Los funcionarios se han convertido en la principal cantera de los partidos. Tienen garantizada la vuelta a su anterior empleo y en mejores condiciones laborales y económicas. Durante el ejercicio de la actividad política cobran la antigüedad del cargo que ocupaban en la Administración.
En concreto, reciben entre 400 y 600 euros al mes. La conservación de la antigüedad es un privilegio exclusivo de los funcionarios. Los cargos políticos que proceden del sector privado no tienen estas ventajas, que el Gobierno no revisará en el anunciado plan de austeridad del gasto.
Según datos oficiales, a finales de 2009 había exactamente 2.092 funcionarios de la Administración General del Estado (Administración central) en situación de servicios especiales, es decir, dedicados a la política. En realidad, se trata de una modalidad de excedencia que el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 ha cambiado la denominación por la de servicios especiales.
Y aunque ningún funcionario puede cobrar dos salarios de la Administración Pública, las normas permiten a este grupo cobrar la antigüedad adquirida en el desempeño de su anterior puesto administrativo.
Por ejemplo, Juan Luis Rascón, el único parlamentario (de los 700 que hay) que informa en su blog de todos sus ingresos, señala que percibe «14 abonos al año del ministerio de Justicia de 414,85 euros cada uno en concepto de remuneración por los trienios trabajados para la Administración de Justicia desde 1987 a 2004», año en que entró en las listas del PSOE en las elecciones y en que obtuvo un escaño en el Congreso.
En esta misma situación han estado algunos políticos como por ejemplo el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, o el ex vicepresidente económico, Pedro Solbes, que acumuló más de 30 años de vida administrativa. En la actualidad, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también cobra este complemento. Está vinculada a la Administración desde 1974 (en el Cuerpo de Secretarios Jurídicos Laborales) y en 1990 accedió a la categoría de magistrado por el denominado cuarto turno.También pertenece a este grupo el actual portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que ingresó en la carrera judicial en 1985. Su homóloga en el PP, la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría también es excedente especial de la Administración, ya que es abogada del Estado desde 1999.
También cobra antigüedad la secretaria general del PP y senadora María Dolores de Cospedal. En su declaración de actividades menciona que percibe los correspondientes trienios como abogado del Estado (accedió a este cuerpo en 1991) y, por otra parte, también cita que percibe ingresos por las Cortes de Castilla-La Mancha (es senadora por esta comunidad). Se trata de indemnizaciones por razón de servicios (dietas).
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