Quiero publicar aquí una carta que acabo de enviar al Sr. Presidente del Gobierno a título personal. Creo que sería bueno que se abra un debate en profundidad.
“Sr. Rajoy:
Soy Funcionario con Habilitación de carácter Estatal –FHE- (hasta ahora y sólo nominalmente), perteneciente a la subescala de Secretaría Superior y también a la de Secretaría-Intervención, obtenido por concurso público …/…
Pese a que soy un FHE peatón (he estado hace unos años en la Junta del Colegio de Secretarios de Zaragoza pero ahora no lo estoy) no me resisto a formular algunas sugerencias. Sabemos que se está preparando una nueva Ley de Régimen Local, he tenido oportunidad de leer el anteproyecto que circula por los correos electrónicos y a través de COSITAL.
Bien, como sé que su tiempo es muy valioso iré al grano y trataré de transmitirle un par de ideas por si pueden ser útiles.
En el Programa electoral del PP Vd. apostó, entre otras medidas, por reforzar el papel de los Interventores municipales. Así lo ha manifestado también recientemente en julio en el Congreso anunciando que se reforzará el papel del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional. Señaló [sic] que “…Además, se va a mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, con el fortalecimiento de la imparcialidad del Interventor Municipal y funcionarios con habilitación de carácter nacional”.
Se dice en el Anteproyecto de Ley que “Con este propósito, se plantea esta reforma que persigue tres objetivos básicos: racionalizar la estructura organizativa de la administración local de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio financiero, clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones y fortalecer la figura del interventor local para dotarlo de mayor imparcialidad y garantizar asíun control financiero y presupuestario más riguroso de las Administraciones locales.” Se dice asimismo que “…se recupera la dependencia funcional de estos funcionarios de la Administración General del Estado”.
Creo que es muy acertada la intención, que hay que aplaudirla. Sin embargo cuando se examina el texto normativo que se propone, no hay ni una sola indicación o medida que apunte a un reforzamiento real de la independencia de los FHE si se deja a salvo que el Estado recupera los sistemas de selección.
Obviamente los FHE partimos del hecho de la legitimidad democrática, los Alcaldes dirigen –y debe ser así- la política municipal, pero básicamente la política municipal consiste en aplicar recursos escasos a necesidades siempre crecientes y alternativas en un marco competencial legalmente delimitado y de asignación reglamentaria de atribuciones a sus respectivos órganos representativos. De ahí la importancia del control desde la legalidad y eficacia constitucionalmente reconocidas, preocupación que comparto con Vd., y creo que muchos millones de españoles.
Si se es realista, si se quiere que exista un control independiente real hay que establecer algún tipo de medida para que esto sea así. Vaya por delante la premisa que no es que ahora no seamos independientes, sino que ejercer esa independencia es mucho más difícil si se depende de quien paga. Y como la independencia real la da la dependencia orgánica y el salario, me permito sugerirle alguna medida algo más valiente: que los Funcionarios con Habilitación Estatal, secretarios, interventores, tesoreros y secretarios-interventores de la Administración Local pasen a depender del Estado en los cinco aspectos siguientes:
PRIMERO. Selección. Es la medida que se propone recuperar en el Anteproyecto.
SEGUNDO. Provisión: se debería en mi opinión:
a) Eliminar toda posibilidad de libre designación sea cual fuere el tamaño del Ayuntamiento / Diputación. No se alcanza a comprender qué especial relación de confianza es necesaria para desarrollar las funciones atribuidas a los FHE.
b) Asimismo eliminar totalmente el perverso sistema de baremos específicos.
TERCERO. Organización. Se podrían hacer depender las funciones públicas necesarias de un organismo de control estatal al menos en cuanto a algunas instrucciones. Recuérdese que se trata de funciones públicas “necesarias” según la normativa y en nada parece que se conculque la autonomía local puesto que el control final estaría en los tribunales.
CUARTO. Retribuciones. Percibir el salario no desde el Ayuntamiento sino desde el Estado es el sistema real e imprescindible de reforzamiento de la independencia. El sistema sería de suma sencillez, cobrar del Estado no tiene que suponer en absoluto un incremento del gasto público ya que se fijarían retribuciones objetivas en los Presupuestos Generales del Estado y se cobraría de éste, detrayendo consiguientemente la totalidad del coste de la participación en el Fondo Estatal. Por supuesto que la preparación técnica y la independencia tienen un coste y que las retribuciones deberían ser acordes con las responsabilidades, modulando y homogeneizando a tal efecto los oportunos tramos retributivos en base a criterios objetivos, como ocurre sin mayor dificultad en otras funciones públicas de control (la IGAE o la jurisdiccional de jueces y magistrados).
QUINTO. Régimen disciplinario: recuperar el Estado en su totalidad dicho régimen eliminando cualquier posibilidad de que el Alcalde pueda suspender de empleo y sueldo al FHE, debiendo ser el Ministerio el competente, en este caso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa la preceptiva audiencia a la Entidad Local afectada y el cumplimiento del resto de requisitos legalmente exigibles.
Con estas medidas, Sr. Rajoy, se lograría una real independencia de los FHE que es lo que se pretende. No son medidas complicadas y se dispondría de un control de legalidad y presupuestario y financiero mucho más amplio. Tenga en cuenta que los FHE de las grandes ciudades están designados todos por libre designación, lo que es un contrasentido, controlar a quien te paga y de quien dependes. Es absurdo. Y los Secretarios-Interventores de los pequeños Ayuntamientos mezclamos necesariamente gestión del día a día (funciones gerenciales) con funciones de control de legalidad y presupuestarias y contables. Lo que, dicho sea de paso, provoca cierta esquizofrenia y no pocos problemas, máxime cuando los recursos públicos son tan escasos.
Permítame finalmente reiterar y matizar que como FHE-Peatón no represento a nadie y deseo dejar claro que no pretendo defender privilegios corporativos en absoluto bajo el argumento de una mejora de la gestión pública de la legalidad y presupuestaria. Dado que de algún modo la experiencia me hace que lo considere un deber, tan sólo me he permitido apuntar las ideas anteriores como funcionario y ciudadano, ya que creo que se podría aprovechar este momento para avanzar en la mejora del control público, en el ámbito local.”
Quizás sería el momento de abrir pues un debate serio y adoptar decisiones realistas y valientes.
Ignacio Pérez Sarrión
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