Sobran funcionarios. Ésta es una de las frases más escuchadas en los últimos tiempos. O mejor dicho, en estos tiempos de crisis. Es una conclusión simplista de aquellos a quienes les interesa desviar la atención buscando un culpable fácil ante esta situación de déficit que estamos viviendo.
Las pretensiones de recortar en gasto público se presenta, entre otros, con reducciones en plantillas a través, por ejemplo, de escasas tasas de reposición de efectivos o de reducidas ofertas de nuevo personal que recogen Ofertas de Empleo Público (OEP) como es la de la Administración del Estado para 2010.
Sectores prioritarios como la seguridad, políticas activas de empleo, prestaciones de desempleo, instituciones penitenciarias o la hacienda pública han visto reducida sus partidas de forma considerable en la última OEP. Decisiones políticas como ésta, para corregir la grave situación económica, afectan al cumplimiento de los servicios esenciales del estado de bienestar.
Los servicios públicos -como la sanidad, la educación o la seguridad- son fundamentales para que los ciudadanos vean satisfechos sus derechos. Y son los empleados públicos los garantes de la ejecución de esta labor. Para disfrutar de un estado de bienestar, estos servicios esenciales no deberían verse afectados en ningún momento, con crisis o sin ella, ya que en otro caso los ciudadanos serán los que terminen pagando. No se trata solo de mantenerlos sino de mejorarlos y para ello serán necesarios más medios personales gestionados de forma eficaz.
Referentes europeos
El espejo de la Unión Europea nos refleja en una perspectiva a la que sería deseable llegar. Finlandia es un referente en cuanto a la aplicación de políticas sociales, donde hay un empleado público por cada 4,5 personas en activo en contraste con España donde esa proporción es de uno frente a 8. Los datos de otros países de nuestro entorno son también ilustrativos: en Reino Unido hay un empleado público por cada 5,26; en Francia, uno por cada 4,84; Bélgica, uno por cada 5,88; o Italia, uno por cada 7,06.
No podemos prescindir sin más de personal preparado y competente para cumplir los servicios públicos y a la vez no podemos dejar de exigir a la Administración Pública que avance en su proceso de modernización en busca de la eficiencia, la coordinación entre Administraciones Publicas y la autoexigencia. No, señores, no sobran funcionarios.
*Paloma Miña, Responsable de Comunicación de Centro de Estudios Adams
No hay comentarios:
Publicar un comentario