El Acuerdo de la Función Pública rubricado hoy por el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, que establece una subida salarial del 0,3% para 2010, costará 50 millones de euros al erario público.
Según confirmó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández dela Vega , el coste de este acuerdo se aproximará a la citada cantidad.
Pero Dela Vega quiso dejar claro que este acuerdo marco recoge 50 medidas de "importante calado" con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia de la Administración y mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos a través de una cláusula de revisión salarial hasta el año 2012.
"Es una reforma al servicio de los ciudadanos que tienen derecho a que se les faciliten unos servicios eficaces y de calidad", subrayó la vicepresidenta primera.
En su opinión, el acuerdo "supone una importante contribución al diálogo social. Vamos a convertir ala Administración General del Estado en un motor importante que va a contribuir a la salida de la crisis".
La vicepresidenta confirmó que el Gobierno aportará al fondo de pensiones un 0,3% de la masa salarial, al tiempo que explicó que la tasa de reposición será del 15% de las bajas, lo que supone reducirla a la mitad.
En cualquier caso, el Gobierno afirma que quedan excluidos de esta situación los servicios públicos básicos, como la seguridad, la educación, la sanidad o instituciones penitenciarias, entre otros.
Por su parte, los representantes de UGT, CCOO y CSI-CSIF, Julio Lacuerda, Enrique Fossoul y Domingo Fernández, respectivamente, coincidieron en destacar que el acuerdo será positivo para los empleados públicos porque, por primera vez, tienen cláusula de revisión salarial que les equipara en prestaciones al resto de empleados.
Dela Vega dijo que "hemos alcanzado un gran acuerdo para llevar a cabo un proceso de racionalización de la función pública. Queremos que la función pública aproveche al máximo sus recursos y el potencial de sus trabajadores".
Por ello, confirmó que el Gobierno iniciará la tramitación, "antes de que finalice 2010" de una ley sobre la función pública.
El Acuerdo dela Función Pública rubricado hoy por el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, que establece una subida salarial del 0,3% para 2010, costará 50 millones de euros al erario público.
Según confirmó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández dela Vega , el coste de este acuerdo se aproximará a la citada cantidad.
Pero Dela Vega quiso dejar claro que este acuerdo marco recoge 50 medidas de "importante calado" con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia de la Administración y mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos a través de una cláusula de revisión salarial hasta el año 2012.
"Es una reforma al servicio de los ciudadanos que tienen derecho a que se les faciliten unos servicios eficaces y de calidad", subrayó la vicepresidenta primera.
IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN
En su opinión, el acuerdo "supone una importante contribución al diálogo social. Vamos a convertir ala Administración General del Estado en un motor importante que va a contribuir a la salida de la crisis".
La vicepresidenta confirmó que el Gobierno aportará al fondo de pensiones un 0,3% de la masa salarial, al tiempo que explicó que la tasa de reposición será del 15% de las bajas, lo que supone reducirla a la mitad.
En cualquier caso, el Gobierno afirma que quedan excluídos de esta situación los servicios públicos básicos, como la seguridad, la educación, la sanidad o instituciones penitenciarias, entre otros.
Por su parte, los representantes de UGT, CCOO y CSI-CSIF, Julio Lacuerda, Enrique Fossoul y Domingo Fernández, respectivamente, coincidieron en destacar que el acuerdo será positivo para los empleados públicos porque, por primera vez, tienen cláusula de revisión salarial que les equipara en prestaciones al resto de empleados.
Dela Vega dijo que "hemos alcanzado un gran acuerdo para llevar a cabo un proceso de racionalización de la función pública. Queremos que la función pública aproveche al máximo sus recursos y el potencial de sus trabajadores".
Por ello, confirmó que el Gobierno iniciará la tramitación, "antes de que finalice 2010", de una ley sobre la función pública.
Según confirmó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de
Pero De
"Es una reforma al servicio de los ciudadanos que tienen derecho a que se les faciliten unos servicios eficaces y de calidad", subrayó la vicepresidenta primera.
En su opinión, el acuerdo "supone una importante contribución al diálogo social. Vamos a convertir a
La vicepresidenta confirmó que el Gobierno aportará al fondo de pensiones un 0,3% de la masa salarial, al tiempo que explicó que la tasa de reposición será del 15% de las bajas, lo que supone reducirla a la mitad.
En cualquier caso, el Gobierno afirma que quedan excluidos de esta situación los servicios públicos básicos, como la seguridad, la educación, la sanidad o instituciones penitenciarias, entre otros.
Por su parte, los representantes de UGT, CCOO y CSI-CSIF, Julio Lacuerda, Enrique Fossoul y Domingo Fernández, respectivamente, coincidieron en destacar que el acuerdo será positivo para los empleados públicos porque, por primera vez, tienen cláusula de revisión salarial que les equipara en prestaciones al resto de empleados.
De
Por ello, confirmó que el Gobierno iniciará la tramitación, "antes de que finalice 2010" de una ley sobre la función pública.
El Acuerdo de
Según confirmó hoy en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de
Pero De
"Es una reforma al servicio de los ciudadanos que tienen derecho a que se les faciliten unos servicios eficaces y de calidad", subrayó la vicepresidenta primera.
IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN
En su opinión, el acuerdo "supone una importante contribución al diálogo social. Vamos a convertir a
La vicepresidenta confirmó que el Gobierno aportará al fondo de pensiones un 0,3% de la masa salarial, al tiempo que explicó que la tasa de reposición será del 15% de las bajas, lo que supone reducirla a la mitad.
En cualquier caso, el Gobierno afirma que quedan excluídos de esta situación los servicios públicos básicos, como la seguridad, la educación, la sanidad o instituciones penitenciarias, entre otros.
Por su parte, los representantes de UGT, CCOO y CSI-CSIF, Julio Lacuerda, Enrique Fossoul y Domingo Fernández, respectivamente, coincidieron en destacar que el acuerdo será positivo para los empleados públicos porque, por primera vez, tienen cláusula de revisión salarial que les equipara en prestaciones al resto de empleados.
De
Por ello, confirmó que el Gobierno iniciará la tramitación, "antes de que finalice 2010", de una ley sobre la función pública.
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