La Resolución de 27 de abril de 2012 (BOE del 22 de mayo), firmada, como es habitual en esta materia, conjuntamente por los titulares de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda y Administraciones Públicas, anuncia la inminente emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Pendones de León 2012», «Catedrales 2012» y «Cuerpo de Abogados del Estado 2012».
Un eslabón más, en suma, de esta larga cadena de estampaciones postales que se remonta, en España, al 1 de enero de 1850 cuando se copió el modelo británico que, diez años antes había oficializado el primer sello del mundo, conocido como el Penny Black de la Reina Victoria.
Es cierto que la filatelia vive horas bajas por muy diversos motivos. Cada vez se escribe menos y el pueblo soberano, en cualquier caso, ha optado, dada su inmediación, por los mensajitos cortos de móvil o por el correo electrónico. Por ello el sello sobra. Y las raras veces que acudimos a Correos, por ejemplo a certificar un envío, los funcionarios de la Sociedad Estatal –curiosa paradoja legal- ya no pegan artísticos efectos timbrados: colocan un papel autoadhesivo, le ponen la fecha con un tampón y nos dan un recibo.
Quedan, sí, los coleccionistas; también en peligro de extinción (y me incluyo en esta especie a proteger). Filatelistas, muchos de los cuales, de mediados de los años sesenta a finales de los ochenta del pasado siglo, creyeron que era cosa buena invertir en pliegos o grandes bloques de unas emisiones cuyas tiradas alcanzaron cifras de varios millones de efectos o incluso ilimitadas. Una ilusión vana, obviamente, que supuso apreciables ingresos al Estado y al Servicio Filatélico de Correos al que se abonó media humanidad.
De aquellos polvos –y de la insensatez comercial de algunos catálogos editados con el patrocinio de los vendedores privados-, vinieron los lodos de creer que toda estampilla se revalorizaba con el simple paso de unos años. Una de las mayores falsedades colectivas que ha circulado interesadamente entre las economías domésticas. Por recordar lo que es conocido de muchos, si en España se han emitido en más de siglo y medio unos cuatro mil setecientos sellos tipo, sólo se ha revalorizado sustancialmente un diez por ciento. Todos anteriores a 1964 (variedades y rarezas al margen) y procedentes de emisiones cortísimas. Pensar, pues, que puede revalorizarse una serie de ayer por la mañana, con una tirada literalmente tirada, porque no la absorbe ni de lejos el mercado ni la obligación tarifaria de la correspondencia, es creer en los Reyes Magos. O en el timo de la estampita que, más o menos fue lo que, en estafa piramidal, parece que hicieron AFINSA y Fórum Filatélico, a salvo, claro está, la presunción de inocencia. Porque inocente había que ser para creer en el futuro de una inversión así. El caso es que este último fraude asestó otro golpe casi letal al mundo de los sellos, metiendo en el mismo saco de la conciencia colectiva a los ejemplares de gran valor y a los que nos venden en los estancos con la efigie del Jefe del Estado. Que, según esas casas de inversiones en bienes tangibles, también se revalorizaban. Como si un tetra brick de vino peleón acabara, después de dos años guardado, convertido en un Vega-Sicilia.
El último palo a la filatelia, cómo no, ha venido de la mano de la crisis. Hoy en día los precios de salida en las subastas que aún subsisten en el sector, han bajado notablemente y los remates son, igualmente, auténticas gangas en muchos casos. Naturalmente, los stocks de sellos de las últimas décadas se licitan muy por debajo de su valor facial. Parecido a lo que decían los estafadores y se creyó tanto pequeño inversor de buena fe.
Pero vuelvo al comienzo. De las tres emisiones que se anuncian para las próximas semanas, destaco los 300.000 sellos (una cifra ya más realista) de 0,85 euros que, el día 18 de junio de 2012, se pondrán en circulación, dedicados al «Cuerpo de Abogados del Estado». En la estampilla aparecerá reproducido el Escudo “de este Cuerpo Especial de la Administración General del Estado creado por Real Decreto de 10 de marzo de 1881”, como bien recuerda la Resolución que autoriza su confección y puesta a la venta.
La pregunta es si dado el peso de los Abogados del Estado en el Gobierno y Administración actuales (quince sólo entre cargos superiores y directivos-altos cargos), el Ejecutivo que manda imprimir estos efectos a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no se está dando un homenaje. Bromas aparte, lo cierto es que este prestigioso cuerpo ya vio cómo se emitía un sello conmemorativo del centenario de su creación en 1981. Por entonces la pieza valía 50 pesetas; de la misma se imprimieron diez millones de ejemplares (la mayoría andará por ahí) y representaba al rey Alfonso XII y a su reinante biznieto separados por el emblema del Cuerpo.
¿Qué por qué saco este tema a colación? Porque desde 2007 no son pocas las personas, algunas afectadas, que me han preguntado, como a muchos de ustedes, si ante el fraude manifiesto que se estaba perpetrando con pequeños inversionistas a costa de efectos originariamente públicos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no pudieron hacer nada por evitarlo, investigarlo o cortarlo. De momento, porque el tema judicial va a tener mil ramificaciones, lo que cortaremos de su pliego, son los sellos de esta emisión redundante.
Leopoldo Tolivar Alas
No hay comentarios:
Publicar un comentario