chile (+11) Estados Unidos (+9), Venezuela (+9), Malasia (+6), Dinamarca (+6), Estonia (+6), Arabia Saudí (+6), Reino Unido (+6), y Perú (+6).

India sigue siendo el mercado más optimista por noveno trimestre consecutivo, incrementando un punto en la confianza del consumidor hasta 123, seguido por Arabia Saudí (119), Indonesia (118) y Filipinas (118), Hungría, Grecia y Portugal se encuentran en el extremo más pesimista.

El 'chief economist' de The Cambridge Group, parte de Nielsen, Venkatesh Bala, afirmó que "aunque las condiciones económicas globales son más estables que durante el periodo más profundo de la crisis de deuda europea del año pasado", aún "son frágiles en muchas partes del mundo, lo que podría afectar negativamente en el próximo trimestre".

La preocupación por la economía se encuentra en primer lugar para el 19% de los consumidores de todo el mundo. La seguridad laboral (15%), el equilibrio entre la vida personal y el trabajo (10%), la salud (8%), y el aumento del precio de los alimentos (7%) son otras de las inquietudes.

EUROPAPRESS

Morales se burla de España

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aprovechó el Primero de Mayo, la frialdad, la incomodidad, cuando no el rechazo abierto de los países latinoamericanos a la declaración de guerra contra Argentina por parte del Gobierno de España para nacionalizar la parte de la red de alta tensión detentada por otra empresa española, Red Eléctrica. Comenté en un artículo anterior algo elemental en las relaciones de las grandes empresas con los estados en el siglo XXI: estos asuntos, la nacionalización de todo o parte de sus activos en un país, son cuestiones exclusivamente de empresa, y es la empresa y solo la empresa, con el apoyo discreto del Gobierno si fuera necesario (que, como demostró Botín en Venezuela, tampoco suele serlo), quien tiene que resolver el problema, en vez de ponerse a insultar como un niño y a pedir ayuda al mundo.

Sin embargo, en este caso la nacionalización ha venido acompañada de una burla a España, o si prefieren, al Gobierno, sin duda gratuita e innecesaria. El presidente Morales anunció la nacionalización justo en el momento en que se inauguraba la ampliación de extracción de gas en el campo Margarita, el mayor del país, realizada por Repsol y otras dos empresas, con la presencia de Antonio Brufau y cuyo destino exclusivo es el suministro de gas a Argentina. Morales podía haberlo hecho hace una semana o la que viene, pero lo hizo ayer. ¿Tal vez porque era Primero de Mayo, momento en el cual este marxista populista acostumbra a realizar este tipo de tropelías, o porque estaba el Brufau? Obviamente lo ignoro, pero quien no debía haberlo ignorado era Brufau. Como mínimo, debía haberlo sospechado. Alguien podrá decir que no podía evitar estar en el acto, y tal vez sea así, pero la pregunta es, ¿estaba también el presidente de British Gaz o el de Pan American, los otros dos socios? Brufau no debería haber estado en ese acto, y menos salir en la prensa saludando efusivamente a Evo Morales, no en este preciso momento.

El hundimiento del prestigio de España no ha sido inocuo

Después de mas de siete años en los que Zapatero y sus secuaces culminaron la mayor catástrofe económica, social, política y moral de toda nuestra Historia en tiempos de paz, tras aniquilar las raíces de creación de riqueza, dividir a la nación y abrir vías de agua en el Estado de bienestar, que tanto sudor y esfuerzo costó a varias generaciones de españoles, el prestigio internacional de España, tan duramente reconquistado (“España vuelve a estar de nuevo en el mapa”, dijo el WSJ ante la denostada foto de las Azores”) se tiró por la alcantarilla a cambio de nada. Un desastre culminado en el periodo de su Presidencia rotativa de la UE -la “conjunción astral”, que diría una de sus ministras palmeras-, pues sería ahí donde demostró una ignorancia oceánica, como por ejemplo al ofrecer su solución mágica a la crisis mundial -la de España era demasiado pequeña para este fénix de los ingenios-: prohibirla por Ley.

Sobre YPF hay un rayo de esperanza. Sé de primera mano que en Argentina está ganando adeptos la vía de una solución negociada, entre los dos gobiernos, y hay algunos segundos espadas de primera división que pueden hacerlo

“¿Pero cómo a nadie se le había ocurrido antes?”, se preguntó entonces, entre estupefacto y jocoso, el Financial Times. Ese periodo sería sencillamente letal y nuestro prestigio no se ha recuperado. ¿Cómo podría recuperarse nuestro prestigio? Nada más llegar al poder, lo primero que hizo Rajoy fue encubrir a los responsables de la catástrofe, dando instrucciones precisas a sus ministros de alabar la labor realizada por sus homólogos salientes, unos personajes que habían hundido España. Él hizo lo mismo con Zapatero: no solo le alabó, le concedió la Gran Cruz de Isabel La Católica. Cómo puede recuperarse la imagen de España si el presidente es incapaz de imponer un criterio, excepto el de su jefatura indiscutible, y ha convertido el Gobierno en una jaula de grillos, dividido la economía en dos carteras (lo que garantizaba enfrentamientos continuos y máxima ineficacia) y el resto de ministros se enteran por la prensa de decisiones clave que afectan a sus ministerios y sobre las que nadie les ha consultado. Esto es lo que hay, y el efecto es que no pintamos nada, y si no véase el caso que nos ha hecho EEUU, excepto, claro está, por el pánico a un default que afectaría a toda Europa y más allá.

No todo está perdido

Volviendo al tema de Red Eléctrica, se trata, primero, de una cuestión menor y, segundo, Red Eléctrica debería negociar una indemnización justa en silencio y sin pedir ayuda al mundo. Su actual presidente, la antítesis de Brufau, modesto y competente, puede hacerlo perfectamente, y seguro que consigue salir bien del atolladero. Solo cabe pedir que el Gobierno no intervenga, que se dedique a lo suyo, a arreglar España, porque de momento el Ibex y los mercados dan a las medidas de Rajoy un suspenso clamoroso.

Pero queda lo gordo, YPF. Y aquí hay un rayo de esperanza. Sé de primera mano que en Argentina está ganando adeptos la vía de una solución negociada, entre los dos gobiernos, y hay algunos segundos espadas de primera división que pueden hacerlo en ambos lados: la propia empresa y PEMEX. Solo hay una condición sine qua non: Brufau debe salir de Repsol, los agravios reales o supuestos, las descalificaciones y los insultos de grueso calibre, al parecer grabados de conversaciones imprudentes, hacen imposible una solución con él.

No creo que Fainé tenga problema alguno en buscar una solución profesional, y personal, perfectamente aceptable y justa, y máxime si Brufau facilita, en un último servicio a Repsol (lo que le honraría) la solución. La pelota está ahora en manos del Gobierno y por supuesto de Fainé y Brufau. Y el tema no es baladí, esto no es una red de alta tensión, es un auténtico tesoro. Exxon, CNOOC, Petrochina y muchos más están interesadísimos –“como cuervos acechando”, me dice un amigo argentino-. ¿Cómo no iban a estarlo con más de 200.000 millones de dólares en juego? La solución pasaría por un esquema tipo Brasil, que es lo que debía haberse hecho hace meses a iniciativa de Repsol: el Gobierno argentino se queda con el 30% gratis et amore y la inversión (enorme) la realiza Repsol, que además buscaría para ello nuevos socios con el placet del Gobierno argentino, como ocurre en cualquier otro país con grandes recursos petroleros. El control político sería del Ejecutivo argentino, el operativo de Repsol, todos ganarían. Sería triste que esto no saliera porque una parte creciente e influyente de Argentina estaría por la labor. La gente de De Guindos tiene mucho que decir, quiero decir hacer, y hacerlo sin que se entere nadie hasta que todo este pactado y bien pactado. Aquí la discreción es esencial.

Salir de Argentina no es una opción ni aunque pagasen los 8.000 millones pedidos que no los iban a pagar -¿qué es esa cifra comparada con el valor de las reservas?- Ya se han cometido demasiados disparates por uno y otro lado, hora es de sosegarse, de dejar a un lado amenazas e insultos y de negociar en interés de las partes y sin luz ni taquígrafo.

Roberto Centeno

Presupuesto base cero, notas de prensa y Estado autonómico

Siempre he pensado que los números, siendo manipulables (la economía nos enseña mucho sobre esto), lo son mucho menos que las ideas. Quizá por eso andaba yo analizando, pobre de mí, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, comparando con la Ley presupuestaria de 2011 cuando una nota de prensa se cruzó en mi camino. Es una nota que merece la pena guardar y, probablemente, será citada en el futuro entre los grandes errores de la comunicación política (como demuestra el rápido cambio de actitud de sus protagonistas al día siguiente). Recortar, o ajustar o ahorrar, que cada cual lo llame como quiera para no herir susceptibilidad alguna, 10.000 millones de euros del presupuesto de otros mediante nota de prensa pocos días después de lanzar el proyecto presupuestario propio no es algo que se haga todos los días. Cuando ni tan siquiera se había iniciado formalmente el debate parlamentario acerca del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y de nuevo, tratando de responder a la interesada percepción que los evanescentes mercados tienen de la economía española, el Gobierno de España anuncia, primero en medios de comunicación extranjeros, luego mediante nota de prensa y, finalmente, en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, nuevas reformas cuyo alcance, por lo demás, no concreta hasta debatirlas con quienes tienen que llevarlas a la práctica e incorporarlas en sus presupuestos, las Comunidades Autónomas.

Pero, sin olvidar notas de prensa y ajustes adicionales, que corresponderá concretar a entes distintos del propio Estado, aunque sea en base a normas provenientes de éste, no está de más comparar algunos datos de los presupuestos de 2011 y 2012. En el presupuesto de 2011 el coste estimado de amortización de la deuda del Estado era de 73.994.756.160 euros, mientras que se en el proyecto de 2012 se eleva a 78.898.143.804 euros. Sobre el total del gasto presupuestado dicho coste pasaría de suponer el 20,40 % a alcanzar el 21,79 %. Prescindiendo del gasto sanitario, transferido en su inmensa mayoría a Comunidades Autónomas, en educación, aunque también está transferida la parte sustancial, la suma de las partidas más significativas, incluidas becas y ayudas a estudiantes, alcanzaba 2.341.550.300 euros en 2011, cantidad que se reduce significativamente en 2012, quedando limitada a 1.757.636.660 euros (un 75,06 %). Las transferencias previstas a Comunidades Autónomas y Entidades locales en concepto de participación en los tributos del Estado suponían 14.797.873.610 y 13.235.984.380 euros respectivamente en 2011. En 2012 las transferencias previstas serán de 21.806.230.660 y 14.683.078.520 euros respectivamente.

No pueden tampoco dejar de compararse gastos en el ámbito social. El gasto presupuestado destinado a prestaciones por desempleo el pasado año fue de 30.474.059.630 euros, que se reduce a 28.805.052.820 euros en este ejercicio, que muchos analistas consideran ya insuficientes. El gasto en pensiones contributivas se incrementa desde los 99.233.688.390 euros hasta 102.103.288.970 euros, importe que, nuevamente, diversos analistas juzgan insuficiente para atender los compromisos reales. El incremento resulta ligeramente superior en lo que respecta a clases pasivas y el importe presupuestado para pensiones no contributivas y asistenciales permanece prácticamente estable. En cambio, la reducción de los créditos presupuestados destinados subsidios por incapacidad temporal y otras de la Seguridad Social, prestaciones de garantía salarial y autonomía persona y atención a la dependencia se reducen en torno al 10 %, con una reducción de aproximadamente 1.500.000.000 euros. En este ámbito, pues, existe una cierta continuidad en 2011 y 2012, que quiebra, en cambio, en otras materias.

El gasto productivo, generador de actividad económica se reduce también sustancialmente. Los créditos previstos para ejecutar infraestructuras del transporte ferroviario se reduce al 55,05% pasando de 1.791.594.160 euros a 986.328.070 euros. La dotación presupuestaria destinada a rehabilitación y acceso a la vivienda pasa de contar con 1.126.645.500 euros a disponer de 781.999.080 euros, lo que, dado el alto compromiso plurianual en este área implica la práctica liquidación de estas políticas en los próximos años. También reducción experimentan los créditos previstos para gestión e infraestructuras del agua, que en 2012 serán el 87,11% de los previstos en 2011, y en conservación y explotación de carreteras, que se limitan al 81,47%. Tan sólo la partida destinada a creación de infraestructuras de carretera se incrementa, al pasar de 1.433.264.950 euros a 1.781.989.490 euros. Pero este incremento no compensa, en el conjunto de programas inversores mencionados, una reducción global de casi 1.200.000.000 euros, hasta llegar al 82,64% si se comparan los créditos de 2012 con los previstos en 2011. La obra pública no será el factor que dinamizará la actividad económica.

El programa de gobierno es el presupuesto. En él se plasman las prioridades, especialmente en un contexto tan crítico como el actual. La reducción del gasto presupuestado, o su mantenimiento o incremento, no son neutrales política ni ideológicamente como algunos pretenden hacer creer, falazmente, a los ciudadanos. El presupuesto refleja opciones políticas e ideológicas. La reducción drástica del gasto en áreas concretas exigirá reformas drásticas porque el gasto no desaparecerá, por un simple ejercicio de voluntad política o legislativa, de un año para otro en muchas de las áreas afectadas (aunque sea posible en otras omitiendo actuaciones que se venían realizando anteriormente). El Gobierno va a impulsar reformas sustanciales porque no hay otra forma de digerir semejantes recortes presupuestarios. De todos modos, resulta cuestionable que una dinámica como la propuesta, de simples recortes sobre un presupuesto preexistente, sea suficiente hoy día. Se impone, a mi juicio, trabajar un presupuesto base cero; un presupuesto que no dé casi nada por supuesto y que permita reconstruir el conjunto de capítulos con los criterios que la realidad actual impone; un presupuesto que plasme reformas estructurales y no que las provoque al generar disfunciones sobre políticas preexistentes; un presupuesto que, a la postre, permita reiniciar el sistema.

Tras el proyecto presupuestario estatal para 2012, como decía, llegó el anuncio de la reducción del gasto sanitario y educativo, transferido a las Comunidades Autónomas, en alrededor de 10.000.000.000 euros. Compárese la cifra con cualquiera de las apuntadas y se advertirá el calado de lo anunciado al país mediante una nota de prensa. El incremento de 7.000.000.000 euros de transferencia prevista a Comunidades Autónomas en concepto de participación en los tributos del Estado se ve ampliamente superado. Las Comunidades Autónomas deberán reducir el gasto. Ha sido tal la presión generada por el anuncio que ha avivado el fuego de un debate que parecía ya superado, el de la descentralización autonómica y, en los últimos días, hemos asistido a posicionamientos diversos sobre la cuestión, a mi juicio improvisados y algo frívolos, rayando con la irresponsabilidad. Sólo nos faltaba ahora asistir a una discusión entre Estado y Comunidades Autónomas sobre el coste de las competencias sanitarias, educativas o de justicia, una discusión que sería ineludible para hacer efectivo el traspaso de funciones y servicios de las Comunidades Autónomas al Estado. Sólo nos faltaba ahora iniciar un proceso que generase nuevas asimetrías e ineficiencias, reavivando los agravios y el problema territorial español, un proceso que, salvo reforma constitucional imperativamente impuesta a todos, sería cuestionado por muchas Comunidades, que no renunciarían voluntariamente a sus competencias ni a la autonomía ganada.

 Julio Tejedor Bielsa

De cómo es posible encauzar algunas actuaciones ilegales

Quien afirme que la lectura de los Diarios oficiales es aburrida es posible que haya dejado de leerlos hace tiempo. Sí cabe calificar esa actividad de pesada o agotadora, porque son muchas las páginas. Quien las ha contado apunta a más de un millón al año entre los boletines autonómicos y el estatal. Pero no puede decirse que no pretendan generar un ansia trepidante, ante tanta reforma, y que a veces no regalen alguna sorpresa. Varios ejemplos podría citar de los últimos meses, pero permítanme que me centre en uno aparentemente minúsculo. A saber, la reforma de un pliego de cláusulas administrativas y de una concesión otorgada hace más de diez años. Ante tanto Real Decreto Ley, no me digan que un escueto pliego o antiguas condiciones concesionales no son algo menor.

El pasado día seis de marzo, el Boletín oficial del Estado publicó el Real Decreto por el que se modifica “la letra d) de la cláusula octava del pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión”. Tras la nueva redacción, aprobada las proposiciones de los licitadores deberán incorporar de manera “clara, precisa e inequívoca” las modificaciones que impliquen una mejora del proyecto inicial y, lo que es más relevante, junto a la importancia que ya tiene esa información, se impide que se consideren mejoras aquellas obras que queden fuera del área de influencia de la autopista; los trabajos que puedan calificarse contratos de obras de considerable cuantía, o aquellos cuyo valor exceda del cinco por ciento del precio del contrato.

Es fácil advertir que esa modificación normativa puede tener mucha incidencia en uno de los vicios más preocupantes de la contratación administrativa: los llamados “reformados”, a través de los cuales se hurta la sana competencia entre empresarios y se permite abonar el terreno de la corrupción política. Por tanto, bienvenida sea. Pero hay que saber algo más. Y es la causa de la misma.

Como explica la Exposición de motivos del Real Decreto, trata de satisfacer el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene fecha de 22 de abril de 2010, y que condenó al Reino de España por incumplir la normativa de contratación pública. Resolvió esta sentencia la denuncia que había presentado la Comisión europea, a instancia de varios grupos de ciudadanos, ante la irregular adjudicación de la concesión de la autopista A-6 a partir del año 2018.

Es posible que muchos recuerden cómo nos sorprendió que en 1999 se adjudicara una concesión que debía iniciarse veinte años después, en 2019, y por un periodo de más de treinta años. Más extrañeza causó ir conociendo noticias de obras que no se habían anunciado. Todo ello llegó al Tribunal europeo que en 2010 declaró el incumplimiento del Derecho comunitario por el Reino de España: se habían adjudicado varias obras sin haberse publicado convenientemente sus anuncios.

Las consecuencias de esa sentencia se han dirigido a intentar controlar esas modificaciones y reformados, pero también la propia concesión tan irregularmete otorgada. Y es que el Gobierno ha tenido que modificar sus condiciones. Días después de esa publicación, el Boletín oficial del Estado nos dió a conocer el acuerdo que modifica varias cláusulas de la concesión de la autopista que conecta la A-6 con Segovia, con Ávila, y el tramo Villalba-Adanero (Real Decreto de nueve de marzo). Así, en lugar de los más de treinta años iniciales de la concesión, se ha reducido a siete años el plazo concesional, aunque ello escrito mezclando dos lenguajes: uno, el marxista (de Groucho Marx, claro), para generar alguna sonrisa al lector de boletines, y otro, el lenguaje embrollado que utilizan ahora algunos responsables públicos para garantizar más informes y pleitos de los que vivimos muchos. Les dejo una perla: “La reducción del periodo concesional, en siete años, será efectiva una vez quede fijado con exactitud el periodo concesional”. En fin, el acuerdo del Gobierno prevé que se analizará en 2019 el tráfico real y se fijará un nuevo plazo probablemente para la concesión. Habrá que analizar el equilibrio económico-financiero y será probable que haya que indemnizar al inicial adjudicatario.

Al menos, ha quedado cierta constancia de que los concursos mal publicados, las adjudicaciones irregularmente realizadas pueden modificarse. ¿No es un pequeño paso en este mundo jurídico dónde tan poco se responde de las actuaciones ilegales? Aunque, realmente, ¿los “responsables” de ese desaguisado han respondido?

Mercedes Fuertes López

S&P estima que España no será capaz de crear empleo neto hasta la segunda mitad de la década

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's considera que la debilidad de la recuperación económica prevista para España no permitirá que se genere empleo neto en el país hasta la segunda mitad de la presente década, según advirtió en rueda de prensa la directora de ratings soberanos para Europa y África de S&P, Myriam Fernández de Heredia.

"Esperamos todavía para el año que viene un ligero aumento, aunque no en tanta medida, de la tasa de desempleo debido a la caída prevista del PIB del 0,5% en 2013", apuntó la directiva, quien explicó que las previsiones de crecimiento para España manejadas por S&P auguran una mejora de la actividad del 0,3% en 2014 y del 1% en 2015.

"Estamos hablando de recuperación de la actividad, pero se trata de un crecimiento económico todavía bastante reducido que no podrá generar empleo neto hasta la segunda mitad de la decada", añadió Fernández de Heredia.

En este sentido, Marko Mrsnik, director de calificaciones soberanas de S&P para Europa, señaló que las reformas estructurales "son necesarias" por la falta de competitividad de la economía española, aunque subrayó que el efecto de estas medidas, como en el caso del mercado laboral, no se ven de manera inmediata.

De hecho, Mrsnik reconoció que la reforma del mercado laboral aprobada en España "probablemente tendrá un impacto negativo a corto plazo", añadiendo que la previsión de la agencia para este año es de una tasa de desempleo del 25%, ya que el potencial efecto positivo sobre el crecimiento económico se verá a medio plazo.

No obstante, la propia agencia de calificación identifica como uno de los factores negativos que pesan sobre las perspectivas de la economía española "la calidad de la renta disponible" por el aumento del paro, los recortes salariales, las subidas de impuestos y precios regulados, así como la reducción de servicios públicos.

"Todo esto supone una presión para las rentas disponibles y un descenso del consumo privado y público por la puesta en marcha de la consolidación presupuestaria", dijo Mrsnik.

S&P informó a última hora de este jueves de su decisión de rebajar en dos escalones el rating de España desde 'A/A-1' a 'BBB+/A-2' al entender que existen "riesgos significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria", algo que podría repercutir negativamente en la calidad crediticia de España.

La agencia expresó en un comunicado su desconfianza en que España logre cumplir los objetivos de déficit previstos para 2012 y 2013, cuando prevé que el déficit presupuestario español se situará en el 6,2% y el 4,8%, respectivamente.
EUROPAPRESS