Antenas, sin licencia

De las muchas disposiciones cuyo estudio nos ocupa estas fechas, reparo en la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (Ley 12/2012, de 26 de diciembre), que ha derogado el Real Decreto Ley  que se aprobó en mayo para suprimir algunas licencias municipales, en especial, las de apertura de pequeños establecimientos. Quizá el hecho de que podía conocer ya el régimen jurídico básico introducido hace meses, fue lo que me llevó a la lectura inversa para advertir qué novedades se habían introducido durante la tramitación parlamentaria.  Así que atendí primero a todos los remiendos y parches que se incluyen en sus disposiciones finales (¡catorce!, que modifican ocho leyes), disposiciones transitorias y adicionales. Entre estas últimas está una transcendente precisión que quiero comentar. Me refiero a la extensión del régimen establecido para los comercios, esto es la supresión de la licencia previa, que se sustituye por una declaración responsable del interesado y por insistir en un control posterior de los establecimientos, a las instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Múltiples conflictos han conocido los Tribunales de Justicia (y tienen todavía sobre sus mesas) con relación a la ordenación de las instalaciones de telefonía móvil.

Por ejemplo, sabemos que el Tribunal Supremo anuló el Decreto catalán que pretendía establecer la ordenación ambiental de dichas instalaciones al entender que se invadían competencias estatales (sentencia de 12 de marzo de 2011). Otras muchas sentencias se han pronunciado con relación a Ordenanzas locales anulando gran parte de sus dictados. Entre las últimas de este año, pueden verse las que tienen fecha de 14 de febrero y de 24 de abril. Del mismo modo, es grande el número de resoluciones de otros órganos judiciales con relación a la denegación de las licencias de instalación.

Problemas jurídicos, por tanto, han existido para el despliegue de las instalaciones base de telefonía. Al mismo tiempo, se incrementa la tensión desde las empresas interesadas y por muchos ciudadanos. Y es que esas instalaciones son cada vez más necesarias ante la expansión de las nuevas formas de comunicación y el relevante aumento del tráfico. La incorporación de las nuevas tecnologías, las nuevas redes de mayor capacidad y cobertura, requieren cambios en las instalaciones que se beneficiarán de la supresión de la licencia municipal.

Sin embargo, a mi juicio, se podrían haber considerado otras opciones antes que suprimir la licencia. Porque facilitar el ejercicio de actividades económicas no puede estar reñido con la seguridad jurídica.

La nueva regulación, que generaliza la presentación de declaraciones responsables, reduce la actividad previa de control, pero aumenta, lógicamente, la supervisión posterior sin que sepamos, haya previsión de dotar a los Ayuntamientos de más recursos económicos ni de personal técnico para garantizar unas actividades de supervisión suficientes y ágiles.

Por el contrario, la citada Ley reitera, como se avanzó ya en el Real Decreto Ley, que los Ayuntamientos pueden acudir a la colaboración de “entidades privadas de valoración, comprobación y control”. En su momento critiqué que empresas privadas vayan sustituyendo la actividad típicamente administrativa de tramitación de expedientes, de controles de legalidad y de seguridad. Porque no parece del todo coherente que se insista en curas de adelgazamiento de los Ayuntamientos, de su estructura y reducción de su personal, mientras se permite la contratación de los servicios de empresas privadas que, por definición, reconocen su ánimo de lucro. Un contrasentido que califiqué de impostura.

Esperemos, en todo caso, que las previsiones de colaboración entre las Administraciones públicas que se anuncian, con el fin de promover unos modelos de declaraciones responsables y comunicaciones previas, así como la extensión de las comunicaciones electrónicas sí den frutos a favor de la simplificación administrativa y se renueve de manera homogénea sin mayores abusos las antenas para favorecer el tránsito a las nuevas generaciones tecnológicas.

 Mercedes Fuertes López