Pajín anuncia un anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha afirmado que llevará al Consejo de Ministros del próximo viernes el informe sobre el anteproyecto de Ley de Servicios y Atención al Cliente (SAC) con el que se pretende garantizar un nivel mínimo de calidad en la prestación de estos servicios por las empresas, "ahorrando tiempo y trámites a quienes acudan a ellos".

   "Todos somos conscientes de la necesidad de que hay de regular los servicios de atención al cliente y de que hay una cierta percepción negativa entre la ciudadanía de este tipo de servicios", ha afirmado la ministra tras la firma en su departamento de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General del Estado sobre protección de consumidores, con motivo de la celebración este martes del 30 aniversario del Día Mundial del Consumidor.

   Sobre el anteproyecto de ley, Pajín ha advertido también de que estos servicios de atención al cliente "no solo son importantes en sí mismos, sino que, además, su correcto funcionamiento prevendría muchas de las reclamaciones que a día de hoy se transmiten desde las asociaciones de consumidores".

   Por otra parte, la ministra ha firmado un convenio de colaboración para mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo.

   Entre los objetivos se encuentra el de prevenir y combatir las actuaciones fraudulentas, mediante la aportación de información relevante para la investigación y persecución del quebrantamiento de los derechos de consumidores y usuarios; impulsar actuaciones judiciales que aconsejen el ejercicio de acciones de cesación o la persecución penal de las mismas; y colaborar en la formación jurídica de técnicos de consumos de las administraciones públicas.

   Sobre el acuerdo firmado este lunes, Conde-Pumpido ha señalado que tiene por objeto agilizar los cauces y la transmisión de información sobre los problemas y colaborar en la formación e intercambio de experiencias. "Este (convenio) es un gran desafío porque el Ministerio Público tiene la oportunidad de ser el artífice de la legalidad, la defensa del ciudadanos y aporta un valor añadido a nuestra posición de salvaguarda del Estado de Derecho".

   El fiscal general del Estado ha señalado que los fiscales tienen  una actitud "vigilante" en cuanto a los derechos de los consumidores y usuarios "a través de la incoación de las correspondientes diligencias internas y tomando las decisiones oportunas con el fin de que los consumidores sean protegidos de manera efectiva y eficaz". "Iremos poco a poco ampliando el ejercicio de nuestras facultades sin pausa", ha advertido.

EUROPA PRESS