martes, 18 de enero de 2011

La Inspección de Trabajo sanciona a la Diputación de Cádiz por deudas pendientes a sus empleados que superan los 300.000 euros en total

Tras la denuncia presentada en el mes de agosto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Inspección de Trabajo ha dejado en evidencia algunas irregularidades detectadas en la Diputación provincial de Cádiz y que le conllevará una sanción por infringir las relaciones laborales.
Según se desprende de la resolución de la Inspección de Trabajo, la Diputación provincial dejó de pagar el incremento salarial que marcaba el convenio desde enero hasta junio de 2010, afectando directamente a 785 trabajadores (entre laborales y laborales asimilados a funcionarios). En total, 303.033 euros que la Diputación debe a sus empleados públicos, que tendrá que devolver con intereses de demora. Al mismo tiempo, esta situación abre la puerta para que los funcionarios también puedan reclamar lo que se les adeuda. Así, CSIF anima a los trabajadores de la Diputación a que acudan a la vía judicial en caso de que en este mes de diciembre no cobren las cantidades adeudadas, incluyendo los intereses de demora.
Por este asunto, como infracción en materia de relaciones laborales, es por el cual la Inspección de Trabajo ha levantado acta de infracción, que supondrá una sanción de unos 15.000 euros según el reglamento de la Inspección de Trabajo.
Sin embargo, en su informe, la Inspección también ha recordado el impago de unas ayudas de estudios para doce personas así como la deuda de 13.151 euros que tenía la Diputación con los empleados públicos por el complemento de trabajo del día festivo de Santa Rita (22 mayo 2009), cuyo pago se acordó para el mes de noviembre.
Ante todas estas irregularidades, el presidente del sector de Administración Local de CSIF-Cádiz, Jesús Pecero, ha pedido explicaciones públicamente y pregunta a los responsables de la Diputación por el destino de las cantidades que no se han abonado a los afectados. “No es lógico que en una época de recortes y control de gastos, se pierdan más de 300.000 euros en una Diputación provincial y que sean, como siempre, los empleados públicos los que carguen con las consecuencias”, apunta Pecero.

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