Varios miles de empleados públicos han rodeado con cadenas humanas este jueves numerosos edificios emblemáticos de la Junta de Andalucía de todas las provincias para pedir la derogación del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, en una acción convocada por el sindicato CSIF.
Fuentes de este sindicato han explicado a Europa Press que "miles de personas" en toda Andalucía han participado en cadenas humanas con los que han rodeado edificios emblemáticos de todas las capitales andaluzas.
Así, CSIF ha celebrado cadenas humanas en el edificio múltiple en Cádiz, en la plaza de Asdrúbal; en el edificio de la Delegación del Gobierno de Granada, en el edificio La Normal; en la Delegación de Salud de Huelva; en el edificio múltiple de la Junta de Andalucía en Jaén; en el edificio Nuevos Ministerios de Almería; en la Delegación de Hacienda y Administración Pública, de Córdoba; en el edificio de servicios múltiples o Edificio Negro, de Málaga; y el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno de la Junta.
Las fuentes han lamentado que en el caso de Sevilla "la Policía nos ha impedido rodear la parte del edificio que da al Paseo de las Delicias, donde había "un despliegue policial desorbitado, cuando los empleados públicos se han manifestado de forma pacífica pidiendo la derogación de la ley".
Asimismo, empleados públicos se han concentrado este jueves en el Parlamento andaluz, donde también existía "un despliegue policial increíble", de forma que los empleados públicos "se han visto atropellados en sus derechos legítimos de protesta, cuando sólo habían llevado a cabo una mera concentración absolutamente pacífica".
Paralelamente la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y la Unión Sindical Obrera (USO) han convocado "actos simbólicos" ante el Parlamento de Andalucía, toda vez que el pleno de la Cámara andaluza ha debatido este jueves el nuevo decreto ley de reordenación del sector público de la Junta.
POLÍTICA DEL "RODILLO"
En ese sentido, tras aprobarse la convalidación del decreto ley con los votos a favor de PSOE y en contra de PP e IU, el sindicato CSIF ha lamentado que la Junta "no sólo no escuche la voz de los sindicatos sino que tampoco escuche la voz de los representantes soberanos del pueblo, que han pedido la derogación del decreto y el inicio de conversaciones".
"Esto es más de lo mismo y ya no es sólo una cuestión meramente laboral sino política, pues el PSOE ha aplicado su política de enroque que está fuera de lugar y nos tememos que en el trámite parlamentario no va a haber voluntad política de escuchar a todas las partes", aseveraron fuentes de CSIF.
Éstas lamentaron que "se va a aplicar el 'rodillo' parlamentario y este jueves ha sido una muestra más del rodillo parlamentario, toda vez que no vemos a la Junta con real voluntad política de consenso de todas las partes".
"Se trata de un mero maquillaje de formas, pues no sólo no escucha a los sindicatos sino que tampoco a los representantes soberanos del pueblo andaluz", agregaron las fuentes, que indicaron que "el Gobierno andaluz deberá terminar por reconocer que se ha equivocado en las formas y en el fondo".
REUNIÓN CON EL PSOE
Sobre la reunión prevista este jueves con el PSOE-A y el Grupo Socialista, que finalmente no ha tenido lugar, fuentes de CSIF-A han lamentado que se han enterado de dicha reunión "por la prensa", toda vez que "para nada se trataba de una reunión acordada y no nos había llegado invitación hasta esta mañana, por lo que no podemos acudir a una reunión de la que nos acabábamos de enterar".
No obstante, dejaron claro que el sindicato tiene intención de reunirse con todos los grupos parlamentarios y ya tienen entrevistas concertadas con IU y PP para hacerle llegar su posicionamiento, aunque aseguran que "también está en nuestros planes y nuestra hoja de ruta establecer contactos con el PSOE"
EUROPA PRESS
No siendo funcionario ni laboral (tampoco enchufado, lo puedo demostrar), llevo más de 20 años con la Junta, cobrando del presupuesto público. Al principio con el IARA y luego con una empresa pública; pero que seguía funcionando con presupuesto público y desempeñando un servicio a la ciudadanía. Y ahora, momento en que esta reestructuración no nos supone ninguna panacea, pues seguiremos rigiéndonos por nuestros convenios de origen y, si acaso, se atisba algo más de estabilidad laboral o que nuestro próximo convenio se negocie en otro marco de referencia, qué pasa, ¿qué no tenemos derecho a que se afiance nuestra situación después de tantos años de trabajar en servicios públicos? Cualquiera que nos llama arbitrariamente “enchufados” me parece un insolidario de aúpa. Y sabemos que no vamos a ser laborales ni funcionarios por la geta (como conozco bastantes, por otro lado).
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