La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) manifiesta su disconformidad con el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 aprobado hoy por el Consejo de Ministros porque encubre una disminución salarial y supone un ataque a la calidad de los servicios públicos que demandan y se merecen nuestros ciudadanos.
El proyecto de Ley afecta a los empleados públicos en tres puntos fundamentales:
1. Retribuciones Empleados Públicos: se mantiene la congelación salarial establecida en el R.D. de prórroga de presupuestos para el ejercicio 2012.
2. Oferta Pública de Empleo: se mantiene en los mismos términos establecidos en el R.D. de prórroga de presupuestos para el ejercicio 2012, extendiéndose la tasa de reposición del 10%, además de a los sectores ya contemplados en esta prórroga (sanidad, educación, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, fuerzas armadas, policías autonómicas y cuerpos de lucha contra el fraude fiscal y laboral) al ámbito de policía local y servicios de prevención y extinción de incendios.
3. Jornada laboral: se establece con rango de normativa básica, la jornada general de trabajo en el sector público, marcando que la jornada no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales, suspendiéndose todos los acuerdos y convenios que establezcan otras condiciones. Según la Administración, esta medida es de carácter temporal y no supone la modificación del Estatuto Básico, sino “su suspensión” (apreciación de la Administración).
1. Retribuciones Empleados Públicos: se mantiene la congelación salarial establecida en el R.D. de prórroga de presupuestos para el ejercicio 2012.
2. Oferta Pública de Empleo: se mantiene en los mismos términos establecidos en el R.D. de prórroga de presupuestos para el ejercicio 2012, extendiéndose la tasa de reposición del 10%, además de a los sectores ya contemplados en esta prórroga (sanidad, educación, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, fuerzas armadas, policías autonómicas y cuerpos de lucha contra el fraude fiscal y laboral) al ámbito de policía local y servicios de prevención y extinción de incendios.
3. Jornada laboral: se establece con rango de normativa básica, la jornada general de trabajo en el sector público, marcando que la jornada no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales, suspendiéndose todos los acuerdos y convenios que establezcan otras condiciones. Según la Administración, esta medida es de carácter temporal y no supone la modificación del Estatuto Básico, sino “su suspensión” (apreciación de la Administración).
CSI-F está en desacuerdo con estos presupuestos por los siguientes motivos:
1. Los empleados públicos han perdido, en los últimos 4 ejercicios en torno a un 20% de poder adquisitivo, una nueva congelación incide en esta pérdida. Así, CSI-F solicita a la Administración que cuantifique la pérdida de poder adquisitivo de estos últimos años, para que la sociedad sea consciente de la repercusión de la crisis en los Empleados Públicos.
Igualmente, solicita que “en un tiempo negociado y razonable” se trabaje para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.
2. La suspensión de la OPEs y la tasa de reposición en los servicios básicos, es un ataque a la calidad de los servicios públicos que demandan y se merecen nuestros ciudadanos y va a generar problemas muy serios en sectores tan importantes como educación, sanidad, servicios sociales, justicia, seguridad pública, entre otros.
3. El incremento de la jornada laboral, es un nuevo recorte de derechos que encubre una disminución salarial y que creemos que puede entrar en conflicto con competencias autonómicas.
El pasado miércoles, 28 de marzo, los representantes de la Administración General del Estado informaron a los sindicatos más representativos (CSI-F, CC.OO, UGT, CIGA y ELA-STV) del citado Proyecto de Ley, en la que CSI-F hizo patente este desacuerdo.
Además, CSI-F ha manifestado su total desacuerdo en que se siga con la dinámica del anterior Gobierno, de obviar la negociación, convirtiendo la Mesa General en un foro meramente informativo, dado que no se facilitan documentos previos, lo que impide la presentación de propuestas. Del mismo modo, CSI-F reivindica el diálogo social y la negociación y en este contexto, que se negocie un reglamento de funcionamiento de la mesa y que se levanten actas públicas.
1. Los empleados públicos han perdido, en los últimos 4 ejercicios en torno a un 20% de poder adquisitivo, una nueva congelación incide en esta pérdida. Así, CSI-F solicita a la Administración que cuantifique la pérdida de poder adquisitivo de estos últimos años, para que la sociedad sea consciente de la repercusión de la crisis en los Empleados Públicos.
Igualmente, solicita que “en un tiempo negociado y razonable” se trabaje para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.
2. La suspensión de la OPEs y la tasa de reposición en los servicios básicos, es un ataque a la calidad de los servicios públicos que demandan y se merecen nuestros ciudadanos y va a generar problemas muy serios en sectores tan importantes como educación, sanidad, servicios sociales, justicia, seguridad pública, entre otros.
3. El incremento de la jornada laboral, es un nuevo recorte de derechos que encubre una disminución salarial y que creemos que puede entrar en conflicto con competencias autonómicas.
El pasado miércoles, 28 de marzo, los representantes de la Administración General del Estado informaron a los sindicatos más representativos (CSI-F, CC.OO, UGT, CIGA y ELA-STV) del citado Proyecto de Ley, en la que CSI-F hizo patente este desacuerdo.
Además, CSI-F ha manifestado su total desacuerdo en que se siga con la dinámica del anterior Gobierno, de obviar la negociación, convirtiendo la Mesa General en un foro meramente informativo, dado que no se facilitan documentos previos, lo que impide la presentación de propuestas. Del mismo modo, CSI-F reivindica el diálogo social y la negociación y en este contexto, que se negocie un reglamento de funcionamiento de la mesa y que se levanten actas públicas.
¡¡SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO!!
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