miércoles, 15 de junio de 2011

Sobre el sector público local

Hace unos días concluí la lectura del Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización del sector público local correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. Se aprobó hace ya casi tres meses (en concreto en el Pleno del día 24 de marzo), pero su extensión, más de cuatrocientas páginas de información, así como la avalancha de otras normas que nos caen encima retrasó mi curiosidad. Conviene conocerlo.El Tribunal ha realizado un gran trabajo, aunque no deje de sorprender el dilatado espacio de tiempo entre las cuentas fiscalizadas ¡se incluyen las de hace cinco años! Pero el retraso no hay que imputarlo a este importante órgano constitucional, sino a las propias entidades locales. Abochorna saber que muchas Administraciones no envían información a los órganos de fiscalización. Alrededor del 30% de las Administraciones locales mantienen un deficiente cumplimiento de su obligación de rendir cuentas. Me ha sorprendido encontrarme con el dato de que hay muy poco nivel de cumplimiento en las Administraciones de Andalucía, Cataluña y Madrid; mientras que, por el contrario, las Administraciones más cumplidoras son las alojadas en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Galicia, Navarra y la Región de Murcia. En todo caso, en los completos anexos de este Informe aparecen con detalle los nombres de las Administraciones incumplidoras.
Un gran esfuerzo se ha hecho desde el año 2005 para incorporar a los sistemas de contabilidad pública y control las ventajas que permite la informática y la realización los procedimientos vía telemática. El Tribunal ha promovido planes de formación, medios de asistencia y ayuda y, sin embargo, todavía denuncia que los resultados son muy pobres dentro de los Ayuntamientos incumplidores. En el Informe se puede leer que con muchos Ayuntamientos no ha sido posible contactar con los responsables de la contabilidad, no se ha encontrado a personal que atendiera el teléfono o recogiera el correo, ni se han respondido a los requerimientos que ha realizado el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo es posible tamaña desconsideración? Es lógico que se hayan abierto procedimientos conminatorios contra Alcaldes para imponer multas coercitivas.
Estas deficiencias se incrementan con relación a las Entidades locales menores. La cifra es pavorosa: ¡no han rendido cuentas el 85%! Una mala cifra para quienes, como es mi caso, defendemos el mantenimiento de estas pequeñas administraciones locales como medio para evitar la despoblación y el cuidado del campo y de los montes. Si algún día se inicia el proceso de fusión de Municipios, sería conveniente que las antiguas capitalidades pudieran mantenerse como entes locales menores y administrar sus bienes y distribuir entre sus vecinos las rentas de los montes. Pero si hay estos malos precedentes en el funcionamiento de estas entidades ¿quién las defenderá?
Ante esta información urge establecer medidas contundentes para que las Administraciones autonómicas puedan poner en marcha controles rápidos y eficaces para evitar ese grave incumplimiento. Es cierto que los presupuestos públicos de muchas de estas Administraciones locales son reducidos, en comparación con otras estructuras políticas. Sin embargo, por pequeños que sean, siempre se trata de dineros públicos sobre los que hay que tener un exquisito cuidado en su administración y disposición, en su intervención y dación de cuentas. Ese celo es uno de los pilares básicos del edificio del Derecho público. Si no lo atendemos, no podremos extrañarnos de que las estructuras políticas y administrativas presenten el estado de cierto deterioro y los ciudadanos empiecen a desentenderse del mantenimiento de esa casa común y cuestionen su aportación mediante el necesario pago de impuestos a las arcas públicas. (Sigo alarmada también por la cifra de economía sumergida que otro Informe ha desvelado: ¡el 25% del PIB!).
En fin, sin perjuicio de que siga comentando este interesante Informe, urge, como primera providencia, que las nuevas Corporaciones asuman la firme creencia de que deben rendir cuentas públicas de los fondos que gestionan.
Mercedes Fuertes López

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