Increíble

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el adjetivo “increíble” tiene dos significados: que no puede creerse, y muy difícil de creer. No se me ocurre nada mejor para explicar la impresión que me produce escuchar los datos de las cuentas públicas, de los años anteriores, de éste, de las previsiones de los diferentes gobiernos… en fin, de todos los políticos que asumen el poder cuando les toca.

Hay que reconocer, con tristeza, que nos hemos acostumbrado al espectáculo de los ministros de hacienda (o los consejeros de las comunidades, o los concejales…) proyectando unas cifras de ingresos y gastos previstos para el próximo ejercicio que nadie cree, que difícilmente se cumplen, y lo que es peor, que nadie critica cuando se materializan los incumplimientos. El espectáculo es más triste aún cuando la previsión se hace para periodos plurianuales, porque en ese caso las hipótesis y supuestos suelen equivocarse más.

Estos días hemos asistido al debate del presupuesto público para el próximo ejercicio, y se ha producido suficiente material para varias reflexiones que, en beneficio de quien se atreva a leer esta página, haré poco a poco. No obstante, hay un hecho muy relevante que conviene comentar de inicio: los dos años últimos batimos todas las marcas de incumplimiento de compromisos y previsiones, razón por la cual las bases de estimación para los próximos años se tambalean.

Estábamos ya sumidos en la crisis que azota a todas las economías del mundo, cuando el anterior Gobierno de España comunicó a la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) que el ejercicio 2011 terminaría con un déficit público entre el 6% y el 7% del PIB; con ese dato, podría confiarse en que nuestro país iría aproximándose poco a poco al exigido 3% del déficit público (ya nadie se acuerda de la respetable idea de los presupuestos equilibrados, es decir, que los gobiernos gasten solo lo que recaudan). Esta previsión se anticipó al cierre del ejercicio pasado, y por tanto a las elecciones, para cumplir con las exigencias de información que nos solicitaban las autoridades europeas en el contexto de crisis generalizada.

Es sabido que a veces resulta muy complicado estimar por dónde pueden moverse las cifras de venta de las empresas, de gastos, ingresos salariales, etc.; todos solemos equivocarnos en las estimaciones, porque no estamos ante una ciencia exacta, sino ante una predicción, y por mucho que nos apoyemos en ordenadores potentes y sofisticados modelos, cabe el error en forma de desviación entre la situación prevista y la real.

Bien; que pueda haber errores es una cosa, pero que las pérdidas se dupliquen es otra muy distinta, y algo así ha pasado con el déficit público nacional; si, como he dicho, la expectativa del Gobierno saliente era concluir 2011 con un déficit equivalente a una cifra entre el 6% y el 7% del PIB, pongamos el 6,5%, que ningún analista independiente en su sano juicio creyó, la realidad ha sido implacable con nuestra economía: al poco de tomar posesión de su cargo el nuevo Gobierno, hacia finales de año y por tanto con el ejercicio bastante avanzado, se modificó la estimación hasta el 8%, es decir, 15.800 M € más de exceso de gasto público sobre los ingresos. En este contexto de ponerse colorado ante los socios europeos y admitir que nuestro presupuesto estaba más descontrolado de lo que se pensaba, ha tenido que llegar hace unos días la propia Eurostat a sonrojarnos más diciendo que el déficit real fue del 9,4% del PIB, es decir, un gasto público 98.900 M € por encima de los ingresos; o si se prefiere, un descuadre de las cuentas públicas un 45% superior al primero que se anunció. Si a nosotros nos sorprende, ¿qué pueden pensar de España los ahorradores extranjeros?, ¿podrán confiar en nosotros?

Sé que hay muchas personas que piensan que el gasto público es una manera de animar la economía, o si se prefiere, reducir el coste social de la crisis, pero no se ha podido demostrar que el malgasto público sea una vía estable de crecimiento. Es exceso de gasto, no demos más vueltas; y lo pagamos todos los contribuyentes, por lo que nos queda menos renta disponible para ahorrar, o consumir, o donarlo, según lo que cada uno desee. Pero es que, además, como no cuadran las cuentas, tenemos que pedir dinero a aquellos mismos a quienes engañamos con o sin intención, que cada cual piense lo que prefiera, pero desde luego, no damos buena imagen. Y mucho menos todavía, si parte de la desviación se debe a que había cientos de miles de facturas de gasto no contabilizadas, es decir, guardadas en los cajones de los diferentes niveles de la administración pública gestionados por políticos de todos los partidos.

¿Alguien puede invertir con confianza en un país que no aplica adecuadamente los métodos que tiene para contabilizar de manera ortodoxa los gastos en que incurren quienes administran las cuentas públicas? Cuando vemos noticias parecidas de países que están un poco por detrás de nosotros en las clasificaciones de seriedad y ortodoxia administrativa, ¿nos fiamos?, ¿les prestaríamos nuestros ahorros?

Pues con ese endeble punto de partida, ¿qué confianza pueden tener los inversores extranjeros en que España cumpla el plan de convergencia que se ha impuesto, y del que nada más empezar ya tuvo que pedir prórroga? Por mucho que traten sólo de defender sus intereses nacionales, no creo que los responsables de nuestros problemas sean Angela Merkel, François Hollande, Mario Monti, o incluso Mario Draghi. Creo que, para recuperar parte de la credibilidad perdida ante los ahorradores de todo el mundo, debemos mejorar las prácticas internas, tanto de elaboración de los presupuestos, como de control eficaz del gasto público, dejando que los profesionales de la administración pública realicen su trabajo.

Tomás García Montes