El Gobierno andaluz y los sindicatos alcanzaron ayer un preacuerdo que modificará sustancialmente el contenido del decreto de reordenación del sector público. Entre las modificaciones pactadas se encuentra la ampliación al personal laboral del carácter voluntario para pasar a formar parte de las nuevas agencias, derecho que estaba contemplado en el caso de los funcionarios.
Asimismo, se modifica las potestades administrativas que iban a incorporar las citadas agencias y que vulneraban el Estatuto Básico de la Función Pública, según los sindicatos. En este sentido, la Junta pactó con los sindicatos que para que una agencia tenga potestades administrativas tendrá que ser dotada con puestos de funcionarios que salgan a concurso.
Se eliminan también el plazo de cinco años que el personal laboral tenía para regresar a la Administración general si decidía pasar a una de las agencias de nueva creación. Finalmente, la Junta ha accedido a que los empleados de las empresas públicas y entes instrumentales que se incorporen a las agencias pasen como empleados públicos de manera provisional hasta que realicen las pruebas de mérito y capacidad. También se va a crear una mesa de seguimiento para analizar los cambios en el decreto.
Por su parte, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto en el que incide en que incumple el Estatuto Básico del Empleado Público "por inexistencia de la previa negociación colectiva" y alega el incumplimiento de las funciones reservadas a funcionarios. Según el secretario general del PP, Antonio Sanz, el recurso es por "la igualdad de oportunidades de cualquier español a la hora de acceder a un puesto de trabajo" y para "luchar contra el enchufismo".
EL PAIS
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