Ya tenemos Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, lo que no quiere decir que tengamos aún ni transparencia, ni información suficiente, ni buen gobierno. La función de las normas es crear entornos para favorecer ciertos valores, para provocar ciertos comportamientos. Por sí solas, son impotentes; precisan de personas e instituciones que asuman los nuevos valores y cambien los actuales comportamientos.
Organizaciones representativas de la sociedad civil -Access-Info, Transparencia Internacional, OKFN Spain, por nombrar algunas- han formulado serias críticas hacia la Ley recién aprobada. Access-Info ha evaluado la ley en base a los indicadores del Global RTI Rating, que la sitúa en la posición 75 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos
Una de las críticas unánimes se refiere al hecho de haber establecido el silencio administrativo negativo para los casos en que la Administración no contesta a la solicitud de información. ¿Qué supone esto? En la práctica, que la Administración puede no contestar a las peticiones de información, sin necesidad de justificarse.
Se trata de una previsión tan decepcionante que ha conseguido centrar el foco de buena parte de las críticas. Yo propongo que pensemos en esto de una manera un poco más radical; esto es, que veamos el problema desde una perspectiva más amplia.
Permítanme este juego de palabras: todo silencio administrativo es negativo; el positivo, también. No contestar a un ciudadano, a una ciudadana, es el grado 0 de la transparencia. Pero no un 0 relativo, sino un 0 absoluto, el 0 Kelvin, la ausencia de todo movimiento. No cabe concebir que se diseñe un sistema que prevea no contestar a las preguntas o peticiones ciudadanas, aunque sólo sea para decir que no pueden ser atendidas.
El silencio negativo es el más negativo de los silencios. Ahora bien, imaginemos que el legislador se hubiera comprometido un poco con la transparencia y, siguiendo una línea más lógica, hubiera establecido el silencio positivo en estos casos. ¿Cómo afectaría a un ciudadano de a pie?
Pongamos el caso de que usted misma haya solicitado a la autoridad competente de Salud, por poner un ejemplo, información epidemiológica sobre los principales motivos de mortalidad por áreas en su Comunidad Autónoma. Supongamos que la autoridad no responde en plazo. Con la actual Ley, ahí se acabó. En cambio, con una Ley que promulgara el silencio positivo, al concluir el plazo la solicitud de información quedaría aprobada. Aprobada, pero sin respuesta.
Para conseguir la información solicitada, usted tendría que iniciar un proceso de reclamación. Nadie garantiza que le vayan a hacer caso de forma rápida. Si es usted muy insistente y, preferiblemente, licenciada en Derecho, proseguirá con el proceso de reclamación, lo llevará quizá a los tribunales y, eventualmente, ganará el caso. ¿Aún sigue necesitando esa información o ya se ha pasado el arroz?
El silencio es siempre negativo. Deberíamos luchar no tanto por conseguir el silencio positivo, como por impedir la misma posibilidad del silencio. Tenemos que habilitar sistemas que obliguen a que la Administración atienda toda comunicación que provenga de la ciudadanía. Es un elemento básico del sistema de atención ciudadana, anterior incluso a la transparencia.
La nueva Ley de Transparencia instaura un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para velar por el cumplimiento de la Ley. Lo componen siete personas, pertenecientes a organismos fuertemente politizados, que no pueden dedicarse a afrontar los microproblemas de las miles de preguntas sin respuesta que se dan en la miríada de instituciones del sector público. Me temo que el Consejo no va a servir para acabar con el silencio.
¿Qué necesitaríamos para superar esta situación?
- Fuerte liderazgo: cada cargo público debe demostrar tolerancia cero al silencio administrativo
- Integración de canales: sistemas TIC que reúnan los inputs ciudadanos a través de todos los canales
- Coordinación de las comunicaciones: equipos que recojan el conjunto de entradas y que las enruten a las personas concretas que deben responder
- Buenos sistemas de información: para poder encontrar la información que se solicita
- Uso de tecnologías móviles que ayudan a contestar de manera rápida y ubicua
- Aprender a desenvolverse en la lógica de las redes sociales
- Evaluación pública continua de los resultados
- Un fuerte mecanismo de rendición de cuentas: obligación por parte de la máxima autoridad de hacer un descargo anual ante los representantes políticos en los Parlamentos.
- Una sociedad civil que presiona en favor de la transparencia y que sabe hacer emerger información incluso allí donde la Administración no la está mostrando.
¿Muy complicado? Nada de eso. Especialmente porque la nueva Ley no prohíbe la transparencia -con algunas excepciones-, y no prohíbe que una Administración quiera ir más allá e implantar un sistema de auténtica atención ciudadana abierta. Algunas están avanzando en esa línea. Debemos acompañarlas.
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