El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de las Administraciones locales ha publicado una “Declaración” llamando la atención sobre la necesidad de que el Estado asuma sus responsabilidades y regule aspectos indispensables para mejorar la función pública local. El documento es bien interesante y sensato. Señala la conveniencia de una mínima regulación estatal, que armonice puntos esenciales de estas funciones tan trascendentales para la buena marcha de los Ayuntamientos y Diputaciones. Y es que los temores que muchos albergábamos tras leer la última reforma legal sobre el empleo público se están confirmando con el consiguiente deterioro de la Administración local. La fragmentación de la Administración hace que muchas Comunidades autónomas todavía no hayan precisado su normativa; que muchas plazas queden sin cubrir (con lo que se favorece el clientelismo); que estos singulares funcionarios tengan más dificultades para controlar las actuaciones municipales y, con ello, se extiendan las ilegalidades y corruptelas entre algunos representantes políticos.
Hay que insistir en que los puestos de tesorería, intervención y secretaría (¡se pide el retorno del secretario general!, ¡de acuerdo!) estén desempeñados por profesionales “excelentes”; que haya una carrera bien definida y una posibilidad de promoción; que estén claros unos méritos generales para todo el Estado (¿ya se ha olvidado que la legislación que califica a estos funcionarios claves de “cuerpos nacionales” fue la Ley de 1935 durante la II República?). Reivindicaciones lógicas.
Y otras también esenciales, como la regulación de un sistema de selección. Siempre han tenido gran prestigio estos funcionarios por la amplitud de los temarios y la dificultad de las pruebas de la oposición, dificultad que se incrementaba con la gran competencia existente. El sistema de selección es el presupuesto para conseguir que los funcionarios no sólo tengan unos conocimientos básicos, sino capacidad sobrada para enfrentarse a la cada vez más compleja gestión pública local. Pide así el documento que, al menos, un ejercicio sea oral. Esa es la mejor prueba para que públicamente se advierta la capacidad y competencia del opositor. ¡Cuánto insistimos en las Facultades de Derecho en la necesidad de que se sepa hablar y cómo nos preocupa el nuevo sistema de acreditación del profesorado sin ninguna prueba pública ni competencia! Me alegra que desde ese Colegio se defiendan las ideas de forma tan clara.
La sensatez de la declaración me hace temer que no será atendido... sólo quizá se reformarán otros aspectos que a mí me parecen irrelevantes. Me cansa la confusión entre el género de las palabras con el sexo de los funcionarios, sé que esta opinión nada gustará a los lectores que se mueven en las convenciones políticas. Tengo el honor de contar con excelentes amigas que aprobaron las oposiciones de Secretario, que ocupan puestos en la Intervención y en Tesorerías, de las que mucho aprendo, y que no necesitaron ningún sistema de cuotas para acceder a la función pública y que se sonríen cuando les leo esas frases tan artificialmente complicadas por los errores gramaticales, que dificultan la lectura de los textos con tanta repetición como “los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as”.
En fin, quizá esta Declaración consiga que la próxima ley esté salpicada, no con medidas que reconozcan la dignidad de la función pública, pero sí con la multiplicación de palabros que confunden el lenguaje.
Mercedes Fuertes López
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