¡Investiguemos! La auditoría

Porque las organizaciones que han publicado este Manual comparten el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de todos. Y en tanto conciben a la auditoría no solamente como práctica (constituida en herramienta o instrumento) que permitirá ver más claro, poner orden, sacar a la luz, garantizar la transparencia y la regularidad de los actos de gobierno, también como praxis (en cuanto actividad necesaria y transformadora) al afirmar, “La realización de la auditoría es también un medio para transformar las estructuras actuales y constituye también un tratamiento preventivo, de ahí la necesidad de solicitar la auditoría a las Instituciones Financieras Internacionales”[1]. Luego, la red Europea de ATTAC, ha demandado “Toda la deuda pública deberá ser auditada por una institución ciudadana imparcial”. Lo que ha evidenciado que el Primer Mundo – y paradójicamente este movimiento progresista – carece de una concepción crítica y reflexiva de la auditoría, al pretender que “la participación de los sindicatos, los campesinos, los movimientos de mujeres, los jóvenes, los movimientos indígenas y otros, es la condición sine qua non para que la auditoría sea realizada de manera transparente y objetiva”[2]. Pero la estrategia de la accountabilitiy social en sus tres tipos: movilizacional, mediática, y jurídica no resulta suficiente para generar tal condición. Luego, ¿cómo una auditoría que no es verdaderamente pública, demostrable, objetiva, e imparcial garantiza los derechos de todos?

En el inicio, se debe empezar (de poner piezas) con la investigación de la auditoría. Porque la auditoría desde su origen surgió de lo privado y para lo privado; y privado en latín es privatus, del verbo privare, que significa, privar de algo. Y la auditoría nos ha privado no solamente de la información sobre el manejo de los fondos públicos sino de la demostración o garantía que una auditoría, en lo específico y concreto, es objetiva e imparcial. Por esto, ahora se reconoce públicamente debilidades que hasta hace unos pocos años hubiera sido impensable, por ejemplo, César Ferrer, socio de gestión de riesgos de KPMG, y miembro del Consejo Directivo del ICJCE, además de representante en el grupo de trabajo de ética de la Fédération des Experts Comtables Européens (FEE) afirmó, “históricamente las firmas de auditoría eran cajas negras, a partir de ahora lo seremos lo menos posible”[3]. Y, Mauricio Brizuela, socio director de Salles Sainz Grant Thornton, señaló, “la alteración de documentos, encubrimiento de ingresos y endeudamientos ficticios son prácticas comunes”[4]. Resultando evidente que ante la debacle de la auditoría, las firmas de auditoría y las entidades de fiscalización han implementado la estrategia de controlar los daños de los escándalos bancarios, corporativos, financieros, y el falseamiento y opacidad de las cuentas públicas en gobiernos y municipios europeos, que han puesto en duda la capacidad e imparcialidad de la auditoría y de los organismos de control. Replanteando el viejo cuento, de unos que prometen, ahora sí serán transparentes, pero continúan aceptando que su práctica se supedite a la secrecía, en tanto norma, principio o deber. Establecida desde su origen y avalada hasta nuestros días por la autoridad, tal si fuera justificable las razones y criterios que han mantenido a la auditoría en una zona de oscuridad, otorgándole por ello al auditor su poder, al no revelar los secretos que han permitido a intereses políticos y financieros imponer sus decisiones, que serían imposibles de justificar si hubiera claridad.

Y otros, apelan a la ‘auditoría forense’, como si fuera una novedosa auditoría que pretende no solamente combatir los fraudes sino superar la deficiencia endémica de su práctica, de no perfilar conclusiones perseguibles penalmente, y que ahora sí aportará evidencias sólidas y expedientes mejor integrados, aunque omiten en su base teórica y conceptual deslindarse de la visión tradicional de la auditoría, sometida a las tres As: acrítica, autoritaria y antidemocrática.

En el fondo, la historia de la auditoría se ha fundamentado en la idea (generalmente aceptada) que su práctica en tanto “profesional” (puesto que se admite en el mundo de la auditoría, que el auditor es un profesional, bajo el supuesto que desarrolla una labor de interés social; más, lo ha puesto en duda, el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España, José Antonio Gonzalo, “la auditoría corre el riesgo de desaparecer si no lo demuestra”[5]) genera –ipso facto- credibilidad. No obstante, el hecho de informes de auditoría que no corresponden con la realidad, el fracaso de la auditoría de la deuda pública promovida por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y la actuación parcial de los organismos de control. Y ante ello, el director de la unidad y evaluación de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en México, interpreta “la fiscalización superior parece estancada por una compleja red de trampas sutiles pero efectivas, de carácter institucional, legal, técnico, organizacional, y político que tiene como consecuencia resultados magros en la lucha contra la impunidad, un peso marginal de la rendición de cuentas en el ciclo presupuestal y mejoras insuficientes en la calidad de la gestión pública”[6]. Luego, cómo la auditoría defenderá los intereses sociales, sí “los auditores son los hijos legítimos del capitalismo y consentidos en la etapa del capital financiero” (parafraseando a Rafael Pardo Ruíz, presidente de la Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos, “Réquiem por la confianza, crisis de la contaduría pública”, www.avizora.com). Sí el Síndico de Asturias, ha puesto de ejemplo al Tribunal de Cuentas de Francia, que en la cuenta pública 2011, han mimetizado la auditoría pública a la privada “quien esté acostumbrado a leer informes de auditores privados notará el mismo lenguaje y presentación”[7].

Entonces, cómo cumplir con la rendición de cuentas, sí la supuesta auditoría pública copia a la privada, y ésta no se abre a la inspección pública, y por lo tanto, los ciudadanos carecen de la posibilidad de evaluar en forma directa la totalidad del proceso de auditoría y verificar si garantiza el interés social.

No, Francia no ilumina a España, ni a otro país, menos se ilumina a sí misma, porque su auditoría se desarrolla en la oscuridad. Y ahora que se demanda el saneamiento del sistema financiero, antes, se debería exigir el saneamiento de la auditoría y de las entidades de fiscalización.

 Mario Alberto Gómez Maldonado