La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, ha destapado un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM), por importe de tres millones de euros. Se trata de delitos relacionados con la obtención irregular de prestaciones y subsidios de desempleo. Figuraban como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral.
Dos de los detenidos están acusados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, otros tres por falsificación de documentos y blanqueo de capitales y los 78 restantes por delitos de Falsedad Documental y Estafa.
La investigación se inició cuando la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada, en los controles habituales en materia de recaudación, detectó la existencia de empresas que daban de alta en la Seguridad Social a un elevado número de trabajadores al tiempo que incumplían de forma reiterada la obligación de cotizar por los seguros sociales de los mismos.
En el curso de las investigaciones se comprobó la inexistencia de actividad laboral en estas empresas del sector de la construcción. En algunas de ellas figuraban como supuestos responsables de la gestión personas carentes de solvencia, que en ningún caso intervenían en la dirección de las mismas y que eran meros testaferros. Con ello se pretendía ocultar la verdadera identidad del empresario real, facilitando a la Seguridad Social domicilios sociales y de actividad inexistentes o en los que eran totalmente desconocidas.
Del total de los 175 trabajadores dados de alta en estas empresas, 142 pasaron a solicitar y percibir prestaciones y subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
El operativo policial reveló la existencia de un entramado integrado por cuatro empresas dedicadas a la construcción, que de forma personal y directa dirigía y controlaba E. S. R. y en cuya constitución y supuesta administración colaboraban personas de su entorno familiar.
Las personas dadas de alta en estas empresas, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos, solicitaban y obtenían del Servicio Público de Empleo Estatal, por esta supuesta actividad laboral, prestaciones y subsidios por desempleo. El importe de lo percibido por este concepto asciende a más de 850.000 euros.
Las empresas investigadas incumplían de forma sistemática y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los trabajadores, en este caso el importe de los descubiertos está por encima de 1.400.000 euros.
Del mismo modo, se ha demostrado que el responsable de estas empresas vendió facturas falsas por operaciones simuladas, por importe de más de 735.000 euros.
De los detenidos, 77 han sido puestos en libertad con cargos tras prestar declaración en sede policial, mientras que los seis restantes, entre ellos el responsable principal del entramado empresarial ha pasado a disposición judicial.
El resto de los imputados se encuentran ingresados en establecimientos penitenciarios o no han sido localizados en sus domicilios.
Debido a la posible existencia de nuevas empresas vinculadas a las investigadas, así como de otras personas que pudieran ser inculpadas en los mismos hechos continúa abierta la Operación Nota, por lo que es probable que se produzcan más detenciones.
Ministerio de Trabajo e InmigraciónDos de los detenidos están acusados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, otros tres por falsificación de documentos y blanqueo de capitales y los 78 restantes por delitos de Falsedad Documental y Estafa.
La investigación se inició cuando la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada, en los controles habituales en materia de recaudación, detectó la existencia de empresas que daban de alta en la Seguridad Social a un elevado número de trabajadores al tiempo que incumplían de forma reiterada la obligación de cotizar por los seguros sociales de los mismos.
En el curso de las investigaciones se comprobó la inexistencia de actividad laboral en estas empresas del sector de la construcción. En algunas de ellas figuraban como supuestos responsables de la gestión personas carentes de solvencia, que en ningún caso intervenían en la dirección de las mismas y que eran meros testaferros. Con ello se pretendía ocultar la verdadera identidad del empresario real, facilitando a la Seguridad Social domicilios sociales y de actividad inexistentes o en los que eran totalmente desconocidas.
Del total de los 175 trabajadores dados de alta en estas empresas, 142 pasaron a solicitar y percibir prestaciones y subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
El operativo policial reveló la existencia de un entramado integrado por cuatro empresas dedicadas a la construcción, que de forma personal y directa dirigía y controlaba E. S. R. y en cuya constitución y supuesta administración colaboraban personas de su entorno familiar.
Las personas dadas de alta en estas empresas, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos, solicitaban y obtenían del Servicio Público de Empleo Estatal, por esta supuesta actividad laboral, prestaciones y subsidios por desempleo. El importe de lo percibido por este concepto asciende a más de 850.000 euros.
Las empresas investigadas incumplían de forma sistemática y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los trabajadores, en este caso el importe de los descubiertos está por encima de 1.400.000 euros.
Del mismo modo, se ha demostrado que el responsable de estas empresas vendió facturas falsas por operaciones simuladas, por importe de más de 735.000 euros.
De los detenidos, 77 han sido puestos en libertad con cargos tras prestar declaración en sede policial, mientras que los seis restantes, entre ellos el responsable principal del entramado empresarial ha pasado a disposición judicial.
El resto de los imputados se encuentran ingresados en establecimientos penitenciarios o no han sido localizados en sus domicilios.
Debido a la posible existencia de nuevas empresas vinculadas a las investigadas, así como de otras personas que pudieran ser inculpadas en los mismos hechos continúa abierta la Operación Nota, por lo que es probable que se produzcan más detenciones.
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