La propuesta del gobierno de reducir los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el empeoramiento en la aplicación de la ley de dependencia, rebaja en las políticas sociales y en las inversiones públicas, nos lleva a un conflicto social.
Este conflicto social nos lleva a dar una respuesta inmediata y contundente, teniendo en cuenta que estas medidas son las primeras de una batería de otras anunciadas que pueden agravar la situación.
La propuesta del gobierno no es una salida para la crisis, no se hace recaer los esfuerzos en quienes la originaron y pretenden que los trabajadores y trabajadoras que no la hemos provocado seamos los que paguemos los platos rotos.
El gobierno rompe unilateralmente el dialogo social en el sector público, el Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba hace 7 meses medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis, de hecho, la situación de la economía y de las finanzas actual no difiere sustancialmente de la conocida en el momento de la firma del Acuerdo y, por tanto, nada posterior justifica su incumplimiento.
El gobierno rompe unilateralmente el dialogo social en el sector público, el Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba hace 7 meses medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis, de hecho, la situación de la economía y de las finanzas actual no difiere sustancialmente de la conocida en el momento de la firma del Acuerdo y, por tanto, nada posterior justifica su incumplimiento.
A las medidas anunciadas se unen otras que ya venían cuestionando el Acuerdo, como las referidas al empleo público, a la paralización de la negociación de otros temas sustanciales como la jubilación parcial o la Ley de Función Pública AGE, etc.
La Negociación Colectiva es un derecho fundamental que está en la Constitución Española, con estas medidas una vez más el Gobierno quiebra este derecho constitucional. Poniendo en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de las empleadas y empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del EBEP.
La reducción de salarios no solo afecta al personal funcionario, sino a todas las empleadas y empleados públicos. Queremos manifestar públicamente nuestro rechazo a la campaña de descrédito sobre lo público y sobre el personal funcionario, vertida por los medios de comunicación.
La inmensa mayoría de este personal, se puede considerar mil eurista, ya que más del 60% no superan los 1.500€ en bruto.
Queremos denunciar que cuestionando el sector público, se está abriendo la puerta a la externalización y la privatización, suponiendo de facto una renuncia expresa al papel que, en nuestra opinión, deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en un cambio de modelo productivo. Contamos con servicios públicos que son los más eficientes de toda Europa.
Esta convocatoria refleja claramente la importancia de la unidad de acción entre las fuerzas sindicales en el sector público, lo que sin duda es un valor añadido a nuestras reivindicaciones.
El gobierno renuncia a actuar sobre los ingresos y solo pretende hacerlo sobre los gastos, en este sentido conviene recordar las políticas fiscales, que ha mermado los ingresos del estado en unas cuantías muy superiores al recorte de gastos que ahora se anuncia.
En otros países de nuestro entorno se están tomando medidas para que las grandes fortunas y las empresas también contribuyan en la reducción del déficit público, y aquí solo se actúa sobre los que tenemos nómina.
Decisiones como la desaparición del impuesto de patrimonio, las continuas rebajas (inequitativas además) del IRPF, medidas como el “cheque bebé” u otras que se hacen al margen de la renta de quien la percibe, o la desfiscalización y rebaja de lo que tributan las rentas del capital han privado al estado de recursos que ahora serían determinantes.
Además, tampoco se han adoptado medidas decididas relativas a la persecución del fraude fiscal o el afloramiento de la economía sumergida, que también está privando de importantes ingresos al estado.
Todo lo anterior ahonda el que seamos una pocas personas (las rentas del trabajo) las que soportamos los ingresos del estado y a las que, además, ahora se nos imponen los recortes.
Contra lo que han venido reiterando, e incluso lo que nos intentaron vender que el estado del bienestar no se toca y los derechos sociales tampoco, han variado el timón del barco y a partir de ahora, merman las políticas sociales y el gasto social. Baste recordar que entre las medidas, además de la que afecta a las retribuciones del sector público, hay otras como la congelación de las pensiones, las que afectan a la ley de dependencia, las que afectan a la cooperación internacional, etc.
No al recorte de derechos sociales
Ahora más que nunca derechos sociales y defensa de lo público
No hay comentarios:
Publicar un comentario