En el quicio

Pasar el quicio entre los años naturales permite hacer un receso y contemplar dos visiones: la del paisaje recorrido y la del horizonte que pretendemos avizorar.

De lo vivido todo está marcado por la dureza de la crisis económica. Mucho se insiste con razón en que, a pesar de su preocupante gravedad, podría ser una buena oportunidad para reconsiderar perniciosas derivaciones de las Administraciones públicas y afrontar grandes reformas: sobran Administraciones y sobran organismos, entidades y sociedades públicas. Del mismo modo que hacen falta funcionarios y personal cualificado, seleccionado al amparo de los principios de publicidad y concurrencia, de mérito y capacidad, que mire bien por la buena administración y gestión pública. Ya he dedicado varios comentarios a resaltar situaciones de despilfarro público. Por supuesto, hay muchas más. Pero junto a esa poda hay que empezar a reconsiderar cómo se puede exigir responsabilidad política, jurídica y económica ante tanto acuerdo sinsentido que ha causado negros agujeros de derroche.

Los periódicos de máxima difusión han publicado reportajes bien interesantes en sus últimos suplementos económicos sobre “el derroche autonómico” (El Mundo, 19 de diciembre) y la cercana situación de quiebra de regiones y municipios europeos (El País, 26 de diciembre). De ahí que debiera abrirse la puerta del nuevo año con la esperanza de una inminente reforma en la financiación local. Resulta urgente.

Sin embargo, lo que se nos ha anunciado, es que en marzo el Gobierno aprobará un nuevo proyecto de ley para reorganizar el gobierno local. A mi entender, lo menos apropiado. Se anuncia una nueva ley que modificará la organización local, las competencias de los alcaldes y los plenos, de sus juntas y comisiones, que establecerá nuevas reglas de funcionamiento municipal... Una nueva ley que nos hará invertir muchas energías en su estudio y comprensión, pero, sobretodo, que supondrá un gran entretenimiento de los políticos. Durante meses los Ayuntamientos estarán ocupados en acomodarse a las nuevas previsiones, cuando lo que urge es que continúen prestándose los servicios básicos; servicios públicos que corren el riesgo de suspenderse ante las cuantiosas deudas que mantienen los Ayuntamientos y que no pueden afrontar ante la insuficiente financiación local. ¿No huelen los políticos el riesgo de que las basuras queden en las calles mientras se ocupan de tanta reorganización local?

Lo que hace falta es una buena ley de financiación local. En el quicio del nuevo año, sacan de quicio estas reformas organizativas que distraen del verdadero problema de la financiación.

Pero también en el umbral del cambio de año nos encontramos con la noticia de que hemos de despedir a la Comisión de seguimiento del pacto antitransfugismo ante las permanentes contradicciones de los dos partidos que gobiernan. Ese pacto antitrasfugismo, que pareció como un esperanzador aliento de cierta dignidad política, se ha evaporado. Las promesas de apartar de la arena política a los tránsfugas se mantienen de palabra porque, en la realidad, los declarados por esa Comisión tránsfugas se volverán a incluir en las listas de esos partidos que gobiernan.

Hace falta que se regenere la democracia y que realmente el voto y la opinión de los ciudadanos se vea atendida por sus representantes. Que no haya fraudes a la confianza que los ciudadanos otorgamos, que se actúe con una mínima dignidad y responsabilidad en los asuntos públicos, que son de todos. Ese es el deseo para el nuevo año.

Mercedes Fuertes López