Miguel Borra: “Ha llegado la hora de pasar página a los recortes, modernizar las AA.PP y dignificar las condiciones de los empleados públicos”
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) alcanzó esta tarde un principio de acuerdo con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y otras organizaciones sindicales del sector público, por el que el Gobierno se compromete a la apertura de las distintas mesas de negociación y comisiones técnicas, en el ámbito de la Administración General, para abordar las condiciones laborales de los empleados públicos, entre otros temas.
Después de meses de presión y protestas, en los que la colaboración e implicación de los empleados públicos de toda España ha sido vital, CSI-F ha conseguido desbloquear la situación y que el Gobierno decida abrir las diferentes mesas de negociación, frente a la “imposición, la política de hechos consumados y la cultura del recorte” que se ha producido durante los últimos años.
En una declaración de intenciones entregada a los sindicatos, el Gobierno justifica las decisiones adoptadas en el contexto de consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit, si bien reconoce que los empleados públicos constituyen un colectivo cuyo trabajo tiene un importante valor añadido para la sociedad en el mantenimiento de los servicios esenciales: educación, sanidad, seguridad pública, servicios sociales, justicia… En este sentido, la Administración se compromete a mantener la calidad en la prestación de los servicios públicos y a desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma, aprobada en 2007 pero pendiente de desarrollo, contempla entre otros aspectos el avance en la carrera profesional y la evaluación del desempeño (productividad) a efectos de la promoción en la carrera, la provisión y el mantenimiento de los puestos de trabajo o el desarrollo de la Ley de Función Pública de la AGE.
En una declaración de intenciones entregada a los sindicatos, el Gobierno justifica las decisiones adoptadas en el contexto de consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit, si bien reconoce que los empleados públicos constituyen un colectivo cuyo trabajo tiene un importante valor añadido para la sociedad en el mantenimiento de los servicios esenciales: educación, sanidad, seguridad pública, servicios sociales, justicia… En este sentido, la Administración se compromete a mantener la calidad en la prestación de los servicios públicos y a desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma, aprobada en 2007 pero pendiente de desarrollo, contempla entre otros aspectos el avance en la carrera profesional y la evaluación del desempeño (productividad) a efectos de la promoción en la carrera, la provisión y el mantenimiento de los puestos de trabajo o el desarrollo de la Ley de Función Pública de la AGE.
Asimismo, la Administración se compromete a avanzar en la negociación colectiva que, tal y como establece el Estatuto, incluye las condiciones y las retribuciones, el horario y las jornadas, o la planificación estratégica de los recursos humanos. ”. Y es que, tal y como establece la Ley, los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.
Igualmente, apuesta por impulsar “una nueva cultura organizativa, basada en el aprovechamiento del conocimiento y del potencial humano y en la mejora de la comunicación con el empleado público y con el ciudadano".
El Presidente de CSI-F, Miguel Borra, valoró de manera positiva este acuerdo que, a su modo de ver, debería “marcar un antes y un después” en las relaciones mantenidas con el Gobierno en los últimos diez meses. “Ha llegado la hora de pasar página a los recortes, modernizar las AA.PP y apostar por los servicios y empleados públicos”, destacó.
Borra considera que este principio de acuerdo debe ser un primer paso para la consecución de un Pacto de Estado, para que las condiciones de trabajo y los servicios públicos no estén al albur de los diferentes gobiernos, eliminar duplicidades y gastos innecesarios, e impulsar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que posibilite una administración eficaz y eficiente: la Administración del Siglo XXI.
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