
Aunque las actuaciones para detectar fraudes a la Seguridad Social y el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos siguen representando dos tercios del trabajo de la Inspección de Trabajo, la crisis ha obligado a reorientar parte de sus actuaciones.En el primer trimestre del año, se han incrementado un 40% las inspecciones en el ámbito de las relaciones laborales por dos motivos: se han disparado los expedientes de regulación de empleo (que requieren informes de la Inspección) y han aumentado las denuncias de trabajadores porque aseguran que sus empresas no pagan los salarios o les obligan a hacer jornadas más largas sin contraprestación. Por este motivo se han impuesto sanciones valoradas en 7 millones de euros, una cuantía que multiplica por cuatro la del año pasado.
También han aumentado las actuaciones contra empresas que no colaboran con la Inspección, ya sea porque no aportan la información necesaria o porque impiden el trabajo de la Inspección. Fruto de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, entre enero y marzo se han impuestos 21.700 sanciones valoradas en 61 millones de euros.
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