Proliferan los catálogos de medidas contra la corrupción, asunto que en este blog se ha tratado por plumas acreditadas (Leopoldo Tolivar entre ellas, recientemente) y el debate en los medios de comunicación es sonoro. La amenaza del Código penal, de incorporación al mismo de condenas más dilatadas, la creación de plazas de jueces, … todo esto forma parte del prontuario al uso. Un repertorio que pretende asustar a los trapaceros y socaliñeros pero que solo son eficaces una vez que éstos ya han cometido sus trapazas y socaliñas.
No: de lo que se trata es de evitarlas. Y el ordenamiento jurídico, si quiere de verdad ostentar la seriedad adecuada, debe disponer de medios para ello. Hoy quiero evocar las funciones imprescindibles de control del gasto atribuidas fundamentalmente a los interventores (y tesoreros o figura similar) en el Estado, en las Comunidades autónomas y en las corporaciones locales.
Todos estamos de acuerdo: las personas a quienes se confían estas tareas han de poseer la titulación adecuada y haber sido seleccionadas en pruebas públicas que acrediten el mérito y la capacidad.
Pero no bastan estos requisitos. Es asimismo imprescindible que las retribuciones de estos funcionarios y su carrera administrativa se hallen libres de la ingerencia política. Libres quiere decir libres, es decir, que por ninguna causa puedan meter la mano en estos delicados achaques ministros, alcaldes o consejeros. Estas son las auténticas claves. Nos limitaremos a aventar humo mientras no se garantice al interventor o al tesorero que su sueldo está perfectamente reglado y que no puede estirarse o alargarse según el capricho de preboste alguno por mucha vara que empuñe.
La realidad, ay, circula justo en la dirección contraria. Y ahí está como infamante testimonio la “libre designación”, el sistema habitual de provisión de puestos de trabajo que tanto complace a quien manda. Se trata, bien lo sabemos, de un mecanismo que echa por tierra todas las cautelas que pretendan asegurar la neutralidad e imparcialidad de los funcionarios públicos.
Los especialistas llevamos años denunciándolo y ahora incluso los escritores se caen del guindo y arremeten contra estas prácticas como es el caso de mi admirado Antonio Muñoz Molina (grandísimo narrador) en su libro “Todo lo que era sólido”. Entre los administrativistas la crítica ha sido temprana y constante: desde Alejandro Nieto hasta Jesús Fuentetaja por citar a dos autores de generaciones muy distantes.
Y esa práctica no ha hecho más que desarrollarse y expandirse, como un tumor rebelde y dictatorial, en los últimos veinticinco años. ¿Extraña que, cuando se abaten los controles atribuidos a funcionarios competentes, sea más fácil atropellar la decencia y el decoro en el manejo del dinero de todos?
Causa tristeza pero resulta obligado derramar también una lágrima -lágrima de desesperanza- sobre el Tribunal Constitucional que no ha sabido aplicar al alegre legislador la medicina de la contención y ahí está la desgraciada sentencia 235/2000 de 5 de octubre (referida precisamente a funcionarios locales con habilitación de carácter nacional) para corroborarlo.
Si a todo ello añadiéramos unos Tribunales de cuentas independientes evitaríamos ya definitivamente la efusión de más lágrimas. He defendido (junto a Mercedes Fuertes en las páginas del diario El Mundo) que debería instaurarse un procedimiento iniciado con una convocatoria pública a la que acudirían, sin las sombras que proyectan partidos u organizaciones sindicales, los profesionales que libremente desearan acceder como directivos a estos tribunales y -claro es- reunieran los requisitos pertinentes. A partir de ahí, tras comprobar de forma rigurosa, trayectorias y méritos alegados, se confeccionaría la lista definitiva de los candidatos, que serviría para realizar entre ellos un sorteo: garantizada la idoneidad de todos los candidatos, es indiferente la persona concreta que sea designada.
Y el azar le proporciona la ventaja de poder ejercer su función en perfectas condiciones de independencia y por tanto libre de compromiso adquirido -explícito o implícito- con “dedo” alguno. Sustituyendo la elección por el sorteo, hacer la astrología de las decisiones de estos órganos, en función del origen de cada persona que interviene en una votación, se haría prácticamente imposible.
En fin, quien termina un mandato determinado por el azar vuelve con humildad de fraile recoleto a su puesto de trabajo y destierra futuras ambiciones.
¿Quién se apunta?
Francisco Sosa Wagner
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