La huella de los impagos

Una clara evidencia de la difícil situación financiera de las administraciones locales es la ola creciente de  impagos que sufren: un elevado número de empresas, concesionarios y proveedores de todo tipo de servicios  no consiguen cobrar las cantidades que les adeudan los ayuntamientos, en algunos casos, de varios años de antigüedad.En general, el problema de los impagos aqueja a todas las unidades económicas, grandes y medianas empresas, y posiblemente es uno de los males más graves de nuestra economía; pero lo novedoso de la situación actual es cómo está lastrando la vida cotidiana de todos los ayuntamientos de España, independientemente de su tamaño. La prensa muestra con mucha frecuencia ejemplos de crisis en todo tipo de ayuntamientos: concesionarias que renuncian a los contratos por las pérdidas que ocasionan los injustificados retrasos en los cobros; ciudades donde las compañías eléctricas están cortando el suministro de manera selectiva (por barrios) por los impagos acumulados; consistorios que pagan el suministro de varios años antes con cargo al presupuesto del ejercicio corriente; y, por último,  ayuntamientos donde los empleados municipales llevan mucho tiempo sin cobrar, o cobran con bastante retraso, y ejecutan acciones de protesta más propias de empresas de sectores industriales en reconversión que del sector público.

Todo ello configura un panorama de crisis que nadie imaginó hace apenas unos años, cuando la economía iba “viento en popa, a toda vela” y la oferta de empleo público, nuevos servicios y  proyectos de la administración local crecía a un ritmo también frenético, basada en la abundancia de ingresos; pero  ningún político pensó que la extraordinaria fuente de ingresos procedentes de la actividad inmobiliaria podría llegar a secarse de un día para otro, y lo que es peor, sin expectativas de que vuelva a manar en muchos años.     

Las series de datos del Banco de España proporcionan una imagen clarísima del problema. La normativa contable vigente a efectos del cálculo de solvencia de las entidades financieras otorga un peso muy bajo  a los riesgos y créditos concedidos a las administraciones públicas en general; es decir, en igualdad de condiciones, a una entidad que tenga 100 (millones de €, o lo que se prefiera) de recursos propios, le cuesta menos prestarlos al sector público (administraciones locales en este caso), que a una empresa o un particular, pues la cantidad de capital propio del que debe disponer para hacer frente a los posibles impagos del cliente históricamente son más bajas para la administración pública, que para el resto de clientes.

Y la verdad es que históricamente ha sido así: siempre ha habido algún caso de ayuntamientos con problemas, por mala gestión, o desequilibrios e inestabilidades políticas, etc., pero en proporción, mucho menor que en cualquier otro sector de la economía; posiblemente, el rigor que antiguamente había en la gestión profesional de las corporaciones actuaba de contrapeso a las desmedidas aspiraciones de algunos políticos. Pero parece que las cosas han cambiado durante los años de euforia.

Repasando la serie de activos dudosos del sector financiero, se observa claramente este deterioro. Primero, porque la cifra de dudosos de  las administraciones públicas ha sido históricamente baja, casi inexistente; por ejemplo, desde 2005 hasta 2008 el saldo total de dudosos (la cantidad de créditos y préstamos que tenían retraso en el pago de las cuotas superior a tres meses) se ha mantenido estable por debajo de los 200 millones de € (33.280 M. ptas); esa cifra hay que contrastarla con el saldo total de los préstamos y créditos concedidos por todos los bancos y cajas a las administraciones públicas, dando una media de 0,5% , que muestra claramente la circunstancia comentada.

Desde el comienzo de la crisis, las entidades financieras, confiadas en ese mejor historial de pago  de las administraciones públicas y presionadas por los impagos en otros sectores de la economía, aumentaron los préstamos y créditos concedidos, duplicando prácticamente el saldo total: 42.000 M € en 2007, pasaron a 78.971 M € en diciembre de 2010. Sin embargo, el deterioro de la realidad seguía su proceso, aumentando los problemas de pago: el total de activos dudosos de la administración ha llegado a 578 M € (o sea, 96.172 M ptas.), que equivale al 0,74% del total; pero creciendo deprisa.

Evidentemente, las cosas no pintan bien para los gestores de las administraciones públicas en general, pero sobre todo para la administración local, que tiene muy difícil, si no imposible, acudir a los mercados de capitales para conseguir fondos, contrariamente a lo  que puede hacer el gobierno central y el autonómico: conforme sigan aumentando los casos de problemas de pago, y los saldos clasificados como dudosos, encontrarán cada vez más difícil renovar las operaciones que vayan venciendo; y si lo consiguen, tendrán que aceptar el precio más elevado que pondrán las entidades, para protegerse de lo que pueda suceder, porque la prima de riesgo de la administración local ha crecido.

Tomás García Montes