En muchas ocasiones, en la gestión diaria en un Ayuntamiento me pregunto el porqué de algunas cosas. Por ejemplo por qué el Alcalde tiene las competencias que tiene y por qué está omnipresente y ubicuo en toda la gestión municipal. Por qué se decidió establecer este sistema gestor presidencialista.
Con la transición política tras el franquismo se pasó de un sistema casi totalmente tecnocrático a un sistema casi totalmente de dirección política. La Ley de Bases configura un sistema en el que el Alcalde es un órgano político pero además, un órgano gestor en lo más extenso de la expresión. O lo que es lo mismo, el Alcalde, elegido mediante sistema indirecto, configura el gobierno municipal, gobierna y administra, desde su posición, define la idea política y ejecuta todo lo necesario para la acción de esa idea. Así (dicho sea en términos de hipótesis) de acuerdo con el programa electoral que le ha llevado al poder, impulsa los proyectos y políticas municipales a través de la aprobación del presupuesto aplicando recursos escasos a necesidades alternativas. Hasta ahí, todo correcto.Como la historia determina el comportamiento colectivo aunque no queramos, quizás hay que considerar que el bandazo fue excesivo y que convendría, tras más de veinticinco años de Ley de Bases reflexionar acerca de si el sistema elegido no genera serias disfuncionalidades en algunos aspectos en cuanto nuestro ordenamiento jurídico local y el funcionamiento normal de un Ayuntamiento.
Siempre me he cuestionado qué necesidad hay de que un Alcalde sea quien decida acerca de actos absolutamente reglados. ¿Por qué tiene que ser el Alcalde quien otorgue una licencia de obras cuando el procedimiento para su concesión es un acto perfectamente reglado? ¿Por qué debe intervenir el Pleno o el Alcalde para aprobar un pliego de condiciones de contratación de obras o para ejercer la jefatura superior del personal? El Pleno debiera ser un órgano de decisión de las grandes políticas públicas y sociales y el Alcalde el director de la orquesta, decide qué obra se va a interpretar pero no la ejecuta (aunque muchas, las perpetra) personalmente. Así, la ejecución concreta de las políticas ¿no debería encomendarse a los funcionarios o a técnicos independientes cualificados? Vaya por delante que personalmente prefiero no tener responsabilidades, es más cómodo, pero hay que indicar también que no tiene mucho sentido que se haya evitado un sistema gerencial que recaiga en grupos de profesionales cualificados. Pareció más democrático así porque veníamos de una tecnocracia pero no es probablemente mejor el sistema actual. Al igual que un sistema más centralista no tiene porqué ser menos democrático que uno absolutamente descentralizado.
Lo mismo ocurre con la Administración Autonómica. Bien está que el Gobierno autonómico sea el que adopte las decisiones importantes y dirija la política general que le compete, es decir quien aplique un programa de gobierno legitimado por las urnas. Pero a partir de ahí, el entramado de pasteleo que se organiza es tremendo, ineficiente y absurdo. Al margen del aspecto clientelar, que sin duda es muy importante, no se entiende por qué tiene que ser un jefe de servicio un cargo de designación política.
De una forma ridícula, se parte de una falsa, insostenible e implícita presunción de que el político no puede fiarse del funcionario porque este es desleal, incompetente, parcial u obstruccionista. Cuando en este momento es, o al menos debiera serlo sin duda, un profesional independiente y cualificado para ejercer una función pública al servicio (meramente) de la norma y para aplicar los programas decididos por los legitimados democráticamente. Y hemos de decir que en la mayoría de los casos los funcionarios son buenos profesionales que, precisamente por tratar de ser independientes se llevan más de una colleja y se ven apartados de la gestión en beneficio de otros afines o amigos del político. Con lo que además se logra otro efecto perverso: se desmotiva al personal. La única forma de alcanzar algún puesto interesante es ser amiguete de fulano o zutano.
Estamos en este período de reajuste tras las elecciones locales y autonómicas en pleno trasiego de designaciones.
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