Al Gobierno se le agotan los plazos legales internos para elaborar las próximas cuentas del Estado y los impuestos desde la UE para concretar sus nuevas medidas contra el déficit público. Toca recuperar el ritmo reformista del que presumía el Ejecutivo de Rajoy en el arranque de la legislatura y en el próximo Consejo de Ministros se puede juntar de todo, según admiten en medios gubernamentales, por poco que se despejen las decisiones de la UE con respecto al España entre el lunes y el martes en el Eurogrupo y en el Ecofin. Será un viernes de dolores, con aprobación del techo de gasto de los próximos Presupuestos (para la administración central y las autonomías), previsible plan de ahorro previo en la Administración, subidas de impuestos indirectos para paliar el descenso de ingresos y reforma de las haciendas locales para que gasten menos.
Mariano Rajoy se ha limitado durante una semana a lanzar avisos genéricos de que llegan nuevos sacrificios al mismo tiempo que, como ayer mismo desde el Campus Faes, exigía a la UE que ponga en marcha los acuerdos del último Consejo Europeo. A partir de este lunes tendrá que entrar en materia. Los ministros de finanzas reunidos en el Eurogrupo tienen que aclarar cuándo concretan el crédito para la banca española con problemas. Siempre con la prima de riesgo por testigo, a partir del día siguiente el Ecofin examina los planes del Ejecutivo español para cumplir el objetivo de déficit, el 5,3% comprometido para diciembre y el 3% para terminar 2013. El miércoles Rajoy acude al Congreso a explicar los acuerdos del Consejo que siguen en el aire. Además, tendrá que avanzar sus planes para los próximos meses.
El Gobierno tiene que poner en marcha los trámites para la elaboración de los próximos Presupuestos y, al mismo tiempo, las medidas paliativas para el desfase de ingresos que ya tienen las cuentas del Estado que acaban de entrar en vigor. En fuentes gubernamentales ya reconocen como inevitables e inminentes las subidas de impuestos indirectos para paliar el descenso en los ingresos por IVA y admiten que este mismo verano es posible que haya recortes adicionales sobre el gasto previsto en el Estado. Las concreciones quedan para el Consejo de Ministros del viernes.
Hacienda tiene listo un plan de reformas para ensanchar la recaudación por IVA y otro para aumentar el resto de impuestos especiales como el de los carburantes. Las medidas de recorte en plantillas y remuneraciones para los empleados públicos también están diseñadas desde hace meses porque estaban previstas para los Presupuestos del Estado de 2013. Falta por ver si se adelantan y se hacen efectivas ya esas medidas o se quedan en anuncio para un futuro próximo como hace Mario Monti en Italia.
La fijación del techo de gasto es ya ineludible. Por ley tenía que haberse aprobado antes del 1 de julio y tiene que estar remitida al Congreso antes de las vacaciones. Supone avanzar las grandes cifras del recorte general del Estado, también para las comunidades autónomas, para el próximo ejercicio. Para concretarlo, Hacienda reúne el jueves a los consejeros de Economía de los gobiernos regionales.
Sobre ese avance que es el techo de gasto, el Ejecutivo tiene que sostener ya las líneas generales de los presupuestos para 2014. Es lo que ha pedido la UE para comprobar si el Gobierno español tiene clara la senda de la estabilidad presupuestaria para llegar al 3% de déficit en los plazos comprometidos.
Administraciones locales
También es seguro, como ha confirmado Rajoy, que el Consejo de Ministros aprobará el viernes la reforma de la Ley de Haciendas Locales para simplificar su funcionamiento, acabar con duplicidades de competencias y ahorrar en los ayuntamientos. Las Diputaciones agruparán y asumirán los servicios que prestan ahora los consistorios más pequeños y el Gobierno fijará en cada ejercicio presupuestario los sueldos de alcaldes y concejales.
Rajoy, ministro de Administraciones Públicas en tiempos de Aznar durante tres años, tiene un especial interés en esa reforma que se conoce a fondo y no pudo aprobarse en el último Consejo por la complejidad jurídica de su aplicación. “Servirá para evitar la inflación normativa, la multiplicación de ventanillas, la proliferación de formularios, la desmesura reglamentística o el ensimismamiento competencial", dijo ayer en el Campus Faes. Incluso hizo una apelación a los principios más liberales del PP: “El sector público tiene que estar al servicio del sector privado, al servicio de la sociedad, y no al revés".
EL CONFIDENCIAL
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