Además, aclaró que el Gobierno fomentará la integración o agrupación de
municipios, siempre con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, pero sin
atender a un criterio exclusivamente cuantitativo, de manera centralizada y
obligatoria, puesto que, según, subrayó, sería desconocer la realidad plural de
nuestro territorio.
El secretario de Estado anunció que, a finales de este mes de mayo, el Grupo
de Trabajo creado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
finalizará su propuesta de reforma del ámbito competencial de la Administración
Local a través de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y,
posteriormente, para garantizar su financiación futura, se modificará la Ley de
Haciendas Locales. Esta reforma se hará bajo la premisa de 'Una Administración,
una competencia', anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la
sesión de investidura.
Revisión de las diputaciones provinciales
En su intervención, explicó que las diputaciones provinciales tienen que
adoptar un nuevo papel, el de garantizar, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad, el efectivo cumplimiento de las competencias municipales. "Las
Diputaciones tienen que asumir un papel más potente que el que tienen en la
actualidad, con más músculo técnico y financiero, que garantice la prestación
exclusiva de determinados servicios públicos en un entorno nuevo; convertidas
en un auténtico garante de la prestación de servicios públicos de calidad en su
territorio", aseveró.
Además, comentó que los informes que calculan ahorros en la supresión de
determinadas competencias de las diputaciones se confunden, porque, según dijo,
esto no supondría ningún ahorro para las arcas públicas, ya que significaría
trasladar ese gasto de las diputaciones provinciales a las entidades locales que
pasen a ejercer esas competencias.
Premisas de las reforma
Beteta explicó que la reforma de la Administración Local en marcha toma como
premisas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su informe de
fiscalización del sector público local, y que son las siguientes:
Contar con un modelo local más eficaz y eficiente en el desempeño de las
competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico a las entidades locales,
eliminando y evitando la duplicidad de actuaciones y solapamiento de
competencias entre las distintas administraciones públicas y revisando la
existencia de entidades que no prestan ningún servicio o que carecen de
actividad, y promoviendo fórmulas de agrupación de entidades para una mayor
economía, eficacia y eficiencia en la prestación de servicios.
- Abordar íntegramente la regulación de las funciones encomendadas a la administración local, mediante la atribución de un elenco cerrado de competencias precisas, que permitan la suficiencia financiera de las entidades locales prestadoras de servicios.
- Evitar la actual proliferación de entidades integrantes del sector institucional local, restringiendo las causas de constitución de entes instrumentales locales.
- Realizar una nueva regulación de los registros públicos donde actualmente se inscriben las entidades locales, de forma que sean reflejos fieles de la verdadera extensión del sector público local, facilitando, al tiempo, su control.
- Contar con las Comunidades Autónomas para que establezcan estándares mínimos de calidad de los servicios que prestan los municipios.
Pago a proveedores
Por último, anunció que, dentro del Plan de Pago a proveedores, un total de
4.622 entidades locales han presentado casi dos millones de facturas por un
importe de 9.750 millones de euros, de las que se abonarán 1.629.322 facturas. A
cambio de poder pagar las facturas pendientes, lo salvará empleos, a un interés
muy inferior al ofrecido por el Gobierno anterior, los Ayuntamientos debían
presentar un Plan de Ajuste riguroso y creíble.
Un total de 2.619 Entidades Locales han remitido sus planes, de los que la
gran mayoría, 2.305, han tenido una valoración favorable del Ministerio, frente
a los 315 que han tenido una valoración desfavorable. Además, 2.004 Entidades
Locales no presentaron Plan de Ajuste. El récord de España es el de un
Ayuntamiento de la provincia de Guadalajara que requerirá de 7.058 años para
saldar sus deudas comerciales; en otro de Teruel se necesitarán 462 años para
saldar sus obligaciones.
Según el Secretario de Estado, estos datos demuestran la falta de control por
falta de los gestores y un fallo en el sistema que se ha solucionado con la
nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
que impedirá que se vuelva a producir.
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