El 25% de los hogares españoles sufren problemas de ruido

Un 25,1 por ciento de los hogares españoles padece problemas de ruido en su entorno y hasta un 31 por ciento ha denunciado su situación en algún momento, según recuerda la asociación Clave, con datos de 2008 del Instituto Nacional de Estadística, que señalan que la comunidad más tranquila es Asturias, mientras que las más ruidosas son la Comunidad Valenciana y las Baleares.

   Por este motivo, la asociación dedicada a la atención de la deficiencia auditiva, reclama un "mayor compromiso de las administraciones públicas y también de los propios afectados para "cambiar el mapa de ruidos".

   Así, la organización explica que el verano suele ser el "periodo más convulso del año" en la lucha contra el ruido porque se dispara el nivel de denuncias" y porque se acucian "los síntomas inseparables" de la contaminación acústica, como el insomnio, estrés y dificultades auditivas.

   Además, señala que aunque aparentemente disminuye la actividad en las grandes ciudades, durante las vacaciones surgen otras fuentes generadoras de ruido como obras en la vía pública, terrazas, motocicletas, motos de agua, conversaciones en la vía publica, botellones o vecinos que ponen a prueba el volumen de sus aparatos de televisión o de música.

ANDALUCÍA, BALEARES Y VALENCIA, "NIVELES ALARMANTES"

   Por comunidades autónomas, Andalucía con un 31,4 por ciento seguida muy de cerca de las Islas Baleares (29,8 por ciento) y la Comunidad Valenciana (29 por ciento) son las regiones con "niveles alarmantes" de problemas acústicos mientras que la más silenciosa de España es el Principado de Asturias, donde sólo se registran un 11,8 por ciento de los casos notorios de contaminación.

   Asimismo, Clave subraya que un 31 por ciento de los ciudadanos ha decidido en algún momento emprender medidas contra el ruido. En este sentido, destacan los riojanos, con un 39,9 por ciento, seguidos de los aragoneses, con un 38,4 por ciento.

   En la Comunidad de Madrid, cuyo impacto reconocido se eleva hasta el 27,4 por ciento de los hogares afectados, los principales problemas son el tráfico rodado (12 por ciento), los vecinos (13,7 por ciento) y las obras en la vía pública.

   Con el objetivo de prevenir los problemas de audición, la organización recomienda "en verano más que nunca", alejarse de la fuente sonora, aislarla si es posible, utilizar cascos de protección en las obras en la vía pública.

   Igualmente, la asociación incide en que la música "afecta a los usuarios de la generación IPod" (unos 10 millones de ciudadanos en Europa) que están en peligro de sufrir pérdidas auditivas, a los que recomienda fijar el volumen máximo de cualquier reproductor a la mitad, ajustar el volumen en una habitación tranquila y no en un entorno ruidoso y utilizar auriculares que anulen el ruido de fondo.

   CLAVE Caring for Hearing Impairment es una entidad benéfica británica que destina los medios necesarios para desarrollar su actividad en España a través de su delegación "CLAVE atención a la deficiencia auditiva".

48 alertas de productos no alimenticios por riesgo para la salud en junio

  El Instituto Nacional del Consumo (INC), dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha incluido en su web 48 alertas sobre productos no alimenticios durante el mes de junio, que pueden generar un riesgo grave a los consumidor, especialmente sobre juguetes, vehículos y accesorios y productos eléctricos.

    Según ha informado el INC, tres fueron detectados en frontera y se rechazó su importación, mientras que otros 35 fueron retirados del mercado y prohibida su comercialización.

    En los diez restantes, fue el propio fabricante quien, como obliga la normativa, comunicó a las autoridades de consumo la existencia de posibles riesgos en sus productos y adoptó las medidas necesarias para paliarlos.

   Los juguetes, vehículos y accesorios y productos eléctricos son los que reúnen mayor número de notificaciones (11, 8 y 8, respectivamente), dados los requisitos exigidos por la normativa que los regula y, en el caso de los juguetes, por la especial vigilancia a que están sometidos por los servicios de inspección al estar dirigidos a una población vulnerable. Los riesgos que plantean son consecuencia de las irregularidades que se les ha detectado.

   Igualmente, el país de origen del producto con más notificaciones ha sido China (11), seguido de productos con un país de origen desconocido y, a continuación, Alemania (6), España (4), Francia (2), Italia (2), Bélgica (1), Japón (1) y Lituania (1).

El poder no debe desviarse

Es poderoso el poder municipal. Son sus potestades notables. Entre todas sobresale, lógicamente, la potestad normativa con su impronta de establecer nuevas obligaciones y de configurar derechos. De ahí que haya de ajustarse con rigor a unas pautas y no sobrepasar ciertos límites; ha de ejercerse con suficiente razonabilidad y siempre dirigida al interés público y común. Pero la cercanía y el conocimiento exacto de las situaciones puede ensombrecer esa visión del interés general y encaminar esas potestades hacia otros objetivos. (¡Para que luego se canten tantos beneficios de la descentralización!) Un ejemplo de esa criticable utilización de poderes municipales lo muestra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del pasado veintiséis de enero de dos mil diez. Resuelve el recurso interpuesto contra la nueva Ordenanza municipal de medio ambiente que aprobó el Ayuntamiento de Alcazarén (Valladolid). Una ordenanza que, pese a ese título tan genérico y prometedor, se limita a atender a sólo una preocupación, a saber, distanciar la localización de ciertos establecimientos que almacenaran residuos del núcleo de población. En un escueto texto se precisaba que la distancia mínima para alojar instalaciones que almacenaran más de veinticinco toneladas de residuos al año debía ser de, al menos, dos kilómetros y medio.
Los magistrados se extienden de manera bien correcta a justificar las facultades municipales para dictar tal ordenanza de protección ambiental, la legalidad del procedimiento, la procedencia de fijar una distancia mínima, porque la normativa de Castilla y León no ha derogado la previsión contenida en el clásico Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas que permitía fijar otra distancia a la genérica de los dos kilómetros que en su texto aparecía. Sin embargo, el juicio final es la contundente declaración de nulidad de la Ordenanza municipal por haber incurrido en desviación de poder.
Y es que el Alcalde había presentado la iniciativa de la nueva Ordenanza de medio ambiente poco tiempo después de que una empresa hubiera solicitado la licencia para establecer un centro de tratamiento de residuos en una parcela que esa empresa había adquirido y que distaba sólo del núcleo de población un kilómetro y medio. Mientras el procedimiento de otorgamiento de licencia se demoraba durante meses en sucesivos trámites de petición de documentación complementaria y de suspensiones de actuaciones, la tramitación de la Ordenanza saltaba con presteza las mínimas diligencias procedimentales exigidas e, incluso, inatendía el informe de la Secretaria del Ayuntamiento. Se aprobó en tiempo record. Además, el Alcalde había promovido una campaña en contra de la instalación de ese centro de tratamiento de residuos. Esas son las pruebas que conducen a que el Tribunal declare que ha existido desviación de poder, pues se ha utilizado esa importante potestad pública normativa, no para regular la protección ambiental, sino para impedir o, al menos, obstaculizar que una empresa abriera un almacén.
Los centros de tratamiento de residuos son ejemplo de constante conflicto municipal. Pero del mismo modo que todos contamos con cubos de basura en nuestras casas, también debemos saber reordenar el espacio para gestionar los servicios de basuras y su reciclado. Ya el Ordenamiento se cuida de establecer cautelas para que las actividades molestas incorporen medidas que anulen o minoren en gran parte sus efectos nocivos. En el concreto caso que atiende la sentencia citada, el nuevo almacén contaba con el informe favorable de la Confederación hidrográfica, de la Comisión territorial de Urbanismo y del departamento ambiental de la Administración autonómica. Por ello, el poder municipal debiera haber actuado sin desviación y exigido las medidas de seguridad y aislamiento que estas instalaciones acostumbran. 

Mercedes Fuertes López

Informe sobre el Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Educación sobre los objetivos de la educación para la década 2010-2020—Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa, dotado con 590 millones de euros para el año 2011. Con la colaboración de las Comunidades Autónomas, permitirá modernizar y flexibilizar el sistema formativo español para abordar sus necesidades más urgentes: mejora del rendimiento escolar, refuerzo de la Formación Profesional, internacionalización de las universidades, mayor autonomía de los centros, formación del profesorado, y cultura de la evaluación, entre otras. Todo ello garantizando la equidad del sistema.

El Plan de Acción 2010-2011se basa en doce objetivos que han logrado en los últimos meses un respaldo mayoritario como prioridades para la década 2010-2010 por parte de la comunidad educativa. Cada objetivo va desglosado en medidas concretas consideradas prioritarias que empezarán a ejecutarse durante 2010 o 2011 y cuya estimación presupuestaria se ha realizado teniendo en cuenta la actual política de austeridad. La dotación para las medidas previstas en 2011 asciende a 590 millones de euros.

Se contemplan ambiciosos programas y medidas que fortalecerán la cooperación con las Comunidades Autónomas: algunos se consolidan, otros se amplían o refuerzan y un amplio conjunto se pone ahora en marcha.

Novedades

Entre las novedades destaca el Programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. Apostará por la formación y el intercambio, las becas y ayudas y los programas de inmersión lingüística de los centros; impulsará las estancias en el extranjero de profesores y alumnos, promoviendo un programa específico para que alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato estudien entre tres y diez meses en países europeos, como hace el Programa Erasmus en la etapa universitaria; incrementará los centros plurilingües y fomentará el reconocimiento de las competencias en idiomas adquiridas.

El 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria se modifica y adquiere un carácter orientador con dos opciones, una enfocada al Bachillerato y otra hacia la Formación Profesional. Se introduce flexibilidad en el sistema para que los jóvenes siempre tengan posibilidad de reorientar posteriormente su elección.

El proceso de modernización e internacionalización de las universidades incluye una nueva regulación del doctorado, medidas que fomenten la transferencia del conocimiento, la potenciación de los campus a través de aspectos como la agregación y la especialización para construir un verdadero eje universidad-ciudad-territorio, y la racionalización de la oferta docente. También habrá un Observatorio Universitario de Becas, Ayudas y Rendimiento Académico.

Otras novedades incluidas en el Plan son:

• Programa de educación inclusiva, que contempla un conjunto de medidas transversales a todo el sistema.
• Certificación oficial de las competencias básicas de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, que se añade al actual título que obtienen.
• Contratos-programa plurianuales entre administraciones educativas y centros educativos para fomentar el éxito escolar.

Ampliación, refuerzo y consolidación

Entre los programas y medidas que se amplían o refuerzan destaca el Programa de Fortalecimiento de la Formación Profesional, con medidas como la transformación de la Plataforma FP en Internet en un centro virtual de referencia que permita estudiar 35 títulos en 2011 o la intensificación del intercambio de alumnos entre Comunidades Autónomas para realizar los distintos módulos de formación, lo que va a permitir el mejor conocimiento de los territorios y la comparación de mejores prácticas.

Otros programas que se amplían o refuerzan son:

• Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). Se extienden a los alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria y a todos los centros sostenidos con fondos públicos.
• Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), en los que la obligatoriedad se extiende a dos años.
• Dos nuevas evaluaciones generales para los alumnos de 6º de primaria y 4º de secundaria, en coordinación con las Comunidades Autónomas.
• Becas salario y de movilidad. Se potencian tanto para estudiantes como para profesores en los ciclos de Grado y Máster.

El Plan también consolida programas que ya están en marcha y han demostrado su efectividad en el sistema educativo, como son Escuela 2.0 (para potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los centros) y Educa 3 (de fomento de la escolarización de niños de cero a tres años).

El propósito es lograr una mayor flexibilidad del sistema educativo, reconocimiento las nuevas formas de enseñar y de aprender. Para el Ministerio de Educación, sólo dicha flexibilidad permitirá abordar los dos grandes retos que tiene España: la reducción del fracaso escolar y el incremento del número de jóvenes que se gradúan en Educación Secundaria Obligatoria y que continúan su formación después de ella.

El Plan confirma el compromiso del sistema formativo español con la excelencia y la equidad. Mantiene la consideración de la educación como bien de interés público, así como la apuesta por una formación inclusiva, reconocedora de la diversidad y la interculturalidad. Es la dimensión social de la educación que ha abanderado España durante la Presidencia de la Unión Europea y que ha permitido que la educación se sitúe, por primera vez en la Historia, como uno de ejes fundamentales para el crecimiento y el empleo comunitario en la Estrategia Europa 2020.

Diputaciones: ¿Si o no?

La polémica en torno a las diputaciones provinciales se ha desatado a raíz de unas declaraciones ministeriales acerca de la (in) conveniencia de su mantenimiento en el paisaje de las Administraciones públicas españolas. Tengo escrito en algunos papeles y dicho en muchos lugares que llevar a las provincias al texto constitucional las ha dotado de una rigidez que debería haber sido sorteada. Más prudente hubiera sido dejar su diseño en la esfera de atribuciones de las Comunidades autónomas aunque bien sé que esto era justamente lo que quería evitarse pues se temía que acabaran siendo engullidas por ellas, deseosas, como Administraciones nuevas que eran a principios de los ochenta, de “asentar sus reales”  sobre el territorio, una expresión esta antigua bien apropiada para lo que se quiere decir. Pienso que se podría haber establecido un período transitorio o haber ideado alguna otra fórmula, todo menos dar a las provincias un certificado de vida indefinida y ello por una razón elemental: las estructuras políticas locales pueden y deben ser repensadas a la vista de las circunstancias en las que se desarrolla la convivencia política, las nuevas formas de vida de los ciudadanos, los espacios que tejen los nuevos medios de transporte y comunicación, la prestación de servicios etc.
Ahora bien, sostener estas ideas es algo muy distinto de compartir la tesis precipitada de plantearse el fin de las diputaciones. De una operación tan seria solo se puede hablar si se hace en el marco de una reflexión serena sobre las Administraciones locales en su conjunto, no como una operación de caza que tuviera por objetivo abatir una de sus piezas. Quiero decir, para que se me entienda, que quien no quiere acometer la reforma de nuestro mapa municipal no puede con seriedad hablar de suprimir las provincias y su órgano de gobierno, las diputaciones. En España sobran muchos municipios y no es que sean caros, es que sencillamente no sirven para su función de prestar adecuadamente los servicios que los ciudadanos justamente demandan. Muchos países europeos han disminuido drásticamente el número de sus municipios y solo beneficios han obtenido de ellos. El ejemplo más interesante -una vez más- es el de Alemania: la vieja Alemania federal estableció la regla de un mínimo de cinco mil habitantes, experiencia que se ha reiterado cuando se produjo la reunificación en los años noventa. Fue una operación política de gran calado que exigió básicamente el acuerdo de las fuerzas políticas y una gran paciencia. El Tribunal Constitucional federal y los de los Länder desestimaron todas las demandas que se interpusieron contra esta reorganización y afirmó sin ambages que la garantía institucional de la autonomía local no se veía afectada por ella.
En nuestro país nos resistimos, suenan voces airadas cuando tal asunto salta a la discusión pública y, una y otra vez, se sepulta en las gavetas de los despachos políticos como el ventrílocuo mete en el baúl al muñeco que se le rebela. Pero la realidad es terca y por una vía u otra se impondrá coger el bisturí y operar. Esta es una responsabilidad de las Comunidades autónomas que, en lugar de escribir leyes de régimen local, todas iguales a sí mismas e iguales a su vez a la básica del Estado, podrían enfrentarse a este problema con resolución política y rigor jurídico.
Solo entonces podría hablarse de suprimir unas diputaciones que -como se sabe- prestan un servicio relevante a esos miles de pequeños municipios fantasmales que existen en nuestros territorios.
Resumen: si hablamos de suprimir las diputaciones, entonces hablamos de todo lo referente a la planta de nuestras Administraciones locales. En ese caso, y así como de pasada, se me ocurre ¿por qué no empezar por las Diputaciones forales?  

Francisco Sosa Wagner