CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios de la Junta, ya dio un portazo el pasado noviembre cuando el Gobierno andaluz le invitó a sumarse al acuerdo con CCOO y UGT para perfilar el que sería el segundo decreto de reforma del sector público. Ayer volvió a hacer casi lo mismo en el Parlamento. Se enrocó en su derogación como única vía para solventar el conflicto y empezar desde cero la negociación de la futura ley que reordenará la Administración andaluza. Y de ahí no salió, porque tampoco quiso hacer ninguna propuesta. Una actitud que molestó al PSOE, que le recriminó el empecinamiento por "desperdiciar una oportunidad" de dialogar y hacer aportaciones a un texto "menos lesivo y agresivo" que los que se han aprobado en otras comunidades, pero que este sindicato catalogó de "insconstitucional", "ilegal" y como el "mayor atentado" contra los funcionarios y la Administración.
Con este punto de partida, la petición de CSIF de "rebajar la crispación" sonó a hueca, más aún cuando 24 horas antes, junto a otros sindicatos y plataformas de funcionarios, convocó para el próximo 22 de enero una manifestación. Sin embargo, fue lo único en lo que se puso de acuerdo con PSOE, PP e IU: en poco o nada beneficia a este proceso generar nuevos focos de tensión.
La postura de CSIF fue la principal diferencia respecto de los otros dos sindicatos de funcionarios contrarios al proyecto de ley, Ustea y Safja. Pese a tener el mismo punto de partida, es decir, la anulación del decreto que sirve de base para la ley, sí se mostraron algo más flexibles y dispuestos a poner sobre la mesa alguna que otra sugerencia. Ustea propuso "dos vías de solución": la derogación, que es inviable, o que en este proyecto de ley se siga el ejemplo de otras comunidades como Navarra, Extremadura o Castilla-La Mancha, donde no ha habido conflicto al dejar a los funcionarios de la Administración General fuera de las catorce agencias que se van a constituir y tratarse exclusivamente de una reordenación del sector público empresarial.
Safja no se cerró tampoco en banda a negociar -abrirá un periodo de consultas interno para ver si concretan o no alternativas-, y se apuntó en esa misma dirección: limitar la reforma a ese entramado paralelo de empresas públicas, fundaciones y agencias. Entre las ideas que expuso estuvo la de sustituir la figura de las agencias públicas especiales por las de las agencias administrativas, que sólo pueden ser atendidas por funcionarios.
Otro punto coincidente entre los tres sindicatos disidentes -aparte de la crítica a cómo ha llevado el Gobierno andaluz todo este asunto, el diálogo exclusivo con CCOO y UGT, la falta de garantías para el funcionario en sus derechos, la sombra de las privatizaciones, el enchufismo y al engorde injustificado de la administración paralela durante años- fue la necesidad de que se redacte una Ley de la Función Pública, ya que la que está vigente es de 1986 y está "trasnochada".
A pesar de la mano tendida al diálogo, para el PSOE la clave del conflicto está bien clara: las elecciones sindicales están a la vuelta de la esquina, en marzo, y es un momento sensible en el que no conviene que haya sintonía con el Gobierno andaluz, más aún ante el éxito de convocatoria que han tenido en la calle. No obstante, a partir de hoy, el PSOE, al igual que PP e IU, se pondrán en contacto con las distintas centrales para negociar de aquí al 20 de enero las posibles enmiendas a esta futura norma.
Ese camino ya está allanado con CCOO y UGT. Aparte de haber contribuido al segundo decreto que sirve de documento base para esta ley, hicieron ayer entrega a los tres grupos de un documento conjunto con el que pulen algo más su contenido. Son puntualizaciones técnicas para asegurar los mecanismos de participación y control y resolver temas de colectivos muy específicos.
Además de servir para fijar posiciones, la apertura de la vía parlamentaria también permitió ver el grado de disposición al diálogo y al consenso político y sindical. Todas las partes se mostraron abiertas en un principio, y el PP quiso ir un paso más allá, aunque ya desde fuera de la Cámara. El presidente del PP-A, Javier Arenas, manifestó que "en función del consenso que se alcance" mantendrá o no el recurso de inconstitucionalidad.
Con este punto de partida, la petición de CSIF de "rebajar la crispación" sonó a hueca, más aún cuando 24 horas antes, junto a otros sindicatos y plataformas de funcionarios, convocó para el próximo 22 de enero una manifestación. Sin embargo, fue lo único en lo que se puso de acuerdo con PSOE, PP e IU: en poco o nada beneficia a este proceso generar nuevos focos de tensión.
La postura de CSIF fue la principal diferencia respecto de los otros dos sindicatos de funcionarios contrarios al proyecto de ley, Ustea y Safja. Pese a tener el mismo punto de partida, es decir, la anulación del decreto que sirve de base para la ley, sí se mostraron algo más flexibles y dispuestos a poner sobre la mesa alguna que otra sugerencia. Ustea propuso "dos vías de solución": la derogación, que es inviable, o que en este proyecto de ley se siga el ejemplo de otras comunidades como Navarra, Extremadura o Castilla-La Mancha, donde no ha habido conflicto al dejar a los funcionarios de la Administración General fuera de las catorce agencias que se van a constituir y tratarse exclusivamente de una reordenación del sector público empresarial.
Safja no se cerró tampoco en banda a negociar -abrirá un periodo de consultas interno para ver si concretan o no alternativas-, y se apuntó en esa misma dirección: limitar la reforma a ese entramado paralelo de empresas públicas, fundaciones y agencias. Entre las ideas que expuso estuvo la de sustituir la figura de las agencias públicas especiales por las de las agencias administrativas, que sólo pueden ser atendidas por funcionarios.
Otro punto coincidente entre los tres sindicatos disidentes -aparte de la crítica a cómo ha llevado el Gobierno andaluz todo este asunto, el diálogo exclusivo con CCOO y UGT, la falta de garantías para el funcionario en sus derechos, la sombra de las privatizaciones, el enchufismo y al engorde injustificado de la administración paralela durante años- fue la necesidad de que se redacte una Ley de la Función Pública, ya que la que está vigente es de 1986 y está "trasnochada".
A pesar de la mano tendida al diálogo, para el PSOE la clave del conflicto está bien clara: las elecciones sindicales están a la vuelta de la esquina, en marzo, y es un momento sensible en el que no conviene que haya sintonía con el Gobierno andaluz, más aún ante el éxito de convocatoria que han tenido en la calle. No obstante, a partir de hoy, el PSOE, al igual que PP e IU, se pondrán en contacto con las distintas centrales para negociar de aquí al 20 de enero las posibles enmiendas a esta futura norma.
Ese camino ya está allanado con CCOO y UGT. Aparte de haber contribuido al segundo decreto que sirve de documento base para esta ley, hicieron ayer entrega a los tres grupos de un documento conjunto con el que pulen algo más su contenido. Son puntualizaciones técnicas para asegurar los mecanismos de participación y control y resolver temas de colectivos muy específicos.
Además de servir para fijar posiciones, la apertura de la vía parlamentaria también permitió ver el grado de disposición al diálogo y al consenso político y sindical. Todas las partes se mostraron abiertas en un principio, y el PP quiso ir un paso más allá, aunque ya desde fuera de la Cámara. El presidente del PP-A, Javier Arenas, manifestó que "en función del consenso que se alcance" mantendrá o no el recurso de inconstitucionalidad.
Malaga Hoy.
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