Acabo de hacer la prueba. Lo podéis comprobar. Escribir en google: Contratación pública. El primer resultado en las noticias es: Corrupción.
Parece que la corrupción ni tiene fondo, ni límites. La red está que echa chispas con la corrupción que hay a través de la contratación pública.
El sábado 1 de noviembre de 2014 Carlos Mier publicaba el artículo: “No solo ‘Operación Púnica’: los atajos para contratar ‘a dedo’ con el Estado”. En el artículo hay muchos datos de la “última” macrorredada anticorrupción: “30 personas detenidas, entre políticos, funcionarios y empresarios; fraccionamiento de contratos, adjudicaciones ’ad hoc’ con un único pretendiente, pliegos a la carta; el 50,62% de los contratos sufragados con dinero público desde 2009 se han tramitado como procedimiento negociado sin publicidad; en Madrid, se han troceado 5,33 millones en una interminable lista de contratos menores…”.El sábado 3 de noviembre de 2014, “Esperanza Aguirre daba su receta contra la corrupción” que incluye
6 medidas, siendo la última de ellas: “Cambiar la Ley de Contratos del Estado. Para que haya transparencia y para elegir obligatoriamente la oferta más ventajosa en el precio”.
Ese mismo día Andrés Betancor publicaba “Corrupción y contratación pública”, en el que señala: “A mi juicio, sin descartar que habría que introducir mejoras en la legislación, se debería actuar, particularmente, sobre los incentivos. Tanto los que incitan a la corrupción como aquellos que la disuaden; eliminar aquéllos, potenciar éstos. Un potente disuasivo es el castigo penal. Y para que éste se pueda aplicar se necesita información, la de aquellos que tienen conocimiento de las irregularidades, la de los insiders.
La adjudicación es el resultado de procedimientos complejos en los que necesariamente debe participar un elenco importante de funcionarios. ¿Por qué razón ninguno denuncia, al menos, las sospechas?
La denuncia, la delación, podría ser un instrumento eficaz contra la corrupción. Se debería crear, a mi juicio, un mecanismo que permitiese a esos empleados, salvando cualquier responsabilidad personal, poner de manifiesto sus sospechas. No sólo estarían protegidos frente a cualquier tipo de castigo sino que, incluso, podrían obtener algún tipo de beneficio si la investigación llega a buen puerto. También habría que reforzar los controles internos en manos de funcionarios igualmente resguardados de presiones para que sus informes, si son negativos, constituyan un indicio fuerte de las irregularidades provocando el inicio de las investigaciones pertinentes”.
El 4 de noviembre Francisco Cano Molina publicaba en la comunidad de contratación pública de la red social de Instituto Nacional de las Administraciones Públicas (INAP SOCIAL) que la “opacidad encarece un 20% los contratos públicos”. Cuenta Francisco que “no es la primera vez que desde un blog especializado se difunde información al respecto de esta lacra, sin ir más lejos en febrero de 2014 se publicaba un artículo en fiscalizacion.es con el título “Sobrecostes, corrupción y control” de Antonio Arias Rodríguez…”.
Ese mismo día en el grupo de Novagob, “Por una administración de calidad al servicio de los ciudadanos” se debatía qué hacer contra la corrupción. Diversas opiniones:
● Víctor Almonacid: proponía la licitación electrónica.
● Antonio Galindo: pensaba en que la Plataforma de Contratación del Sector Público se convierta en un único sitio donde esté toda la contratación pública y se publiquen las licitaciones en open data para facilitar el seguimiento por parte de la sociedad civil.
● Roberto Santos Santos también “consideraba que la fiscalización/auditoría por parte de la ciudadanía de la contratación pública es importante por la prevención y persecución de la corrupción pero sobre todo porque la concurrencia y competencia hacen más fuerte el sistema productivo”.
Parece que todo apunta a que la contratación se gestione en formato electrónico para que así convierta en un proceso de trabajo trazable, público, transparente y controlable.
Además de los controladores oficiales, de los que cobramos por ello (funcionarios, secretarios, interventores, miembros de las mesas de contratación, grupos políticos en la oposición, órganos externos de fiscalización, tribunales especiales de contratación y tribunales), parece que todo apunta a que deberán ser los ciudadanos los que vigilen qué se hace con el dinero público.
Pues bien, ya existe una iniciativa ciudadana, el proyecto ¿quién cobra la obra? con el que se quiere dar una radiografía de la obra pública en España y la información de qué constructoras se han llevado los mayores contratos y cuáles son sus vínculos con lo público. Un proyecto que, gota a gota, está buscando financiación y colaboradores para atender a sus necesidades y así conseguir:
● Crear una base de datos descargable de contratos de obra pública.
● Mostrar los datos analizados en una página web abierta a todos y con licencia CC.
● Publicar tres reportajes de investigación que analicen a fondo casos concretos y tendencias generales.
● Publicar manuales descargables que expliquen cómo funciona la contratación pública.
¿Y tú que piensas?, ¿cómo funcionario y cómo ciudadano?.
Guillermo Yañez Sánchez
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