lunes, 11 de marzo de 2013

Abducidos por las tecnologías de la comunicación

Me contaba un buen amigo que una noche estaba sentado con sus dos hijas, ya más que adolescentes, viendo la televisión sin ningún atisbo de conversación familiar, una a cada uno de sus lados, manipulando ávidamente sus teléfonos móviles en silencio; cuando de repente una de ellas levanto la cabeza y dirigiéndose a su hermana le dijo: ¡Qué dices eso no pasó así. Atónito, mi amigo, comprendió que sus hijas parecían mantener una animada charla en un chat y les resultaba totalmente natural una tertulia en la red, casi preferible a hacerlo en persona y a comunicarse verbalmente.
Hace pocos días cuando regresaba de trabajar al llegar a la confluencia de dos calles tuve que esperar más de lo habitual a que cruzase ante mí un joven montado en bicicleta completamente distraído de lo que sucedía frente a él ya que pedaleaba absorto en su teléfono móvil mientras tecleaba con envidiable celeridad y no pude por menos que admirar la pericia ciclista del chateador ambulante. Una vez que hubo pasado el telefonista volante al terminar de atravesar la misma calle hube de extremar la precaución para que dos distraídas mujeres pudieran cruzar ante mí, una frente a la otra,  puesto que habían iniciado el cruce completamente abstraídas en conversaciones telefónicas por sus móviles sin reparar en que yo me acercaba al lugar por donde pretendían pasar; eso si mientras yo esperaba a que pasaran estuvieron a punto de chocar entre ellas como consecuencia de su ensimismamiento telefónico.Este último domingo, en el cine, cuando apagaron las luces para comenzar la proyección de la película, brillaban en la oscuridad las pantallas de los teléfonos móviles que sus dueños, haciendo caso omiso de las recomendaciones hechas en la pantalla, no habían apagado para apurar las últimas posibilidades de enviar mensajes – no sé si transmitían, para general conocimiento de sus contactos, que la sesión iba a comenzar; que durante unas dos horas, aproximadamente, estarían irremisiblemente indisponibles; o que, a la salida, difundirían sus impresiones – con las consecuentes molestias que para el resto de los espectadores suponían los reflejos titilantes procedentes de sus aparatos.
Y es que parece que tenemos una necesidad enfermiza de estar constantemente comunicados y localizables – recuerdo que en una ocasión me recurrieron un pliego de condiciones para un contrato de servicios por exigir que el adjudicatario estuviera localizable ¡Qué paradoja¡ aunque, a decir verdad, el juzgado nos dio la razón – por miedo al ostracismo y a pasar desapercibidos -¿cómo hacíamos cuando no existían los teléfonos móviles, ni la tecnología de la información y las comunicaciones? (ya sé que mucha gente, sobre todo los más jóvenes, no sabrán de cuando estoy hablando) – que, además está subvirtiendo el lenguaje y la comunicación entre los seres humanos.
Que conste que, personalmente,  me declaro totalmente favorable a las ventajas que implica la sociedad de la información. Soy usuario de la banca online, hago algunas compras por internet, presento la declaración de la renta a través de la oficina virtual de hacienda, realizo gestiones con diversas administraciones con mi certificado de usuario y debo reconocer que me parece inconmensurablemente útil poder cumplimentar trámites necesarios fuera de los horarios habituales de atención al público con su consiguiente comodidad y ahorro de tiempo. Pero también creo que la utilización de las tecnologías no debe dejar a un lado los más básicos principios que deben regir el intercambio de información, de entre los que deben destacarse la garantía de que las notificaciones se realizan de modo fehaciente y la lealtad en las comunicaciones entre administraciones públicas.
Lo malo es que las propias administraciones públicas, contagiadas por fiebre tecnológica imperante, una vez superada la diarrea legislativa, se han lanzado a una vorágine de plataformas de comunicación interadministrativa no siempre basadas en los principios de lealtad institucional y en muchos casos alejadas de la cooperación y asistencia derivadas de aquella, sino encuadradas en una implantación unilateral, en las que a la Administración Local no le queda más salida que la adhesión inquebrantable si no se quiere quedar marginada de procedimientos como los del pasado Plan E.
No olvidemos que, al margen de las plataformas de hacienda para la transmisión de notificaciones telemáticas, cabe mencionar otras plataformas  que deben utilizar los Ayuntamientos como el “IRIA 2012”, sistema de información sobre administración electrónica y recursos tic de la administración pública; “ACCEDA”, para el traslado por medios electrónicos de determinados informes de esfuerzo de integración, arraigo y vivienda a las oficinas de extranjería  competentes; “ISPA”, para el traslado de la información sobre retribuciones;  “ORVE EELL”, oficina de registro virtual de entidades locales; “Gestor Actas de Entidades Locales”, etc..
Pero de entre todas estas plataformas y programas de comunicación interadminsitrativa, el que más me irrita por su prepotencia es la aplicación CORINTO (Correspondencia Interadministrativa) consistente en, según su propia descripción, una aplicación Web centralizada que proporciona un servicio de Correspondencia entre administraciones, que permite a las mismas el intercambio de documentación con plenas garantías registrales, gracias al Registro Electrónico Común, y de recepción y no repudio, gracias a los sistemas de firma electrónica.
Cuando entras en la aplicación CORINTO se puede encontrar una carta de bienvenida de una tal Esther, que no es otra que la representante virtual de la Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas, en la que se nos dice textualmente: «A través de esta aplicación, disponible en el portal de Entidades Locales, recibirá notificaciones diferenciadas por temas, en distintas bandejas, en las que podrá recibir documentación con total garantía, y firmar la recepción de la misma, de manera telemática». Y añade más adelante:«Igualmente, le informamos que el sistema será ampliado en breve para que se puedan también emitir, por parte de las EELL, comunicaciones electrónicas seguras tanto a organismos de la AGE como de las distintas CCAA que se vayan adhiriendo al sistema».
¿Entonces, como apunta Carlos Barrada,  Secretario-Interventor de “La Calzada de Oropesa”, en el interesantísimo foro de la Diputación de Toledo, para que queremos los Ayuntamientos contar con la administración electrónica, si, al menos la Administración General del Estado no piensa utilizar el buzón municipal, sino que pretende obligarnos a que estemos pendientes de las posibles notificaciones que tengan a bien remitirnos?
En este peculiar uso abusivo de las tecnologías de la comunicación por parte de las Administraciones que se consideran de superior rango, es digno de mención el hecho de que la Comunidad de Madrid, en algunos casos como determinados convenios de servicios sociales, no admite la remisión de documentación por ventanilla única, supongo que para no verse agobiada por los plazos.
Como propone otro compañero, J Sobrino de “Alcolea de Tajo”, en el mismo foro de la Diputación de Toledo, la cuestión merecería  remitir una comunicación a la AGE haciéndole saber que en la Web municipal se han dispuesto una serie de bandejas en las que se han puesto los ficheros de presupuestos, liquidación, cuenta  general, seguimiento del plan de ajuste, etc…facilitándoles una clave para que puedan acceder a ella y recibir las notificaciones y documentación correspondiente con total garantía y firmar la recepción de la misma de manera telemática.
En resumidas cuentas. ¿Para qué sirven las sedes electrónicas de los Ayuntamientos? ¿No habría sido más fácil que todas las administraciones públicas hubieran implantado un mismo programa o plataforma con el enorme ahorro de costes que ello hubiera supuesto, amén de que se facilitaría su comprensión y sería más sencillo que todos manejáramos las mismas aplicaciones? ¿No nos situaría a todas las administraciones públicas en un plano de igualdad la uniformidad tecnológica en la que cada una se limitara a ejercer sus propias competencias en vez de inundar el panorama con una variedad idiosincrásica de módulos informáticos? ¿No van los tiros por ahí, por concretar las competencias públicas y evitar duplicidades?.

Jesús Santos Oñate


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