Me invita una fundación del sindicato “Comisiones Obreras” a impartir una conferencia sobre “la participación de los ciudadanos en la Administración municipal: ¿exigible o graciable?” en el marco de unas Jornadas sobre la ciudad.
Cuento, ante un público realmente interesado -se puso de manifiesto en el animado y largo coloquio-, cómo se instrumenta esa participación. La primera vía es la política a través de las elecciones locales, de uno de cuyos procesos justamente acabamos de salir. Critico abiertamente el sistema electoral español pues permite pactos postelectorales con los que los ciudadanos no contaban, en todo caso, que nunca fueron anunciados. Es esta una perversión de nuestra democracia que se debe corregir instaurando la segunda vuelta en la elección de los alcaldes, como se ha hecho ya en algunos países europeos, de entre los cuales Alemania es probablemente el más característico. Se trataría -dije ante mi público- de llamar de nuevo a los ciudadanos a las urnas para que no sean los secretarios de los partidos quienes, en un reservado de un restaurante, apañen votos y proclamen alcaldes.Añadí que esta depravación de nuestra democracia no legitima sin embargo los insultos a los alcaldes elegidos ni los gritos de descalificación global del sistema que se han vivido en algunas ciudades. En la mía -León-, el alcalde, que ha conseguido una holgada mayoría para su partido (el popular), tuvo que aguantar que le gritaran “nos nos representas” a la salida del Pleno que le otorgó la vara de mando. Esta actitud no se puede admitir porque quienes hemos aprendido algo de historia sabemos que todas las dictaduras del mundo se han edificado ora sobre la vanguardia del proletariado (la comunista) ora sobre la del patriciado (la fascista). Y el final es bien conocido.
Pasé luego a algo menos político, más menudo y también más olvidado: la participación que las leyes prevén para que los ciudadanos puedan influir en el gobierno local. Recordé cómo la legislación de haciendas locales permite presentar alegaciones a los presupuestos en determinadas circunstancias y cómo la de régimen local prevé asimismo cauces participativos que hoy llegan a la posibilidad de ejercer la iniciativa popular “presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal” (artículo 70 bis en la versión de la ley 57/2003 de modernización del gobierno local”). Y lo mismo cabe decir de la consulta popular a que alude el artículo 71 o de la vía asociativa vecinal aunque esta ofrece, en la práctica, algunas trampas pues es frecuente que las asociaciones sean meros disfraces de los partidos políticos.
Y en 2008, con motivo de la refundición de la legislación urbanística (Real Decreto legislativo 2/2008), se ha añadido a la ley local un artículo (el 70 ter) que generaliza algo que ya era tradicional en la legislación sectorial, a saber, el conocimiento de los instrumentos y la posible participación de los ciudadanos en la tramitación de los planes urbanísticos, documentos de gestión o convenios.
Mayor dificultad ofrece la participación ciudadana en los grandes proyectos de obras públicas y es ahí donde deberían afinarse -en su legislación específica- los mecanismos de participación ciudadana desde un momento temprano, es decir, cuando aún el plan no está del todo maduro y admite rectificaciones o mejoras. Una buena política de comunicación y de eficaz participación -insisto: temprana- evitaría la aparición de esas “coordinadoras”, “mesas” o “plataformas” que tanto dificultan el avance de obras que una Administración ha declarado de interés público. A veces por años y años …
La democracia española es bien raquítica y yo he dedicado mi pluma a denunciar esta situación en libros y artículos de prensa. Pero hay ámbitos -estos municipales son muy ricos- donde es posible y exigible -no graciable- que la ciudadanía haga oír su voz. Que no es la “a tí debida” de los poemas de Pedro Salinas, pero ¡qué caramba! es voz de ciudadanos conscientes que merece la pena escuchar.
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