¿Todos Funcionarios?

La severa crisis económica que padecemos ha acentuado la propensión española a opositar. Si tradicionalmente una mayoría de universitarios afirmaban en las encuestas preferir la administración pública frente a la empresa, podemos figurarnos la respuesta que se obtendría en estos instantes en caso de repetir las preguntas. El grito casi unánime sería:

¡Todos funcionarios! La sabiduría difusa de las familias ya está trabajando el hígado a los jóvenes, con consejos de buscar la seguridad sobre cualquier otro principio. Desgraciadamente, todos tenemos delante ejemplos de osados que se metieron en negocios y ahora están arruinados, o trabajadores de la privada que disfrutaron de altos sueldos en el boom, y que ahora están en el paro. Nadie se acuerda de las bonanzas, cuando los de la privada ganaban más que los de la pública. Ahora, parece que todos miramos con envidia el sueldo seguro del funcionario.

La función pública es una honrosa y muy digna salida profesional. La sociedad precisa de buenos funcionarios y profesionales públicos, para garantizar el funcionamiento de la administración y de los servicios básicos. Como hijo de funcionario que soy, tengo en gran respeto el esfuerzo callado que muchos realizan. Aunque, como en todas partes, existen ovejas negras, no comparto para nada la extendida leyenda negra sobre la indolencia funcionarial de nuestro país. Al contrario, en algunos casos, su eficiencia llega a superar al sector privado. Ahora bien, una vez dicho esto, la

proliferación de administraciones e instituciones públicas en nuestro país ha ocasionado un elevado crecimiento en el número de funcionarios. En algunas zonas geográficas llegan a suponer el 50% de la población ocupada. Es cierto que faltan en algunas áreas, pero tampoco es menos cierto que sobran en otras. En general, podemos afirmar que España no puede permitirse el incrementar el porcentaje de su población ocupada que trabaja en la administración. Precisamos de buenos funcionarios, pero su número no puede crecer sin fin.

La crisis está devastando las arcas públicas. Los abultados déficits de hoy se traducirán en más deuda pública, más impuestos y reducción del gasto para mañana. Quiero esto decir que las convocatorias para plazas públicas se limitarán al máximo en un futuro próximo. Y en el caso de los ayuntamientos, esta restricción será aún más acusada.

Si muchos ya tienen dificultades en pagar sus actuales plantillas, ¿cómo pensar en ampliarlas? Pues frente a esta realidad de menos plazas futuras, nos encontramos con que cada vez más personas quieren opositar, buscando la añorada seguridad que en estos tiempos de zozobra cotiza a precios de oro. Muchos parecen los llamados, pero pocos serán los elegidos. ¿Merecerá la pena el esfuerzo y el sacrificio de meses o años de estudios a miles de personas que no lograrán entrar en la función pública? Sin duda alguna, la mayor concurrencia elevará el nivel de los aprobados, lo que redundará, en principio, en beneficio de la calidad de la gestión pública. Sólo los muy preparados al menos en teoría tendrán acceso a ella.

Alguien debe decirle a la tropa que no van a poder entrar todos en la administración, y que deben motivarse y prepararse para la privada. Es cierto que la empresa cotiza en estos momentos a la baja y que la administración es el valor refugio al alza. Pero España precisa de muchas y buenas empresas y de un poderoso sector privado. ¡Ojalá muchos decidan convertirse en empresarios, a pesar de las dificultades extremas en la que tendrá que desenvolverse en estos momentos!

En fin, que cada persona haga lo que desee con su vida. Nadie mejor que cada uno, para conocer sus circunstancias.

Nosotros, desde nuestra modestia, sólo podemos decirle una cosa. Nos pongamos como nos pongamos, ¡NO TODO EL MUNDO PODRÁ SER FUNCIONARIO! Así, que usted mismo.